SEP. EL NUEVO TITULAR ¿EDUCADOR?

La extrema derecha puede atentar contra la educación laica: expertos.

El cambio de titular en la SEP conlleva ese riesgo: Olac Fuentes y Ángel Díaz Barriga. Se continuarían privilegiando los intereses de la dirigente magisterial, Elba Esther Gordillo, dicen. Si la lideresa tiene que dar el visto bueno sobre el sucesor de Vázquez Mota, no se ve la ganancia
KARINA AVILÉS. LA JORNADA.
El cambio de titular en la Secretaría de Educación Pública (SEP) conlleva el riesgo de abrir una nueva oportunidad para que la extrema derecha busque lanzar una embestida más fuerte contra los principios básicos de la educación pública, alertó el ex subsecretario de Educación Olac Fuentes Molinar, mientras el investigador Ángel Díaz Barriga expresó que existe el peligro de que la renuncia de Josefina Vázquez Mota se aproveche para seguir privilegiando los intereses de la lideresa magisterial, Elba Esther Gordillo, por encima del proyecto educativo.
Así, Díaz Barriga, experto del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación de la UNAM, sintetizó: Si Elba Esther Gordillo tiene que dar el visto bueno (al sucesor de Vázquez Mota), no veo dónde está la ganancia, pues es como si el Estado hubiera renunciado a su obligación de conducir al sector educativo.
Entrevistado por separado, Olac Fuentes Molinar expresó que en el panorama político actual se advierten más riesgos que oportunidades de rectificación con la salida de Vázquez Mota de la SEP. Esto es, la renuncia de la secretaria puede significar una nueva oportunidad para que la extrema derecha lance una ofensiva más fuerte contra valores como el carácter laico y público de la educación, advirtió el ex subsecretario de Educación Básica y Normal de la dependencia.
El sector ultraconservador ha tenido el viejo deseo de imponer la enseñanza religiosa en las escuelas públicas y, a pesar de las presiones en ese sentido hacia Josefina Vázquez Mota, se debe reconocer que se mantuvo el principio de laicidad, indicó. Sin embargo, es necesario prevenir y evitar que se atente contra estos valores básicos. De hecho, añadió, en el escenario de lo deseable, una actitud de prudencia frente a este relevo sería la reivindicación del carácter laico de la educación, la separación entre Iglesia y Estado, con todo lo que esto significa, no sólo en términos de la aplicación de la ley, sino del carácter de lo público.
Por otro lado, dijo, la iniciativa privada ha tenido injerencia en sectores de la educación donde no la había tenido antes, de manera que este cambio debería ser un buen momento para devolver al sector público su papel estratégico.
Lo deseable sería que la renuncia de Vázquez Mota implicara una rectificación de la política educativa, lo que implicaría, de inicio, una revisión de la Alianza por la Calidad de la Educación (ACE) pactada con Elba Esther Gordillo, señaló el filósofo y estudioso de la educación.
Además, añadió, tendrían que reconsiderarse los ejes centrales de la política de la educación básica, el peso que se ha dado a pruebas como la Evaluación Nacional de Logro Académico en Centros Escolares (Enlace) y las consecuencias que se han derivado de estas evaluaciones, las cuales lo que en realidad expresan es la enorme confusión del gobierno sobre el valor de la calidad. No obstante, lamentó, difícilmente va a cambiar la línea general que se ha impuesto al sector educativo y, por el contrario, mi temor es que con cambios de este tipo se abran oportunidades para embestidas más fuertes, más claras de la extrema derecha, lo cual sería gravísimo.
Por separado, el experto en educación de la UNAM Ángel Díaz Barriga expresó que tal parece, conforme evidencian los hechos, que existen dos autoridades: una formal y la otra representada por la lideresa del sindicato magisterial, Elba Esther Gordillo. Pareciera que la autoridad formal no puede hacer nada si no tiene el visto bueno de la autoridad sindical. Es como si el Estado hubiera renunciado a su obligación de conducir el sector educativo.
Bajo esa tesitura el peligro es que se sigan privilegiando los intereses de la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) por encima del proyecto educativo nacional, apuntó. En este esquema de coautoridad educativa, Gordillo exige el derecho de ser tomada en cuenta y, a su vez, vetar decisiones. El funcionario que se haga cargo de la SEP tiene una situación complicada, porque debe actuar con energía frente a alguien (Elba Esther Gordillo) que el Presidente defiende.
Por otra parte, el especialista consideró que no necesitamos que venga la derecha a pretender imponerse en el ramo, porque con los programas que se han establecido bajo la bandera de la calidad, la visión conservadora ya está ahí. Incluso, dijo, estos proyectos son aún más drásticos que los aplicados en Estados Unidos. Se refirió a los planes que desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari y hasta la actualidad han cambiado dinero por calidad, aunque en estricto sentido es dinero por indicadores.
Como gobierno, el PAN tiene un programa de derecha que ha venido aplicando, quizá no con el logro de metas que esperaría. Manifestó que la salida de Vázquez Mota debería significar el espacio para que el Estado tomara la responsabilidad de la educación, y no es porque en los gobiernos priístas el SNTE no hubiera intervenido, pero las administraciones panistas han tenido tal debilidad política que han dejado que el sindicato magisterial se conduzca como el dueño de la casa.

Fieles a la Santa Muerte exigen alto a la represión
Denuncian la destrucción de altares y afirman que el clero está detrás de ataques; lo demandarán
GABRIEL LEÓN ZARAGOZA
En protesta por la destrucción de altares en el norte del país y por las medidas que aplican autoridades en contra de su culto, unos 500 simpatizantes y devotos de la Santa Muerte se manifestaron de forma pacífica en el Zócalo por las acciones que en su contra –aseguraron– promueve la jerarquía católica.
Luego de una marcha que se inició al mediodía de ayer desde su santuario principal –localizado en el primer cuadro de la ciudad– y que concluyó en el Zócalo, el arzobispo David Romo anunció, en improvisada conferencia de prensa, el inicio de una guerra santa, que incluirá demandas millonarias contra la Iglesia católica por daño moral.
Además habrá movilizaciones y se presentarán denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e instancias de gobierno del país, como la Presidencia de la República, por la presunta violación de las garantías de culto de su feligresía, así como misivas a la nunciatura apostólica y al Vaticano, para exigirle que cese el hostigamiento de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
Dijo que hasta el momento han sido destruidos 36 altares de la Santa Muerte en Nuevo Laredo y Tijuana, y que hace unos días las autoridades de Oaxaca emitieron un bando para suprimir la devoción de nuestro culto en la entidad.
En esa entidad, apuntó, incluso autorizan rondines de vigilancia policiaca para luego proceder a la detención de los devotos. Eso es muy grave, es una violación a los derechos de culto.
Responsabilizó a la Iglesia católica romana de ser la artífice de todo esto. No creo que haya alguien tan loco, testarudo y descerebrado a quien en esta época electoral, con crisis y todo lo que tenemos, se le ocurra hacer esta bufonada, pero sobre todo meter al Ejército. ¿Para qué lo mete?
El jerarca aseguró que buscará participar en política para defender el derecho de culto de los cinco millones de feligreses con los que asegura cuenta su credo. Precisó que para ello ya se puso en contacto con todos los partidos políticos, pero que con el Social Demócrata anda la cosa.
Luego de los señalamientos, el vocero de la Arquidiócesis de México, Hugo Valdemar, afirmó que las autoridades deben estar alerta ante los dichos y acciones de David Romo, porque lo que anda haciendo es sedición, invitación a la violencia, y está penado por las leyes. No pueden dejar pasar por alto como algo inocente ese tipo de llamados, que sabemos pueden exponer a la gente a la violencia, lo cual sería muy grave.
En entrevista, negó que la Iglesia católica esté interesada en destruir los altares, porque no nos compete a nosotros tomar una decisión así; eso fue obra de las autoridades.
Señaló que Romo Guillén y sus simpatizantes no deben protestar en recintos del catolicismo, sino en los del Ejército, de la Procuraduría General de la República o en las presidencias municipales, “que son los que mandaron tirar esos altares.
Como que el señor no entiende por dónde van las cosas. Pero sabemos que eso no le interesa, sino provocar a la Iglesia, ofender a los fieles con esas manifestaciones, para ver si logra que alguien se suba al ring con él, pero nadie está dispuesto a hacerlo, afirmó.
La misa de Catedral tuvo lugar en medio de un fuerte dispositivo de seguridad solicitado por los curas, según refirieron elementos de la Policía Federal, quienes cerraron el acceso al inmueble cuando aparecieron en el Zócalo los fieles de la Santa Muerte.

Legionarios: Ante el descrédito, la "refundación"
ALEJANDRO Gutiérrez. Proceso.
La anunciada "visita apostólica" de una comisión del Vaticano a los Legionarios de Cristo confirma lo que este semanario adelantó desde febrero: la divulgación de los delitos y los escándalos sexuales de Marcial Maciel fue el inicio de una intervención directa del Papa Benedicto XVI ante el desprestigio que le acarreó a la Iglesia católica. Por su parte, la Legión comienza a dividirse y trata de liberarse del lastre en que se convirtió su fundador.

MADRID.- Las revelaciones sobre la paternidad y los amoríos de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, a principios de febrero, sólo fueron pasos previos para la decisión más importante del papado de Benedicto XVI: ordenar una visita apostólica en esa congregación.

El exlegionario Patricio Cerda, de origen chileno y que ahora radica en Sevilla, y el periodista José Martínez de Velasco –autor de Los Legionarios de Cristo. El nuevo ejército del Papa (La esfera de los Libros) y Los documentos secretos de los Legionarios de Cristo (Ediciones B)– afirman en entrevistas por separado que la investigación del Vaticano debe traducirse en la refundación de la orden.

Patricio Cerda ya había adelantado esta posibilidad (Proceso 1684) y describe el procedimiento necesario: "Investigar la disciplina, las normas, las finanzas y el nombramiento de los actuales superiores. Y una vez que el equipo de prelados entregue su informe a Roma, deberá nombrarse un comisario pontificio, cuya misión será rehacer la legión: nombrar un capítulo general del que salgan nuevos superiores, aprobar nuevas normas y poner todo en orden".

Se trata, insiste, de la decisión "más importante y difícil tomada por Benedicto XVI".

Martínez de Velasco también considera que el anuncio es "muy importante (...) pero tardío", y advierte que la investigación debe profundizar en el papel de los actuales superiores, todos ellos cercanos a Marcial Maciel y entre los que se cuentan el director general Álvaro Corcuera y el vicario general Luis Garza Medina, los dos mexicanos.

Y aunque opina que en esta congregación y en Regnum Christi, su brazo seglar, "la mayoría son personas absolutamente dignas (...), el problema es que Maciel no actuó solo. Hay un grupo de personas, Luis Garza entre ellas, que han participado en la conformación de la Legión y no sólo conocen las aberraciones del fundador, sino que se han convertido en cómplices de éste, y que frente al derecho penal de cualquier Estado deberían estar en la cárcel como encubridores, junto a Maciel si no hubiera fallecido".

Atenco: venganza de Estado.

HERMANN BELLINGHAUSEN
Felipe Álvarez Hernández, Héctor Galindo Gochicoa, Ignacio del Valle Medina. Tres nombres que, contra todo cálculo del poder, en vez de sepultarse bajo el olvido, cada día que pasa crecen y se graban más hondo en la conciencia colectiva, resistente pese a todo a la impúdica manipulación noticiera-telenovelera de gobiernos como el del estado de México. La brutalidad jurídica con que han sido tratados estos tres hombres no desmerece ante la brutalidad policiaca con la que fueron detenidos, ni la brutalidad mediática de las televisoras y la prensa desde antes de su aprehensión.
Hoy, cuando pasan tantas cosas feas y vergonzosas, ciuando hay grandes zonas del país en proceso agudo de descomposición social y la dictadura del consumo impone carretadas de famosos a modo de identidad colectiva con cero calorías, los tres presos a perpetuidad de Atenco son famosos en nuestros corazones, y mientras más permanezcan en prisión, más lo serán: su mera existencia desenmascara una miseria de México que en el extranjero llama poderosamente la atención.
En mayo de 2006, la sociedad permitió que los vejara el Estado, convertido en vengador vulgar y cínico, omiso de los mínimos derechos humanos. Las pambas, patizas, madrizas colectivas que practicaron las policías federal y mexiquense en las personas de los más de 200 detenidos pusieron en alto la hombría y eficacia de nuestras fuerzas del orden, que se comportaron como pandillas sin control y con permiso, como hordas montoneras protegidas, si no por la ley, por quienes la administran. Y así consumaron delitos tipificables en la legislación nacional e internacional, pero típicamente impunes.
Asesinaron niños, violaron (famosamente) mujeres y hombres, desgüevaron a líderes esposados y ya con el rostro reventado a puñetazos y toletazos, amenazaron de muerte a decenas de personas, realizaron actos de exhibicionismo patológico con las armas que el gobierno les dio y emplearon su miembro viril como otro instrumento de tortura. Al cabo, y qué.
El gobernador priísta Enrique Peña Nieto y sus jerarcas policiales y judiciales dieron una lección a los revoltosos (al gobierno federal panista, ya con sus pininos a cuestas contra los altermundistas en Guadalajara): Así se hacen las cosas, y salen bien. Y las encuestas (oh-sí-populares) siguen premiando al gobernador de marras. Tal vez eso sea lo más alarmante del caso Atenco.
Castigando a escala estratosférica a los líderes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, a su abogado Héctor Galindo como autor intelectual y a los 13 últimos chivos expiatorios que tienen en común ser originarios del lugar de los hechos, el Estado usa las policías, los tribunales y las cárceles como instrumentos de venganza y escarmiento contra ciudadanos que se atrevieron a desafiarlo, no con intenciones criminales, sino por defender sus fertilísimas tierras de ser cubiertas bajo la plancha kilométrica de un aeropuerto que pudo ser el más grande de América Latina. Y eso calienta: pregúntenles si no a los Fox, los Bribiesca, los Montiel, los Peña Nieto y sus socios.
Los tres de Atenco coinciden en el horrendo penal del Altiplano con Jacobo Silva Nogales, a quien las autoridades no pudieron colgarle 67 ni más de 100 años de condena, pero sí le han hecho un infierno (calculadamente) su estadía en las instalaciones federales de alta seguridad, donde lleva más de una década. Ya debía estar libre, pero la justicia mexicana se las arregla para prolongar su cautiverio y el de Gloria Arenas Agis, en Chiconautla, confirmando su vengativa parcialidad. La tortura intracarcelaria contra Silva Nogales ha sido salvaje: 23 horas al día sin salir ni moverse; aislamiento absoluto; humillación continua de carceleros y autoridades; la prohibición formal (oficio mediante) de que pinte (que es su actividad más saludable), lea, duerma o coma dignamente.
Los delitos que purgan los dirigentes de Atenco (como esa aberración jurídica, aprobada por el Congreso, del secuestro equiparado) ni siquiera hay evidencia de que los hayan cometido Felipe Álvarez, Ignacio del Valle ni Héctor Galindo. Pero, como bien enseñan los sherifes allá del norte con el caso del líder lakota Leonard Peltier, alguien tiene que pagar. La justicia mexicana se exhibe así como revanchista, y solapa un rosario de ilegalidades y crímenes que forman parte del modus operandi del Estado.
Mientras estos prisioneros políticos sigan tras las rejas, torturados y condenados con saña (esa medida de la justicia neoliberal), y los traten peor que a los narcos y secuestradores con quienes se les equipara, los mexicanos seguiremos muy avergonzados de los actuales gobernantes, los futuros candidatos y los tribunales de justicia.