AHORA ¿VOCERO VATICANO? Nel...
21 dic 2009
Peña Nieto: Antiabortista por conveniencia
Jenaro Villamil
Para el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, sólo 2012 puede traerle más prosperidad. En su campaña de posicionamiento fue al Vaticano y ahí, con la bendición del Papa y la de Televisa, entre familiares, patrocinadores y amigos, aseguró la cobertura periodística con el anuncio de su boda. Pero también contrajo con la jerarquía católica el compromiso de revisar la despenalización del aborto en su entidad.
Imparable en su estrategia de promoción para el proceso electoral de 2012, el gobernador priista Enrique Peña Nieto y la empresa Televisa transformaron el Vaticano en un enorme set televisivo para el lucimiento mediático del mandatario, quien no sólo aprovechó la ocasión para anunciar “casualmente” ante las cámaras y ante el Papa Benedicto XVI su próxima boda con la actriz Angélica Rivera, sino que tapizó la Vía de la Conciliación, principal arteria de la Santa Sede, con monumentales fotografías de 20 municipios mexiquenses y pendones con la frase “Gobierno que cumple”.
Testigos del viaje revelaron a Proceso que pocas veces se había visto una propaganda tan profusa en la Vía de la Conciliación, la avenida que une al Vaticano con la ciudad de Roma. Superó en espectacularidad y cobertura informativa a la presencia del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, en 2008, y a la inauguración de una muestra artística que encabezaron el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala el 10 de diciembre de 2007, para conmemorar los 15 años de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.
El costoso viaje de Peña Nieto se inició el lunes 14 y culminó el sábado 19, fecha de la transmisión del programa especial de Canal 2 de Televisa, Navidad mexicana en el Vaticano, conducido por la actriz y cantante Lucero, imagen de los spots publicitarios del gobierno del Estado de México.
El mandatario estatal no viajó solo. Una comitiva de 11 familiares, incluyendo a sus hermanos, cuñadas, madre, hijos y su novia Angélica Rivera, se hospedó en el hotel Columbus, una antigua mansión medieval. Los costos por habitación oscilan entre 340 y 890 euros, según se informa en el establecimiento.
Junto con los familiares del gobernador viajaron 13 obispos mexicanos, la mayoría del Estado de México, encabezados por el arzobispo de Tlanepantla y presidente de la Confederación Episcopal Mexicana, Carlos Aguiar Retes, más el cuerpo diplomático de México ante la Santa Sede, además de familiares y amigos de los “patrocinadores” del viaje.
De acuerdo con la información oficial del gobierno mexiquense, la exposición fotográfica y la presentación artesanal del nacimiento, donados al aula Paulo VI del Vaticano, fueron patrocinadas por las empresas Humberto Guzmán Ciudad Bicentenario, la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), los consorcios inmobiliarios Grupo GEO y Grupo Homex, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México y el Club Deportivo Toluca.
El Grupo Geo, presidido por Luis Orvañanos, y el Grupo Homex, de Eustaquio de Nicolás Jiménez, son los dos consorcios más favorecidos por el gobierno de Peña Nieto en la construcción de conjuntos habitacionales. Al Grupo Geo se le vinculó, junto con ARA y Sadasi, a los daños que presentaron viviendas construidas en Chalco. En junio de este año una grieta que se abrió en el fraccionamiento Villa de San Martín afectó a casi 30 casas, pero la dirección de Protección Civil exculpó de cualquier responsabilidad a las inmobiliarias.
El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México es presidido por Francisco Funtanet Mange, exsecretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Arturo Montiel, uno de los principales financiadores de la campaña presidencial de éste en 2005 y ahora impulsor del “efecto Peña Nieto”, como dicen sus simpatizantes. La familia Funtanet, accionista de Banpaís, estuvo involucrada en el escándalo de los fondos del Fobaproa.
Tanto en el Club Deportivo Toluca como en la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT) existe dinero público, vía fideicomisos y otros fondos presupuestales.
Jenaro Villamil
Para el gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, sólo 2012 puede traerle más prosperidad. En su campaña de posicionamiento fue al Vaticano y ahí, con la bendición del Papa y la de Televisa, entre familiares, patrocinadores y amigos, aseguró la cobertura periodística con el anuncio de su boda. Pero también contrajo con la jerarquía católica el compromiso de revisar la despenalización del aborto en su entidad.
Imparable en su estrategia de promoción para el proceso electoral de 2012, el gobernador priista Enrique Peña Nieto y la empresa Televisa transformaron el Vaticano en un enorme set televisivo para el lucimiento mediático del mandatario, quien no sólo aprovechó la ocasión para anunciar “casualmente” ante las cámaras y ante el Papa Benedicto XVI su próxima boda con la actriz Angélica Rivera, sino que tapizó la Vía de la Conciliación, principal arteria de la Santa Sede, con monumentales fotografías de 20 municipios mexiquenses y pendones con la frase “Gobierno que cumple”.
Testigos del viaje revelaron a Proceso que pocas veces se había visto una propaganda tan profusa en la Vía de la Conciliación, la avenida que une al Vaticano con la ciudad de Roma. Superó en espectacularidad y cobertura informativa a la presencia del gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, en 2008, y a la inauguración de una muestra artística que encabezaron el presidente Felipe Calderón y su esposa Margarita Zavala el 10 de diciembre de 2007, para conmemorar los 15 años de restablecimiento de relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede.
El costoso viaje de Peña Nieto se inició el lunes 14 y culminó el sábado 19, fecha de la transmisión del programa especial de Canal 2 de Televisa, Navidad mexicana en el Vaticano, conducido por la actriz y cantante Lucero, imagen de los spots publicitarios del gobierno del Estado de México.
El mandatario estatal no viajó solo. Una comitiva de 11 familiares, incluyendo a sus hermanos, cuñadas, madre, hijos y su novia Angélica Rivera, se hospedó en el hotel Columbus, una antigua mansión medieval. Los costos por habitación oscilan entre 340 y 890 euros, según se informa en el establecimiento.
Junto con los familiares del gobernador viajaron 13 obispos mexicanos, la mayoría del Estado de México, encabezados por el arzobispo de Tlanepantla y presidente de la Confederación Episcopal Mexicana, Carlos Aguiar Retes, más el cuerpo diplomático de México ante la Santa Sede, además de familiares y amigos de los “patrocinadores” del viaje.
De acuerdo con la información oficial del gobierno mexiquense, la exposición fotográfica y la presentación artesanal del nacimiento, donados al aula Paulo VI del Vaticano, fueron patrocinadas por las empresas Humberto Guzmán Ciudad Bicentenario, la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT), los consorcios inmobiliarios Grupo GEO y Grupo Homex, el Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México y el Club Deportivo Toluca.
El Grupo Geo, presidido por Luis Orvañanos, y el Grupo Homex, de Eustaquio de Nicolás Jiménez, son los dos consorcios más favorecidos por el gobierno de Peña Nieto en la construcción de conjuntos habitacionales. Al Grupo Geo se le vinculó, junto con ARA y Sadasi, a los daños que presentaron viviendas construidas en Chalco. En junio de este año una grieta que se abrió en el fraccionamiento Villa de San Martín afectó a casi 30 casas, pero la dirección de Protección Civil exculpó de cualquier responsabilidad a las inmobiliarias.
El Consejo Coordinador Empresarial del Estado de México es presidido por Francisco Funtanet Mange, exsecretario de Desarrollo Económico durante el gobierno de Arturo Montiel, uno de los principales financiadores de la campaña presidencial de éste en 2005 y ahora impulsor del “efecto Peña Nieto”, como dicen sus simpatizantes. La familia Funtanet, accionista de Banpaís, estuvo involucrada en el escándalo de los fondos del Fobaproa.
Tanto en el Club Deportivo Toluca como en la Administradora Mexiquense del Aeropuerto Internacional de Toluca (AMAIT) existe dinero público, vía fideicomisos y otros fondos presupuestales.
Calderón: Tres logros, tres peros
Miguel Ángel Granados Chapa
El martes 15 de diciembre, el día mismo en que el Congreso clausuraba el primer periodo de sesiones ordinarias de la LXI Legislatura, el presidente Calderón envió al Senado un paquete de iniciativas que buscan integrar una reforma política. Al día siguiente, mientras se hallaba en Copenhague para asistir a la reunión de jefes de Estado y de gobierno sobre el cambio climático, fue muerto en un enfrentamiento con infantes de Marina el eminente narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, logro del que Calderón se glorió en la capital de Dinamarca. Y allí mismo la asociación internacional de legisladores le otorgó el premio Globe por sus progresos en materia ambiental.
En un año tan abrumador como el 2009, cuya mejor característica es que por fin se acaba, según dijo exhausto el propio Calderón, esas tres buenas noticias son un alivio para su alicaído gobierno. Son logros de diversa naturaleza por los que cabe aplaudir al primer mandatario. Mas no tanto ni de manera acrítica, porque esos buenos resultados van acompañados de reparos, de peros que impiden ovacionar entusiastamente a Calderón.
La reforma política que intenta es un abigarrado conjunto de propuestas, la mayor parte de las cuales han surgido en ámbitos diferentes de los que son propios del presidente. Más todavía, a algunas de ellas se opuso en otros momentos. Al mudar de opinión no revela necesariamente una capacidad de asimilación o reconocimiento a la verdad ajena, a los otros, sino que acaso busca meramente el aplauso fácil de las galerías o de ciertas cúpulas de opinión que ya se sienten halagadas, satisfechas de “ser tomadas en cuenta”. Algunas de las propuestas son contradictorias entre sí, lo que parece tener sin cuidado al presidente, tal vez porque no quiere cobrar la presa, sino emprender la cacería, es decir, le importaría menos que se aprueben sus reformas que las medallas de demócrata que puede colocar sobre su pecho sólo por haberlas presentado a discusión formal.
Los puntos específicos de la propuesta presidencial serán discutidos en este lugar durante el mes de enero, inmediatamente antes de que se inicie, si ha de comenzar, el debate propiamente legislativo en febrero, al reanudarse las sesiones senatoriales. Aquí adelanto sólo un acuerdo y desacuerdo en un punto de la iniciativa calderoniana.
Alguna vez yo mismo, como ahora Calderón, me ilusioné con las candidaturas ciudadanas: eliminan el monopolio de los partidos a ese propósito, permiten que la gente común y corriente pueda llegar a cargos de elección popular sin necesidad de hacer compromisos con los dirigentes partidarios, más inclinados a apadrinar a miembros de sus partidos con los que sea dable establecer componendas, que a establecer acuerdos con los ciudadanos. Pero es imposible deslindar las candidaturas que no sostiene ningún partido del régimen financiero electoral. De los dos modos de apoyar con dinero a un candidato, ¿cuál cabría escoger: el público o el privado? Si el segundo, los candidatos dependerían de los poderes fácticos, incluidos los francamente ilegales como el narcotráfico. Si el primero, habría que establecer pautas que no multiplicaran en perjuicio del erario los requerimientos de aspirantes sin cuento. Ningún recurso público alcanzaría para financiar a los candidatos y a los partidos. Y si se apoyara a algunos y no a todos, se rompería la equidad, que es el único valor del régimen de financiamiento electoral de hoy que debe ser preservado.
Al embate contra la banda de los Beltrán Leyva, sobre Arturo en particular, nadie podría objetar nada. Se trata de luchar contra las bandas de la delincuencia organizada en general, y si ello se hace mediante labores de inteligencia que ubiquen a los jefes para detenerlos y procesarlos, la tarea cumplida es digna de elogio. Pero, ¿por qué incrementar las áreas de acción de la Marina? Si es por responder a la crítica a la participación del Ejército en funciones policiacas, el reemplazo con marinos no arregla la situación. Uno y otro cuerpos militares tienen asignadas misiones de carácter diverso a la de garantizar la seguridad pública, por lo que no están preparados para ejercer las funciones respectivas. La muerte de Beltrán Leyva es ya aducida, explícita o implícitamente, como el ejemplo de que la Armada de México sí está acreditada y tiene entrenamiento para ese propósito. Ver a los infantes de Marina descender a rappel, con sogas pendientes de helicópteros que los depositan en las azoteas de edificios a los que desde allí pueden penetrar, seguramente es un espectáculo confortante: al fin hay quien sabe hacer las cosas.
Pero en México, y en Cuernavaca, no priva la ley primitiva de capturar a un delincuente vivo o muerto. El propósito no es exterminar con violencia al enemigo, mediante juicios sumarios o con balaceras libradas sin apego a normas técnicas y de política criminal. Se trata de detener, poner a disposición de las autoridades competentes a quienes delincan, no de acabar con ellos a cualquier precio. Proceder de esa manera no sólo impide que se aplique la ley, castigando con severidad a los delincuentes hallados culpables, sino que se pierde información que surge en las averiguaciones previas y los procesos. Y por si fuera poco, se entra en disputas entre bandas, como la que sostenían Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, agraviado por El Barbas por el asesinato de su hijo Édgar. No es exitosa una operación policiaca donde el buscado para ser detenido resulta muerto.
Eso no obstante, Calderón se mostró complacido de esa operación y felicitó por ella a la Armada de México, que ahora aparece como el último recurso en el combate a la delincuencia organizada. A tal grado ocurre así que un almirante y un vicealmirante han sido colocados en posiciones de alto nivel en la Procuraduría General de la República, no obstante que su hoja de servicios dista de ser impoluta. El almirante José Luis Figueroa, excomisionado de la Policía Federal Preventiva (estaba en funciones cuando tres de sus hombres fueron linchados en Tláhuac, sin que la corporación reaccionara debida ni oportunamente) es el responsable del Centro de Análisis de la Información, cuya labor es básica para la planeación de las estrategias de la PGR. Y en enero asumirá el mando de la aún flamante Policía Federal Ministerial (que sustituyó a la AFI y a la Policía Judicial Federal, ambas de ingrata memoria) el vicealmirante Wilfrido Robledo, también excomisionado de la PFP, y que como director de la Agencia de Seguridad Estatal del gobierno mexiquense ordenó la operación Atenco en mayo de 2006 y fue renuente a aceptar que sus tropas hubieran cometido muchas y graves violaciones a los derechos humanos.
En Copenhague, Calderón obtuvo lauros por su papel internacional en torno del medio ambiente. Cuando se le otorgó el premio Globe se tuvo cuidado en puntualizar que la presea galardonaba su política internacional en la materia. De lo contrario, hubieran surgido voces de reproche a los organizadores de ese premio, porque en el terreno doméstico la Secretaría del Medio Ambiente ejerce una de las fases más opacas de la administración pública. Entre los muchos ejemplos que pueden aducirse en abono a esa afirmación basta citar el del programa Proárbol, y las tareas para impedir la deforestación. Aquella iniciativa, destinada a repoblar de árboles el país, según lo han advertido expertos y participantes en la industria silvícola, fue un fracaso, pues la mitad de los ejemplares plantados en 2007 fueron cactáceas y no árboles, y de estos últimos no prosperó una muy alta proporción. Por ello se ha cuestionado el uso de los 2 mil 700 millones de pesos que se invirtieron en ese programa.
Y ya no digamos el combate a la deforestación. A las puertas mismas de la capital, con grave detrimento de su papel como generador de humedad, el bosque en el Estado de México, en sus límites con el Distrito Federal, Morelos y Guerrero, es objeto de una incontenible explotación ilegal cuyos beneficiarios han sido capaces de llegar al crimen.
Miguel Ángel Granados Chapa
El martes 15 de diciembre, el día mismo en que el Congreso clausuraba el primer periodo de sesiones ordinarias de la LXI Legislatura, el presidente Calderón envió al Senado un paquete de iniciativas que buscan integrar una reforma política. Al día siguiente, mientras se hallaba en Copenhague para asistir a la reunión de jefes de Estado y de gobierno sobre el cambio climático, fue muerto en un enfrentamiento con infantes de Marina el eminente narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, logro del que Calderón se glorió en la capital de Dinamarca. Y allí mismo la asociación internacional de legisladores le otorgó el premio Globe por sus progresos en materia ambiental.
En un año tan abrumador como el 2009, cuya mejor característica es que por fin se acaba, según dijo exhausto el propio Calderón, esas tres buenas noticias son un alivio para su alicaído gobierno. Son logros de diversa naturaleza por los que cabe aplaudir al primer mandatario. Mas no tanto ni de manera acrítica, porque esos buenos resultados van acompañados de reparos, de peros que impiden ovacionar entusiastamente a Calderón.
La reforma política que intenta es un abigarrado conjunto de propuestas, la mayor parte de las cuales han surgido en ámbitos diferentes de los que son propios del presidente. Más todavía, a algunas de ellas se opuso en otros momentos. Al mudar de opinión no revela necesariamente una capacidad de asimilación o reconocimiento a la verdad ajena, a los otros, sino que acaso busca meramente el aplauso fácil de las galerías o de ciertas cúpulas de opinión que ya se sienten halagadas, satisfechas de “ser tomadas en cuenta”. Algunas de las propuestas son contradictorias entre sí, lo que parece tener sin cuidado al presidente, tal vez porque no quiere cobrar la presa, sino emprender la cacería, es decir, le importaría menos que se aprueben sus reformas que las medallas de demócrata que puede colocar sobre su pecho sólo por haberlas presentado a discusión formal.
Los puntos específicos de la propuesta presidencial serán discutidos en este lugar durante el mes de enero, inmediatamente antes de que se inicie, si ha de comenzar, el debate propiamente legislativo en febrero, al reanudarse las sesiones senatoriales. Aquí adelanto sólo un acuerdo y desacuerdo en un punto de la iniciativa calderoniana.
Alguna vez yo mismo, como ahora Calderón, me ilusioné con las candidaturas ciudadanas: eliminan el monopolio de los partidos a ese propósito, permiten que la gente común y corriente pueda llegar a cargos de elección popular sin necesidad de hacer compromisos con los dirigentes partidarios, más inclinados a apadrinar a miembros de sus partidos con los que sea dable establecer componendas, que a establecer acuerdos con los ciudadanos. Pero es imposible deslindar las candidaturas que no sostiene ningún partido del régimen financiero electoral. De los dos modos de apoyar con dinero a un candidato, ¿cuál cabría escoger: el público o el privado? Si el segundo, los candidatos dependerían de los poderes fácticos, incluidos los francamente ilegales como el narcotráfico. Si el primero, habría que establecer pautas que no multiplicaran en perjuicio del erario los requerimientos de aspirantes sin cuento. Ningún recurso público alcanzaría para financiar a los candidatos y a los partidos. Y si se apoyara a algunos y no a todos, se rompería la equidad, que es el único valor del régimen de financiamiento electoral de hoy que debe ser preservado.
Al embate contra la banda de los Beltrán Leyva, sobre Arturo en particular, nadie podría objetar nada. Se trata de luchar contra las bandas de la delincuencia organizada en general, y si ello se hace mediante labores de inteligencia que ubiquen a los jefes para detenerlos y procesarlos, la tarea cumplida es digna de elogio. Pero, ¿por qué incrementar las áreas de acción de la Marina? Si es por responder a la crítica a la participación del Ejército en funciones policiacas, el reemplazo con marinos no arregla la situación. Uno y otro cuerpos militares tienen asignadas misiones de carácter diverso a la de garantizar la seguridad pública, por lo que no están preparados para ejercer las funciones respectivas. La muerte de Beltrán Leyva es ya aducida, explícita o implícitamente, como el ejemplo de que la Armada de México sí está acreditada y tiene entrenamiento para ese propósito. Ver a los infantes de Marina descender a rappel, con sogas pendientes de helicópteros que los depositan en las azoteas de edificios a los que desde allí pueden penetrar, seguramente es un espectáculo confortante: al fin hay quien sabe hacer las cosas.
Pero en México, y en Cuernavaca, no priva la ley primitiva de capturar a un delincuente vivo o muerto. El propósito no es exterminar con violencia al enemigo, mediante juicios sumarios o con balaceras libradas sin apego a normas técnicas y de política criminal. Se trata de detener, poner a disposición de las autoridades competentes a quienes delincan, no de acabar con ellos a cualquier precio. Proceder de esa manera no sólo impide que se aplique la ley, castigando con severidad a los delincuentes hallados culpables, sino que se pierde información que surge en las averiguaciones previas y los procesos. Y por si fuera poco, se entra en disputas entre bandas, como la que sostenían Beltrán Leyva y El Chapo Guzmán, agraviado por El Barbas por el asesinato de su hijo Édgar. No es exitosa una operación policiaca donde el buscado para ser detenido resulta muerto.
Eso no obstante, Calderón se mostró complacido de esa operación y felicitó por ella a la Armada de México, que ahora aparece como el último recurso en el combate a la delincuencia organizada. A tal grado ocurre así que un almirante y un vicealmirante han sido colocados en posiciones de alto nivel en la Procuraduría General de la República, no obstante que su hoja de servicios dista de ser impoluta. El almirante José Luis Figueroa, excomisionado de la Policía Federal Preventiva (estaba en funciones cuando tres de sus hombres fueron linchados en Tláhuac, sin que la corporación reaccionara debida ni oportunamente) es el responsable del Centro de Análisis de la Información, cuya labor es básica para la planeación de las estrategias de la PGR. Y en enero asumirá el mando de la aún flamante Policía Federal Ministerial (que sustituyó a la AFI y a la Policía Judicial Federal, ambas de ingrata memoria) el vicealmirante Wilfrido Robledo, también excomisionado de la PFP, y que como director de la Agencia de Seguridad Estatal del gobierno mexiquense ordenó la operación Atenco en mayo de 2006 y fue renuente a aceptar que sus tropas hubieran cometido muchas y graves violaciones a los derechos humanos.
En Copenhague, Calderón obtuvo lauros por su papel internacional en torno del medio ambiente. Cuando se le otorgó el premio Globe se tuvo cuidado en puntualizar que la presea galardonaba su política internacional en la materia. De lo contrario, hubieran surgido voces de reproche a los organizadores de ese premio, porque en el terreno doméstico la Secretaría del Medio Ambiente ejerce una de las fases más opacas de la administración pública. Entre los muchos ejemplos que pueden aducirse en abono a esa afirmación basta citar el del programa Proárbol, y las tareas para impedir la deforestación. Aquella iniciativa, destinada a repoblar de árboles el país, según lo han advertido expertos y participantes en la industria silvícola, fue un fracaso, pues la mitad de los ejemplares plantados en 2007 fueron cactáceas y no árboles, y de estos últimos no prosperó una muy alta proporción. Por ello se ha cuestionado el uso de los 2 mil 700 millones de pesos que se invirtieron en ese programa.
Y ya no digamos el combate a la deforestación. A las puertas mismas de la capital, con grave detrimento de su papel como generador de humedad, el bosque en el Estado de México, en sus límites con el Distrito Federal, Morelos y Guerrero, es objeto de una incontenible explotación ilegal cuyos beneficiarios han sido capaces de llegar al crimen.
Astillero
México, caso de Alarma
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La relevancia del asesinado, la espectacularidad del ataque de los marinos terrestres y la reveladora vejación billetera al máximo cadáver provocaron repelencia y preocupación sociales que, sin embargo, no siempre asocian plenamente el horror de lo sucedido en tierra morelense con los similares trazos siniestros de brutalidad e ilegalidades que por todo el país se realizan a partir de la intempestiva decisión felipista de arranque de sexenio de usar a las fuerzas armadas como instrumento de exterminio del enemigo y no a las policías civiles, cuya preparación y función no consiste, teóricamente, en la aniquilación, sino en la prevención y el sometimiento de todo acto delictivo a un proceso penal en forma.
Puede argüirse, con razón, que esos cuerpos policiacos civiles han sido profunda e irreversiblemente penetrados por el dinero del narcotráfico, pero la recurrencia a las fuerzas armadas de ninguna manera garantiza limpios comportamientos, como ha sido demostrado con los casos de oficiales del Ejército involucrados en el negocio de las drogas y, ahora, con la decisión calderonista de atender los requerimientos de la DEA y del dominante gobierno estadunidense respecto a Beltrán Leyva mediante la Marina, apenas estrenada abiertamente en este mes en tareas policiacas, lo que revela desconfianza del señor de Los Pinos respecto de los miembros de la Defensa Nacional y, obviamente, de las policías federalizadas e incluso del favorito Genaro García Luna.
Lo sucedido en Cuernavaca forma parte de un amplio expediente de violaciones a los derechos humanos y de salvajismo institucional que se vienen cometiendo cotidianamente a cuenta de la naturalmente infructuosa guerra contra el narcotráfico. Pareciera que en la capital del estado gobernado por el yunquista judicialmente perdonado, Marco Antonio Adame (el Señor de los huéspedes distinguidos), se pudo apreciar claramente la condición inexistente de lo que llaman estado de derecho, pero la realidad es que tales situaciones se repiten a lo largo de las zonas clave del narcotráfico, donde personas inocentes reciben agravios (a veces asesinadas, golpeadas, secuestradas) por parte de un poder militar (y ahora, marino) que desborda cualquier tipo de control y que en los hechos y de manera abierta ha instalado un virtual estado de sitio inconfeso, una declaración práctica de insubsistencia de lo constitucional, un sometimiento de los mexicanos a una ilegalidad permanente.
Un sesgo colocado en el análisis del Beltranazo es el de la pertinencia de la difusión de las fotografías que muestran ultrajes póstumos. En el batidillo de opiniones que han generado tales imágenes se incluye la de invocar incluso reglas de urbanidad y cortesía sociales para alegar que no debieron haber sido publicadas las gráficas que solamente por su difusión masiva han podido ser valoradas en su específica bajeza particular y en la gravísima depreciación institucional que denotan. Es evidente (el propio debate público lo confirma, al igual que la amplia difusión mundial de tales excesos) que el crudo material fotográfico de la masacre de Cuernavaca es de absoluto interés público y de valía periodística completa. De entre los muchos comentarios leídos en estos días por esta firma tecleadora destaca el de alguien que se quejaba recordando que fotografías tan terribles sólo habrían tenido cabida en revistas sanguinolentas como la amarillistamente famosa Alarma. El gobierno de Calderón, mediante su insostenible guerra contra un negocio que perdurará mientras haya mercado para esas mercancías, ha convertido a México en una página que chorrea sangre y muestra diariamente decapitados, despedazados, torturados y masacrados. En realidad, la discusión no debe centrarse en el proceso químico o digital de captación de imágenes y de su posterior reproducción mecánica en serie, sino en el proceso institucional que es capaz de producir tales aberraciones múltiples que sin su difusión pública quedarían en los expedientes íntimos del poder desquiciado.
En otra pista de la guerra política ha aparecido un frente defensor de lo laico que para su infortunio, o porque así hubiera sido diseñado, cargará con un sambenito electorero en su explícita tarea de confrontar las maniobras clericales de reposicionamiento y retoma de poderes. Compartible en términos generales la fraseología del caso, necesaria la construcción de un polo liberal que pelee políticamente contra los jefes católicos desbocados (sobre todo en la gestión de alianzas partidistas para desbarrancar pretensiones de expandir el abanico permisivo del aborto), ese frente laico aparece también como una edificación colateral de una candidatura ciudadana para el ex rector Juan Ramón de la Fuente, a quien algunos segmentos de clase media, e incluso del izquierdismo deslavado y oportunista del PRD-Chucho, ven como una alternativa presentable rumbo a 2012. Relacionado con el zedillismo, recordado para bien y para mal por el papel que jugó en la UNAM y naturalmente deseoso de nuevas oportunidades, dado que tiene edad y capital político, De la Fuente se irá encaminando cada vez más a un terreno que hasta ahora ha eludido con pretensiones de elegancia y asepsia: el de la definición política clara y los compromisos ideológicos, no solamente los tópicos generales y la superficialidad navegante.
En el Fuente, perdón, en el frente laico se hicieron críticas a los escarceos amorosos del primer actor Enrique Arturo Peña Montiel y su pareja de telenovela oficial, conocida como La Gaviota. Pero el usuario estelar de los foros de rodaje El Vaticano ha asegurado que él no sabía que las filmaciones benedictas iban a ser difundidas, y por tanto se declara ajeno a la confección de ese material de propaganda electoral supuestamente santificado.
Y mientras el calderonismo aprovecha la temporada para exhibir chivitos expiatorios de la desgracia de la guardería ABC, sin tocar los apellidos de élite, ¡hasta mañana, con el IFE anunciando para 2012 experimentos hildebrándicos con voto electrónico!
México, caso de Alarma
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La relevancia del asesinado, la espectacularidad del ataque de los marinos terrestres y la reveladora vejación billetera al máximo cadáver provocaron repelencia y preocupación sociales que, sin embargo, no siempre asocian plenamente el horror de lo sucedido en tierra morelense con los similares trazos siniestros de brutalidad e ilegalidades que por todo el país se realizan a partir de la intempestiva decisión felipista de arranque de sexenio de usar a las fuerzas armadas como instrumento de exterminio del enemigo y no a las policías civiles, cuya preparación y función no consiste, teóricamente, en la aniquilación, sino en la prevención y el sometimiento de todo acto delictivo a un proceso penal en forma.
Puede argüirse, con razón, que esos cuerpos policiacos civiles han sido profunda e irreversiblemente penetrados por el dinero del narcotráfico, pero la recurrencia a las fuerzas armadas de ninguna manera garantiza limpios comportamientos, como ha sido demostrado con los casos de oficiales del Ejército involucrados en el negocio de las drogas y, ahora, con la decisión calderonista de atender los requerimientos de la DEA y del dominante gobierno estadunidense respecto a Beltrán Leyva mediante la Marina, apenas estrenada abiertamente en este mes en tareas policiacas, lo que revela desconfianza del señor de Los Pinos respecto de los miembros de la Defensa Nacional y, obviamente, de las policías federalizadas e incluso del favorito Genaro García Luna.
Lo sucedido en Cuernavaca forma parte de un amplio expediente de violaciones a los derechos humanos y de salvajismo institucional que se vienen cometiendo cotidianamente a cuenta de la naturalmente infructuosa guerra contra el narcotráfico. Pareciera que en la capital del estado gobernado por el yunquista judicialmente perdonado, Marco Antonio Adame (el Señor de los huéspedes distinguidos), se pudo apreciar claramente la condición inexistente de lo que llaman estado de derecho, pero la realidad es que tales situaciones se repiten a lo largo de las zonas clave del narcotráfico, donde personas inocentes reciben agravios (a veces asesinadas, golpeadas, secuestradas) por parte de un poder militar (y ahora, marino) que desborda cualquier tipo de control y que en los hechos y de manera abierta ha instalado un virtual estado de sitio inconfeso, una declaración práctica de insubsistencia de lo constitucional, un sometimiento de los mexicanos a una ilegalidad permanente.
Un sesgo colocado en el análisis del Beltranazo es el de la pertinencia de la difusión de las fotografías que muestran ultrajes póstumos. En el batidillo de opiniones que han generado tales imágenes se incluye la de invocar incluso reglas de urbanidad y cortesía sociales para alegar que no debieron haber sido publicadas las gráficas que solamente por su difusión masiva han podido ser valoradas en su específica bajeza particular y en la gravísima depreciación institucional que denotan. Es evidente (el propio debate público lo confirma, al igual que la amplia difusión mundial de tales excesos) que el crudo material fotográfico de la masacre de Cuernavaca es de absoluto interés público y de valía periodística completa. De entre los muchos comentarios leídos en estos días por esta firma tecleadora destaca el de alguien que se quejaba recordando que fotografías tan terribles sólo habrían tenido cabida en revistas sanguinolentas como la amarillistamente famosa Alarma. El gobierno de Calderón, mediante su insostenible guerra contra un negocio que perdurará mientras haya mercado para esas mercancías, ha convertido a México en una página que chorrea sangre y muestra diariamente decapitados, despedazados, torturados y masacrados. En realidad, la discusión no debe centrarse en el proceso químico o digital de captación de imágenes y de su posterior reproducción mecánica en serie, sino en el proceso institucional que es capaz de producir tales aberraciones múltiples que sin su difusión pública quedarían en los expedientes íntimos del poder desquiciado.
En otra pista de la guerra política ha aparecido un frente defensor de lo laico que para su infortunio, o porque así hubiera sido diseñado, cargará con un sambenito electorero en su explícita tarea de confrontar las maniobras clericales de reposicionamiento y retoma de poderes. Compartible en términos generales la fraseología del caso, necesaria la construcción de un polo liberal que pelee políticamente contra los jefes católicos desbocados (sobre todo en la gestión de alianzas partidistas para desbarrancar pretensiones de expandir el abanico permisivo del aborto), ese frente laico aparece también como una edificación colateral de una candidatura ciudadana para el ex rector Juan Ramón de la Fuente, a quien algunos segmentos de clase media, e incluso del izquierdismo deslavado y oportunista del PRD-Chucho, ven como una alternativa presentable rumbo a 2012. Relacionado con el zedillismo, recordado para bien y para mal por el papel que jugó en la UNAM y naturalmente deseoso de nuevas oportunidades, dado que tiene edad y capital político, De la Fuente se irá encaminando cada vez más a un terreno que hasta ahora ha eludido con pretensiones de elegancia y asepsia: el de la definición política clara y los compromisos ideológicos, no solamente los tópicos generales y la superficialidad navegante.
En el Fuente, perdón, en el frente laico se hicieron críticas a los escarceos amorosos del primer actor Enrique Arturo Peña Montiel y su pareja de telenovela oficial, conocida como La Gaviota. Pero el usuario estelar de los foros de rodaje El Vaticano ha asegurado que él no sabía que las filmaciones benedictas iban a ser difundidas, y por tanto se declara ajeno a la confección de ese material de propaganda electoral supuestamente santificado.
Y mientras el calderonismo aprovecha la temporada para exhibir chivitos expiatorios de la desgracia de la guardería ABC, sin tocar los apellidos de élite, ¡hasta mañana, con el IFE anunciando para 2012 experimentos hildebrándicos con voto electrónico!
