¿671 SON FANTASÍAS?

Las quejas en contra del Ejército no son muchas.
Diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra antinarco
Jesús Aranda

Los resultados del Ejército Mexicano en materia de respeto a los derechos humanos son aceptables, porque a pesar de que se incrementó la presencia militar en el combate al crimen organizado (diariamente se despliegan 45 mil soldados en la guerra contra el narcotráfico) no son muchas las recomendaciones (671) presentadas en contra de soldados en el año anterior, sostuvo el general de brigada Jaime Antonio López Portillo, director general de Derechos Humanos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
El fuero castrense
En entrevista con La Jornada, el general López Portillo, quien fuera procurador militar, dijo que no se prevén cambios en el Código de Justicia Militar para juzgar en el fuero común a militares que cometan delitos en agravio de civiles. No es que uno quiera retener la competencia (el fuero castrense) por capricho, pero ni la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha demostrado que el fuero de guerra sirva de coto de impunidad, lo han dicho, pero no lo prueban, si hubieran probado un caso a lo mejor tendríamos problemas.
Respecto del caso de los dos eperristas desaparecidos el 24 de mayo de 2007, Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, precisó que la Sedena no tiene ninguna información sobre su paradero.
La dirección a mi cargo requirió a todos los mandos del país y a todos los ministerios públicos que informaran si tenían conocimiento sobre el caso; incluso vinieron a las instalaciones del Campo Militar Número Uno a inspeccionar la prisión militar, a revisar los libros, a interrogar internos; vino un actuario de un juzgado de distrito y toda esta información se le entregó a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la cual emitió una recomendación en la que no nos señala a nosotros.
Durante la plática, desarrollada en la sala de prensa de la Sedena, el funcionario –que recorrió todos los escalones de la justicia castrense– comentó que las denuncias más significativas en contra de soldados son las presentadas en Sinaloa de Leyva –cinco miembros de una familia, tres de ellos niños, acribillados– y la de Santiago de los Caballeros –cuatro civiles muertos–, ambas en Sinaloa, así como la de Aldama, Chihuahua –donde una mujer embarazada murió a tiros–, y una de Reynosa, Tamaulipas –donde murió otro civil–, casos, dijo, que son totalmente involuntarios.
Crimen de Estado, la doble ejecución de líderes mixtecos, asegura ONG
Los defensores de derechos humanos presentaban huellas de tortura y tiro de gracia
M. Habana y S. Ocampo
Corresponsales
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan confirmó que los cuerpos hallados cerca de la comunidad San Francisco, municipio de Tecoanapa, Guerrero, con huellas de tortura y tiro de gracia, corresponden a Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas, presidente y secretario de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), a quienes presuntos agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) desaparecieron el pasado 13 de febrero en Ayutla de los Libres. “Fue una doble ejecución extrajudicial. Se trató de un crimen de Estado”, considera la organización no gubernamental.
De acuerdo con el Servicio Médico Forense de Acapulco, Raúl Lucas fue asesinado de dos balazos en el maxilar inferior, probablemente el domingo 15 o el lunes 16 de febrero. Sus restos se hallaron el viernes 21 dentro de una bolsa negra cerrada con cinta canela, enterrada a un metro de profundidad, descubrimiento resultado de una llamada telefónica anónima, aseguró el fiscal especial para delitos graves de la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, José Fernando Monreal.
Indicó que en las mismas circunstancias se encontraron los restos de Manuel Ponce Rosas, quien padeció traumatismo en cráneo y en tórax, tres heridas externas de 25 a 28 centímetros por las cuales pereció, provocadas a golpes con un tubo. Familiares de las víctimas llegaron la mañana del domingo al Semefo de Acapulco, y por la tarde les entregaron los restos de Raúl y Manuel, quienes serán sepultados el lunes en el municipio de Ayutla.
Por su parte, Vidulfo Rosales, del Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan, dijo que la ejecución de los dos mixtecos atenta contra las leyes internacionales a las que México está suscrito, las cuales exigen el respeto a la vida de los defensores de los derechos humanos.
Además, cuestionó las declaraciones irresponsables del procurador de Guerrero, Eduardo Murrueta, quien desde que conoció la denuncia por la desaparición de los indígenas, sin realizar una investigación objetiva, declaró que los ahora finados fueron víctimas de secuestro o levantón (plagio sin intención de obtener rescate).
Los homicidios de los luchadores sociales, las amenazas que previamente recibieron y el atentado a balazos por el cual Lucas García estuvo a punto de morir en 2006, dijo Rosales, significan que su labor afectó intereses de personas enquistadas en los gobiernos municipal y del estado.
Consideró que desde que se presentó la denuncia de la desaparición, la Federación y el gobierno estatal evidenciaron una completa inactividad, lo mismo que cuando se presentaron los dos amparos contra la incomunicación que padecían los detenidos, y cuando se exigió a las autoridades la revisión de prisiones municipales, y sedes de batallones, en su búsqueda”.
Se levantó la averiguación previa TAB/SC/AM/161/2009, que se radicará en la fiscalía especial para delitos graves.
Calderón y el dogma de la opacidad
DANIEL LIZáRRAGA
La "seguridad nacional" es el nuevo pretexto para que el gobierno federal restrinja el acceso a la información que debería ser pública, y con ello abre la puerta a los abusos y violaciones a derechos humanos, advierten especialistas internacionales. Para Juan Pablo Guerrero, comisionado del IFAI, Felipe Calderón no cree en la transparencia ni en la rendición de cuentas. Y las estadísticas lo demuestran: en 2007 hubo 4 mil 222 solicitudes rechazadas; en 2008 se elevaron a 8 mil 208.Los enfrentamientos en las calles entre sicarios y militares, las ejecuciones a cualquier hora del día y las investigaciones sobre la infiltración del narcotráfico en las estructuras oficiales han provocado que el gobierno de Felipe Calderón esté cerrando los archivos que desde 2002 eran públicos por ley. La excusa: motivos de seguridad nacional. El resultado: policías en uniformes sin rostro, entes anónimos como servidores públicos y estadísticas convertidas en material sensible.
De acuerdo con resoluciones, solicitudes de acceso a documentos oficiales y los debates de los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) revisados por Proceso, el punto de quiebre fue el 8 de mayo de 2008, cuando fue asesinado Édgar Eusebio Millán Gómez, coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal Preventiva (PFP), a quien las autoridades consideraban "el cerebro" en la estrategia contra los cárteles de las drogas.
A partir de ese momento, el gobierno restringe cada vez más el acceso ciudadano a la información pública hasta llegar al máximo grado de opacidad: empujar una reforma legal para impedir que nunca más se vuelva a conocer el contenido de las averiguaciones previas, aun cuando ya estén cerradas.El comisionado del IFAI Juan Pablo Guerrero asegura que este comportamiento del gobierno de Felipe Calderón afecta la vida cotidiana de la gente, nulifica el control ciudadano sobre los órganos de seguridad y, sobre todo, impone una política de cerrazón que recuerda los excesos durante la pasada administración del presidente de Estados Unidos, George Bush.

Muertes del narco ya no se investigan.
Miles de casos quedan en un limbo entre autoridades locales y federales
Juan Veledíaz y Marco Lara Klahr El Universal Las muertes generadas durante este sexenio por la guerra entre grupos de narcotraficantes o por la lucha del Estado contra los cárteles ya no son investigadas, según una amplia revisión realizada por EL UNIVERSAL.
No importa si son parte de las fuerzas del orden, sicarios o civiles; la mayoría de las víctimas fatales incrementa la lista de muertos, sin que los gobiernos locales y federales tengan capacidad, operativa u organizativa, para resolver cada crimen. Sus casos quedan en un limbo entre las autoridades.
Según el último recuento, en 2008 fueron 5 mil 630 las personas que perdieron la vida en incidentes relacionados con el narco, y justo en los primeros 51 días de 2009 sobrepasaron la barrera de los mil.
“Las instituciones responsables de la procuración y la administración de justicia encuentran un ‘nicho de oportunidad’ para librarse de su obligación constitucional de perseguir y castigar el delito, y proveer justicia a todos”, explica el periodista e investigador Marco Lara.
En las plazas de mayor conflicto, reportan los corresponsales de EL UNIVERSAL, los cuerpos se acumulan en escuelas de medicina y anfiteatros, y de allí, a las fosas comunes.
“La oleada de violencia ha empezado a provocar que el incumplimiento de la ley comience a verse como algo normal, como algo que bien puede sobrellevarse en el contexto de emergencia que estamos atravesando”, explica Lorenzo Córdova Vianello, investigador de la UNAM. Otros especialistas coinciden con él.
La DEA: México, como Colombia en los 80
J. JESúS ESQUIVEL
Ninguno de los capos mexicanos de la droga se siente verdaderamente amenazado por la guerra desatada en su contra por el gobierno de Felipe Calderón, porque les resulta fácil comprar protección de las propias autoridades, lamenta el jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA, Anthony P. Placido. Si bien afirma que México ganará esta lucha, advierte que antes de eso los ciudadanos "pagarán un precio alto" por la narcoviolencia. En entrevista con Proceso, Placido revela una de las preocupaciones actuales de Washington: las reiteradas alusiones a los nexos criminales de los colaboradores más cercanos del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
WASHINGTON.- Para la Agencia Federal Antidrogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés), la narcoviolencia y el grave problema de corrupción por narcotráfico en las más altas esferas del gobierno mexicano se deben a que "ninguno de los capos de los cárteles de la droga" se considera realmente en riesgo ante las acciones del presidente Felipe Calderón.
Y "la razón principal por la que no se sienten amenazados es porque tienen un amplio poder de corrupción que les brinda un tipo de inmunidad, digamos, garantizada", explica Anthony P. Placido, el jefe de Operaciones de Inteligencia de la DEA, en entrevista con Proceso.
Añade que el gobierno de Calderón se esfuerza para erradicar la corrupción por narcotráfico, pero acabar con esta práctica, dice, tomará tiempo y provocará luchas sangrientas.
"La situación que vive México en estos momentos es similar a la que se vivió en Colombia a principios de la década de los 80", afirma. Y vaticina: "El reto del gobierno mexicano es transformar una amenaza a la seguridad nacional en un problema que pueda ser resuelto por la policía civil. Y, desde nuestro punto de vista, ese es el rumbo que está siguiendo México, pero tomará tiempo y se requerirá de un mayor sacrificio de la gente en ciudades como Tijuana, Ciudad Juárez, Culiacán y otros puntos del estado de Sinaloa donde hay demasiada violencia. Allí la situación empeorará un poco antes de que se resuelva el problema".
Plácido refiere que la DEA incluso podría aceptar acuerdos con narcotraficantes mexicanos similares a los que pactó en Colombia para facilitar que los capos se entreguen, aunque, dice, por ahora no ve condiciones para ello."Si están dispuestos a rendirse en términos que sean aceptables para nosotros, estaríamos felices de aceptar sus propuestas, (pero) ninguna de las organizaciones criminales mexicanas se rendiría en estos momentos, a menos que se sientan realmente amenazados por las operaciones del gobierno mexicano."Este es un extracto de la entrevista que publica Proceso en su edición 1686 que empezó a circular el domingo 22 de febrero