EN ACCION EL GRAN HERMANO
18 ene 2010
Gobierno policial
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 15 de enero (apro).- Entre sus afanes policiales y los compromisos con Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón no cesa en su propósito de control ciudadano.
El anuncio hecho el pasado jueves 14 por la Secretaría de Gobernación de suspender la Cédula de Identidad Ciudadana es sólo una manera de sortear las críticas a la emisión del documento.
En realidad, Calderón avanza en lo que verdaderamente le interesa: crear una base de datos con información personal de los futuros ciudadanos mexicanos.
El subsecretario de Población, Alejandro Poiré, anunció que el gobierno mexicano creará una base de datos con los menores de edad y los extranjeros.
Esa base contendrá la información biométrica de los nuevos ciudadanos: huellas dactilares y oculares; además de la historia familiar de los individuos.
Con el argumento de que la Ley General de Población previó desde hace dos décadas la creación de un registro nacional ciudadano, y uno de menores de edad y extranjeros, la Secretaría de Gobernación pretende ir más allá de esa información.
Entre las intenciones de Calderón está la de integrar a esos datos antecedentes económicos, financieros y cuanta información de las personas tienen en su poder la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier otra dependencia. El resultado serán verdaderas fichas de control de las personas.
Sin el consentimiento de los nuevos ciudadanos, su información será concentrada y estará a disposición gubernamental.
A diferencia de países donde antes de elaborar estas bases de datos y emitir una cédula de identidad se regula el manejo gubernamental de esa información, en México el gobierno de Calderón se adelantó, ventajosamente, a la Ley de Protección de Datos Personales, que como tantas otras están congeladas en el Senado.
Tal es su prisa que ya tiene resueltas las licitaciones para la adquisición de la tecnología y para la elaboración de las bases de datos. Una de las empresas seleccionadas, por cierto, Smartmatic, de origen holandés, fue investigada por el FBI por presunta evasión fiscal.
El debate sobre lo que iba a ocurrir con la credencial de elector ocultó esos otros propósitos del gobierno calderonista.
Al cancelar la emisión de la cédula, la credencial para votar que emite el Registro Federal de Electores (RFE) se mantendrá como el documento de identificación oficial. Pero, de nueva cuenta, la Secretaría de Gobernación sacó ventaja, pues el Instituto Federal Electoral incluirá en las nuevas credenciales de elector la Clave Única de Registro de Población (CURP) información biométrica de los electores.
Ya en el exceso y el autoritarismo, el gobierno de Calderón llegó a pretender el padrón electoral del RFE. No lo logró, pero para este año ya dispone de mil millones de pesos para empezar a elaborar las bases de datos de futuros ciudadanos.
Alineado en la lógica estadunidense de seguridad, Calderón quiere dejar las bases de un estado policial donde todos y cada uno de los ciudadanos puedan ser controlados a partir de su información personal.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 15 de enero (apro).- Entre sus afanes policiales y los compromisos con Estados Unidos, el gobierno de Felipe Calderón no cesa en su propósito de control ciudadano.
El anuncio hecho el pasado jueves 14 por la Secretaría de Gobernación de suspender la Cédula de Identidad Ciudadana es sólo una manera de sortear las críticas a la emisión del documento.
En realidad, Calderón avanza en lo que verdaderamente le interesa: crear una base de datos con información personal de los futuros ciudadanos mexicanos.
El subsecretario de Población, Alejandro Poiré, anunció que el gobierno mexicano creará una base de datos con los menores de edad y los extranjeros.
Esa base contendrá la información biométrica de los nuevos ciudadanos: huellas dactilares y oculares; además de la historia familiar de los individuos.
Con el argumento de que la Ley General de Población previó desde hace dos décadas la creación de un registro nacional ciudadano, y uno de menores de edad y extranjeros, la Secretaría de Gobernación pretende ir más allá de esa información.
Entre las intenciones de Calderón está la de integrar a esos datos antecedentes económicos, financieros y cuanta información de las personas tienen en su poder la Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o cualquier otra dependencia. El resultado serán verdaderas fichas de control de las personas.
Sin el consentimiento de los nuevos ciudadanos, su información será concentrada y estará a disposición gubernamental.
A diferencia de países donde antes de elaborar estas bases de datos y emitir una cédula de identidad se regula el manejo gubernamental de esa información, en México el gobierno de Calderón se adelantó, ventajosamente, a la Ley de Protección de Datos Personales, que como tantas otras están congeladas en el Senado.
Tal es su prisa que ya tiene resueltas las licitaciones para la adquisición de la tecnología y para la elaboración de las bases de datos. Una de las empresas seleccionadas, por cierto, Smartmatic, de origen holandés, fue investigada por el FBI por presunta evasión fiscal.
El debate sobre lo que iba a ocurrir con la credencial de elector ocultó esos otros propósitos del gobierno calderonista.
Al cancelar la emisión de la cédula, la credencial para votar que emite el Registro Federal de Electores (RFE) se mantendrá como el documento de identificación oficial. Pero, de nueva cuenta, la Secretaría de Gobernación sacó ventaja, pues el Instituto Federal Electoral incluirá en las nuevas credenciales de elector la Clave Única de Registro de Población (CURP) información biométrica de los electores.
Ya en el exceso y el autoritarismo, el gobierno de Calderón llegó a pretender el padrón electoral del RFE. No lo logró, pero para este año ya dispone de mil millones de pesos para empezar a elaborar las bases de datos de futuros ciudadanos.
Alineado en la lógica estadunidense de seguridad, Calderón quiere dejar las bases de un estado policial donde todos y cada uno de los ciudadanos puedan ser controlados a partir de su información personal.
¿Mediación? No, gracias
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 17 de enero.- El gobierno federal es reacio a la mediación como un instrumento para la solución de conflictos. Enfrenta una guerra con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que le ha costado serias pérdidas materiales y económicas, y cuando se le abre la posibilidad de dialogar con un grupo insurgente al que no consigue vencer porque ni siquiera puede situarlo, rehúsa en los hechos la mediación respectiva, para no tener que pagar el costo de admitir que fuerzas suyas hicieron desaparecer a dos miembros de esa agrupación guerrillera.
Debido a ese talante autoritario, para cuya configuración contienden dentro del gobierno federal dos líneas duras, una más que la otra, se ha permitido rechazar desdeñosamente otra tentativa de mediación, la que intentaron cinco personas de alto relieve en la vida pública, que aceptaron una invitación del Sindicato Mexicano de Electricistas para mediar en su conflicto con las autoridades que, tras debilitar al gremio electricista, decretaron de modo unilateral e inconsulto la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
El 30 de noviembre pasado, dirigentes del SME solicitaron al rector y director general de las dos mayores, más antiguas y más productivas instituciones de enseñanza superior pública y a los líderes de las fracciones senatoriales con mayor representación en su cámara, que integraran un grupo de mediación entre los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro y el gobierno federal.
El rector de la Universidad Nacional, José Narro Robles; el director del Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera, y los coordinadores de los grupos del PAN, Gustavo E. Madero; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, se reunieron el 7 de diciembre “con el objetivo de analizar la propuesta formulada públicamente por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas”, y resolvieron que era necesario “reunirse con los involucrados para conocer sus planteamientos antes de tomar una determinación”.
El 10 de diciembre escucharon de los líderes del SME, y al día siguiente del secretario de Gobernación, “sus planteamientos, propuestas de solución y posibilidad (o disposición) de participar en una mesa de diálogo y negociación sobre el tema”. El grupo entró en receso en las semanas siguientes (lapso en que Villa Rivera concluyó su función al frente del IPN, no obstante lo cual continuó en esta tarea, a que había llamado a título individual). El 8 de enero el grupo emitió una declaración en la que, tras referir los antecedentes (narración de que provienen las palabras entrecomilladas de los párrafos anteriores), condicionaron su participación:
“Desafortunadamente –dijeron los miembros del quinteto– se han empezado a producir reacciones de violencia con las que nadie puede coincidir y se han expresado diversas declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno federal y de dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas en las que se evidencia el estancamiento del diálogo.”
Por ello, sólo continuarían en la encomienda “si se aceptan públicamente por las dos partes y a más tardar el martes 12 a las 18 horas” siete criterios: “que las partes reconozcan expresamente su voluntad de respetar las resoluciones firmes (…) del Poder Judicial de la Federación”; “que en la defensa de sus posturas y sus derechos los trabajadores se conduzcan en todo momento en los cauces de la legalidad, la institucionalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía, evitando actos de violencia y que pongan en peligro el servicio de energía”; “que el gobierno federal esté dispuesto a buscar alternativas de apoyo a los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a las prestaciones que conforme a derecho se lleguen derivar de las resoluciones firmes del Poder Judicial de la Federación (…) a fin de atender las necesidades básicas de los trabajadores no indemnizados hasta el momento”; “que en todo momento se respeten los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro”; “que el gobierno federal considere cubrir conforme a la ley a todos los trabajadores sindicalizados (…) la parte proporcional del aguinaldo (…), el fondo de ahorro retenido y los salarios de semanas devengadas”; “que el gobierno federal ponga en práctica los procedimientos necesarios para que los trabajadores sindicalizados recuperen sus pertenencias resguardadas en los centros de trabajo”; y “que la representación sindical acepte llevar a la consideración de los trabajadores (…) las propuestas que oficialmente presente en la mesa de diálogo y negociación el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación”.
De inmediato, al día siguiente, una asamblea del SME aceptó los criterios fijados por el grupo de ciudadanos interesados en que el conflicto sea resuelto. Pero el gobierno federal tuvo una reacción adversa. Algo en el documento citado irritó a los funcionarios; o se suscitó un litigio dentro del gabinete respecto de la intervención de Fernando Gómez Mont en vez de que el asunto lo condujera el secretario del Trabajo. El hecho es que el martes 12 el gobierno arrojó fuera de la situación a los presuntos mediadores, del modo más descortés posible. El subsecretario Gerónimo Gutiérrez convocó a los líderes del SME a una cita el viernes 15, en Gobernación, para “reanudar de manera directa el diálogo iniciado el 11 de octubre del año pasado.
Ni Gómez Mont ni Gutiérrez tuvieron la deferencia de agradecer en ese momento al quinteto interesado en la solución del conflicto sus buenos oficios. Por ello los cinco acusaron recibo del desdén. En un comunicado en que dieron “por concluida nuestra labor en este asunto”, simplemente relataron que “el día de ayer nos enteramos, inicialmente por los medios de comunicación, de la invitación del gobierno federal para instalar una mesa con la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas con el propósito de establecer un diálogo directo con la misma”.
También informaron que en la entrevista con Gómez Mont el 11 de diciembre “se exploraron inicialmente algunas de las propuestas que posteriormente se incluyeron en el documento enviado a las partes por los suscritos y se planteó que contribuyéramos a la construcción de soluciones al conflicto”. Sin embargo, concluyeron, “para que proceda una labor de mediación, debe existir la aceptación plena de las partes involucradas, condición que en sentido estricto no se considera en la comunicación oficial que fija la postura del gobierno federal en la que se agradece la participación del Grupo”.
¿Mediadores? No, gracias. Esa parece ser la consigna de las autoridades federales. Estiman de seguro que sus personeros se bastan solos para aproximarse a sus metas, que no incluyen la solución de conflictos, sino el exterminio del enemigo.
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 17 de enero.- El gobierno federal es reacio a la mediación como un instrumento para la solución de conflictos. Enfrenta una guerra con el Ejército Popular Revolucionario (EPR), que le ha costado serias pérdidas materiales y económicas, y cuando se le abre la posibilidad de dialogar con un grupo insurgente al que no consigue vencer porque ni siquiera puede situarlo, rehúsa en los hechos la mediación respectiva, para no tener que pagar el costo de admitir que fuerzas suyas hicieron desaparecer a dos miembros de esa agrupación guerrillera.
Debido a ese talante autoritario, para cuya configuración contienden dentro del gobierno federal dos líneas duras, una más que la otra, se ha permitido rechazar desdeñosamente otra tentativa de mediación, la que intentaron cinco personas de alto relieve en la vida pública, que aceptaron una invitación del Sindicato Mexicano de Electricistas para mediar en su conflicto con las autoridades que, tras debilitar al gremio electricista, decretaron de modo unilateral e inconsulto la extinción de Luz y Fuerza del Centro.
El 30 de noviembre pasado, dirigentes del SME solicitaron al rector y director general de las dos mayores, más antiguas y más productivas instituciones de enseñanza superior pública y a los líderes de las fracciones senatoriales con mayor representación en su cámara, que integraran un grupo de mediación entre los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro y el gobierno federal.
El rector de la Universidad Nacional, José Narro Robles; el director del Instituto Politécnico Nacional, José Enrique Villa Rivera, y los coordinadores de los grupos del PAN, Gustavo E. Madero; del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y del PRD, Carlos Navarrete, se reunieron el 7 de diciembre “con el objetivo de analizar la propuesta formulada públicamente por la dirigencia del Sindicato Mexicano de Electricistas”, y resolvieron que era necesario “reunirse con los involucrados para conocer sus planteamientos antes de tomar una determinación”.
El 10 de diciembre escucharon de los líderes del SME, y al día siguiente del secretario de Gobernación, “sus planteamientos, propuestas de solución y posibilidad (o disposición) de participar en una mesa de diálogo y negociación sobre el tema”. El grupo entró en receso en las semanas siguientes (lapso en que Villa Rivera concluyó su función al frente del IPN, no obstante lo cual continuó en esta tarea, a que había llamado a título individual). El 8 de enero el grupo emitió una declaración en la que, tras referir los antecedentes (narración de que provienen las palabras entrecomilladas de los párrafos anteriores), condicionaron su participación:
“Desafortunadamente –dijeron los miembros del quinteto– se han empezado a producir reacciones de violencia con las que nadie puede coincidir y se han expresado diversas declaraciones públicas de altos funcionarios del gobierno federal y de dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas en las que se evidencia el estancamiento del diálogo.”
Por ello, sólo continuarían en la encomienda “si se aceptan públicamente por las dos partes y a más tardar el martes 12 a las 18 horas” siete criterios: “que las partes reconozcan expresamente su voluntad de respetar las resoluciones firmes (…) del Poder Judicial de la Federación”; “que en la defensa de sus posturas y sus derechos los trabajadores se conduzcan en todo momento en los cauces de la legalidad, la institucionalidad y el respeto a los derechos de la ciudadanía, evitando actos de violencia y que pongan en peligro el servicio de energía”; “que el gobierno federal esté dispuesto a buscar alternativas de apoyo a los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro, con cargo a las prestaciones que conforme a derecho se lleguen derivar de las resoluciones firmes del Poder Judicial de la Federación (…) a fin de atender las necesidades básicas de los trabajadores no indemnizados hasta el momento”; “que en todo momento se respeten los derechos laborales de los trabajadores sindicalizados de Luz y Fuerza del Centro”; “que el gobierno federal considere cubrir conforme a la ley a todos los trabajadores sindicalizados (…) la parte proporcional del aguinaldo (…), el fondo de ahorro retenido y los salarios de semanas devengadas”; “que el gobierno federal ponga en práctica los procedimientos necesarios para que los trabajadores sindicalizados recuperen sus pertenencias resguardadas en los centros de trabajo”; y “que la representación sindical acepte llevar a la consideración de los trabajadores (…) las propuestas que oficialmente presente en la mesa de diálogo y negociación el gobierno federal por medio de la Secretaría de Gobernación”.
De inmediato, al día siguiente, una asamblea del SME aceptó los criterios fijados por el grupo de ciudadanos interesados en que el conflicto sea resuelto. Pero el gobierno federal tuvo una reacción adversa. Algo en el documento citado irritó a los funcionarios; o se suscitó un litigio dentro del gabinete respecto de la intervención de Fernando Gómez Mont en vez de que el asunto lo condujera el secretario del Trabajo. El hecho es que el martes 12 el gobierno arrojó fuera de la situación a los presuntos mediadores, del modo más descortés posible. El subsecretario Gerónimo Gutiérrez convocó a los líderes del SME a una cita el viernes 15, en Gobernación, para “reanudar de manera directa el diálogo iniciado el 11 de octubre del año pasado.
Ni Gómez Mont ni Gutiérrez tuvieron la deferencia de agradecer en ese momento al quinteto interesado en la solución del conflicto sus buenos oficios. Por ello los cinco acusaron recibo del desdén. En un comunicado en que dieron “por concluida nuestra labor en este asunto”, simplemente relataron que “el día de ayer nos enteramos, inicialmente por los medios de comunicación, de la invitación del gobierno federal para instalar una mesa con la representación del Sindicato Mexicano de Electricistas con el propósito de establecer un diálogo directo con la misma”.
También informaron que en la entrevista con Gómez Mont el 11 de diciembre “se exploraron inicialmente algunas de las propuestas que posteriormente se incluyeron en el documento enviado a las partes por los suscritos y se planteó que contribuyéramos a la construcción de soluciones al conflicto”. Sin embargo, concluyeron, “para que proceda una labor de mediación, debe existir la aceptación plena de las partes involucradas, condición que en sentido estricto no se considera en la comunicación oficial que fija la postura del gobierno federal en la que se agradece la participación del Grupo”.
¿Mediadores? No, gracias. Esa parece ser la consigna de las autoridades federales. Estiman de seguro que sus personeros se bastan solos para aproximarse a sus metas, que no incluyen la solución de conflictos, sino el exterminio del enemigo.
El negocio de la salud
BERNARDO BÁTIZ V.
De acuerdo con nuestra Constitución, uno de los derechos fundamentales de la persona es la salud. Este derecho choca frontalmente, como es también el caso de la educación, con el avance de la organización de la colectividad en un sistema capitalista, en el que, según pretenden sus más convencidos defensores, sólo tienen acceso a estos servicios, quienes pueden pagarlos.
Salud y educación, en un sistema de libre mercado sin cortapisas, únicamente están al alcance de quienes disponen de recursos y la calidad de los servicios, será proporcional al patrimonio. Las disposiciones contenidas en los artículos tercero y cuarto de nuestra Carta Magna, así, no tendrán vigencia real.
Solamente para recordar, el artículo tercero se inicia con un párrafo indiscutible: todo individuo tiene derecho a recibir educación; el artículo cuarto ordena: toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Estos principios son letra muerta, si en la práctica la ganancia, las ventas, el mercado son los mecanismos de distribución de los servicios de salud. Serán inútiles las declaraciones solemnes en leyes fundamentales y en tratados internacionales si no funcionan en la práctica sistemas de redistribución de la riqueza y de seguridad para todos.
En este contexto, la denuncia de un experto en el tema, Wolfgang Wodarg, nada menos que presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, es grave: acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de haber exagerado la gravedad de la pandemia de la gripe A/H1N1 en beneficio de las grandes empresas fabricantes y vendedoras de medicinas, ansiosas siempre de incrementar sus pedidos y sus contratos.
La OMS se defiende aduciendo que no fueron exagerados los datos divulgados y que la información que proporcionó tiene bases científicas; sin duda la alarma mundial fue cubierta con una capa de veracidad, provino de un organismo dependiente de la ONU y no hubiera preocupado sin visos reales o exagerados de investigación científica. Solamente a posteriori podrá verificarse si la acusación de Wodarg nos está o no advirtiendo de una realidad no imposible.
La duda es razonable. Cuando se extendía en México, mayo de 2009, el miedo a la pandemia y era usado por el sistema como experimento de control social, Julio Hernández López, en Astillero, la valiente e imprescindible columna de La Jornada, dio a conocer la opinión de Marc Siegel, profesor de medicina de la Universidad de Nueva York, quien puso en duda el fundamento de la alarma, al decir: esta gripe durará lo que duren los informativos y que este año es benigna en todas partes, menos en los medios.
La duda es razonable; si la salud para muchos no es más que un negocio como otro cualquiera, idea que lamentablemente se abre paso en el sistema liberal que se ha ido imponiendo en México, tenemos derecho a discutir el asunto y plantearlo públicamente. Recordemos el intento privatizador de los últimos gobiernos panistas y priístas; suprimieron la Escuela de Salud Pública, que se ocupaba del saneamiento ambiental, de prevenir epidemias y de formar profesionales y técnicos de la salud en materia de prevención y la sustituyeron por un instituto de investigaciones, alejado de la realidad y ocupado únicamente de congresos, simposios y actos protocolarios, que dan lucimiento pero poco beneficio le producen a la gente. Si tratan de privatizar los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sustituirlos por negocios privados, por qué no hemos de poner en tela de juicio la veracidad de la alarma.
He tenido oportunidad de conocer a médicos que tienen respeto por su profesión y sus pacientes y he estado cerca de instituciones de salud que cumplen cabalmente con su cometido; el servicio de la medicina para muchos sigue siendo un apostolado y una oportunidad de servir.
Lamentablemente, para otros es la ocasión de tener éxito, que en el mundo capitalista se mide través de la fortuna; todos hemos oído de doctores que asustan al paciente y a su familia para operar de urgencia, porque les urge completar lo que necesitan para su viaje anual al extranjero o porque hay que pagar la membresía del club de golf; todos sabemos que hay organizaciones de salud que para sus propietarios son sólo un negocio más, en una cadena de inversiones.
Un tema prioritario para ser resuelto, con o sin reforma del Estado, es el de la democratización de los servicios de salud y la regulación con sentido social de los grandes negocios alrededor de la medicina, que de apostolado se ha degradado a charlatanería productiva.
BERNARDO BÁTIZ V.
De acuerdo con nuestra Constitución, uno de los derechos fundamentales de la persona es la salud. Este derecho choca frontalmente, como es también el caso de la educación, con el avance de la organización de la colectividad en un sistema capitalista, en el que, según pretenden sus más convencidos defensores, sólo tienen acceso a estos servicios, quienes pueden pagarlos.
Salud y educación, en un sistema de libre mercado sin cortapisas, únicamente están al alcance de quienes disponen de recursos y la calidad de los servicios, será proporcional al patrimonio. Las disposiciones contenidas en los artículos tercero y cuarto de nuestra Carta Magna, así, no tendrán vigencia real.
Solamente para recordar, el artículo tercero se inicia con un párrafo indiscutible: todo individuo tiene derecho a recibir educación; el artículo cuarto ordena: toda persona tiene derecho a la protección de la salud.
Estos principios son letra muerta, si en la práctica la ganancia, las ventas, el mercado son los mecanismos de distribución de los servicios de salud. Serán inútiles las declaraciones solemnes en leyes fundamentales y en tratados internacionales si no funcionan en la práctica sistemas de redistribución de la riqueza y de seguridad para todos.
En este contexto, la denuncia de un experto en el tema, Wolfgang Wodarg, nada menos que presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, es grave: acusó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) de haber exagerado la gravedad de la pandemia de la gripe A/H1N1 en beneficio de las grandes empresas fabricantes y vendedoras de medicinas, ansiosas siempre de incrementar sus pedidos y sus contratos.
La OMS se defiende aduciendo que no fueron exagerados los datos divulgados y que la información que proporcionó tiene bases científicas; sin duda la alarma mundial fue cubierta con una capa de veracidad, provino de un organismo dependiente de la ONU y no hubiera preocupado sin visos reales o exagerados de investigación científica. Solamente a posteriori podrá verificarse si la acusación de Wodarg nos está o no advirtiendo de una realidad no imposible.
La duda es razonable. Cuando se extendía en México, mayo de 2009, el miedo a la pandemia y era usado por el sistema como experimento de control social, Julio Hernández López, en Astillero, la valiente e imprescindible columna de La Jornada, dio a conocer la opinión de Marc Siegel, profesor de medicina de la Universidad de Nueva York, quien puso en duda el fundamento de la alarma, al decir: esta gripe durará lo que duren los informativos y que este año es benigna en todas partes, menos en los medios.
La duda es razonable; si la salud para muchos no es más que un negocio como otro cualquiera, idea que lamentablemente se abre paso en el sistema liberal que se ha ido imponiendo en México, tenemos derecho a discutir el asunto y plantearlo públicamente. Recordemos el intento privatizador de los últimos gobiernos panistas y priístas; suprimieron la Escuela de Salud Pública, que se ocupaba del saneamiento ambiental, de prevenir epidemias y de formar profesionales y técnicos de la salud en materia de prevención y la sustituyeron por un instituto de investigaciones, alejado de la realidad y ocupado únicamente de congresos, simposios y actos protocolarios, que dan lucimiento pero poco beneficio le producen a la gente. Si tratan de privatizar los servicios de salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y sustituirlos por negocios privados, por qué no hemos de poner en tela de juicio la veracidad de la alarma.
He tenido oportunidad de conocer a médicos que tienen respeto por su profesión y sus pacientes y he estado cerca de instituciones de salud que cumplen cabalmente con su cometido; el servicio de la medicina para muchos sigue siendo un apostolado y una oportunidad de servir.
Lamentablemente, para otros es la ocasión de tener éxito, que en el mundo capitalista se mide través de la fortuna; todos hemos oído de doctores que asustan al paciente y a su familia para operar de urgencia, porque les urge completar lo que necesitan para su viaje anual al extranjero o porque hay que pagar la membresía del club de golf; todos sabemos que hay organizaciones de salud que para sus propietarios son sólo un negocio más, en una cadena de inversiones.
Un tema prioritario para ser resuelto, con o sin reforma del Estado, es el de la democratización de los servicios de salud y la regulación con sentido social de los grandes negocios alrededor de la medicina, que de apostolado se ha degradado a charlatanería productiva.
