EL ESTADO POLICIAL DE FACTO

Ejército Federal sitia comunidad de San Miguel Panixtlahuaca,Oaxaca.
El dia jueves 23 de abril de 2009 a patir de las nueve de la mañana 15 camiones tipo torton llenos de soldados armados y encapuchados del ejercito federal arribaron y sitiaron la comunidad.
VOCAL
En Oaxaca la represion, la persecucion y el hostigamiento contra las comunidades indigenas que luchan por su autonomia y por la defensa de sus usos y costumbres y territorio ancestral sigue ocurriendo de manera impune, por parte del mal gobierno del asesino Ulises Ruiz ademas con el apoyo incondicional del mal gobierno federal a cargo del vendepatrias Felipe Calderon.
El dia jueves 23 de abril de 2009 a patir de las nueve de la mañana 15 camiones tipo torton llenos de soldados armados y encapuchados del ejercito federal arribaron y sitiaron la comunidad indigena chatina de San Miguel Panixtlahuaca, distrito de Juquila en la costa de Oaxaca. El informe que nos envian pobladores de esta comunidad indigena es que los soldados sitiaron con retenes la comunidad no dejando entrar ni salir a nadie y ademas empezaron a catear las casas de los pobladores en busca de armas, aunque ademas robaron dinero y amedrentaron a una poblacion indigena indiscriminadamente si eran hombres, mujeres, ancianos y niños.
El operativo que supuestamente era para desarmar a la poblacion, esta basada en una ley federal que es la de control de armas de fuego y explosivos que como muchas otras leyes de ambito federal y estatal, es violatoria de la AUTONOMIA de los pueblos indigenas de Oaxaca y Mexico. Andemas mientras las armas en las mano de policias y ejercitos escupen odio y simbolizan el crimen, la opresion y la impunidad, las armas en las manos de las comunidades indigenas son un instrumento de trabajo mas para poder llevar a sus hogares un poco de carne de caceria para su supervivencia.
Denunciamos esta irrupcion del ejercito en San Miguel Panixtlahuaca como parte de la represion que los malos gobiernos federal y estatal siguen lanzando contra las comunidades, las personas y las organizaciones que se levantaron en 2006 en contra del mal gobierno del asesino Ulises Ruiz porque esta comunidad tuvo una participacion destacada en el 2006, año cuando empezo el levantamiento de los pueblos de Oaxaca. Tambien esta incursion del ejercito tiene que ver con un proceso de militarizacion que el mal gobierno esta desatando en la zona de los pueblos chatinos de la costa oaxaqueña por la poderosa oposicion que ha encontrado entre estos pueblos la construccion del proyecto gubernamental y privado llamado sistema hidraulico de usos Multiples "Paso de la Reina" el cual consta de tres grandes presas que habrian de surtir de electricidad y agua a los megaproyectos que el mal gobierno y el capital transnacional impulsan en el territorio oaxaqueño, principalmente en el territorio de los pueblos indigenas de Oaxaca, como el megaproyecto eolico del istmo de tehuantepec, el megaproyecto minero de valles centrales, mixteca y sierra sur, el magaproyecto transismico del istmo de tehuantepec, el megaproyecto carretero que afecta a todo el estado pero que hoy pretende invadir los valles centrales en el llamado "corredor libramiento sur".
Por todo lo anterior se exige un alto a las agresiones al pueblo chatino de San Miguel Panixtlahuaca, y a todas las comunidades que luchan y resisten en la defensa de su autonomia y contra el mal gobierno de oligarcas y criminales que hoy nos malgobiernan en Oaxaca,Mexico.

Se enfrentan dos facciones de la UABJO; al menos 10 golpeados y un herido de bala
Retención de un hijo del rector provocó respuesta del otro grupo, según testigos
OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO
Corresponsal
Oaxaca, Oax., 24 de abril. Dos grupos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) se enfrentaron a golpes, e incluso con pistolas, en las inmediaciones de Ciudad Universitaria (CU) con saldo de diez golpeados y un herido de bala.
La violencia provocó la suspensión parcial de actividades escolares y administrativas en las facultades y escuelas ubicadas en esa zona.
Una de las facciones, en la que hay presuntos porros que respaldan al catedrático Roberto López Sánchez –quien se declaró director interino de la Facultad de Derecho– retuvo a Rafael Torres Ramos, hijo del rector de la UABJO, Rafael Torres Valdez, por provocar a sus seguidores.
Cerca de las 7:15 horas arribaron integrantes de la Comisión Académica Administrativa –reconocida por el Consejo Universitario como órgano de autoridad en la citada facultad para participar en la clausura de la Semana de la Protección Universitaria, que estaba programada en la explanada principal de CU.
Entonces se escucharon disparos hechos, según testigos, por los supuestos porros Marcos Mateo Esteva Cruz, Alfonso Domínguez Santaella y Alejandro Vásquez Núñez, entre otros, quienes están vinculados con López Sánchez –visitador del Tribunal Superior de Justicia del Estado– y el catedrático Luis Martínez Solís, director jurídico de la Secretaría de Gobierno.
En 2006, los mismos presuntos porros participaron en las caravanas de la muerte que balearon a miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Manuel Jiménez Arango, de la Comisión Académica Administrativa, informó que el catedrático Fredy Julio García resultó lesionado en un tobillo por una bala.
Estudiantes que respaldan esa comisión retuvieron autobuses del servicio urbano de pasajeros sobre la avenida Universidad para bloquear la circulación.
Casi una hora después, seguidores de los dos grupos se enfrascaron en una batalla campal, con palos, piedras y botellas, en CU. El llamado director interino López Sánchez fue derribado y golpeado por un estudiante.
Ante la desventaja numérica, López Sánchez y sus seguidores salieron huyendo entre una lluvia de piedras. En su intento por evadirse, Martínez Solís cayó y debió ser auxiliado por sus seguidores.
Policías estatales arribaron a CU para resguardar las instalaciones y evitar más violencia.
El autodeclarado director interino de la facultad, López Sánchez, culpó de la violencia al ex rector de la UABJO Abraham Martínez Alavés y acusó que el rector Rafael Torres Valdez sirve a intereses caciquiles y amiguismos del ex funcionario.
Dijo que sus seguidores retuvieron al hijo del rector por haber provocado la violencia, aunque más tarde fue entregado a la policía para garantizar su integridad física.
Pide Pro- Oax cambiar trazo en Libramiento; peligran 400 árboles
El Patronato Pro-Defensa y Conservación del Patrimonio Natural y Cultural de Oaxaca (Pro-Oax) demandó ayer que se rectifique el trazo del proyecto del Libramiento Sur para garantizar que no se romperá el equilibrio ecológico en la Villa de Zaachila.
A su vez, el frente de afectados de la comunidad denunciaron que un total de 100 hectáreas de tierras ejidales y de particulares con más de 400 árboles, 6 unidades de riego y campos de cultivo de maíz, alfalfa, cacahuate y jícama serán destruidos con la vía que comunicará la supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan con las carreteras al Istmo y la Costa.
Pina Hamilton, dirigente de Pro-Oax se pronunció ayer en contra de las afectaciones al subsuelo, a la flora y la fauna que provocará la construcción del Libramiento Sur en la Villa de Zaachila y demandó una rectificación del trazo del proyecto original para garantizar que no romperá el equilibrio ecológico en la zona.
Al reunirse con ejidatarios y pequeños propietarios de esa comunidad ubicada al sur de la capital dijo también que la Villa de Zaachila cuenta con varias vías de comunicación, incluyendo una que la comunica con San Bartolo Coyotepec, por lo que calificó de irresponsable pretender destruir más de 400 árboles de nogal y guamúchil para abrir una nueva vía.
Consideró delicado que en vez de hacer un proyecto serio que incluya la apertura de brechas en zonas donde no se afecten campos de cultivo se pretenda hasta dividir a una parte de la población.
Encabezados por Francisco Melchor Tejada, los afectados dijeron que sin que mediara permiso de por medio una cuadrilla de trabajadores de la empresa “Constructora Zambrano y Asociados” del Estado de México ya realizaron pruebas de mecánica y resistencia de suelos para construir el Libramiento Sur.
Molestos porque en la zona se pretenden derribar nogales y guamúchiles de 30 a 40 años de edad, cuestionaron la determinación de destruir también los campos de cultivo y las unidades de riego.
“A lo largo de 9 kilómetros pretenden apropiarse de más 100 metros de ancho para el derecho de vía federal y la construcción de una carretera de 4 carriles”, dijo Melchor Tejada.
APUNTE
Los pozos 23, 8, 11, 14, 17 y 19 que sirven para regar el cultivo de básicos en más de 300 hectáreas resultarían afectados.
DE VIVA VOZ:
“A nosotros nos piensan pagar a 2 pesos el metro cuadrado”.
Eduardo Mejía, campesino de Zaachila.

CONTRA EL DESALOJO DE MAESTROS POBLANOS.
ARTURO ALFARO GALÁN
El Nodo de Derechos Humanos consideró que el operativo de la Policía Estatal y la Secretaría de Gobernación (Segob) del pasado fin de semana para recuperar el control de las instalaciones de las secciones 23 y 51 del SNTE, representan el inicio de la represión contra el magisterio poblano. Eduardo Almeida Sánchez, representante de la organización no gubernamental, descalificó los actos de violencia que se registraron en las dos sedes oficiales del SNTE, después que los grupos de policías amenazaron, hostigaron y profirieron insultos a los maestros que se encontraban en reguardo de los inmuebles.
Asimismo, advirtió que si el gobierno del estado, no encuentra una solución al conflicto magisterial; las movilizaciones y las exigencias serán cada vez mayores, lo que devendrá en un problema como sucedió en Oaxaca y Michoacán.
“Esperamos que no cometan los mismos errores, porque hasta el momento hemos observado que el magisterio en Puebla se ha sabido comportar y ha sido propositivo. Nosotros estaremos muy pendientes de lo que sucede en estos términos, porque un desalojo es propiciar más violencia”.

Con Calderón, récord de abusos militares.
JORGE CARRASCO ARAIZAGA/PROCESO
En los dos años y cuatro meses de gestión calderonista, la impunidad militar llegó a niveles oprobiosos. La estrategia de movilizar a 45 mil elementos para combatir al narcotráfico y a la delincuencia organizada no sólo resultó fallida, sino que la institución se ha extralimitado en sus funciones al llevar a tribunales militares a civiles. Reportes de la CNDH revelan que 23 de las 52 recomendaciones del ombudsman nacional contra la Sedena en los últimos 20 años involucran a la actual administración.

Desde la época de la guerra sucia en México, el Ejército no había violado tanto los derechos humanos como en el gobierno de Felipe Calderón.

En apenas dos años y cuatro meses, la institución ha acumulado más de 2 mil quejas. El período más violento contra la población civil ha sido el primer trimestre de este año, según los 423 expedientes abiertos en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra militares.

Pero las violaciones tienen un agravante más: como ningún otro gobierno, el de Calderón ha sometido a cientos de civiles a tribunales castrenses. Tan sólo en sus dos primeros años, 484 casos que originalmente eran investigados por la vía civil pasaron a la justicia castrense.

Entre enero de 2007 y noviembre de 2008, la Procuraduría de Justicia Militar (PJM) abrió 170 averiguaciones previas en las que las víctimas han sido civiles en actos violatorios cometidos por los propios militares.

Aunque el predominio en México del fuero militar ha sido cuestionado por varios países en la Organización de las Naciones Unidas, el Ejército ha dictado 41 sentencias en las que las víctimas han sido civiles: 32 condenatorias y nueve absolutorias.

Ante el creciente número de sentencias relacionadas con civiles, la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisará la constitucionalidad del Código de Justicia Militar y el alcance del fuero castrense.

Además, en junio próximo el gobierno de Calderón deberá responder ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, a la petición que en febrero pasado le hicieron varios países al secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, para que el Estado mexicano revise el alcance de ese fuero.

El general Guillermo Galván Galván se convirtió ya en el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) con el mayor número de violaciones a los derechos humanos cometidos por el Ejército en su historia reciente, como resultado del despliegue de 45 mil militares en calles y poblados del país para combatir el narcotráfico.

La tendencia al alza se elevó todavía más durante el primer trimestre este año. En ese período, la CNDH abrió 423 expedientes de queja, contra las mil 602 tramitadas entre el 1 de enero de 2007 y el 31 de diciembre de 2008. Es decir, de las 2 mil 25 quejas presentadas contra elementos de la institución castrense en este gobierno, el 20% ocurrieron entre enero y marzo pasados.

Mientras más presencia del Ejército hay en las calles, mayor es el número de violaciones a los derechos humanos. La demostración más clara es el Operativo Conjunto Chihuahua, al que Calderón decidió aumentar a 8 mil 500 el número de militares a finales de febrero.

Los reportes más recientes de la CNDH obtenidos por Proceso indican que Chihuahua fue el estado donde hubo más quejas contra la Sedena. De las 423, 97 se interpusieron en ese estado. Pero por frecuencia, la Comisión registró mil 262 hechos violatorios en todo el país tan sólo en el primer trimestre; la mayoría por cateos ilegales, detenciones arbitrarias, tortura y robo.

Como en ningún otro sexenio desde el surgimiento de la CNDH en 1990, bajo el mando del general Galván la Defensa Nacional ha pasado a ser una de las principales instituciones investigadas por violaciones a esos derechos.

Las cifras del organismo indican que de las 52 recomendaciones recibidas por el Ejército en 20 años, 23 han ocurrido en el actual sexenio. Es decir, que en apenas dos años y cuatro meses, el 44% de todas las recomendaciones se han concentrado en el gobierno de Calderón.

Con más de tres años y medio aún de gobierno, Calderón supera a lo ocurrido en violaciones de militares a los derechos humanos durante la administración de su antecesor Vicente Fox y de los priistas Ernesto Zedillo y Carlos Salinas, con el levantamiento zapatista de por medio.

El que más recomendaciones recibió una vez comprobadas las violaciones por parte de la CNDH fue el sexenio de Zedillo, con 14; le siguió el de Fox, con ocho; y en seguida el de Salinas, con siete. Con Calderón, tan sólo los expedientes abiertos contra la Sedena entre el 1 de enero y el 2 de abril pasados señalan que las 423 quejas habían derivado ya en cuatro recomendaciones.

Las violaciones, ocurridas prácticamente en todo el país y consideradas como uno de los efectos del combate al narcotráfico, así como las investigaciones de los militares sobre sus propios actos, empiezan a tener un costo social para el Ejército, que ha perdido aceptación entre la ciudadanía.

DESCRÉDITO

De acuerdo con la encuestadora Demotecnia, de María de las Heras, la confianza social en el Ejército mexicano ha decrecido. Aun cuando sigue siendo una institución con alta aceptación, en lo que va del gobierno de Calderón ha pasado de 83 a 72% de opinión favorable.

De los mil 262 hechos reportados durante el primer trimestre como violatorios, 219 fueron por incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo o durante su ejecución, así como en las visitas domiciliarias. Por frecuencia, le siguieron las detenciones arbitrarias en 213 casos; trato cruel, inhumano o degradante en 144 y robo de bienes en 107 ocasiones.

En 61 casos hubo retención ilegal; en 60 deterioro o destrucción ilegal de propiedad privada, en 59 uso arbitrario de la fuerza, en 45 incomunicación, en 41 omisión para hacer constar por escrito el acto de autoridad, en 40 detención sin orden judicial fuera de los casos de flagrancias y en 31 tardanza para presentar al detenido ante el Ministerio Público.

Salvo tres estados –Campeche, Colima y Guanajuato–, en todo el territorio se registraron abusos por parte del Ejército. Por frecuencia, en ese breve período las entidades con el mayor número de quejas fueron Chihuahua, con 97; Michoacán con 75, y Guerrero con 51.

Se trata de lugares con intensa actividad militar antinarco, pero también de estados, en el caso de las dos últimas, donde el Ejército ha sufrido graves ataques como emboscadas y decapitaciones de efectivos (Proceso 1678).

Con mediana frecuencia siguieron Durango, con 23; Sinaloa 19, Baja California 18, Oaxaca y Tamaulipas 17 cada uno, Tabasco 14, Distrito Federal 13, Coahuila 12 y Veracruz 10.

Después, Morelos con 7, Chiapas 6, Estado de México, Jalisco y Zacatecas, con 5 cada uno; Sonora 4; Nayarit, Nuevo León, Quintana Roo y San Luis Potosí, con 3; Puebla, Querétaro, Tlaxcala y Yucatán con 2 cada uno; y Aguascalientes, Baja California Sur e Hidalgo, con uno por entidad. Esa clasificación da como resultado 421 casos, dos menos de los que la propia CNDH da como total de expedientes abiertos.

Por si la comisión de esos hechos no fuera grave, el propio Ejército se encarga de investigarlos, con lo que no sólo se viola la Constitución, sino que se abre la puerta a la impunidad, asegura Luis Arriaga Valenzuela, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.

Las propias cifras de la Sedena dan cuenta del amplio alcance que tiene la jurisdicción militar en casos donde hay civiles involucrados. Al igual que los datos de la CNDH, confirman que de manera creciente se ha aplicado el fuero militar a civiles durante este sexenio.

Mediante solicitudes de información al amparo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental sobre las actuaciones de la justicia militar entre 2000 y 2008, la Sedena confirma que el gobierno de Calderón ha hecho una extensa aplicación del fuero militar hacia civiles.

Con datos de la PJM, la institución asegura que en los dos primeros años de este sexenio, un total de 484 averiguaciones previas iniciadas por el Ministerio Público federal o estatal han sido remitidas a la justicia militar, bajo la consideración de que la competencia corresponde a los tribunales castrenses.

En 2007 se registraron 103 declinaciones a favor del fuero militar, y en 2008 se elevó a 381 casos. De acuerdo con la información oficial, esa tendencia empezó a darse desde 2004. Entre ese año y 2006 se registraron 47 casos, muy lejos de los 484 de los dos primeros años del gobierno calderonista.

Según la PJM, sólo en una ocasión, durante 2008, la justicia militar le solicitó al Ministerio Público de la federación que declinara la competencia a favor del fuero de guerra, en aplicación del artículo 57 del Código de Justicia Militar, que establece los delitos contra la disciplina militar.

En su respuesta, la Sedena asegura que entre 2007 y 2008 el Ministerio Público militar abrió 170 averiguaciones previas en las cuales las víctimas son civiles. La cifra tampoco tiene precedentes. Es poco más de 10 veces que las abiertas entre 2004 y 2006. En 2004 fueron 12; en 2005, dos, y en 2006, cuatro. De los años anteriores, la Sedena no dio información.

De esas averiguaciones, 12 han sido consignadas ante la justicia castrense por la PJM; 10 de ellas con Calderón. En el gobierno de Vicente Fox ocurrió en dos ocasiones, una en 2004 y otra en 2006.

Ha sido con los gobiernos del PAN en los que los tribunales militares han procesado casos relacionados con civiles, aprovechando lo establecido en 1933 en el Código de Justicia Militar, cuya constitucionalidad es cuestionada nacional e internacionalmente y que está por ser revisada en la Suprema Corte.

Más elevado es el número de sentencias dictadas por los juzgados militares y el Supremo Tribunal de Justicia Militar en casos en que las víctimas han sido civiles. Sin precisar los años, la Sedena dio a conocer que de diciembre de 2000 a noviembre de 2008 se han dictado 41 sentencias, de las cuales 32 han sido condenatorias.

En lo que atañe al delito contra las personas, la Sedena tiene registradas 39 averiguaciones previas abiertas por el Ministerio Público militar. De ellas, 16 fueron en el gobierno de Fox y 23 en los dos primeros años de Calderón.

IMPUNIDAD

El artículo 330 del Código de Justicia Militar establece que el elemento del Ejército que use las armas de manera innecesaria contra cualquier persona, o que ejerza sin autorización cualquier otro acto injustificado de violencia contra algún individuo, será castigado con un año de prisión. Añade que si se causare daño “se estará al delito que resultare, cuando la pena que corresponda a éste sea mayor que la señalada (en ese artículo)”.

La información entregada por la Sedena también indica que entre 2004 y 2008, 10 averiguaciones previas han sido consignadas por el Ministerio Público militar por violación de ese artículo; ocho en la gestión de Calderón.

Además, durante el sexenio de Fox y los dos primeros años del actual se han dictado 10 sentencias también por violación de ese artículo. En el mismo período se dictaron ocho sentencias, pero la dependencia no precisa en qué años ocurrieron.

Las instrucciones de los casos no sólo son desconocidas por las víctimas o sus familiares, sino que se siguen a partir de las versiones de los militares responsables de los abusos.

Uno de esos casos que está documentado es el ocurrido el 18 de diciembre pasado durante un cateo realizado en la ciudad de Durango. A las 5:45 horas de ese día, el Ejército se equivocó y “reventó” el domicilio ubicado en la calle Lirio 114 del fraccionamiento Jardines de Durango. El error le costó a un civil, Adolfo Sifuentes Rodríguez, la pérdida del brazo derecho.

A pesar de que ante la opinión pública intentó negar los hechos, la comandancia de 10ª. Zona Militar, con sede en la capital del estado, reportó a la Sedena que efectivos militares acudieron al domicilio por una denuncia anónima según la cual se trataba de una casa de seguridad en la que se encontraban sicarios con los que se habían enfrentado el día previo.

El fraccionamiento, en efecto, había sido escenario de tres escaramuzas entre junio y diciembre de 2008. Pero el 18 de diciembre los militares arremetieron contra la casa a pesar de sólo encontraron a Sifuentes con una carabina 30-30 y que, según el reporte, disparó en dos ocasiones.

Todavía más grave es la mentira con la que el Ejército intentó deslindarse del asesinato de seis personas –cuatro civiles y dos militares– en el poblado Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa, el 26 de marzo de 2008.

No fue cualquier intento de engaño. Fue en la denuncia de hechos presentada ante el Ministerio Público de la federación. La denuncia, cuya copia obtuvo Proceso, está firmada por el teniente de infantería Víctor Ruiz Martínez, el sargento de infantería Juan José Camacho Vega y el cabo de infantería Antonio Rojas Reyes.

Según esa versión, los civiles intentaron huir en un vehículo cuando vieron a los militares, “por lo cual emprendimos su persecución, dándole alcance, emparejándonos y ordenándole al conductor detener la marcha”; “en lugar de obedecer – se lee en el documento– frenó repentinamente, escuchando en ese mismo instante disparos de arma de fuego”.

Debido a que dos de los civiles que viajaban en la camioneta quedaron vivos e iban desarmados, la versión inicial del Ejército se vino abajo. “Lamentaron que no nos hubieran matado a todos, pues de esa manera nos hubieran sembrado armas y droga para justificar su acción”, dijo Miguel Ángel Medina Medina, uno de los sobrevivientes, a Proceso (1641).

Descubierta la mentira, el Ejército anunció proceso penal contra cinco militares, entre ellos los firmantes de la denuncia. Sin embargo, el caso se quedó en la jurisdicción militar. Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón López Medina, una de las víctimas, se inconformó e interpuso un amparo para que el caso pase a la justicia civil.

Patrocinada por el Centro Pro y la organización no gubernamental Fundar, la viuda considera inconstitucional la extensión de la jurisdicción militar a casos en los que se encuentran involucradas personas que no pertenecen al Ejército (Proceso 1688).

La madre y la viuda de otras de las víctimas también apelaron a la protección de la justicia federal, pero el Juzgado Noveno de Distrito y el Cuarto Tribunal Colegiado, ambos con sede en Mazatlán, desecharon la demanda por “notoriamente improcedente” al tratarse de fuero militar.

En el primer caso, la demanda de amparo ya fue atraída por la Suprema Corte, a petición del ministro José de Jesús Gudiño Pelayo. El miércoles 1, la Primera Sala del máximo tribunal decidió atraer el recurso con el objetivo de fijar los alcances del artículo 13 de la Constitución y revisar la constitucionalidad del artículo 57 del Código Militar.

El artículo 13 constitucional ordena que los tribunales militares “en ningún caso y por ningún motivo podrán extender su jurisdicción sobre personas que no pertenezcan al Ejército”.

En caso de que los ministros decidan ir al fondo del asunto, la Corte determinará lo que debe entenderse por fuero militar, delitos y falta contra la disciplina militar, los límites jurisdiccionales de los tribunales militares y, por lo tanto, si ese artículo 57 está por encima de la Constitución, como alega Morales Rodríguez.

A partir de esa decisión, el Ejército cabildea en la Corte en un intento por convencer a los ministros de que dejen las cosas como están, tal y como lo advirtió el general Galván el 19 de febrero pasado, en el marco de las actividades del Día del Ejército:

“Para aquellas voces que claman por abolir el fuero de guerra, les decimos que éste es la jurisdicción donde se previene el quebrantamiento de la disciplina militar”. Según el alto mando, todos los abusos cometidos por el Ejército son castigados con “penas ejemplares”.