ADEMÁS DE CURRUPCIÓN Y OTRAS
24 feb 2010
Conapred: hay en México una cultura profundamente discriminatoria.
La mayoría de quejas, contra el gobierno federal, señala Bucio
ELIZABETH VELASCO C.
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de febrero de 2010, p. 43
Tras subrayar que en México existe una cultura profundamente discriminatoria, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, destacó que el mayor número de quejas se presenta contra el gobierno federal, por causas como origen étnico, edad, género, discapacidad, condición económica, salud, embarazo, pérdida de empleo, lengua, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, apariencia y otras causas de una gran lista.
Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, advirtió que en el gobierno federal sí tenemos diferencias de opinión, pero aclaró que las acciones de inconstitucionalidad que promueve la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son en sí mismas discriminatorias; lo que puede serlo es la legislación. La Corte hará la defensa correspondiente en términos del artículo primero de la Constitución.
De las diversas quejas y reclamaciones que recibe el Conapred, refirió que en 2009 se registraron 583, de las cuales, 55 por ciento fueron contra el gobierno federal y el resto contra particulares; en 2008, 65 por ciento contra el gobierno federal y las demás hacia particulares. En lo que va de este año se han presentado 79 quejas y reclamaciones.
Tenemos una cultura profundamente discriminatoria, por ello existe tanta variedad en el tipo de quejas, aun cuando persiste gran desconocimiento de la sociedad en general sobre el tipo de afectación que vive. Por ello, también se presentan muy pocos reclamos contra particulares.
Señaló que ese tipo de cultura se encuentra muy arraigada y prácticamente se considera normal la actitud de quien discrimina. En su opinión, es necesario elevar las sanciones a quienes incurren en dicha práctica.
En conferencia de prensa, donde presentó los objetivos generales de su gestión –2010 a 2012–, Bucio destacó que los jóvenes, indígenas, adultos mayores y discapacitados pertenecen a los sectores que resienten mayor discriminación en México.
Dijo que, por ejemplo, los jóvenes son discriminados de los servicios de salud, del ingreso a ciertos antros, mientras los discapacitados no pueden entrar con perros al sistema de transporte o a otros sitios, y se aísla a los sordomudos.
Señaló que las denuncias que recibe el Conapred provienen de todo el país, pero el organismo no tiene competencia en los gobiernos estatales y municipales. Aunado a ello –precisó–, 18 entidades no tienen una ley contra la discriminación.
Por ello, entre las acciones prioritarias que promoverá el Conapred sobresalen: posicionar la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad en la agenda pública, a escalas social, política, económica y jurídica; impulsar el proyecto de ley federal para prevenir y eliminar la discriminación; relacionar la discriminación con problemas sociales estructurales o coyunturales, como la exclusión, la desigualdad, la pobreza o la intolerancia, así como hacer visibles los perjuicios de la desigualdad y promover la generación de sanciones para quien discrimina, entre otros.
La mayoría de quejas, contra el gobierno federal, señala Bucio
ELIZABETH VELASCO C.
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de febrero de 2010, p. 43
Tras subrayar que en México existe una cultura profundamente discriminatoria, el presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), Ricardo Bucio, destacó que el mayor número de quejas se presenta contra el gobierno federal, por causas como origen étnico, edad, género, discapacidad, condición económica, salud, embarazo, pérdida de empleo, lengua, religión, opinión, preferencia sexual, estado civil, apariencia y otras causas de una gran lista.
Sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, advirtió que en el gobierno federal sí tenemos diferencias de opinión, pero aclaró que las acciones de inconstitucionalidad que promueve la Procuraduría General de la República (PGR) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación no son en sí mismas discriminatorias; lo que puede serlo es la legislación. La Corte hará la defensa correspondiente en términos del artículo primero de la Constitución.
De las diversas quejas y reclamaciones que recibe el Conapred, refirió que en 2009 se registraron 583, de las cuales, 55 por ciento fueron contra el gobierno federal y el resto contra particulares; en 2008, 65 por ciento contra el gobierno federal y las demás hacia particulares. En lo que va de este año se han presentado 79 quejas y reclamaciones.
Tenemos una cultura profundamente discriminatoria, por ello existe tanta variedad en el tipo de quejas, aun cuando persiste gran desconocimiento de la sociedad en general sobre el tipo de afectación que vive. Por ello, también se presentan muy pocos reclamos contra particulares.
Señaló que ese tipo de cultura se encuentra muy arraigada y prácticamente se considera normal la actitud de quien discrimina. En su opinión, es necesario elevar las sanciones a quienes incurren en dicha práctica.
En conferencia de prensa, donde presentó los objetivos generales de su gestión –2010 a 2012–, Bucio destacó que los jóvenes, indígenas, adultos mayores y discapacitados pertenecen a los sectores que resienten mayor discriminación en México.
Dijo que, por ejemplo, los jóvenes son discriminados de los servicios de salud, del ingreso a ciertos antros, mientras los discapacitados no pueden entrar con perros al sistema de transporte o a otros sitios, y se aísla a los sordomudos.
Señaló que las denuncias que recibe el Conapred provienen de todo el país, pero el organismo no tiene competencia en los gobiernos estatales y municipales. Aunado a ello –precisó–, 18 entidades no tienen una ley contra la discriminación.
Por ello, entre las acciones prioritarias que promoverá el Conapred sobresalen: posicionar la igualdad, la no discriminación y el respeto a la diversidad en la agenda pública, a escalas social, política, económica y jurídica; impulsar el proyecto de ley federal para prevenir y eliminar la discriminación; relacionar la discriminación con problemas sociales estructurales o coyunturales, como la exclusión, la desigualdad, la pobreza o la intolerancia, así como hacer visibles los perjuicios de la desigualdad y promover la generación de sanciones para quien discrimina, entre otros.
Concreta oposición alianza en Puebla; Moreno Valle, el candidato a gobernador
La redacción. Proceso.
MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).- El PAN y el PRD, junto con Convergencia y el Panal presentaron al senador con licencia Rafael Moreno Valle como su candidato a gobernador de Puebla.
En el anuncio oficial de esta nueva alianza estuvieron presentes los dirigentes nacionales del PAN, César Nava, del PRD, Jesús Ortega, de Convergencia, Luis Waton Aburto y del Panal, Jorge Kahwagi.
El evento se realizó en el Centro de Covenciones de la ciudad de Puebla. Los líderes partidistas analizan la posibilidad de postular tambien a Enrique Doger a la alcaldía de la capital poblana.
Las elecciones estatales se realizarán el próximo 4 de julio. Puebla es uno de los estados en los que el PRI ha sido el único partido gobernante.
La redacción. Proceso.
MÉXICO, D.F., 23 de febrero (apro).- El PAN y el PRD, junto con Convergencia y el Panal presentaron al senador con licencia Rafael Moreno Valle como su candidato a gobernador de Puebla.
En el anuncio oficial de esta nueva alianza estuvieron presentes los dirigentes nacionales del PAN, César Nava, del PRD, Jesús Ortega, de Convergencia, Luis Waton Aburto y del Panal, Jorge Kahwagi.
El evento se realizó en el Centro de Covenciones de la ciudad de Puebla. Los líderes partidistas analizan la posibilidad de postular tambien a Enrique Doger a la alcaldía de la capital poblana.
Las elecciones estatales se realizarán el próximo 4 de julio. Puebla es uno de los estados en los que el PRI ha sido el único partido gobernante.
El gobierno de Ernesto Zedillo filtró a empresarios información sobre la devaluación
Quiebra de bancos en 1995, por seguir directivas de EU: Salinas
La decisión de elevar las tasas resultó veneno; 5 millones de mexicanos abandonaron el país
Se vaciaron las arcas nacionales y hubo fuga de capitales que derivó en una década pérdida
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de febrero de 2010, p. 28
El ex presidente Carlos Salinas de Gortari responsabilizó al gobierno de su sucesor, Ernesto Zedillo Ponce de León, de haber proporcionado información confidencial a mediados de diciembre de 1994 a unos cuantos empresarios mexicanos sobre la inminente devaluación, lo que dio pie para que éstos fugaran sus capitales y vaciaran las reservas internacionales en unas cuantas horas. Esta salida de recursos generó lo que llamó una crisis de insolvencia financiera.
En una intervención ante ex banqueros y ex funcionarios de su gobierno, llamó a recuperar el control del sistema de pagos del país, ahora dominado por bancos extranjeros. Salinas de Gortari participó anoche como orador principal en el seminario Privatización bancaria, crisis y resultados del sector financiero: reflexiones pendientes, organizado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
Enfatizó que el sistema bancario debe estar en manos nacionales para que atienda las necesidades de los mexicanos y responda a las directrices de los mexicanos.
Ante empresarios como Roberto Hernández, presidente del consejo de administración de Banamex, con quien compartió mesa en la cena, Salinas de Gortari dijo que al ser los bancos mexicanos en su mayoría filiales de extranjeros, si tienen problemas tendrían que atender directrices dictadas por otras autoridades. Por eso es tan importante recuperar por parte de México el control del sistema de pagos.
Fue la primera ocasión en que, al menos en público, el ex presidente Salinas realizó una defensa de su gobierno y de las acciones que efectuó antes de entregar la administración a Ernesto Zedillo, poco menos de un mes antes de que una devaluación del peso sumiera al país en una de las mayores crisis de las últimas siete décadas.
En su intervención, y sin mencionar nunca por su nombre a Ernesto Zedillo, el ex presidente Salinas sostuvo que la principal medida para hacer frente a la crisis del peso fue sugerida por las autoridades financieras de Estados Unidos y acatada por el gobierno mexicano.
Citó unas recientes memorias publicadas por el entonces secretario del Tesoro estadunidense, Robert Rubin, en las que se sostiene, según Salinas, que funcionarios de aquel país visitaban en secreto la residencia oficial de Los Pinos para acordar los términos del programa de rescate económico.
Salinas aseguró que el gobierno estadunidense le impuso al de Ernesto Zedillo la decisión de elevar las tasas de interés, aun cuando el equipo de la Secretaría de Hacienda se oponía a esa determinación. Las tasas pasaron de 7 a más de 110 por ciento. Fue esa decisión, dijo, la que provocó la quiebra de la banca mexicana, de miles de empresas y de cientos de miles de familias.
También, siempre citando documentos del Banco Mundial y del Senado mexicano, Salinas de Gortari aseguró que el gobierno de su sucesor transfirió a la sociedad el costo del rescate bancario, que duplicó de hecho la deuda pública de México y que se va a pagar durante 70 años.
Severo con su sucesor y poco autocrítico con su propia gestión, Salinas sostuvo durante su largo discurso que la privatización bancaria estuvo bien hecha y que no fue la causa de la quiebra del sistema bancario en 1995. También aseguró que la venta de los bancos, por la que el Estado obtuvo el equivalente a 13 mil millones de dólares, sirvió para cancelar deuda y que no fueron usados esos recursos para gasto corriente. Se logró, afirmó, un aumento sostenible y no inflacionario del gasto social.
En la cena estuvieron presentes, entre otros, José Ramón López Portillo; el último de los regentes Óscar Espinosa Villarreal, y Carlos Hank Rohn.
Errores en privatización: Aspe
En el proceso de privatización del sistema bancario ocurrieron algunos errores, admitió Pedro Aspe Armella, secretario de Hacienda en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, periodo en que se registró la mayor transferencia de activos públicos al sector privado.
La privatización de bienes del sector público, y en particular la del sistema bancario realizada entre 1991 y 1992, fue puesta a discusión este martes por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, ente privado dirigido por Amparo Espinosa, hija del ex banquero Manuel Espinosa.
Fue uno de los más grandes errores en la historia de México la privatización y posterior extranjerización de la banca, apuntó Jesús Silva Herzog, ex secretario de Hacienda y ex embajador de México en Estados Unidos.
Aquí, en este seminario, nos dijeron que todo fue perfecto, equitativo y transparente. Yo tengo mis dudas porque hubo muchas páginas negras en ese proceso, añadió.
El Centro de Estudios Espinosa Yglesias organizó el seminario Privatización bancaria, crisis y rescate del sistema financiero: reflexiones pendientes, que reunió a varios de los participantes centrales en ese proceso, ocurrido prácticamente al mismo tiempo que el Estado se desprendía de empresas industriales y de infraestructura.
Así como Silva Herzog expresó una opinión crítica, para uno de los responsables en el gobierno de Carlos Salinas de la privatización de empresas públicas, todo el proceso resultó en beneficio del país. Eso fue lo que consideró Jacques Rogozinski, quien durante esos años fue el coordinador del proceso de desincorporación de empresas públicas.
El balance final de la privatización de empresas públicas para el país yo creo que es positivo, afirmó Rogozinski, entrevistado después de participar en el seminario, que fue cerrado a la prensa.
Otro de los actores de ese proceso, Agustín F. Legorreta, quien en la privatización adquirió el hoy extinto banco Inverlat, dijo durante su participación en el foro que fue un error del gobierno de Carlos Salinas haber vendido los bancos –que habían sido nacionalizados en 1982– a dueños de casas de bolsa. Eso fue como mezclar el agua y el aceite, expuso Legorreta, quien hasta la nacionalización era el principal accionista de Banamex.
El proceso de extranjerización de la banca, que se profundizó a partir de la crisis de 1995 y que ha llevado a que actualmente 85 por ciento de los activos del sistema de crédito esté en manos de inversionistas foráneos, fue uno de los puntos cuestionados por asistentes a este foro.
Fue el caso de Antonio del Valle Ruiz, quien durante la privatización adquirió el hoy extinto banco Bital –actualmente HSBC–, cuyo control no pudo mantener después de la crisis de 1995. En la privatización bancaria hubo los errores que aceptó Pedro Aspe de que se les colaron algunos que no solamente no eran banqueros, sino que tampoco eran personas capaces.
Del Valle Ruiz, actualmente presidente del banco Bx+, participó en el seminario y posteriormente en entrevista comentó que el resultado de la privatización bancaria no fue tan bueno porque vio la crisis de 1994, porque independientemente de que el proceso fue perfectamente claro hubo algunos errores importantes.
Preocupante, extranjerización del sistema financiero
Del Valle consideró preocupante que más de 80 por ciento de los activos del sistema bancario esté en manos de los extranjeros. Eso tiene que cambiar, hacen falta muchos años para que eso se revierta, pero se va a revertir algún día. Habrá empresarios mexicanos que con el tiempo puedan tener instituciones muy fuertes que puedan revertir esta situación.
En ese punto coincidió Silva Herzog. El ex secreario de Hacienda estimó que sí es posible revertir la extranjerización del sistema bancario. Poco a poco vamos a ir recuperando la propiedad de la banca extranjera en manos mexicanas. Es un deseo y es una posibilidad.
Rogozinski defendió lo que llamó transparencia del proceso de licitación y venta de empresas públicas durante el tiempo que estuvo a cargo de esa función en el gobierno de Carlos Salinas.
En lo que estuvo de acuerdo es en que el control del sistema bancario mexicano debe estar más equilibrado y no cargado hacia los extranjeros como ocurre ahora. Debe haber un balance mayor entre capital nacional y extranjero y ojalá este último fuera menor, añadió.
Documenta la Conamed múltiples deficiencias en atención que recibió María de Lourdes Walkup
Fallas médicas dejaron en silla de ruedas a paciente del INNN.
Sin supervisión de especialistas, pasantes le hicieron una cirugía y aplicaron un método no autorizado
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de febrero de 2010, p. 42
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) encontró múltiples deficiencias en la prestación de servicios en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez.
En particular, las fallas se presentan en la integración de expedientes clínicos, ausencia de supervisión de galenos de base al trabajo que realizan los pasantes y el uso de insumos que, aunque carecen de registro sanitario, han formado parte de la atención ordinaria de pacientes.
A partir de la denuncia hecha por María de Lourdes Walkup Mentado ante el órgano interno de control del INNN, el instituto solicitó el apoyo de la Conamed, que el pasado 13 de enero emitió un dictamen pericial donde documenta las anomalías. La afectada aún no ha sido informada oficialmente de la resolución.
En su dictamen –del que La Jornada tiene copia–, la comisión anticipa que el ejercicio de la medicina es riguroso, pero no exacto, por lo que aunque el paciente espera un resultado positivo en su salud, podrá obtenerlo, pero no exigirlo, aunque sí tiene derecho a que la atención médica sea prestada con pericia y diligencia.
Como resultado de la atención médica que recibió en 2006, Walkup vive en una silla de ruedas, afectada en las funciones motoras (por falta de fuerza muscular de brazos y piernas), con problemas de lenguaje y memoria.
A finales de 2005 llegó al INNN con dificultad para caminar, pérdida de la audición y de la capacidad de concentración, vértigo, disminución de la fuerza en el lado izquierdo de su cuerpo y disminución de la sensibilidad.
En abril de 2006 le diagnosticaron un tumor de tipo meningioma, en el lado izquierdo de la cabeza, que comprimía el tallo cerebral y el cerebelo.
Falta reporte del estudio inicial en Neurología
Los médicos residentes que la atendieron determinaron realizarle una panangiografía (rayos X) para observar los vasos sanguíneos cerebrales e identificar las vías de alimentación del tumor y, en su caso, cerrarlas. Aquí empezaron los problemas detectados por la Conamed, porque en el expediente no existe ningún reporte del estudio ni de si se efectuó la embolización.
Lo que sí ocurrió fue un deterioro neurológico en la paciente, posterior a la panangiografía, el cual llevó a los médicos a colocarle un sistema de derivación de líquido cefalorraquídeo para controlar la hidrocefalia que supuestamente padecía, aunque a ella le dijeron que era parte del procedimiento rutinario ante tumores cerebrales.
Los médicos residentes utilizaron un sistema de derivación de flujo libre –desarrollado por Julio Sotelo Morales, ex director del INNN–, el cual carece de autorización sanitaria para utilizarlo en seres humanos.
La Conamed señaló que dicho dispositivo sólo podría utilizarse si existiera un protocolo de investigación vigente autorizado, y previo consentimiento –bajo información– suscrito por la paciente, conforme estipula la Ley General de Salud. Nada de esto ocurrió; incluso, en el reporte que el INNN proporcionó a la Conamed aseguró que tal protocolo es inexistente.
Esta es la segunda ocasión en que una autoridad señala tal irregularidad. En la revisión de la Cuenta Pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación reportó –marzo de 2008– la misma falta y recomendó al INNN que realizara las gestiones para la obtención del registro sanitario del dispositivo.
Más grave aún es que en la instalación del sistema derivativo en la cabeza de la paciente Walkup sólo participaron médicos residentes, sin evidencia de que hayan sido autorizados por personal idóneo que pudiera ser considerado investigador principal. Más adelante, el dictamen señala que todo indica que quien supervisó el procedimiento fue un residente de cuarto año de neurocirugía.
La Conamed también resaltó que la mayoría de las notas médicas (del expediente clínico) están suscritas por residentes de diversos grados académicos, sin evidencia de que la paciente haya sido valorada por personal adscrito a los servicios de neurocirugía y neurotología, desde su ingreso –el 24 de abril– y hasta la fecha en que egresó del hospital, varios meses después.
Una deficiencia más se detectó en la radiocirugía a que fue sometida Walkup para eliminar lo que quedaba del tumor después de la operación quirúrgica respectiva. Alguna nota médica refiere que se realizó una callosotomía, procedimiento indicado para otro tipo de padecimiento.
La Conamed advirtió que si bien la radiocirugía era necesaria, no existe información sobre la misma en las notas de evolución del expediente clínico, además de que varias de ellas carecen de fecha, hora y firmas del personal que las elaboró. Se utilizaron múltiples abreviaturas e iniciales no permitidas y otras ilegibles, lo cual viola las disposiciones de la norma oficial mexicana en la materia, indicó.
Sin supervisión de especialistas, pasantes le hicieron una cirugía y aplicaron un método no autorizado
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Miércoles 24 de febrero de 2010, p. 42
La Comisión Nacional de Arbitraje Médico (Conamed) encontró múltiples deficiencias en la prestación de servicios en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía (INNN) Manuel Velasco Suárez.
En particular, las fallas se presentan en la integración de expedientes clínicos, ausencia de supervisión de galenos de base al trabajo que realizan los pasantes y el uso de insumos que, aunque carecen de registro sanitario, han formado parte de la atención ordinaria de pacientes.
A partir de la denuncia hecha por María de Lourdes Walkup Mentado ante el órgano interno de control del INNN, el instituto solicitó el apoyo de la Conamed, que el pasado 13 de enero emitió un dictamen pericial donde documenta las anomalías. La afectada aún no ha sido informada oficialmente de la resolución.
En su dictamen –del que La Jornada tiene copia–, la comisión anticipa que el ejercicio de la medicina es riguroso, pero no exacto, por lo que aunque el paciente espera un resultado positivo en su salud, podrá obtenerlo, pero no exigirlo, aunque sí tiene derecho a que la atención médica sea prestada con pericia y diligencia.
Como resultado de la atención médica que recibió en 2006, Walkup vive en una silla de ruedas, afectada en las funciones motoras (por falta de fuerza muscular de brazos y piernas), con problemas de lenguaje y memoria.
A finales de 2005 llegó al INNN con dificultad para caminar, pérdida de la audición y de la capacidad de concentración, vértigo, disminución de la fuerza en el lado izquierdo de su cuerpo y disminución de la sensibilidad.
En abril de 2006 le diagnosticaron un tumor de tipo meningioma, en el lado izquierdo de la cabeza, que comprimía el tallo cerebral y el cerebelo.
Falta reporte del estudio inicial en Neurología
Los médicos residentes que la atendieron determinaron realizarle una panangiografía (rayos X) para observar los vasos sanguíneos cerebrales e identificar las vías de alimentación del tumor y, en su caso, cerrarlas. Aquí empezaron los problemas detectados por la Conamed, porque en el expediente no existe ningún reporte del estudio ni de si se efectuó la embolización.
Lo que sí ocurrió fue un deterioro neurológico en la paciente, posterior a la panangiografía, el cual llevó a los médicos a colocarle un sistema de derivación de líquido cefalorraquídeo para controlar la hidrocefalia que supuestamente padecía, aunque a ella le dijeron que era parte del procedimiento rutinario ante tumores cerebrales.
Los médicos residentes utilizaron un sistema de derivación de flujo libre –desarrollado por Julio Sotelo Morales, ex director del INNN–, el cual carece de autorización sanitaria para utilizarlo en seres humanos.
La Conamed señaló que dicho dispositivo sólo podría utilizarse si existiera un protocolo de investigación vigente autorizado, y previo consentimiento –bajo información– suscrito por la paciente, conforme estipula la Ley General de Salud. Nada de esto ocurrió; incluso, en el reporte que el INNN proporcionó a la Conamed aseguró que tal protocolo es inexistente.
Esta es la segunda ocasión en que una autoridad señala tal irregularidad. En la revisión de la Cuenta Pública 2006, la Auditoría Superior de la Federación reportó –marzo de 2008– la misma falta y recomendó al INNN que realizara las gestiones para la obtención del registro sanitario del dispositivo.
Más grave aún es que en la instalación del sistema derivativo en la cabeza de la paciente Walkup sólo participaron médicos residentes, sin evidencia de que hayan sido autorizados por personal idóneo que pudiera ser considerado investigador principal. Más adelante, el dictamen señala que todo indica que quien supervisó el procedimiento fue un residente de cuarto año de neurocirugía.
La Conamed también resaltó que la mayoría de las notas médicas (del expediente clínico) están suscritas por residentes de diversos grados académicos, sin evidencia de que la paciente haya sido valorada por personal adscrito a los servicios de neurocirugía y neurotología, desde su ingreso –el 24 de abril– y hasta la fecha en que egresó del hospital, varios meses después.
Una deficiencia más se detectó en la radiocirugía a que fue sometida Walkup para eliminar lo que quedaba del tumor después de la operación quirúrgica respectiva. Alguna nota médica refiere que se realizó una callosotomía, procedimiento indicado para otro tipo de padecimiento.
La Conamed advirtió que si bien la radiocirugía era necesaria, no existe información sobre la misma en las notas de evolución del expediente clínico, además de que varias de ellas carecen de fecha, hora y firmas del personal que las elaboró. Se utilizaron múltiples abreviaturas e iniciales no permitidas y otras ilegibles, lo cual viola las disposiciones de la norma oficial mexicana en la materia, indicó.
