ESTADO COMPLICE DE VIOLACIONES A D. H.
9 dic 2009
El Estado, cómplice de violaciones cometidas por militares, asegura AI
Llama a representaciones del organismo en otros países a protestar por la situación en México
El delito no se combate con más delito; la crisis no justifica el uso de métodos ilegales
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Wednesday 9 de December de 2009, p. 3
El gobierno mexicano es cómplice de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército mexicano. Su respuesta a todos los niveles es ineficaz. Además, con su aparente incapacidad para investigar y procesar a los responsables, contribuye a crear un clima de abusos e impunidad, afirmó Amnistía Internacional (AI).
En un nuevo informe sobre violaciones a derechos humanos a manos del Ejército, el organismo resaltó, con base en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que estos ilícitos se triplicaron en sólo dos años. El problema se agudizó a partir de que el gobierno de Felipe Calderón incorporó a la milicia en actividades de combate a la delincuencia.
Ante esto, Alberto Herrera, representante de la organización en México, convocó a las representaciones de AI en otras naciones a que realicen manifestaciones en las embajadas mexicanas, con el propósito de expresar su consternación por la situación que se vive en el país.
Aunque en el informe se reconocen las dificultades de seguridad pública y de cumplimiento de la ley que existen en el país, el organismo internacional advirtió que el delito no se combate con más delito, y la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante la comisión de abusos.
El reporte presentado ayer por Alberto Herrera da cuenta del incremento de la falta de respeto a los derechos humanos y, sobre todo, de la ineficaz respuesta de las autoridades civiles y militares para prevenir y castigar a los responsables.
Con esta actitud, dice el organismo, el Estado es cómplice de los delitos. Además, la falta de cooperación con los familiares u otras autoridades competentes, como la CNDH, que tratan de establecer la verdad y hacer justicia, puede equivaler incluso a una ocultación.
También menciona la dificultad de contar con información detallada de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, debido a las restricciones en el acceso a los datos y, principalmente, la intimidación y amenazas contra algunas víctimas y sus familiares. Una organización no gubernamental de Nuevo Laredo informó que había recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, pero sólo 21 particulares presentaron querella ante las autoridades.
En la CNDH se refleja mejor el incremento de la problemática, pues de 182 quejas recibidas por este organismo en 2006, se pasó a 367 en 2007, mientras que para 2008 la cifra llegó a mil 230. En los primeros seis meses de este año se tenía un registro de 559 inconformidades. En esos tres años, las recomendaciones pasaron de cero a seis y 14 en 2006, 2007 y 2008, respectivamente, mientras que en 2009 ha emitido 25 recomendaciones.
AI destaca la situación de Chihuahua, en particular Ciudad Juárez, donde de marzo de 2008 a septiembre de 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una oficina municipal recibieron más de mil 300 quejas de abusos del Ejército, que incluían al menos 14 denuncias de desaparición forzada y ocho de ejecución extrajudicial.
El informe de AI da cuenta de cinco casos graves y emblemáticos de atropello a las garantías fundamentales de 35 personas ocurridos entre octubre de 2008 y agosto de 2009.
En todos ellos los responsables son miembros del Ejército, y lo más grave, indica el documento, es que estos hechos no son excepcionales, sino frecuentes, y en algunas zonas habituales. Incluyen desaparición forzada, homicidios extrajudiciales o ilegítimos, tortura y detención arbitraria, entre otros.
Durante la conferencia de prensa en que Herrera presentó el informe, el investigador Miguel Sarre advirtió que la violencia del aparato del Estado es indecible y da cuenta de un problema de gobernabilidad. No es posible que ocurran las violaciones a derechos humanos sin que estén enterados los mandos superiores del Ejército o el presidente Felipe Calderón. De lo contrario, dijo, significaría que los militares actúan al margen de la ley, lo que a su vez supondría que el país se encuentra en un estado de excepción.
En relación con la CNDH, el informe de AI reconoce que ante la falta de interés de las autoridades civiles y militares por indagar las denuncias en contra de los soldados, el ombudsman ha asumido una función central del proceso judicial. Sin embargo, carece de autoridad legal y competencia para llevar a cabo investigaciones criminales, además de que sus indagaciones son limitadas y lentas; tarda muchos meses en llegar a una conclusión, y aunque formule una recomendación, no hay garantía de que su consecuencia sea una investigación criminal eficaz, pronta e imparcial.
Para AI, el primer paso para corregir el rumbo es que el gobierno y las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de garantías fundamentales cometidas por la milicia en el desempeño de sus operaciones de seguridad pública en los años recientes, y que actúen para revertir esa tendencia.
Llama a representaciones del organismo en otros países a protestar por la situación en México
El delito no se combate con más delito; la crisis no justifica el uso de métodos ilegales
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Wednesday 9 de December de 2009, p. 3
El gobierno mexicano es cómplice de las graves violaciones a derechos humanos cometidas por integrantes del Ejército mexicano. Su respuesta a todos los niveles es ineficaz. Además, con su aparente incapacidad para investigar y procesar a los responsables, contribuye a crear un clima de abusos e impunidad, afirmó Amnistía Internacional (AI).
En un nuevo informe sobre violaciones a derechos humanos a manos del Ejército, el organismo resaltó, con base en el número de quejas presentadas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que estos ilícitos se triplicaron en sólo dos años. El problema se agudizó a partir de que el gobierno de Felipe Calderón incorporó a la milicia en actividades de combate a la delincuencia.
Ante esto, Alberto Herrera, representante de la organización en México, convocó a las representaciones de AI en otras naciones a que realicen manifestaciones en las embajadas mexicanas, con el propósito de expresar su consternación por la situación que se vive en el país.
Aunque en el informe se reconocen las dificultades de seguridad pública y de cumplimiento de la ley que existen en el país, el organismo internacional advirtió que el delito no se combate con más delito, y la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante la comisión de abusos.
El reporte presentado ayer por Alberto Herrera da cuenta del incremento de la falta de respeto a los derechos humanos y, sobre todo, de la ineficaz respuesta de las autoridades civiles y militares para prevenir y castigar a los responsables.
Con esta actitud, dice el organismo, el Estado es cómplice de los delitos. Además, la falta de cooperación con los familiares u otras autoridades competentes, como la CNDH, que tratan de establecer la verdad y hacer justicia, puede equivaler incluso a una ocultación.
También menciona la dificultad de contar con información detallada de las violaciones de derechos humanos cometidas por militares, debido a las restricciones en el acceso a los datos y, principalmente, la intimidación y amenazas contra algunas víctimas y sus familiares. Una organización no gubernamental de Nuevo Laredo informó que había recibido 70 denuncias de detención arbitraria, tortura y otros malos tratos, pero sólo 21 particulares presentaron querella ante las autoridades.
En la CNDH se refleja mejor el incremento de la problemática, pues de 182 quejas recibidas por este organismo en 2006, se pasó a 367 en 2007, mientras que para 2008 la cifra llegó a mil 230. En los primeros seis meses de este año se tenía un registro de 559 inconformidades. En esos tres años, las recomendaciones pasaron de cero a seis y 14 en 2006, 2007 y 2008, respectivamente, mientras que en 2009 ha emitido 25 recomendaciones.
AI destaca la situación de Chihuahua, en particular Ciudad Juárez, donde de marzo de 2008 a septiembre de 2009 la Comisión Estatal de Derechos Humanos y una oficina municipal recibieron más de mil 300 quejas de abusos del Ejército, que incluían al menos 14 denuncias de desaparición forzada y ocho de ejecución extrajudicial.
El informe de AI da cuenta de cinco casos graves y emblemáticos de atropello a las garantías fundamentales de 35 personas ocurridos entre octubre de 2008 y agosto de 2009.
En todos ellos los responsables son miembros del Ejército, y lo más grave, indica el documento, es que estos hechos no son excepcionales, sino frecuentes, y en algunas zonas habituales. Incluyen desaparición forzada, homicidios extrajudiciales o ilegítimos, tortura y detención arbitraria, entre otros.
Durante la conferencia de prensa en que Herrera presentó el informe, el investigador Miguel Sarre advirtió que la violencia del aparato del Estado es indecible y da cuenta de un problema de gobernabilidad. No es posible que ocurran las violaciones a derechos humanos sin que estén enterados los mandos superiores del Ejército o el presidente Felipe Calderón. De lo contrario, dijo, significaría que los militares actúan al margen de la ley, lo que a su vez supondría que el país se encuentra en un estado de excepción.
En relación con la CNDH, el informe de AI reconoce que ante la falta de interés de las autoridades civiles y militares por indagar las denuncias en contra de los soldados, el ombudsman ha asumido una función central del proceso judicial. Sin embargo, carece de autoridad legal y competencia para llevar a cabo investigaciones criminales, además de que sus indagaciones son limitadas y lentas; tarda muchos meses en llegar a una conclusión, y aunque formule una recomendación, no hay garantía de que su consecuencia sea una investigación criminal eficaz, pronta e imparcial.
Para AI, el primer paso para corregir el rumbo es que el gobierno y las autoridades militares reconozcan la magnitud y gravedad de las violaciones de garantías fundamentales cometidas por la milicia en el desempeño de sus operaciones de seguridad pública en los años recientes, y que actúen para revertir esa tendencia.
Nueva ronda de despidos en Correos de México deja en la calle a mil trabajadores
MIRIAM POSADA GARCÍA
Periódico La Jornada
Trabajadores de Correos de México denunciaron que ayer empezó una nueva ronda de despidos, que se estima llegará a mil trabajadores, con lo que al cierre del 2009 serían alrededor de 3 mil los que habrían perdido su fuente de ingresos.
Los afectados, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias, explicaron que ayer al terminar sus turnos de trabajo fueron notificados por sus superiores, sólo de manera verbal, que ya no deberían presentarse a trabajar a partir de este miércoles, sino que deberían acudir a las oficinas de Venustiano Carranza para recoger su cheque de liquidación.
Los cheques ya están elaborados, nos van a obligar a aceptar una liquidación en las condiciones que el gobierno quiera porque saben que necesitamos el dinero, que debemos llevar dinero para cumplir las obligaciones con nuestras familias.
Anoche no fue posible obtener la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, que encabeza Manuel Acevedo, y tampoco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la cual depende Correos de México, nuevo nombre del servicio postal.
Si bien la cifra de nuevos despidos que se manejan entre los trabajadores ascienden a mil, entre los que se cuenta personal de confianza, eventual y de base, estos se suman a los 2 mil trabajadores más que perdieron su empleo entre este año y el pasado.
Entre las áreas donde se registraron las primeras bajas está la de Depósitos Masivos, que se ubica en Pantaco, y donde se acumularon 50 toneladas de correspondencia que en su mayor parte son los recibos de cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que llegarán vencidos a sus destinatarios.
Asimismo se encuentra rezagada correspondencia de HSBC, Nextel, Megacable y Bancomer, entre otros clientes de Correos de México.
MIRIAM POSADA GARCÍA
Periódico La Jornada
Trabajadores de Correos de México denunciaron que ayer empezó una nueva ronda de despidos, que se estima llegará a mil trabajadores, con lo que al cierre del 2009 serían alrededor de 3 mil los que habrían perdido su fuente de ingresos.
Los afectados, quienes pidieron omitir su nombre por temor a represalias, explicaron que ayer al terminar sus turnos de trabajo fueron notificados por sus superiores, sólo de manera verbal, que ya no deberían presentarse a trabajar a partir de este miércoles, sino que deberían acudir a las oficinas de Venustiano Carranza para recoger su cheque de liquidación.
Los cheques ya están elaborados, nos van a obligar a aceptar una liquidación en las condiciones que el gobierno quiera porque saben que necesitamos el dinero, que debemos llevar dinero para cumplir las obligaciones con nuestras familias.
Anoche no fue posible obtener la postura del Sindicato Nacional de Trabajadores del Servicio Postal Mexicano, que encabeza Manuel Acevedo, y tampoco de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), de la cual depende Correos de México, nuevo nombre del servicio postal.
Si bien la cifra de nuevos despidos que se manejan entre los trabajadores ascienden a mil, entre los que se cuenta personal de confianza, eventual y de base, estos se suman a los 2 mil trabajadores más que perdieron su empleo entre este año y el pasado.
Entre las áreas donde se registraron las primeras bajas está la de Depósitos Masivos, que se ubica en Pantaco, y donde se acumularon 50 toneladas de correspondencia que en su mayor parte son los recibos de cobro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que llegarán vencidos a sus destinatarios.
Asimismo se encuentra rezagada correspondencia de HSBC, Nextel, Megacable y Bancomer, entre otros clientes de Correos de México.
Una evaluación no puede calificar instituciones, personas y programas, reitera el rector
En la UNAM, ni prueba Enlace ni bachillerato único, dice Narro
Imposible comparar a un alumno que llega en auto a su escuela con uno que ni siquiera desayuna
EMIR OLIVARES ALONSO
Periódico La Jornada
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, rechazó una vez más que la máxima casa de estudios tome parte en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y en la prueba Enlace, aplicadas por la Secretaría de Educación Pública.
En el primer caso, cuestionó que se intente homologar el bachillerato nacional, y sobre En lace, dijo que más allá de ser un diagnóstico para impulsar el avance académico, esa evaluación se usa para calificar, comparar y señalar a los estudiantes sin tomar en cuenta el entorno socioeconómico en que viven.
Ante esto último, enfatizó: “Los resultados no son comparables: un estudiante de una institución privada, que llega a su escuela en automóvil, bien desayu- nado, y que cuando regresa a casa come bien y cuenta con todas las herramientas (para hacer su tarea), como biblioteca, cómputo e información, ¿es comparable con un alumno de una preparatoria rural? No, no lo es.
¿Por qué queremos comparar lo que no se puede? ¿Por qué no diferenciar y tomar el resultado en otro sentido? ¿Por qué señalar que algunas cosas están mal si no sabemos ni medimos el avance? Hacemos un corte con una prueba y calificamos instituciones, personas, programas y planta académica. No. Por eso hemos dicho: no, gracias (a Enlace), con mucho respeto, como siempre.
Agenda nacional
Hizo hincapié en que la agenda nacional debe pasar por la UNAM, por lo que la comunidad académica tiene que responder con planteamientos a las necesidades y prioridades de México, pero lamentó que en ocasiones la clase política no tome en cuenta las propuestas universitarias, si bien no podemos obligarla a que las aplique.
En un balance de sus primeros dos años de gestión, el rector de la UNAM puntualizó que en México no puede haber un modelo único de bachillerato –como plantea la RIEMS–, ya que ese nivel constituye la formación pre universitaria.
“Quienes empezaron en México la educación preparatoria –en 1868– fueron Benito Juárez y Gabino Barreda; después Justo Sierra la incorporó a la UNAM. Nosotros tenemos la tradición, contamos con dos sistemas diferentes de bachillerato; por eso no nos convence que podamos ir en un solo trayecto o camino.”
Sin embargo, admitió la necesidad de mejorar los dos subsistemas del bachillerato universitario, y adelantó que ya se trabaja en ese objetivo.
Para Narro, en este periodo al frente de la máxima casa de estudios del país ha habido importantes logros, aunque aún falta mucho por hacer. Citó entre dichos avances el incremento de la matrícula en todos los niveles, al pasar de 299 mil 688 alumnos –hace dos años– a 308 mil 374 para el ciclo escolar que corre.
Otro logro –dijo– es el aumento en la eficiencia terminal en todos los grados académicos. En bachillerato se pasó de 23 mil 196 egresados –en 2007– a 24 mil 589 para el presente año, lo que representa más de las dos terceras partes de los alrededor de 34 mil 500 jóvenes que ingresaron a ese nivel.
Además –señaló–, entre 2006 y 2007 se otorgaron 27 mil 232 títulos de licenciatura, mientras en el ciclo escolar recién concluido hubo 39 mil 662 titulados. En posgrado también se elevaron los indicadores. Hace dos años se otorgaron los niveles de especialización, maestría y doctorado a 9 mil 495 estudiantes, en tanto que en el ciclo 2008-2009 la cifra subió a 12 mil 901.
Eficiencia terminal
Pese a tales indicadores, asumió también que uno de sus compromisos para el siguiente bienio será incrementar el índice de eficiencia terminal en todos los niveles de enseñanza.
También resaltó que en este periodo la UNAM ha participado en temas fundamentales, como energía, procesos de las finanzas públicas y economía, modelos de desarrollo nacional, cambio climático y cuidado del agua, entre otros. Además –dijo–, continuará la reflexión académica con motivo del centenario de la Universidad Nacional y de la Revolución Mexicana, así como los 200 años de la guerra de Independencia.
En infraestructura, informó que en estos dos años se le destinaron mil 432 millones de pesos, de los cuales 650 millones se aplicaron a los 14 planteles del bachillerato, y 782 millones a los de licenciatura y posgrado.
Asimismo, destacó que de los más de 300 mil estudiantes de la UNAM, 91 mil 499 cuentan con alguna beca.
No obstante, el rector admitió que aún hay buena cantidad de asignaturas pendientes en áreas como orientación vocacional, generación de patentes, internacionalización del estudiantado, seguridad, titulación en algunas carreras, enseñanza de idiomas, vinculación de la investigación básica con el sector productivo, rejuvenecimiento de la planta académica y fomento de una actitud emprendedora entre los egresados.
Ante lo anterior, se comprometió a realizar un esfuerzo adicional para revertir estas faltas. Y asumió una más: no hemos podido lograr acuerdos con los grupos de activistas quedesde hace más de 10 años tienen tomado el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras.
Policías de Tabasco impiden a burócratas cobrar aguinaldos
RENÉ ALBERTO LÓPEZ Y HUGO MARTOCCIA
Corresponsales
Periódico La Jornada
Wednesday 9 de December de 2009, p. 35
En Tabasco, trabajadores del ayuntamiento de Comalcalco, en el noroeste del estado, se enfrentaron ayer por la mañana con cientos de policías que les impidieron cobrar su aguinaldo y mantuvieron ocupada la alcaldía en demanda de un bono de 8 mil 500 pesos por agente que, afirman, les envió el gobierno federal.
Testigos relataron que el director de la policía, Manasés Sánchez, hizo dos disparos al aire cuando cuando ambos bandos empezaban a intercambiar pedradas y gases lacrimógenos. En la trifulca resultaron golpeados tres agentes y dos funcionarios municipales.
El enfrentamiento se inició cuando trabajadores eventuales y personal de confianza quisieron entrar a la alcaldía, ocupada desde el viernes pasado por unos 400 gendarmes que, según informó Notimex, ya cobraron un aguinaldo de 85 días, un premio navideño de mil 800 pesos y un vale de mil 200, pero también exigen el bono del gobierno federal.
Acompañados de sus familias, ex policías de Cancún, Quintana Roo, bloquearon el acceso a la alcaldía de Benito Juárez para pedir que los recontraten, tras ser despedidos por participar en una manifestación para exigir mejores condiciones de trabajo. El alcalde Gregorio Sánchez dijo que podría haber un acuerdo con los ex agentes si éstos revelan quiénes los manipularon. Agregó que el dinero de los finiquitos está a su disposición en el área de recursos humanos del ayuntamiento José Luis López Soto
Los policías dijeron que varios de los inconformes eran vándalos contratados por el alcalde perredista Javier May Rodríguez. El secretario del ayuntamiento, Moisés Sánchez Chávez, confirmó que fue bloqueado el pago del aguinaldo y ofreció contratar una compañía de resguardo para entregar el dinero.
A su vez, unos 50 ex policías se manifestaron frente al palacio municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, para acusar al ayuntamiento de no pagarles sus finiquitos y boletinarlos para que no sean aceptados en otros empleos.
Los elementos fueron despedidos por tomar las instalaciones de seguridad pública semanas atrás, en una protesta que organizaron mandos medios de la corporación y que ellos secundaron para tratar de evitar una baja en sus percepciones.
En la UNAM, ni prueba Enlace ni bachillerato único, dice Narro
Imposible comparar a un alumno que llega en auto a su escuela con uno que ni siquiera desayuna
EMIR OLIVARES ALONSO
Periódico La Jornada
El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), José Narro Robles, rechazó una vez más que la máxima casa de estudios tome parte en la Reforma Integral de la Educación Media Superior (RIEMS) y en la prueba Enlace, aplicadas por la Secretaría de Educación Pública.
En el primer caso, cuestionó que se intente homologar el bachillerato nacional, y sobre En lace, dijo que más allá de ser un diagnóstico para impulsar el avance académico, esa evaluación se usa para calificar, comparar y señalar a los estudiantes sin tomar en cuenta el entorno socioeconómico en que viven.
Ante esto último, enfatizó: “Los resultados no son comparables: un estudiante de una institución privada, que llega a su escuela en automóvil, bien desayu- nado, y que cuando regresa a casa come bien y cuenta con todas las herramientas (para hacer su tarea), como biblioteca, cómputo e información, ¿es comparable con un alumno de una preparatoria rural? No, no lo es.
¿Por qué queremos comparar lo que no se puede? ¿Por qué no diferenciar y tomar el resultado en otro sentido? ¿Por qué señalar que algunas cosas están mal si no sabemos ni medimos el avance? Hacemos un corte con una prueba y calificamos instituciones, personas, programas y planta académica. No. Por eso hemos dicho: no, gracias (a Enlace), con mucho respeto, como siempre.
Agenda nacional
Hizo hincapié en que la agenda nacional debe pasar por la UNAM, por lo que la comunidad académica tiene que responder con planteamientos a las necesidades y prioridades de México, pero lamentó que en ocasiones la clase política no tome en cuenta las propuestas universitarias, si bien no podemos obligarla a que las aplique.
En un balance de sus primeros dos años de gestión, el rector de la UNAM puntualizó que en México no puede haber un modelo único de bachillerato –como plantea la RIEMS–, ya que ese nivel constituye la formación pre universitaria.
“Quienes empezaron en México la educación preparatoria –en 1868– fueron Benito Juárez y Gabino Barreda; después Justo Sierra la incorporó a la UNAM. Nosotros tenemos la tradición, contamos con dos sistemas diferentes de bachillerato; por eso no nos convence que podamos ir en un solo trayecto o camino.”
Sin embargo, admitió la necesidad de mejorar los dos subsistemas del bachillerato universitario, y adelantó que ya se trabaja en ese objetivo.
Para Narro, en este periodo al frente de la máxima casa de estudios del país ha habido importantes logros, aunque aún falta mucho por hacer. Citó entre dichos avances el incremento de la matrícula en todos los niveles, al pasar de 299 mil 688 alumnos –hace dos años– a 308 mil 374 para el ciclo escolar que corre.
Otro logro –dijo– es el aumento en la eficiencia terminal en todos los grados académicos. En bachillerato se pasó de 23 mil 196 egresados –en 2007– a 24 mil 589 para el presente año, lo que representa más de las dos terceras partes de los alrededor de 34 mil 500 jóvenes que ingresaron a ese nivel.
Además –señaló–, entre 2006 y 2007 se otorgaron 27 mil 232 títulos de licenciatura, mientras en el ciclo escolar recién concluido hubo 39 mil 662 titulados. En posgrado también se elevaron los indicadores. Hace dos años se otorgaron los niveles de especialización, maestría y doctorado a 9 mil 495 estudiantes, en tanto que en el ciclo 2008-2009 la cifra subió a 12 mil 901.
Eficiencia terminal
Pese a tales indicadores, asumió también que uno de sus compromisos para el siguiente bienio será incrementar el índice de eficiencia terminal en todos los niveles de enseñanza.
También resaltó que en este periodo la UNAM ha participado en temas fundamentales, como energía, procesos de las finanzas públicas y economía, modelos de desarrollo nacional, cambio climático y cuidado del agua, entre otros. Además –dijo–, continuará la reflexión académica con motivo del centenario de la Universidad Nacional y de la Revolución Mexicana, así como los 200 años de la guerra de Independencia.
En infraestructura, informó que en estos dos años se le destinaron mil 432 millones de pesos, de los cuales 650 millones se aplicaron a los 14 planteles del bachillerato, y 782 millones a los de licenciatura y posgrado.
Asimismo, destacó que de los más de 300 mil estudiantes de la UNAM, 91 mil 499 cuentan con alguna beca.
No obstante, el rector admitió que aún hay buena cantidad de asignaturas pendientes en áreas como orientación vocacional, generación de patentes, internacionalización del estudiantado, seguridad, titulación en algunas carreras, enseñanza de idiomas, vinculación de la investigación básica con el sector productivo, rejuvenecimiento de la planta académica y fomento de una actitud emprendedora entre los egresados.
Ante lo anterior, se comprometió a realizar un esfuerzo adicional para revertir estas faltas. Y asumió una más: no hemos podido lograr acuerdos con los grupos de activistas quedesde hace más de 10 años tienen tomado el auditorio Che Guevara de la Facultad de Filosofía y Letras.
Policías de Tabasco impiden a burócratas cobrar aguinaldos
RENÉ ALBERTO LÓPEZ Y HUGO MARTOCCIA
Corresponsales
Periódico La Jornada
Wednesday 9 de December de 2009, p. 35
En Tabasco, trabajadores del ayuntamiento de Comalcalco, en el noroeste del estado, se enfrentaron ayer por la mañana con cientos de policías que les impidieron cobrar su aguinaldo y mantuvieron ocupada la alcaldía en demanda de un bono de 8 mil 500 pesos por agente que, afirman, les envió el gobierno federal.
Testigos relataron que el director de la policía, Manasés Sánchez, hizo dos disparos al aire cuando cuando ambos bandos empezaban a intercambiar pedradas y gases lacrimógenos. En la trifulca resultaron golpeados tres agentes y dos funcionarios municipales.
El enfrentamiento se inició cuando trabajadores eventuales y personal de confianza quisieron entrar a la alcaldía, ocupada desde el viernes pasado por unos 400 gendarmes que, según informó Notimex, ya cobraron un aguinaldo de 85 días, un premio navideño de mil 800 pesos y un vale de mil 200, pero también exigen el bono del gobierno federal.
Acompañados de sus familias, ex policías de Cancún, Quintana Roo, bloquearon el acceso a la alcaldía de Benito Juárez para pedir que los recontraten, tras ser despedidos por participar en una manifestación para exigir mejores condiciones de trabajo. El alcalde Gregorio Sánchez dijo que podría haber un acuerdo con los ex agentes si éstos revelan quiénes los manipularon. Agregó que el dinero de los finiquitos está a su disposición en el área de recursos humanos del ayuntamiento José Luis López Soto
Los policías dijeron que varios de los inconformes eran vándalos contratados por el alcalde perredista Javier May Rodríguez. El secretario del ayuntamiento, Moisés Sánchez Chávez, confirmó que fue bloqueado el pago del aguinaldo y ofreció contratar una compañía de resguardo para entregar el dinero.
A su vez, unos 50 ex policías se manifestaron frente al palacio municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, para acusar al ayuntamiento de no pagarles sus finiquitos y boletinarlos para que no sean aceptados en otros empleos.
Los elementos fueron despedidos por tomar las instalaciones de seguridad pública semanas atrás, en una protesta que organizaron mandos medios de la corporación y que ellos secundaron para tratar de evitar una baja en sus percepciones.
Asesinan a 36 mujeres en Guanajuato en 2009
Verónica Espinosa
LEON, Gto., 8 de diciembre (apro).- El Observatorio de Violencia Social y de Género en Guanajuato (OVSG), que coordina el Centro Las Libres en educación sexual y reproductiva, reveló hoy que en lo que va del año un total de 36 mujeres han sido asesinadas en la entidad, la mayoría de ellas a manos de sus parejas, esposos o compañeros sentimentales.
Con base en datos del Poder Judicial del estado, agregó además que actualmente hay 24 mujeres recluidas en prisión que purgan sentencias de entre 8 y 32 años por el delito de homicidio en razón de parentesco, mientras que otras cuatro están siendo procesadas, cuando algunas de ellas en realidad habrían abortado y han recibido penas muy superiores a lo que el Código Penal del estado prevé para este delito.
En su presentación formal, el Observatorio, que pretende hacer visibles estadísticas y análisis sobre la magnitud de la violencia en la entidad, particularmente contra las mujeres, apuntó:
“Hay mujeres purgando sentencias por delitos en razón de parentesco por asesinato de su hijo en estado de gestación, delito que no está contemplado en el Código Penal del estado”.
De 2000 a la fecha, los jueces del estado han atendido al menos 134 averiguaciones previas por el delito de violación en contra mujeres.
“Hay una política de estado que niega que haya violencia hacia las mujeres. En el lenguaje que se utiliza para la toma de decisiones, lo que no está en estadísticas o números, no existe. Nosotras estamos demostrando que la violencia sí existe en Guanajuato”, afirmó Lucía Circe López, coordinadora del Observatorio.
Además del desconocimiento que prevalece entre las mujeres guanajuatenses sobre la legislación para una vida libre de violencia, el Observatorio muestra que mecanismos como los centros de atención a la violencia intrafamiliar (Cenavis) o el número telefónico Lada 800 para presentar denuncias o pedir ayuda en estos casos, no funcionan eficientemente.
Ante asistentes a un foro de participación ciudadana, las integrantes del Centro Las Libres dieron a conocer los objetivos del Observatorio, el cual funcionará a través de una página de internet, en la que se mantendrá al día un diagnóstico y estadística sobre el panorama en esos temas. Además, se dijo, habrá una interpretación a cargo de especialistas de “cómo la dinámica de un delito considerado como de violencia social, afecta más a las mujeres, y qué implicaciones tiene en su vida comunitaria”, dijo Circe López.
Explicó que fue una ardua tarea conseguir los datos oficiales, debido a que, dijo, en la mayoría de los casos debió recurrirse a los mecanismos de acceso a la información, ya que las dependencias no entregaron los datos que les fueron solicitados inicialmente de manera directa a sus titulares o funcionarios. Entre estos casos, mencionó a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
“Nos alegaron que se trataba de información clasificada por 10 años por tratarse de temas de seguridad, pero son cifras que se manejan públicamente”, comentó.
Además, señaló, se pretende evidenciar la falta de mecanismos de acceso a la justicia, de reparación del daño y otros elementos en casos documentados.
“A través de los datos queremos hacer visible el panorama de la violencia y llevarlo a otros niveles de participación ciudadana; es un primer acercamiento”, añadió.
Verónica Espinosa
LEON, Gto., 8 de diciembre (apro).- El Observatorio de Violencia Social y de Género en Guanajuato (OVSG), que coordina el Centro Las Libres en educación sexual y reproductiva, reveló hoy que en lo que va del año un total de 36 mujeres han sido asesinadas en la entidad, la mayoría de ellas a manos de sus parejas, esposos o compañeros sentimentales.
Con base en datos del Poder Judicial del estado, agregó además que actualmente hay 24 mujeres recluidas en prisión que purgan sentencias de entre 8 y 32 años por el delito de homicidio en razón de parentesco, mientras que otras cuatro están siendo procesadas, cuando algunas de ellas en realidad habrían abortado y han recibido penas muy superiores a lo que el Código Penal del estado prevé para este delito.
En su presentación formal, el Observatorio, que pretende hacer visibles estadísticas y análisis sobre la magnitud de la violencia en la entidad, particularmente contra las mujeres, apuntó:
“Hay mujeres purgando sentencias por delitos en razón de parentesco por asesinato de su hijo en estado de gestación, delito que no está contemplado en el Código Penal del estado”.
De 2000 a la fecha, los jueces del estado han atendido al menos 134 averiguaciones previas por el delito de violación en contra mujeres.
“Hay una política de estado que niega que haya violencia hacia las mujeres. En el lenguaje que se utiliza para la toma de decisiones, lo que no está en estadísticas o números, no existe. Nosotras estamos demostrando que la violencia sí existe en Guanajuato”, afirmó Lucía Circe López, coordinadora del Observatorio.
Además del desconocimiento que prevalece entre las mujeres guanajuatenses sobre la legislación para una vida libre de violencia, el Observatorio muestra que mecanismos como los centros de atención a la violencia intrafamiliar (Cenavis) o el número telefónico Lada 800 para presentar denuncias o pedir ayuda en estos casos, no funcionan eficientemente.
Ante asistentes a un foro de participación ciudadana, las integrantes del Centro Las Libres dieron a conocer los objetivos del Observatorio, el cual funcionará a través de una página de internet, en la que se mantendrá al día un diagnóstico y estadística sobre el panorama en esos temas. Además, se dijo, habrá una interpretación a cargo de especialistas de “cómo la dinámica de un delito considerado como de violencia social, afecta más a las mujeres, y qué implicaciones tiene en su vida comunitaria”, dijo Circe López.
Explicó que fue una ardua tarea conseguir los datos oficiales, debido a que, dijo, en la mayoría de los casos debió recurrirse a los mecanismos de acceso a la información, ya que las dependencias no entregaron los datos que les fueron solicitados inicialmente de manera directa a sus titulares o funcionarios. Entre estos casos, mencionó a la Procuraduría General de Justicia del estado (PGJE).
“Nos alegaron que se trataba de información clasificada por 10 años por tratarse de temas de seguridad, pero son cifras que se manejan públicamente”, comentó.
Además, señaló, se pretende evidenciar la falta de mecanismos de acceso a la justicia, de reparación del daño y otros elementos en casos documentados.
“A través de los datos queremos hacer visible el panorama de la violencia y llevarlo a otros niveles de participación ciudadana; es un primer acercamiento”, añadió.
