MAS ELEMENTOS CONTRA MOURIÑO.

Presenta Navarrete expediente sobre el conflicto de intereses
Incondicionales de Mouriño en Pemex y CFE, la estrategia, dice

Andrea Becerril y Víctor Ballinas
Como parte de una estrategia diseñada desde que estuvo en la Oficina de la Presidencia para colocar a sus empresas en situación privilegiada y que pudieran beneficiarse de la pretendida privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), el ahora secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, colocó a incondicionales en puestos claves de la paraestatal y otras dependencias, advirtió el coordinador perredista en el Senado, Carlos Navarrete.
Luego de presentar ante la Junta de Coordinación Política de esa cámara un amplio expediente que prueba el grave conflicto de intereses en que ha incurrido el responsable de la política interior, recalcó que los contratos dados a conocer hasta ahora “son apenas la punta del iceberg” del negocio multimillonario que el grupo en el poder pretende al abrir Pemex al capital trasnacional.
El expediente incluye contratos que dejan ver con claridad cómo las empresas de la familia Mouriño crecieron a partir del pasado sexenio y hasta la fecha, desde que éste ocupó diversos cargos en el sector energético; asimismo, su negativa a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales desde 2004, y la presencia de gente cercana en puestos importantes de la administración pública relacionados directa o indirectamente con Pemex.
Mencionó el caso de Karim Elías Bobadilla, amigo cercano de Mouriño, originario de Campeche, quien es el titular del órgano interno de control de la paraestatal, entre cuyas funciones se encuentra “la administración de bienes materiales, auditorías, investigación de delitos, labor de supervisión, licitaciones y adjudicaciones de contratos de bienes y servicios”.
Elías Bobadilla no tiene experiencia en el sector público, pero colaboró con el padre de Mouriño en el Grupo Energético del Sureste. Su hermana María Alejandra es subdirectora en la Procuraduría de Protección al Ambiente en Campeche, y su esposa, Karla del Carmen Pérez Marrufo, es coordinadora de Fomento de Asociaciones de Consumidores de Profeco. Los últimos cargos tienen que ver con garantizar la protección para operar 39 gasolineras.
Navarrete dijo que demandarán la comparecencia de Karim Elías Bobadilla, ya que es pieza central del operativo montado desde la Oficina de la Presidencia de la República para “colocar a las empresas del señor Mouriño en posición estratégica, para que sean la parte mexicana que se habrá de aliar con las trasnacionales que firmarán los grandes contratos de exploración y de perforación”, luego de la pretendida privatización de la industria petrolera.
Insistió: “La familia Mouriño colocó a Karim Elías Bobadilla en el lugar adecuado en Pemex para que valide las licitaciones, los contratos y asignaciones, una vez que el gobierno logre los cambios legales que permitan las llamadas alianzas estratégicas con corporaciones extranjeras.
El expediente incluye contratos otorgados por Pemex a Ivancar, Grupo Ges, Franquicias Ges, en los que se percibe con claridad cómo se fortalecieron las empresas de los Mouriño a partir de la incursión de éste como servidor público, ya que de contratos de entre 252 mil y 630 mil pesos, que firmaban antes de 2000, pasaron a otros de entre 23 y 39 millones de pesos en 2007.
Otro dato, Constructora Escalante, propiedad del suegro de Mouriño, que perdía la mayoría de las licitaciones en que participó hasta 2004, “y las que ganaba eran por pocas cantidades”, en 2007 obtuvo contratos por 163 millones de pesos con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Con toda esa información, agregó Navarrete, existen elementos suficientes que justifican la creación de una comisión investigadora en el Senado, asunto que, informó, aún no debe descartarse.
Sin embargo, el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, reiteró que no es conveniente una réplica de la comisión que se instalará en la Cámara de Diputados y que lo mejor es que la denuncia contra Mouriño se presente en la Procuraduría General de la República.

La mafia del poder cupular
Luis Linares Zapata.

Con apenas dos meses al frente de la Secretaría de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, el brazo fuerte de Calderón, soporta abultado fardo de problemas que le han doblado su débil espalda. Las ambiciones del joven preferido de Los Pinos han ido más allá de sus capacidades para encauzarlas por la debida ruta de la ley y los valores éticos que tendrían que servirle de guía y marco general. Mouriño pretendió jugar el triple papel de contratista, impulsor de negocios trasnacionales y conjugarlo con el de encargado de las relaciones políticas del Ejecutivo federal con los demás poderes de la Unión. Una encomienda claramente incompatible con su defectuoso accionar. Un verdadero enredo de cometidos que lo tienen al borde del abismo. Y con él se asoma, con el pánico inherente a estos peligros y penas en la historia de la cosa pública, su mismo patrocinador.
A los contratos signados por Mouriño como apoderado de la empresa familiar, Ivancar –suficientes para designar una comisión investigadora especial y defenestrarlo–, se suman otras andanzas de mucho más calado y consecuencias. Quizá la más relevante por sus repercusiones jurídicas es el abierto tejido de una red de funcionarios, presta para sustentar sus pretensiones de poder y riquezas (reporte Índigo). El más torpe estilo Ahumada se repite y Mouriño lo imita sin escrúpulo. Otra más cuando, por iniciativa propia o por encargo de su jefe directo, se presenta como pivote de acuerdos comerciales con armadores navales gallegos, en la mismísima región de donde procede su estirpe (Faro de Vigo). El intríngulis formado de esta mafiosa manera no requiere mayores explicaciones: se presenta solo y dibuja al grupo de cómplices incrustado en la cúspide del oficialismo.
Pero Mouriño tiene y cuenta con una malla de protección mayor de la que le puede extender su amigo Calderón. Rebasa el apoyo mediático de un programa estelar de noticias (Televisa) o de las plumas y conciencias que tratan de disculparlo con sofismas varios. Va más allá del respaldo incondicional que le han ofrecido los panistas, con el niño Tarsicio al frente (Germán Martínez, que por ahora funge como su designado presidente del PAN por dedazo directo) para instalarse en la cúpula del priísmo tardío. Es aquí, en este ámbito que presume de habilidades y la experiencia suficiente donde Mouriño ha encontrado algo de paz para su atribulada alma de novel funcionario bajo brutal cuestión. Son los priístas de elite los que le han extendido esa mano convenenciera y apuntan salidas que se van gastando con las horas. Para asfixia de sí mismo y de su grupo íntimo, Mouriño ha resbalado hasta enredarse en la trampa de una alianza dañina, tanto para él como para los taimados autores. Tanto Gamboa como Beltrones, en el solícito papel de protectores áulicos, lo dejarán caer sin contemplación alguna ante lo que se avecina si su jefe superior no responde a sus mensajes y cumple lo exigido.
Pero la reacción de la prensa ante el apoyo de los coordinadores priístas ha sido implacable para con sus imágenes de conductores y políticos. El manto aventado a Mouriño, en lugar de acrecentar su celebrada capacidad de maniobra, los ha metido en un tobogán de complicidades de donde no saldrán ilesos. “Una raya más al tigre”, dirán algunos cínicos, pero no será tan fácil la tarea de salvamento. Además, muchos de sus correligionarios partidistas, que no son pocos ni desprovistos de instrumentos, se muestran irritados por tan grotesco manipuleo en espera de saldar cuentas pendientes. Tan pronto se den cuenta del daño recibido, por grandes o fructíferas que sean las prebendas ofrecidas a cambio, tratarán se neutralizar los efectos del inminente naufragio.
A pesar de las críticas a la labor de denuncia llevada a cabo por López Obrador, a quien acusan, como siempre, de varias perversidades, la lucha por evitar la privatización del sector energético sigue adelante. Por lo pronto, la batalla por la atención ciudadana ha sido ganada. Los mexicanos están atentos a lo que se fragua desde esas oficinas de negociantes sin escrúpulos y desbocada ambición. Se extiende y solidifica la idea de que la reforma energética anunciada no es más que la pretensión de un grupúsculo de mandones (nativos y del exterior) por meterle grotesca mano a las riquezas colectivas que todavía se mantienen intocadas. Desean apoderarse de la parte sustantiva de la renta petrolera y de las plantas de generación eléctrica. Desean, con furia incontinente, apropiarse también del ancho campo de las energías renovables. La mal llamada reforma energética no es más que un eufemismo a modo que inventan y difunden los negociantes coaligados en perjuicio de los tesoros de la nación. Lo que Mouriño en verdad representa es esa camada de panistas de cuño descarado que pretenden, y han logrado, incrementar sus ya desmedidas riquezas a costa de los bienes de todos. Una camada de la peor especie: ésa que combina, en secreto, la función pública con los negocios privados.
El gobierno legítimo que preside López Obrador no pretende enfocar su esfuerzo en denostar a Mouriño. Sería una tarea de lo más fácil, simple y expedita. Tampoco se opone a todo lo que el gobierno plantea y hace, como tantas veces le predican. Mucho menos desea que el país fracase y se afecte el bienestar del pueblo. Se opone, sí, a que se continúe depredando al país, que se siga abusando de la buena voluntad de los mexicanos, en especial de los que menos tienen. A eso sí que se opone, no sólo él, su gobierno y los partidos del FAP que lo respaldan, sino un creciente y cada vez más consciente grupo de ciudadanos de variada composición. Grupo humano que se cuenta por millones de activos agentes del cambio.
El programa que AMLO ha venido ofreciendo a México pretende integrar el sector energético para que sea un sólido motor de impulso al progreso. Se apuesta a crear la propia tecnología para utilizar las riquezas petroleras que aún tiene el país y cimentar así un desarrollo independiente y no salir, compulsivamente, en busca de interesado auxilio, alegando que los mexicanos no pueden solos. Se propone que el sector de la energía quede tal como lo mandata, con envidiable precisión, la ley suprema: bajo el estricto pero amplio control del Estado. No se acepta que ésta pueda violentarse modificando leyes secundarias (tal como ya hizo Salinas con la ley del 92 del servicio público) a que tan efectos han resultado los panistas dirigidos por los beneficiarios de siempre.

Israel en Colombia
José Steinsleger/ I

Luego del “fuego cruzado” que en julio pasado acabó con la vida de 11 diputados cautivos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el comandante Raúl Reyes advirtió en entrevista con Telesur que mercenarios estadunidenses, ingleses e israelíes merodeaban por las selvas amazónicas con el propósito de “dar de baja” a algunos jefes de esta organización.
Profecía autocumplida. El primero de marzo, el vocero y negociador de las FARC fue asesinado por el ejército mientras pernoctaba con otros guerrilleros en un campamento montado en Sucumbíos, provincia de Ecuador lindante con Colombia. La operación contrainsurgente llamó la atención de los expertos militares.
Previsiblemente, Washington justificó y defendió la operación militar ordenada por el presidente Álvaro Uribe, su fiel y único aliado en América del Sur. No obstante, y acaso de un modo no tan invisible, quien también sintió regocijo fue el general Israel Ziv, ex comandante del regimiento de Gaza, y el de más alto rango entre los oficiales israelíes que ocupan tareas relacionadas con el entrenamiento de personal en el gobierno colombiano.
Los nexos militares entre Israel y Colombia datan del primer lustro de 1980, cuando un contingente de soldados del Batallón Colombia “… uno los peores violadores de los derechos humanos en el hemisferio occidental, recibieron entrenamiento en el desierto del Sinaí por algunos de los peores violadores de los derechos humanos en Medio Oriente”, según el investigador estadunidense Jeremy Bigwood.
Experto en utilizar la ley de Libertad de Información para liberar documentos censurados por el gobierno de Estados Unidos, Bigwood observa que el entrenamiento de los jóvenes paras colombianos no podría haberse dado sin el permiso expreso de las más altas autoridades de las fuerzas de defensa de Israel.
El caso es que en aquellos años los latifundistas y ganaderos de la región caribeña del Urabá y el Magdalena Medio (Uribe entre ellos) no estaban conformes con la “inoperancia” del ejército (leáse: “estado de derecho”) en su lucha contra las guerrillas de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Por lo que, en 1983, un grupo de jóvenes “idealistas” de su propia clase social viajó a Israel, y no precisamente para estudiar el “socialismo agrario” del pueblo elegido.
De familia terrateniente, Carlos Castaño tenía entonces 18 años. Dieciséis meses después, henchido de “fervor patrio”, retornó a Colombia y trató de aplicar a pie juntillas lo aprendido en el curso 562 impartido por el Ejército de Defensa (sic) de Israel. Revistó en el Batallón Bombona pero, desilusionado, concluyó que el ejército no mataba “en serio”.
Junto con su hermano mayor (Fidel), Carlos organizó el escuadrón de la muerte Los Tangueros, nombre tomado de su rancho Las Tangas. En Mi confesión declara: “De hecho, el concepto de ‘autodefensa’ en armas lo copié de los israelíes”. Concepto que rápidamente se desdibujó conforme los grupos paras de distintas regiones del país amarraban sus intereses con los de las mafias políticas del narcotráfico. Cosa que inquietaba a los agentes de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés).
Gran boom editorial, el testimonio de Castaño (serie de entrevistas realizadas por el periodista español Mauricio Aranguren Molina) se explaya en las connotaciones que usualmente disocian lo “militar” de lo “paramilitar”. En Mi confesión queda claro que, en teoría, un ejército institucional se ajusta al “monopolio de la violencia” que le confiere el Estado. En cambio, los paramilitares matan con apoyo de la “mano invisible” del mercado, que regula las restricciones legales del Estado burgués.
La modalidad “paramilitar” cuenta con algunas ventajas: permite, por ejemplo, que funcionarios, políticos, intelectuales, medios de comunicación y “analistas serios” se rasguen las vestiduras hablando de los “extremos de uno y otro signo”. Pero en su testimonio, Castaño destaca las relaciones que cultivó en el curso 562 con el coronel del Ejército Alfonso Martínez Poveda y “otros hombres del Batallón Colombia”.
El asesino serial abunda en comentarios acerca de “la firmeza del sionismo… que siempre ha estado en función de defenderse, invadir y ganar territorio… De allí, vine convencido de que es posible derrotar a la guerrilla en Colombia”. Castaño murió en 2004, y la historia reciente lo recuerda como lo que fue: uno de los paramilitares más sanguinarios de Colombia.
Sin embargo, no sólo Castaño fue entrenado en Israel, sino también Salvatore Mancuso, otro “líder histórico” de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC, 1997), actualmente en prisión. A mediados del decenio de 1990, Mancuso organizó a los paramilitares de Cooperativas Convivir, financiadas por Álvaro Uribe Vélez, entonces gobernador del departamento de Antioquia.
En una entrevista con la corresponsal Margarita Martínez de la agencia de noticias Associated Press (13/2/02), el jefe paramilitar se jactó de “… no ejecutar a más de tres personas al mismo tiempo”. Actualmente Mancuso purga condena en prisión, donde cuenta con una página web para explicarle al mundo en qué consiste la “democracia occidental”.



Persisten en México corrupción e impunidad: EU
de la redacción
México, D.F. 11 de marzo (apro).- El Departamento de Estado estadunidense dio a conocer hoy el informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo correspondiente a 2007, en el que México sale reprobado.

Según el gobierno de George Bush, en México persisten problemas de “impunidad y corrupción”, sobre todo en los gobiernos estatales y municipales.

Señala que, aunque las autoridades civiles generalmente mantienen un control efectivo de las fuerzas de seguridad, se dan frecuentemente instancias en las que elementos de estas fuerzas actúan independientes de la autoridad del gobierno.

El informe da cuenta, así mismo, de asesinatos ilegales llevados a cabo por fuerzas de seguridad, secuestros, incluidos algunos realizados por policías; abusos físicos; pobres condiciones en las prisiones; arrestos y detenciones arbitrarias.

También: corrupción, falta de eficiencia y ausencia de transparencia en el sistema judicial, así como la “intimidación criminal de periodistas que les lleva a autocensurarse”.

En la lista de problemas se incluye, además, la “corrupción a todos los niveles del gobierno”; la violencia doméstica contra las mujeres, a menudo perpetrada con impunidad, así como otros tipos de violencia que llevan incluso a la muerte, contra el género femenino.

Igualmente, figura el tráfico de personas que, dice, se realiza en algunos casos con implicación oficial; la discriminación económica y social contra los pueblos indígenas, y el abuso laboral de los niños.

Sin embargo, en el informe se afirma que ni el gobierno ni sus agentes cometieron asesinatos motivados políticamente.

No obstante, señala que sí hay informes que indican que las fuerzas de seguridad actuaron tanto dentro como fuera de la línea de servicio y mataron a varias personas durante 2007.

En este apartado, el informe hace referencia, por ejemplo, al episodio del pasado 2 de junio en Sinaloa, donde soldados dispararon y mataron a una familia de cinco personas. Señala que el gobierno ya arrestó y acusó a tres oficiales y 16 reclutas en conexión con estos asesinatos.

Por otra parte, el informe subraya que no ha habido nuevos desarrollos en torno al enfrentamiento, el 20 de abril de 2006, de las autoridades estatales y federales con mineros que se declararon en huelga en el estado de Michoacán, y en el que dos mineros murieron y otros 53 resultaron heridos.

En relación al "conflicto prolongado" que se registró en el estado de Oaxaca en mayo de 2006, por la huelga que declararon miembros del Sindicato de maestros para reclamar un aumento salarial y que provocó, directa o indirectamente, la muerte de 20 civiles, afirma que el gobierno "no ha resuelto ninguna de las alegaciones de abusos o asesinatos" que se registraron.

Igualmente, dice que no se han hecho progresos en la investigación de la muerte del periodista estadunidense Bradley Will, que cubría los sucesos en Oaxaca y quien murió en octubre de 2006.