EL DESPOJO A CAMPESINOS.

600 campesinos denuncian despojo para beneficiar a mineras de Canadá.
Los afectados de San José del Progreso, Oaxaca, enfrentan represión y hostigamiento. Aseguran que autoridades entregaron 54 mil hectáreas a las empresas trasnacionales.
PATRICIA MUÑOZ RÍOS
Con el propósito de beneficiar a las empresas mineras canadienses Fortuna Silver y Continuum Resources Ltd, las cuales operan mediante la subsidiaria mexicana Compañía Minera Cuzcatlán, se ha despojado y afectado a más de 600 campesinos de San José del Progreso, en Ocotlán, Oaxaca.
A los empresarios extranjeros de esta minera se les autorizaron concesiones para explotar cerca de 54 mil hectáreas en el pueblo de San Jerónimo Taviche, en Ocotlán, por lo que la comunidad se movilizó y ahora es hostigada y reprimida.
Según denunció el Movimiento de Resistencia contra la Empresa Minera Cuzcatlán, inclusive mandaron camiones con militares y camionetas de la policía estatal para desmovilizar a los campesinos afectados, a los cuales no se les informó ni se consultó sobre el otorgamiento de la concesión.
Sostuvo que el gobierno entrega decenas de concesiones mineras a iniciativas trasnacionales; incluso brindó más de 80 de estos títulos para que empresas privadas, en su mayoría de capital extranjero, exploten en el estado de Oaxaca más de 600 mil hectáreas.
Dos de las más importantes concesionarios son Fortuna Silver Inc y Continuum Resources Ltd, que operan mediante su subsidiaria mexicana Compañía Minera Cuzcatlán, la cual abarca una extensión cercana a las 54 mil hectáreas.
Ante ello, el 14 de marzo de este año, se llevó a cabo una reunión comunitaria en San José del Progreso, donde más de 600 personas afectadas por la empresa solicitaron el apoyo de sus representantes para salvaguardar sus territorios, a lo cual se negó el presidente municipal, por lo que decidieron desconocerlo.
En esa misma reunión determinaron que el 16 de marzo cerrarían de forma pacífica la instalaciones de la mina, para exigir que funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como de la Secretaría de Economía, replantearan los permisos otorgados para el proyecto de exploración de 150 de los afectados bloquearon los accesos de la mina.
Sin embargo, “a partir del 20 de marzo la Secretaría de Seguridad Pública Federal, la Secretaría de la Defensa Nacional y la policía estatal comenzaron un operativo policiaco-militar y se instaló un campamento con un camión de la Secretaría de la Defensa Nacional aproximadamente a 100 metros de los accesos de la mina y una camioneta de la policía estatal en la entrada de la población, acciones que aún se mantienen”, con el argumento de que el operativo es para sacar de la mina 17 toneladas de explosivos que se encuentran adentro.
Este movimiento de resistencia exige que el Estado mexicano se abstenga de hacer uso de operativos policiacos como vía de resolución de conflictos y garantice que las diferencias se resuelvan mediante el diálogo. Asimismo demanda que se respeten los derechos de las comunidades. Y, sobre todo, se demanda que se suspenda la concesión otorgada para este proyecto y cese la criminalización de los pueblos que defienden sus derechos sociales.

Exigen appistas ser declarados inocentes de delitos fabricados
Pedro Ortiz Soriano. Tiempo.
[01:23] Orlando Sosa, David Venegas, alias “El Alebrije”, integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, realizaran actividades de protesta hoy como medida de presión para que las autoridades de justicia los absuelvan de los procesos en su contra.
La protesta se realizará este lunes 6 de abril a las 11:00 horas frente al edificio del Poder Judicial frente al parque “El Llano”, para exigir la protección de la justicia federal y se les otorgue el Amparo Directo a favor.
En esta actividad participará el Comité de Sentenciado por Justicia y Libertad y en el caso de Orlando Sosa pedirán la exoneración de los delitos “fabricados” por la Procuraduría General de Justicia por portación de arma de fuego.
“Fue fabricado el delito por la Procuraduría del Estado de Oaxaca y por los policías que me detienen, me torturan y me consignan ante la PGR el 18 de julio del 2007 y que los jueces que me sentencian sólo dan valor al parte informativo de los policías”, dijo Orlando Sosa.
Como uno de los últimos recursos solicitó la protección de la justicia federal el pasado 17 de marzo cuya solicitud fue aceptada por el Primer Tribunal Colegiado, sin embargo no se le ha notificado como corresponde, por ello la concentración frente a los juzgados.
En el caso de David Venegas, recibirá mañana su resolución y está convocando a una concentración a los integrantes de la APPO, frente a los Juzgados federales, para exigir se le declare inocente de los hechos imputados.
David Venegas, alías “El Alebrije”, pasa un proceso penal ante el Juez Tercero de Distrito, por los delitos de posesión de droga y marihuana, en la modalidad de venta, situación que atribuyó también como un delito prefabricado por los elementos de la PGJE.
El acusado ha dicho varias veces que existe total inconsistencias en la integración de la averiguación 25/2007, porque en las declaraciones de los policías que lo aprehendieron existen testimonios encontrados.
Hizo un llamado a las instancias defensoras de los derechos humanos, nacionales e internacionales a fin de apoyar este caso, “es claro que el Estado me recrimina un delito que no cometí”.

Desplazadas, 200 Familias, En Cinco Años De Conflicto Agrario En Oaxaca.
Octavio Vélez Ascencio. La Jornada.
Corresponsal
Oaxaca, Oax., 5 de abril. Unas 200 familias indígenas han sido desplazadas en los últimos cinco años debido al conflicto que sostienen el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar So- cial de la Región Triqui (UBISORT) en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, enclavado en la región mixteca, al occidente de la entidad.
El MULT responsabiliza a grupos paramilitares y la priísta UBISORT de los asesinatos, encarcelamientos, amenazas y agresiones padecidos por sus integrantes y moradores de la zona desde hace casi tres decenios.
Reclama: “Nuestros 350 muertos jamás han sido noticia principal ni le interesan a nadie por ser de izquierda, pero sobre todo por ser indígenas y pobres”.
La confrontación entre ambas agrupaciones afecta principalmente las comunidades de San Juan Copala, Agua Fría, Yosoyuxi, Tilapa, Cienaguilla, Paso de Águila y El Rastrojo, donde cientos de habitantes debieron emigrar a la cabecera municipal, Santiago Juxtlahuaca.
“Ya son muchos los desplazados a causa de éste y otros conflictos en la región triqui, y sus condiciones de vida son muy difíciles por la situación de marginación y rezago”, dijo Concepción Rueda Gómez, delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
“Por lo anterior, la CDI destinará 11 millones 500 mil pesos a la construcción de viviendas para las 200 familias indígenas, en una acción de los gobiernos federal y estatal, con ayuda del ayuntamiento, a fin de que tengan un lugar digno donde vivir”, anunció.
Además, el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares otorgará un millón 500 mil pesos para realizar 100 acciones de reacondicionamiento de hogares en mal estado en la región triqui, destacó la funcionaria.

Defrauda CFE a comunidades en Sierra Sur.
Tiempo.
[23:55] Un total de seis comunidades de la Sierra Sur fueron defraudadas por directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que les pidieron 3 millones de pesos para la introducción de servicios de energía eléctrica que nunca cumplieron, denunció ayer Teófilo Hernández Palacios, presidente municipal de Santiago Amoltepec.
En conferencia de prensa, el concejal cuestionó a la CFE que no ha cumplido con un contrato de obra por más de 3 millones de pesos que beneficiaría a Barranca Cocida, San Lorenzo Zapote, La Mesilla, Independencia y la colonia de Jesús La Cucaracha.
El alcalde explicó que desde abril de 2008 firmaron un convenio con la intervención del gobierno estatal para obtener el beneficio que había prometido el Presidente de la República, Felipe Calderón, para las comunidades que no contaran son servicio de energía eléctrica.
Dijo que las comunidades realizaron el trámite correspondiente y pagaron 3 millones 27 mil pesos, al mismo tiempo que la CFE se comprometió a enviar los supervisores para colocar 200 de 650 postes convenidos, sin embargo a la fecha todavía las 6 localidades de la Sierra Sur continúan a oscuras.
Hernández Palacios exhibió el contrato 015/2008 en el que el Gerente de Electrificación Rural División Sureste, con residencia en Huajuapan de León, Ramón Orozco Ibarra, se comprometió a realizar los trabajos.
Sin embargo dijo que a últimas fechas el directivo de la CFE se molesta cuando lo buscan y siempre tiene evasivas para no atenderlos, además de que argumenta que la constructora asignada no tiene el material que se requiere para iniciar la obra.
“También el Coplade supo de estos contratos y por ello demandamos la intervención del gobierno estatal para que la CFE cumpla su compromiso porque no queremos ser víctimas de un fraude”, dijo.
Asimismo advirtió que de no recibir respuesta favorable de la CFE en los días siguientes los más de 3 mil habitantes de la zona bloquearán las oficinas de la División Sureste de la Comisión Federal de Electricidad en la capital del estado.
“Nosotros no vamos a jugar con la CFE. Vamos a tomar sus oficinas. Exigimos justicia. La Sierra Sur es la región más pobre y abandonada del país precisamente por instituciones que siempre nos han engañado”, dijo.
Concluyó que acompañado de habitantes de Santiago Amoltepec, así como de miembros del Cabildo, realizará una marcha a la capital del país para demandar a Alfredo Elías, director general de la CFE, el cumplimiento del contrato.

Elaboran autoridades reporte preliminar sobre los dos eperristas desaparecidos
Sedena, PGR y Cisen podrían volver a pedir a familiares pruebas de ADN
Fabiola Martínez . Tomado de "Todo el Poder para el Pueblo".
La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) elaboran un reporte preliminar sobre el paradero de los dos integrantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR) –Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez– desaparecidos en mayo de 2007.
En este proceso no se descarta que las autoridades gubernamentales encargadas de esta indagatoria soliciten nuevamente a los familiares someterse a pruebas de ADN, como alternativa para aceptar o rechazar la existencia de un hallazgo.
Enrique González Ruiz, integrante de la comisión de mediación –la cual busca servir de interlocutor en la investigación para dar con el paradero de los guerrilleros–, advirtió que ante un eventual hallazgo deberá ser una instancia neutra (por ejemplo un organismo internacional) la que practique las pruebas, porque para el gobierno la supuesta confirmación de ADN sería la vía cómoda de sacudirse un problema de Estado (desaparición forzada de personas).
En mayo de 2007 fueron vistos por última vez en la ciudad de Oaxaca los eperristas Reyes Amaya y Cruz Sánchez; casi dos meses después, el EPR hizo estallar artefactos en instalaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), como medida de presión para que el gobierno federal y el de Oaxaca, que encabeza Ulises Ruiz, presentaran con vida a los guerrilleros. El Ejército Popular Revolucionario argumentó desde entonces que sus compañeros fueron torturados y desaparecidos por policías o militares que operaban en aquella entidad.
Incluso, en agosto de 2007 la PGR informó que había iniciado un acta circunstanciada con motivo de la denuncia pública sobre la desaparición de las referidas personas. En 2008, con personalidades propuestas por el propio grupo armado, fue integrada una comisión de mediación para avanzar en la recopilación de pruebas y otras evidencias que permitan dar elementos hacia el paradero de los eperristas.
Al respecto, González Ruiz lamentó que hasta ahora no haya resultados y que por el contrario se intente utilizar la versión de hallazgos (cuerpos) como vía para que el Estado mexicano dé por concluido un caso que no es exclusivamente relacionado con una denuncia judicial, sino con la existencia en México de la desaparición forzada de personas, delito de lesa humanidad.
Se acabó el interés del gobierno; todo parece indicar que este caso no es motivo de su atención y van encaminados a construir procedimientos para eludir totalmente el problema y asegurar que aceptan de esa forma la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo en entrevista.
No me extrañaría, agregó, que las autoridades aludieran a la existencia de cuerpos que no correspondieran a las personas buscadas. En el remoto caso de que el hallazgo fuera efectivo y apegado a la realidad, tendrían que decirnos dónde los encontraron y sobre todo cuándo, dónde y quién los ultimó.
La semana que concluye las autoridades acudieron a la Secretaría de Gobernación para analizar el caso en coordinación con el subsecretario de Gobierno, Gerónimo Gutiérrez.

El tabú de la tribu.
GUSTAVO ESTEVA
La etiqueta Estado fallido es una noción vaga e inasible que Estados Unidos emplea para dar apariencia de legitimidad a sus injerencias en otros países. Pegarla sobre México revelaría la intención de intervenir en el país para rescatar a Calderón de su desastre.
La noción es espuria, pero no el hecho. Una larga gestión fallida ha producido un fracaso rotundo. Botones de muestra:
● Una quinta parte de los mexicanos ha tenido que emigrar.
● La desnutrición se extiende, junto al hambre absoluta y el número de pobres.
● La violencia caracteriza la vida cotidiana –con decapitados, fosas comunes y cadáveres colgados de puentes. La peor es la del Estado, que acumula muertos, heridos y desaparecidos. La Suprema Corte certifica formal y pomposamente las violaciones a leyes, garantías individuales y derechos humanos… así como la impunidad de quienes las cometen. Los ministros, bien forrados los bolsillos, contribuyen al desmantelamiento sistemático del estado de derecho y visten al despotismo con el manto de simulacros de tribunales.
● Tras el feminicidio, en Ciudad Juárez se entregaron funciones civiles al Ejército sin declarar el estado de excepción. Celebrar esta violación abierta de la ley sirve para acreditar tal política ante ciudadanos intimidados por la violencia y el uso arbitrario, general e insensato de la fuerza pública, que constituye ya la fuente principal de inseguridad.
● Mientras desaparecen los empleos, las formas autónomas de trabajo digno sufren persecución feroz.
● La representación ciudadana se rinde al juego de las mafias y los poderes fácticos…
● Los funcionarios electos, empezando por el Presidente, llegaron a sus posiciones en elecciones cuestionadas, basadas en la manipulación, la compra de votos y el fraude electoral, rasgos que también caracterizan la vida interna de los partidos.
● El fracaso generalizado del Estado incluye el del mercado, abandonado irresponsablemente a su propia dinámica, bajo el prejuicio interesado de su supuesta capacidad de autorregulación.
Aunque la situación en México es particularmente grave, estos fracasos son bastante generales y exigen preguntarse por el sistema mismo –no sólo por sus operadores o rasgos. En el mejor de los casos, el régimen democrático opera como una oligarquía benevolente y en el peor –Oaxaca, digamos– es el manto que cubre a una tiranía corrupta y sicopática.
En vez de ocuparse del fondo del asunto, empero, para hacer frente a la crisis profunda que apenas empieza, funcionarios y políticos de todo el espectro ideológico se aferran a esas instituciones fracasadas, como si fueran todavía tablas de salvación: sólo las próximas elecciones y el 2012 concentran su atención, sólo la lógica del poder por el poder.
“En el punto en que la democracia se afirma como tabú de la tribu empieza a negarse a sí misma, a instituirse como manera desnuda de dominio, como bruta sinrazón sin otro objeto que perpetuar el para tantos insoslayable estado de cosas… ¿No será ésta nuestra peculiar variante de fundamentalismo? ¿No se tiene a sí mismo por el único camino verdadero en vez de uno más entre los posibles o deseables? ¿No comparte con otros fundamentalismos análoga pretensión de verdad definitiva y conquista irrenunciable? ¿No le animan idénticas aspiraciones de universalidad y criminal celo expansivo? ¿No se adorna de una misma ceguera respecto a sí mismo? ¿No se estará creyendo en la Democracia bajo la misma ilusión con que se cree en el Corán o en el carácter divino del imperio?”
Archipiélago (núm.9) lanzó esta advertencia en plena transición española. Le pareció que el cinismo, la corrupción y el desarreglo de gobiernos y partidos, así como la continua inyección de miedo, miseria y frustración que aplican a sus súbditos exigían rehacer los fundamentos de las instituciones en que se ampara el presente estado de cosas, sin ceder al chantaje de la mentirosa dicotomía Democracia/Dictadura…
Los mexicanos lo sabemos bien. Probamos ya todo. No bastan reformas del sistema o recambio de dirigentes o partidos. El sistema mismo está podrido.
Encerrados en el cuarto de máquinas rodeado de policías, disputando interminablemente sobre el camino a tomar ante la tormenta perfecta, políticos y expertos no se dan cuenta que el barco en que vamos todos se hunde. Pero la gente, en cubierta, se ha dado cuenta y comienza a tomar medidas. Arman botes y balsas, en pequeños grupos, y se lanzan al agua.
Esta imagen, eficaz para describir lo que ocurre arriba y abajo, exige un complemento: las iniciativas que la gente está tomando, por mera supervivencia o porque sienten llegada la oportunidad de alcanzar antiguos ideales, necesitan articularse. Sólo así podrán llegar al archipiélago de la convivialidad y observar desde ahí cómo el barco termina de hundirse, con todos sus dirigentes adentro.