AL SERVICIO DE SU MAJESTAD.
6 ago 2009
¿QUE ES LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN?
Rodrigo Hernández. Agencia Prensa Libre.
Cualquiera diría el Tribunal Supremo que encabeza al Poder Judicial, siendo este último, uno de los tres poderes formales del Estado mexicano. Así de simple la definición, se observa que la Corte, forma parte del Estado.
El Estado mexicano es un estado oligarca, dado que una minoría inmensamente rica es dueña del poder político y del poder económico y somete a sus intereses a la mayoría de la población, le explota laboralmente, le enajena mentalmente, le reprime y le secuestra sus derechos. La “democracia” es una democracia a modo, en función del interés del poder, una fachada ante propios y extraños.
La oligarquía, para ejercer su dominio, tiene como su instrumento principal al Estado, sus poderes, su legislación y su aparato represivo (ejército y policía). Para el sometimiento de la mayoría de la población del país, la oligarquía y su Estado aplica dos grandes estrategias, la primera, de carácter ideológico que incluye los imaginarios sociales de nación, patria, etc. Así como sus medios de propaganda, de convencimiento, de manipulación de la información. La segunda, es la fuerza, legitimada por un marco jurídico y sus respectivas instituciones.
En este contexto, se explica que la Corte es fiel preservante de los intereses del Estado oligarca y para ello interpreta y aplica las leyes de acuerdo con su cometido. Hará todo lo necesario para jurídicamente legitimar las acciones del Estado, incluida la represión. No hará nada en contra del Estado y menos de los amos del poder político y económico. Como tampoco lo harán los otros poderes y las instituciones del estado. Por ejemplo el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral, ambos siguen la misma línea.
Ante flagrantes violaciones de parte del Estado a derechos humanos, la propia legislación y demás ordenamientos legales, la Suprema Corte no es árbitro imparcial, preserva el interés del Estado oligarca. Por ello los ministros reciben tienen los más altos salarios de la servidumbre del poder.
Ilustran lo anterior, los casos de la periodista Lidia Cacho; la represión en Atenco, Estado de México; la represión en Oaxaca en el 2006 y recientemente, su actuación en el caso de los niños quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
En ninguno de ellos se ha actuado con Justicia, la Corte hace una interpretación a modo de la Ley para preservar el interés del poder, para brindar una capa de impunidad y exonerar involucrados, todo, absolutamente todo, en plena concordancia con su naturaleza y misión principal.
Al respecto, no es factible abrigar esperanzas sobre una acción justiciera. La Corte no existe ni está para eso.
Es escandaloso observar como se tergiversan los hechos y resulta que las víctimas son los culpables y los culpables reciben su carta de impunidad de parte de la Corte.
Es indignante que la Suprema Corte de la Nación se lave las manos ante lo sucedido en la guardería ABC, ante el asesinato por negligencia colectiva de 49 niños y el sufrimiento de otros tantos heridos. ¿Qué hacen los ministros? Eluden tomar en sus manos el caso y de pasada exoneran al Seguro Social.
Si la conducta anterior es asumida ante el sacrificio de 49 en aras del lucro, del dinero, del tráfico de influencias entre los políticos. No hay nada bueno que esperar de esa servidumbre de la oligarquía.
Nada que no sea en beneficio de continuar con el sometimiento, explotación, enajenación y represión de la mayoría de la población. Todo lo que ponga en riesgo lo anterior, será objeto de condena, de criminalización de la protesta, de persecución.
A eso hay que atenerse, por el momento, hasta hoy.
Rodrigo Hernández. Agencia Prensa Libre.
Cualquiera diría el Tribunal Supremo que encabeza al Poder Judicial, siendo este último, uno de los tres poderes formales del Estado mexicano. Así de simple la definición, se observa que la Corte, forma parte del Estado.
El Estado mexicano es un estado oligarca, dado que una minoría inmensamente rica es dueña del poder político y del poder económico y somete a sus intereses a la mayoría de la población, le explota laboralmente, le enajena mentalmente, le reprime y le secuestra sus derechos. La “democracia” es una democracia a modo, en función del interés del poder, una fachada ante propios y extraños.
La oligarquía, para ejercer su dominio, tiene como su instrumento principal al Estado, sus poderes, su legislación y su aparato represivo (ejército y policía). Para el sometimiento de la mayoría de la población del país, la oligarquía y su Estado aplica dos grandes estrategias, la primera, de carácter ideológico que incluye los imaginarios sociales de nación, patria, etc. Así como sus medios de propaganda, de convencimiento, de manipulación de la información. La segunda, es la fuerza, legitimada por un marco jurídico y sus respectivas instituciones.
En este contexto, se explica que la Corte es fiel preservante de los intereses del Estado oligarca y para ello interpreta y aplica las leyes de acuerdo con su cometido. Hará todo lo necesario para jurídicamente legitimar las acciones del Estado, incluida la represión. No hará nada en contra del Estado y menos de los amos del poder político y económico. Como tampoco lo harán los otros poderes y las instituciones del estado. Por ejemplo el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral, ambos siguen la misma línea.
Ante flagrantes violaciones de parte del Estado a derechos humanos, la propia legislación y demás ordenamientos legales, la Suprema Corte no es árbitro imparcial, preserva el interés del Estado oligarca. Por ello los ministros reciben tienen los más altos salarios de la servidumbre del poder.
Ilustran lo anterior, los casos de la periodista Lidia Cacho; la represión en Atenco, Estado de México; la represión en Oaxaca en el 2006 y recientemente, su actuación en el caso de los niños quemados en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
En ninguno de ellos se ha actuado con Justicia, la Corte hace una interpretación a modo de la Ley para preservar el interés del poder, para brindar una capa de impunidad y exonerar involucrados, todo, absolutamente todo, en plena concordancia con su naturaleza y misión principal.
Al respecto, no es factible abrigar esperanzas sobre una acción justiciera. La Corte no existe ni está para eso.
Es escandaloso observar como se tergiversan los hechos y resulta que las víctimas son los culpables y los culpables reciben su carta de impunidad de parte de la Corte.
Es indignante que la Suprema Corte de la Nación se lave las manos ante lo sucedido en la guardería ABC, ante el asesinato por negligencia colectiva de 49 niños y el sufrimiento de otros tantos heridos. ¿Qué hacen los ministros? Eluden tomar en sus manos el caso y de pasada exoneran al Seguro Social.
Si la conducta anterior es asumida ante el sacrificio de 49 en aras del lucro, del dinero, del tráfico de influencias entre los políticos. No hay nada bueno que esperar de esa servidumbre de la oligarquía.
Nada que no sea en beneficio de continuar con el sometimiento, explotación, enajenación y represión de la mayoría de la población. Todo lo que ponga en riesgo lo anterior, será objeto de condena, de criminalización de la protesta, de persecución.
A eso hay que atenerse, por el momento, hasta hoy.
