SACADÓLARES COLUDIDOS.

Senadores encaran a banqueros y funcionarios por tasas de interés
Rechazo absoluto de los financieros a que el Congreso fije topes máximos a comisiones. Miembros de las comisiones legislativas advirtieron que con o sin ellos se va a reformar el sistema financiero. Los dueños de bancos no son hermanas de la caridad, alega Condusef
Andrea Becerril. La Jornada.

Senadores de todas las fuerzas políticas se confrontaron ayer con representantes de los banqueros, la Secretaría de Hacienda y la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Servicios Financieros (Condusef), quienes expresaron rechazo absoluto a que el Congreso fije topes máximos a las comisiones y tasas bancarias, ya que, sostuvieron, ello disminuirá el crédito y perjudicará sobre todo a los más pobres.
Durante una reunión de casi cuatro horas, el presidente de la Condusef, Luis Pazos; el de la Asociación de Bancos de México (ABM), Enrique Castillo Sánchez Mejorada, y el titular de Banca y Ahorro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Guillermo Zamarripa, recalcaron una y otra vez que la experiencia internacional muestra que no funciona el control de tasas de interés y aseguraron que los bancos han comenzado a bajar las comisiones y éstas no son tan altas en relación con las matrices extranjeras, como se ha asegurado.
En ese encuentro, la mayoría de los integrantes de las comisiones dictaminadoras de 11 iniciativas que buscan regular el comportamiento de la banca refutaron las afirmaciones y las cifras de funcionarios y banqueros, y les advirtieron que con o sin ellos van a llevar a cabo la reforma al sistema financiero para que bajen las tasas de interés. El senador Tomás Torres, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), dejó muy claro que se acabó la época en que la Secretaría de Hacienda era la que legislaba.
Antes, Zamarripa incluso recomendó a los senadores que no se les pase la mano, porque si fijan un techo para las tasas y comisiones bancarias no sólo inhibirán la inversión, sino que se le puede crear un problema financiero a los bancos y eso no es bueno.
El funcionario hacendario sostuvo que las utilidades de los bancos se han comprimido, que hay una baja en el monto nominal de las comisiones y que en el caso de las tarjetas de crédito sí son más elevadas, pero es debido a que tienen mayor riesgo financiero. Les aconsejó que en la ley sólo queden los principios generales, ya que no es conveniente una legislación descriptiva y limitativa.
Por su parte, Pazos expuso que los banqueros no son hermanas de la caridad, pero que la experiencia en Alemania, Estados Unidos, Colombia y otras naciones señala que poner techo a las tasas de interés tiene efectos contraproducentes para los usuarios y dejó entrever que hay un trasfondo electoral en esa reforma.
El presidente de la Asociación Mexicana de Bancos, Castillo, destacó también que la infraestructura de la banca sigue creciendo, aseguró que han moderado las comisiones que cobran y que el problema está en que las comparaciones se hacen a través del costo anual total (CAT), el que no refleja adecuadamente los costos reales que tienen los usuarios de tarjetas de crédito.
La mayoría de los senadores estaban indignados. La perredista Minerva Hernández les criticó su falta de sensibilidad. Igual hizo José Luis Lobato, de Convergencia, y el panista Rubén Camarillo los confrontó. A Pazos le dijo que en la propia página electrónica de Condusef están cifras que hablan de que Bancomer cobra en México tasas de 80 por ciento y su matriz en España 25 por ciento, o HSBC, que aquí cobra 77 por ciento y en Inglaterra 16 por ciento.
Les exigió que le explicaran por qué si dicen que los intereses por tarjeta de crédito son de 30 por ciento en promedio, a él y a otros usuarios de Aguascalientes les cobran más de 50 por ciento. Y aquí están los estados de cuenta, les dijo.
El senador Fernando Castro Trenti, del Partido Revolucionario Institucional, cerró la ríspida reunión y les advirtió que las 11 iniciativas se van a convertir en dictamen y luego en ley. Tenemos que recoger sus preocupaciones, pero no creemos que su verdad sea absoluta.
No es un asunto de partidos, insistió; les pidió participar porque de todas maneras vamos a hacer la reforma al sistema financiero y a mexicanizar la banca.

Ordena el IFAI a Hacienda revelar nombres de empresas compradólares.
LA REDACCIóN. Proceso.
MÉXICO, D.F., 4 de marzo (apro).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) deberá hacer públicos los nombres de las empresas especuladoras que adquirieron dólares en octubre del año pasado, cuando comenzó a caer el peso.En ese entonces, el Banco de México puso a la venta casi 12 mil millones de dólares.Por unanimidad, los consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) determinaron que la dependencia dirigida por Agustín Carstens deberá entregar dicha información al solicitante.Y es que Hacienda adujo inicialmente que no contaba con tal información, por lo que el particular se inconformó ante el IFAI.En la sesión, la consejera María Marván explicó que la unidad de enlace de la SHCP únicamente consultó a la Unidad de Banca de Valores de Ahorro de la dependencia, pero no a otros entes administrativos."Es posible concluir que la SHCP sí debe conocer de las empresas que hayan realizado una conducta que sanciona la Ley del Mercado de Valores, como aquella que el recurrente mencionó en la solicitud de información, siendo así que el sujeto obligado resulta competente para conocer lo solicitado."Es procedente revocar la respuesta de la dependencia e instruirle a una búsqueda en todas las demás unidades administrativas que por sus atribuciones deben auxiliar al Secretario (Agustín Carstens) en asuntos relacionados con delitos o faltas a la Ley del Mercado de Valores, así como su relación con la Comisión nacional Bancaria y de Valores, y aquellos documentos públicos que contengan la información solicitada", dijo.Persiste opacidad: reserva la SSP los nombres de asesores de García LunaPor otra parte, por acuerdo de la mayoría de los consejeros del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSP) podrá mantener en secreto durante 12 años el nombre de los asesores de sui titular, Genaro García Luna.El consejero presidente Alonso Lujambio propuso aceptar los alegatos de la SSP para mantener bajo reserva los nombres de los asesores del secretario.Los consejeros Alonso Gómez Robledo y Juan Pablo Guerrero votaron en contra del dictamen. Este último se quejó de que con el pretexto del avance del crimen organizado, hay "mayor opacidad" en la administración de Felipe Calderón.Lujambio argumentó que los asesores forman un grupo de apoyo directo al secretario de Seguridad Pública, entre cuyas facultades está la de definir las políticas de seguridad pública en el ámbito federal, los objetivos, estrategias y acciones para someterlas a consideración del presidente de la República, por lo cual sus nombres no pueden ser difundidos públicamente.


Opacidad en el Ministerio Público
Irma Eréndira Sandoval*

Al cerrar la puerta al acceso ciudadano a las averiguaciones previas, la reciente reforma al artículo 16 del Código Federal de Procedimientos Penales violenta nuestro derecho a la información y sume al Ministerio Público en un pozo de opacidad. Además de atropellar el principio de máxima publicidad incluido en el artículo sexto constitucional, la reforma también violenta el artículo 20 de la Carta Magna que señala que el proceso penal se debe regir por el principio de publicidad. Asimismo, el nuevo texto legal es contrario a diversos instrumentos regionales e internacionales de defensa de los derechos humanos signados y ratificados por el Estado mexicano.
Quienes buscan defender la opacidad del Ministerio Público tratan de situar el presente debate en el terreno del combate eficaz a la delincuencia organizada. Supuestamente el acceso indiscriminado a las actuaciones ministeriales ayudaría a los criminales a burlar a la autoridad. Los apologistas de la reforma también quieren vendernos la idea de que las nuevas disposiciones se orientan a salvaguardar el honor de las personas implicadas en las indagatorias. De forma lamentable, incluso el propio comisionado presidente del IFAI, Alonso Lujambio, ha utilizado este último argumento para apoyar la reserva de información pública en averiguaciones previas.
Sin embargo, el interés de fondo no es la mejora de la eficacia en las tareas investigadoras o la defensa del buen nombre de los ciudadanos de a pie. Al contrario, el detonador principal de la reforma fue la desesperación y el malestar causado por las solicitudes de acceso a las averiguaciones previas de conspicuos personajes vinculados con el poder, el dinero y el partido en el gobierno federal como Genaro García Luna, Vicente Fox, Marta Sahagún, Jorge y Manuel Bribiesca, Elba Esther Gordillo, Juan Camilo Mouriño, Diego Fernández de Cevallos y Francisco Gil Díaz.
Lo que está en juego es el combate eficaz a la corrupción gubernamental. Y al hablar de corrupción no nos referimos solamente a la deplorable corrupción cotidiana del Ministerio Público, esa que se refleja en la famosa mordida y que se maneja en pesos y centavos. El problema central es la corrupción estructural y sistémica que alcanza los más altos niveles de gobierno y que invade las funciones centrales del Estado. Una corrupción que no involucra sólo a delincuentes menores, sino principalmente a quienes, abusando de su autoridad, cotidianamente burlan nuestras leyes y manchan nuestras instituciones. Y para combatir este tipo de corrupción se requiere de una transparencia igual de estructural e integral.
Sin embargo, la ominosa reforma al Código de Procedimientos Penales es el resultado de la transparencia opaca, minimalista y de aparador que ha venido prevaleciendo entre los servidores públicos en todo el país. Proviene de los mismos legisladores federales que hoy violan la Constitución al negarse a adecuar la Ley Federal de Transparencia y los reglamentos de transparencia del Congreso de la Unión a las disposiciones del artículo sexto constitucional. Son los mismos legisladores que no se han atrevido a convertir los partidos políticos en sujetos obligados de la Ley Federal de Transparencia y que se quedaron cortos a la hora de reformar el artículo sexto de la Constitución.
Habría que celebrar la acción de inconstitucionalidad presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en contra de la reforma. Sin embargo, la CNDH también debería tomar esta oportunidad para predicar con el ejemplo. Bajo la gestión de José Luis Soberanes este organismo autónomo se ha caracterizado por la más absoluta opacidad. De manera reiterada se ha negado, por ejemplo, a permitir el acceso ciudadano a los expedientes de queja, precisamente el equivalente de las averiguaciones previas. El reglamento de transparencia de la CNDH también viola de manera flagrante las disposiciones del artículo sexto constitucional Resulta paradójico que ahora el ombudsman quiera convertirse en el paladín de la transparencia, cuando está sentado encima de una montaña de opacidad en su propia institución.
Con respecto al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), llama la atención que el miércoles pasado la mayoría de los comisionados del pleno hayan dispuesto colocar el nuevo texto del Código de Procedimientos Penales por encima de la Ley de Transparencia y negar el acceso a toda información relacionada con las averiguaciones previas. Esta decisión desoye la jurisprudencia en la materia que señala que por encima de la ley general siempre debe prevalecer la ley especial, en este caso la Ley de Transparencia. Habría que exigirle al IFAI que la posición disidente expresada por los comisionados Juan Pablo Guerrero y Alonso Gómez Robledo tenga eco y que la institución siga resolviendo los recursos de inconformidad sobre averiguaciones previas como había venido haciéndolo, aplicando la Ley de Transparencia.
Empecemos a actuar. No esperemos a que sepulten nuestro derecho de acceso a la información y que las averiguaciones previas después, como las boletas electorales, nos sean ofrecidas en vitrinas insultantes.