¡NOVEDAD! POLICIAS TORTURADORES EN OAXACA

4 oct 2008




Menor, torturado por agentes investigadores.


Citlalli López
[01:35] Agentes del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en San Agustín Loxicha, así como cuatro miembros de la Agencia Estatal de Investigación del Estado de Oaxaca (AEIO), son objeto de una investigación por privación ilegal de la libertad y tortura en contra un niño de 12 años de edad de Tierra Blanca, San Vicente Loxicha. Durante una conferencia de prensa el menor, de nombre Raúl Santiago Martínez, narró los hechos ocurridos el pasado 18 de septiembre en donde los elementos de la AEIO lo apalearon y patearon. El líder de la Organización de Pueblos Indígenas Zapotecos (OPIZ), Juan Sosa Maldonado, señaló que acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que tome conocimiento de estos hechos. Con un español atropellado por el zapoteco, Gaudencio Víctor Santiago Ayuso tradujo la denuncia del menor, en la que señaló que fue torturado física y verbalmente por los elementos de la AEIO cuando acudieron a la tienda comunitaria a reconocer a quien había cometido el atraco por más de 16 mil pesos y diversas mercancías. Relató que los hechos ocurrieron el pasado 18 de septiembre cuando padre e hijo acudieron en calidad de testigos a San Agustín Loxicha; ahí los agentes de la Agencia Estatal de Investigaciones le ordenan que Gaudencio Víctor Santiago Ayuso quedarse a rendir declaración en tanto que cuatro elementos de la agencia, junto con el niño, acudirían al lugar de los hechos. En unas cuantas horas los testigos del robo pasaron a ser los inculpados, ya que en el camino los agentes de investigación obligaron al menor culparse y culpar a su papá en el robo. “Me patearon en la pierna, me patearon en la espalda, con una vara me pegaron en la cabeza”, tradujo el papá Al regreso a San Agustín Loxicha, el niño fue encarcelado. “Adentro de la cárcel le pegó el policía con manazos en su cara y cabeza y le decía el policía que le entregara el dinero”, señaló el padre. Luego a Gaudencio Víctor le dijeron que el niño sería llevado “a la cárcel de los niños y que ahí se iba a quedar por cinco años yo les pregunté que con cuánto dinero dejaban al niño y me dijeron que con 16 mil pesos podían ayudarlo y si no los tenía, se iba a quedar privado de su libertar por 5 años”. Ante tales hechos, el padre del menor interpuso una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad y tortura.

‘Olvida’ CAO rehabilitar los caminos dañados por lluvias


Misael Sánchez / Tiempo
[01:43] Caminos y Aeropistas de Oaxaca (CAO) no ha cumplido a los habitantes de municipios del valle eteco y ha aplazado la reconstrucción de caminos, dijo ayer la diputada por el distrito de Etla, Carmelina Cruz Silva. Al exigir al titular de la dependencia, Armando González Bernabé, cumplir los compromisos asumidos con las autoridades municipales, dijo que la principal demanda de los habitantes de la zona poniente de la capital tiene que ver con la falta de accesos viales en buenas condiciones para ser transitados. Recordó que la pavimentación del tramo de San Andrés Zautla a Reyes Etla es un compromiso incumplido y que a esta necesidad se suman muchas que, incluso, fueron agravadas por las lluvias registradas en los últimos años. Para la legisladora local, el fenómeno también se repite en el distrito de Zaachila, donde existen varios tramos carreteros que no han recibido atención. Apuntó que una de las obras pendientes en el valle eteco es la construcción del puente El Milagro, que se ubica entre San Isidro Zautla y Reyes Etla, así como la vía Huitepec-Zaachila, entre otras. Cruz Silva manifestó que antes del cierre el ejercicio fiscal 2008 el responsable de la institución debe agilizar la asignación de recursos para los caminos del valle eteco.


Activistas aseguran que la negligencia y omisión institucional aumenta la violencia contra mujeres

Escrito por Revolucionemos Oaxaca
Friday, 03 de October de 2008
En Oaxaca, la negligencia y omisión institucional, “obliga a las mujeres, y a la sociedad en general, a hacerse justicia por propia mano”, expusieron, ayer, ONG’s que se solidarizaron con María de Jesús Luján Argüelles, quien obtuvo su libertad el pasado miércoles, tras haber sido detenida por herir, con un machete, a su esposo Emilio Cruz Ramírez, que intentó atacar sexualmente a su hija de 12 años.
En rueda de prensa, el Colectivo Huaxyacac, el Colectivo Mujer Nueva, la Liga Mexicana por los Derechos Humanos y otras organizaciones mencionaron que este caso y el de Cristina Santiago*, ocurrido tan sólo hace siete meses, son responsabilidad del Estado, pues aseguraron que “las instituciones encargadas de aplicar la justicia han minimizado e incluso olvidado la problemática, creando instancias que no han respondido a las demandas de las mujeres”.
Lo anterior, porque en ambos casos, de María de Jesús y Cristina Santiago, se habían presentado denuncias ante el ministerio público, de la violencia intrafamiliar que vivían, sin que si las instancias oficiales hayan actuado a tiempo y con la debida diligencia para protegerlas, apuntaron las activistas.
En tanto, Cristina Santiago, quien también se solidarizó con María de Jesús, pidió a las autoridades que actúen, “desde el momento en que las mujeres van golpeadas a quejarse”.
Y agregó, “yo le digo a María que la entiendo porque viví eso 14 años y llega en momento en que entra la desesperación, hasta que uno dice ¡basta!, entonces nos defendemos nosotras mismas, porque si no lo hacemos así ¿quién? Le digo a María que le eche ganas, es difícil porque a mí aún me cuesta trabajo superar lo que sucedió, pero estamos vivas para seguir luchando por nuestro hijos-as. Ella tiene dos y yo tres”.
Finalmente los organismos civiles y de derechos humanos, pidieron al gobierno que garantice el derecho a la reparación del daño causado a María de Jesús Luján Argüelles y a sus hijas, con el apoyo psicológico necesario, a fin de no convertirse en víctimas de la impunidad, la censura social y para evitar al máximo las secuelas de estos hechos.
Y en este contexto, las ONG’s exigieron al Congreso del Estado, “que asuma su responsabilidad como representantes de la sociedad” y apruebe de manera inmediata la Ley Estatal de Acceso a una Vida Libre de Violencia para las Mujeres del Estado de Oaxaca.