EN EL PARAISO DE LA IMPUNIDAD

AI exige a Calderón proteger la vida de activistas
La Redacción. Proceso.
MÉXICO, D.F., 21 de enero (apro).- Amnistía Internacional evidenció hoy la vulnerabilidad en que se encuentran los defensores de derechos humanos en México.
Durante la presentación del informe Exigiendo justicia y dignidad: Defensores y defensoras de los derechos humanos en México, la investigadora Nancy Tapias Torrado acusó a las autoridades mexicanas de “incumplir con su obligación” de proteger a los defensores de los derechos humanos frente a los homicidios, al hostigamiento y las agresiones que amenazan sus vidas.
Lo peor, añadió, es que los responsables de esos abusos son en ocasiones autoridades locales, estatales o federales. “Las autoridades son en ocasiones quienes presentan cargos falsos contra defensores de los derechos humanos y los procesan indebidamente, simplemente para castigarlos por su defensa de los derechos humanos", puntualizó.
Tapias Torrado añadió que en otros casos los presuntos abusos contra quienes se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos son perpetrados por personas no identificadas. “En estos casos, dijo, las autoridades estatales y federales suelen ser lentas tanto en la respuesta como en la investigación, lo que agrava aún más los abusos".
Luego de detallar que el informe da cuenta de más de 15 casos de defensores que han sido víctimas de homicidio, agresiones, hostigamiento y amenazas o han sido encarcelados por cargos falsos de 2007 a 2009, la investigadora de AI apuntó que “defender los derechos humanos en México puede costar la vida, y el gobierno no está haciendo lo suficiente para resolver el problema”.
El informe refiere varios casos, entre ellos el de Obtilia Eugenio Manuel, fundadora y presidenta de la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) en Guerrero, quien ha recibido numerosas amenazas de muerte y actos de intimidación desde 1998, tanto que en los últimos años el miedo la obligó a huir, junto con su familia, de su comunidad.
Ninguna de las amenazas ni de los actos de intimidación en su contra, han sido investigados hasta ahora.
.Otro ejemplo que rescata AI es el de Ricardo Murillo Monge, portavoz y miembro fundador de Frente Cívico Sinaloense (FCS), quien fue encontrado muerto en su automóvil en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el 6 de septiembre de 2007. Sólo dos años después, el 31 de agosto de 2009, Salomón Monárrez, otro portavoz del FCS, sobrevivió por poco a un intento de asesinato.
Un caso más: El 20 de febrero de 2009, los defensores indígenas de derechos humanos Raúl Lucas Lucía y Manuel Ponce Rosas fueron encontrados muertos en Tecoanapa, Guerrero.
Los defensores ocupaban el cargo de presidente y secretario de la Organización para el Futuro de los Pueblos Mixtecos, y fueron secuestrados por policías vestidos de civil el 13 de febrero en un evento público en Ayutla de los Libres.
Aún no hay responsables detenidos por estos hechos.
Amnistía consignó en su informe la situación de peligro que enfrentan otros activistas: el padre Alejandro Solalinde, quien se dedica a la defensa de los derechos humanos de los migrantes en Ixtepec; Cipriana Jurado, quien lucha contra los abusos del Ejército en Ciudad Juárez, y la periodista Lydia Cacho.
"Aunque los métodos varían, el fin es siempre el mismo: provocar temor e impedir a los defensores y las defensoras de los derechos humanos que lleven a cabo sus acciones y su trabajo legítimos", apunta.
Según AI, "el Estado tiene la obligación de actuar contra las personas que dificulten o amenacen el trabajo de quienes defienden los derechos humanos, independientemente de que el Estado haya ordenado dichos abusos, haya actuado en conveniencia o haya mostrado su aquiescencia respecto a ellos".
El organismo recomienda al gobierno mexicano a dar prioridad a la protección de los defensoras, especialmente los más expuestos al peligro, es decir, quienes trabajan sobre los derechos humanos de los pueblos indígenas o sobre los derechos económicos, sociales y culturales.
Asimismo, pide garantizar investigaciones inmediatas, exhaustivas e imparciales sobre las denuncias de abusos contra éstos y reconocer explícitamente la legitimidad de su trabajo.
Sugiere al Estado mexicano garantizar que el sistema de justicia penal no se utilice para atacar o acosar a quienes defienden los derechos humanos; aumentar la tolerancia de las acciones y protestas públicas como vía legítima para promover los derechos humanos y dejar de presentar acusaciones penal s contra quienes participan en ellas.
Finalmente, recomienda adoptar medidas para otorgar remedio a los defensores y defensoras que han sufrido algún ataque o corren peligro de sufrirlo; garantizar un entorno en el que sea posible defender los derechos humanos sin temor a represalias o intimidación y revisar y reforzar el papel que las comisiones de derechos humanos pueden desempeñar en la protección de los defensores.

La recuperación es leve, frágil y dispar, apunta el informe anual de la ONU
Lo peor ha pasado pero mientras siga el desempleo es difícil decir que ya terminó la recesión
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
Periódico La Jornada
La crisis económica se ha apaciguado, pero no ha terminado, aseguró este jueves Robert Vos, autor del informe anual de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación económica mundial. La recuperación es leve, aún frágil y dispar, y está encabezada por los países emergentes de Asia, expuso.
En la presentación del informe Situación y perspectivas de la economía mundial 2010, Robert Vos, director del departamento de asuntos económicos y sociales de la ONU, consideró que la mejora en algunos indicadores de las economías avanzadas obedece principalmente a los estímulos fiscales y monetarios que pusieron en práctica los gobiernos a partir del estallido de la crisis financiera en el otoño de 2008. Por ello, abundó, un retiro prematuro de esos estímulos aumenta el riesgo de que ocurra el riesgo de una doble recesión.
La economía latinoamericana fue, en términos regionales, la más afectada por la crisis del año pasado, según confirmó el informe, que es elaborado de manera conjunta por la ONU, la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) y las cinco comisiones regionales de Naciones Unidas, entre ellas la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Sin embargo, la Cepal no pudo detallar el impacto de la crisis en la pobreza en México. Hugo Beteta, director de la sede subregional de la Cepal en México, dijo que la crisis de 2009 aumentó la pobreza en América Latina en 9 millones de personas, mientras el número de indigentes creció en 5 millones. Aseguró que el organismo no tiene datos puntuales sobre México y sólo indicó que el año pasado creció en 800 mil el universo de personas que viven en pobreza extrema en México y Centroamérica.
Hay un prudente optimismo sobre la recuperación económica en América Latina, comentó Beteta. La recuperación se está dando en un contexto de creciente subempleo y desempleo y retroceso en los indicadores de pobreza en la región, añadió.
Añadió que después de una crisis como la que atraviesa la región, retomar la ruta de abatimiento de la pobreza y lograr mejoras en este indicador es más difícil que regresar al crecimiento económico.
Una vez que en 2009 se superó la fase más aguda de la crisis económica, el tema relevante es ahora atacar el creciente subempleo, que tiene consecuencias negativas tanto para el ingreso de las familias como para la productividad de la economía.
En México, 28 de cada 100 personas en edad de trabajar está subempleada, es decir, sin acceso a la seguridad social, según estimó Jorge Máttar, director adjunto de la Cepal en México.
Vos sostuvo que lo peor de la crisis ha pasado, pero mientras siga el desempleo es difícil decir que ya se salió de la recesión.
El informe atribuye el declive de la economía de la región principalmente a la disminución de la demanda externa, a la baja de los precios de algunas materias primas y a la contracción del consumo e inversión privados. Asegura que la fuerte caída en las remesas que envían los trabajadores migratorios a México, Centroamérica y el Caribe agravó la disminución en la demanda del consumo.

Exigencias y omisiones ante García Luna
Jesusa Cervantes. Proceso.
MÉXICO, DF, 21 de enero (apro).- En su segunda comparecencia ante la LXI Legislatura, el secretario de Seguridad Pública (SSP) federal, Genaro García Luna, debió escuchar la exigencia de senadores y diputados para que se rectifique la “guerra” contra el crimen organizado.
Sin embargo, a poco menos de un mes de la muerte del narcotraficante Arturo Beltrán Leyva, los legisladores no cuestionaron sobre el tema al titular de la SSP, y tampoco le exigieron cuentas sobre la fuga de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera, quien ayer cumplió nueve años de haberse fugado del penal jalisciense de Puente Grande, una de las cárceles de máxima seguridad a cargo del gobierno federal.
Después de seis horas de comparecencia, en lo que fue la última intervención, el PRI cuestionó al funcionario federal y, en forma dramática, presentó una fotografía que exhibía troncos humanos descabezados.
De esa forma el Revolucionario Institucional intentó decirle a García Luna que las cifras que ofreció al inicio de su comparecencia, entre ellas decomisos de armas o dinero incautado, no han servido de nada pues la violencia y la saña de los cárteles de la droga se siguen manifestando.
El encargado de cuestionar al secretario de Seguridad Pública fue el vicecoordinador del PRI, Carlos Ramírez Marín, quien presentó tres diapositivas. En la primera una frase: “La única variable no considerada ha sido:”. Y en la segunda: “La realidad”.
Antes de mostrar la tercera diapositiva, Ramírez Marín soltó al secretario:
“Es evidente que no van bien las cosas. ¿Para usted la estrategia sí esta funcionando, o bien…la gente debe sentirse menos aterrorizada?”
Y remachó: “Algo debe haber que no se está haciendo bien. Le quiero preguntar, ¿en qué parte de esta guerra estamos ganando? Si después de todas las leyes que les hemos dado, de triplicar los recursos para seguridad, de incrementar el número de policías, por qué hay más elementos del Ejercito en las calles haciendo operativos que no pueden realizar las policías, quién tiene el mando de los operativos, lo que dice la ley o quien es necesario? ¿Por qué el consumo de droga se ha incrementado en siete años?
Después de eso, el priista mostró una diapositiva con varios cuerpos mutilados, rodeados por civiles:
“Nosotros no éramos así. Esto no pasaba antes. ¡Esta realidad no nos puede decir que estamos bien!”, acusó.
Y denunció que “esta realidad que estamos viviendo no nos puede decir que somos un país que está fortalecido en espiritualidad, que su ideología es la mejor, y la responsabilidad ha sido de los tres niveles de gobierno”, sin embargo, “el que tiene los recursos, el que tiene la fuerza y el que está al mando de la autoridad competente, es usted”.
En seguida aclaró que su partido, el PRI, o algún otro, “estamos para batir palmas cuando vivimos esta realidad tan cruda”.
El señalamiento fue en referencia a la intervención del panista Roberto Gil, quien en su intervención sostuvo que “México tiene buenas noticias. ¡Las cifras que nos ofrecen son buenas noticias para México!”.
García Luna, quien se mostró más receptivo luego de la exhibición de la fotografía con los cuerpos destazados, pareció responder, por vez primera, más natural.
Al “nosotros no éramos así” de Ramírez Marín, le dijo que esto no es nuevo, es una práctica del narco que ha venido utilizando desde 1989, era una práctica de “El Güero” Palma.
Lo nuevo, insistió, es que ahora la difusión de imágenes forma parte de la estrategia del crimen organizado para intimidar a dos núcleos: a otros narcotraficantes y a la propia sociedad para que se repliegue, para alcanzar impunidad.
García Luna ofreció entonces su análisis.
Sostuvo que en 2005, cuando en la guerra de Oriente se hicieron públicas las ejecuciones, éstas generaron un fuerte impacto en la sociedad, por lo que los narcotraficantes decidieron emular esa práctica; “adoptaron el mismo esquema para generar un impacto social”.
Es decir, el nivel de violencia entre los narcotraficantes ha existido, por lo menos desde 1989, pero ahora forma parte de una estrategia de los grupos criminales. “Obedece a una lógica, de intimidación entre ellos, para generar miedo entre la sociedad y para buscar un repliegue de las autoridades”, asumió.
Reveló que luego de la muerte de Beltrán Leyva, aparecieron “200 mantas en contra de esa acción”, con lo que se buscaba intimidar a la autoridad de la siguiente forma: “Asumimos nuestra responsabilidad, sin embargo, no se vale que ustedes rompan el código de no meterse con las familias”.
El uso de las fotografías con cuerpos destazados, remachó, es una estrategia del narcotráfico y las mantas también.
Luego detalló que la forma de operar de las bandas criminales es involucrando a su entorno:
“Hoy, el dinero, la logística, la protección institucional, se la da su entorno; es decir, el dinero de sus ganancias no lo pone a su nombre, sino a la de su hermana, su novia, su esposa, su amante. Y si queremos combatirlos, parte de la solución esta ahí, en su entorno, y ahí se está combatiendo”, se ufanó.
Las respuestas de Genaro García Luna sorprendieron a los legisladores, quienes por vez primera parecieron poner más atención al discurso del funcionario federal.
A pesar de las respuestas inesperadas, Ramírez Marín no se dio por satisfecho, pues el titular de la SSP nunca argumentó “¿en qué parte de la guerra se está ganando?”.
En cambio, le generó escozor la revelación de que esta es la nueva estrategia de los grupos criminales: mostrar ante los medios qué tan sanguinarios son y pueden ser.
“El problema de todo esto es que esta táctica (que usan los narcos) tenga un motivo. Me aterra que diga que después de la muerte de Beltrán Leyva aparecieron 200 mantas”, dijo el priista.
Y luego de sus reclamos cerró su intervención, con una aclaración: para lograr el respaldo de la sociedad se debe recuperar la confianza de ésta, “y esa es su tarea”.
Otro de los partidos que cuestionó a García Luna fue el PT, aunque éste nunca le exigió cuentas de por qué la mayoría de los detenidos vinculados con el narcotráfico forman parte de los grandes cárteles y, en una proporción mínima, del que encabeza “El Chapo” Guzmán.
El senador petista Ricardo Monreal Ávila centró su reclamo en el lavado de dinero, en la falta de verificación de las miles de operaciones “extrañas” que ocurren en el sistema bancario y de las cuales, aseguró, tiene conocimiento Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y el Sistema de Administración Tributaria.
Afirmó que para atacar al narcotráfico hay que minar sus ganancias: el lavado de dinero.
Consideró que “el país esté asolado por la mala política económica, asolado por el crimen organizado --que parece estar protegido por la autoridad--, y los ciudadanos están pagando más impuestos de manera formal a Hacienda, y ahora también a las bandas de delincuentes. ¡Qué cinismo, qué desvergüenza! Esto no es personal, no es contra usted señor secretario, sino contra un sistema que está podrido y del que usted forma parte”.
Otros partidos, como el PRD, se concentraron en reclamar la falta de capacitación de los policías y los bajos salarios con los que se les retribuye, como fue el caso de la diputada Teresa Incháustegui.
O centraron su intervención en reclamar los hechos relacionados con el ‘Michoacanazo’.
El senador Jesús Garibay García pidió informes sobre lo que se conoció como el primer acto terrorista ocurrido en México en la época del panismo y que fue el ‘granadazo’ del 15 de septiembre de 2008, en la ciudad de Morelia.
En tanto el PAN, a través de Roberto Gil Zuart, se dedicó a elogiar las cifras de detenciones, acopio de armas y recursos decomisados al narcotráfico que ofreció García Luna al inicio de su comparecencia.
“Esto muestra que las instituciones son más fuertes que los delincuentes, que no hay ocasión para decir que hay un Estado fallido. El hecho de que (las autoridades) no guarden silencio (y vengan a comparecer), es muestra de que el narco no es más fuerte que nuestras instituciones”, dijo.
“Sólo con la fuerza del Estado se le puede combatir (al crimen organizado), y cómo actuar, pues con un agudo sentido de los costos, porque el costo contrario es empeñar el futuro de la sociedad”, sostuvo el panista, en lo que pareció una respuesta a los legisladores que reclamaron que en los últimos tres años, “en la guerra contra el narco” declarada por Felipe Calderón, suman ya 15 mil muertos.
“Estas son buenas noticias, México tiene buenas noticias”, enfatizó el panista Roberto Gil, quien se afanaba en convencer que sí se está ganando la guerra contra el narcotráfico y que nadie lo podía poner en duda, luego de conocer las cifras del secretario de Seguridad Pública federal.
Y como si tratara de poner en práctica las recomendaciones de un manual de auto-superación, en donde a base de repeticiones se puede modificar la realidad, el panista dijo una y otra vez que “México tiene buenas noticias. ¡Estas son buenas noticias para México!”.
En los escaños del Salón Verde, donde se realizó la comparecencia, la oposición se mofaba del optimismo desbordado de Gil Zuart. En contraste, los panistas exhibían su beneplácito.
A ellos sí los convenció su correligionario que todo en México marcha bien.