GOBIERNO ENCUBRIDOR
3 feb 2010
“El gobierno federal encubre paramilitares y escuadrones de la muerte”.
Exigen ONG juarenses la renuncia de Calderón
Lo que vivimos en esta frontera es un terrorismo de Estado, dicen
RUBÉN VILLALPANDO
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de febrero de 2010, p. 3
Ciudad Juárez, Chih., 2 de febrero. La Asamblea Ciudadana Juarense, integrada por diversas organizaciones no gubernamentales, y el Frente Nacional contra la Represión, consideraron que lo que se vive en la frontera no es una lucha contra el crimen organizado, y tampoco enfrentamientos entre bandas rivales, sino un terrorismo de Estado, por lo que exigieron la renuncia del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Además, acusaron al gobierno federal de encubrir a grupos paramilitares y de enviar a la frontera escuadrones de la muerte para operar contra el pueblo, al que además desarman al catear casa por casa sin orden de un juez.
En nombre de la Asamblea Ciudadana y del Frente Nacional contra la Represión, Julián Contreras dijo en conferencia de prensa, que la violencia que se está promoviendo y tolerando por el gobierno, le ha servido a Felipe Calderón de pretexto para seguir militarizando al país sin resultados contrarios al crimen, pero sí restringiendo derechos a la población.
Afirmó que “en Juárez se confirma una tendencia general que ya conocimos durante las ilegales guerras de contrainsurgencia en Centroamérica. Existe una relación íntima entre la militarización de las ciudades y los pueblos y la actuación de escuadrones de la muerte que tienen como fin último amedrentar a la población; así sucedió en El Salvador con estos grupos, en Nicaragua con los contras, en Guatemala con los kaibiles y en México con un grupo dentro del Ejército Mexicano que a la postre se convertiría en Los Zetas, que ha trabajado tanto con las policías federales como con los cárteles de la droga, dentro y fuera del Ejército”.
Añadió que “90 por ciento de los asesinatos violentos en Ciudad Juárez no son investigados y resulta obvio, después de dos años, que el operativo conjunto o coordinado no ha funcionado, y que las fuerzas militares no están para combatir el crimen ni para detener los hechos de sangre, sino para atemorizar a la población para que no se manifieste contundentemente por lo que ha venido ocurriendo”.
De igual manera, imputó a Calderón Hinojosa guiarse por una política criminal y aprovechar los hechos violentos para mantener una guerra irresponsable contra el narcotráfico.
Por ello, en el contexto de la reciente matanza de jóvenes, la Asamblea Ciudadana y el Frente Nacional contra la Represión demandaron a Felipe Calderón que renuncie, lo llamaron un peligro para México y le atribuyeron operar en Juárez a través de escuadrones de la muerte.
Asimismo, responsabilizaron de la ejecución múltiple a los tres niveles de gobierno y pidieron al alcalde juarense, José Reyes Ferriz, así como al gobernador José Reyes Baeza, que si no pueden con el problema también dejen sus cargos, para que el pueblo se organice y salga adelante, ya que al pueblo nada más lo puede defender el pueblo.
Contreras también criticó el trabajo del Ejército Mexicano que, a su ver, está para cumplir órdenes y si no detiene criminales es precisamente porque no se le ha girado esa instrucción.
En este sentido afirmó que existe sin duda una complicidad de las fuerzas federales y los criminales (...) hay un encubrimiento a grupos paramilitares, por lo que mientras Felipe Calderón esté en la Presidencia, todos los juarenses corremos peligro.
Nueve años de operativos y miles de muertos
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
Periódico La Jornada
Desde 2001, en el sexenio de Vicente Fox, el gobierno federal puso en marcha programas de combate al crimen en Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez. Los operativos se han modificado y pasaron de 500 a 2 mil 500 soldados y de 300 a 500 agentes federales en ese lapso; sin embargo, en esa entidad la espiral de violencia se ha incrementado: en 2007 se reportaron 190 ejecuciones, en 2008, 2 mil 290, y el año pasado 3 mil 400 personas fueron asesinadas por el crimen organizado.
En Juárez se ha cometido en promedio 71 por ciento de los asesinatos de todo Chihuahua en 2008 y 2009, esto es, 4 mil muertes presuntamente vinculadas a la disputa de la rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos y las zonas de distribución de enervantes en esa ciudad fronteriza.
En Chihuahua, los operativos anticrimen comenzaron desde 2001, cuando Vicente Fox era presidente de la República y anunció la gran cruzada contra el crimen organizado. Luego vino el llamado operativo México Seguro, que se mantuvo prácticamente hasta abril de 2006, pero que en los discursos oficiales desapareció cuando el presidente Felipe Calderón dio a conocer que se ponían en marcha los operativos conjuntos.
En el caso de Chihuahua, el operativo se inició el 28 de marzo de 2008, “con el objetivo de atender la inseguridad pública que se registra en la entidad, así como el elevado nivel de ejecuciones derivado principalmente de la disputa que mantienen por el control de la zona grupos locales de los cárteles de Juárez y Sinaloa, además de la presencia de algunas células de Los Zetas, especialmente en Ciudad Juárez”, según refiere un informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
La acción gubernamental se modificó en febrero de 2009, cuando se reforzó “la lucha contra la delincuencia organizada y (se buscó) disminuir el índice de ejecuciones en la entidad”. Para ello se fortaleció el despliegue tanto de la Policía Federal como del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez, indican los documentos de la SSP federal.
Sin embargo, la relativa tranquilidad que vivió Chihuahua, y particularmente Ciudad Juárez en 2006 y 2007, cuando los homicidios vinculados al crimen organizado no superaron los 200 casos, quedó totalmente rebasado colocando a la entidad, y en especial a Juárez, entre los primeros sitios de muertes vinculadas al narcotráfico al contabilizar 2 mil 290 en 2008 y 3 mil 400 en 2009.
Tan sólo en lo que va de este año, en Chihuahua han sido asesinadas 214 personas, 16 de ellas eran jóvenes que estaban en una fiesta en Ciudad Juárez, el domingo pasado.
Estos son los resultados que obtuvo el Operativo Conjunto Chihuahua, según la Policía Federal, en el periodo que va de septiembre de 2008 a agosto de 2009:
‘‘La detención en flagrancia de mil 95 personas; se recuperaron 553 vehículos robados y se aseguraron 307 (vehículos) por diversos delitos. Se decomisaron 61 mil 12 pesos y 10 mil 730 dólares; 245 armas largas y cortas, 20 mil 863 cartuchos útiles, 28 granadas; 17 toneladas 57 kilogramos de mariguana, 25 de cocaína y 18 de heroína; asimismo, se erradicaron nueve plantíos de mariguana y cinco de amapola. Se aseguró a 253 indocumentados y se decomisaron 246 mil 898 piezas apócrifas (artículos pirata).”
Pero la violencia en Ciudad Juárez ha ido en aumento, como en todo Chihuahua, y por ello hace tres semanas se anunció que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal modificaría el operativo contra las organizaciones criminales. En ese contexto se ordenó el regreso a los cuarteles de 2 mil 500 soldados que realizaban tareas de seguridad pública en esa frontera.
Exigen ONG juarenses la renuncia de Calderón
Lo que vivimos en esta frontera es un terrorismo de Estado, dicen
RUBÉN VILLALPANDO
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de febrero de 2010, p. 3
Ciudad Juárez, Chih., 2 de febrero. La Asamblea Ciudadana Juarense, integrada por diversas organizaciones no gubernamentales, y el Frente Nacional contra la Represión, consideraron que lo que se vive en la frontera no es una lucha contra el crimen organizado, y tampoco enfrentamientos entre bandas rivales, sino un terrorismo de Estado, por lo que exigieron la renuncia del presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Además, acusaron al gobierno federal de encubrir a grupos paramilitares y de enviar a la frontera escuadrones de la muerte para operar contra el pueblo, al que además desarman al catear casa por casa sin orden de un juez.
En nombre de la Asamblea Ciudadana y del Frente Nacional contra la Represión, Julián Contreras dijo en conferencia de prensa, que la violencia que se está promoviendo y tolerando por el gobierno, le ha servido a Felipe Calderón de pretexto para seguir militarizando al país sin resultados contrarios al crimen, pero sí restringiendo derechos a la población.
Afirmó que “en Juárez se confirma una tendencia general que ya conocimos durante las ilegales guerras de contrainsurgencia en Centroamérica. Existe una relación íntima entre la militarización de las ciudades y los pueblos y la actuación de escuadrones de la muerte que tienen como fin último amedrentar a la población; así sucedió en El Salvador con estos grupos, en Nicaragua con los contras, en Guatemala con los kaibiles y en México con un grupo dentro del Ejército Mexicano que a la postre se convertiría en Los Zetas, que ha trabajado tanto con las policías federales como con los cárteles de la droga, dentro y fuera del Ejército”.
Añadió que “90 por ciento de los asesinatos violentos en Ciudad Juárez no son investigados y resulta obvio, después de dos años, que el operativo conjunto o coordinado no ha funcionado, y que las fuerzas militares no están para combatir el crimen ni para detener los hechos de sangre, sino para atemorizar a la población para que no se manifieste contundentemente por lo que ha venido ocurriendo”.
De igual manera, imputó a Calderón Hinojosa guiarse por una política criminal y aprovechar los hechos violentos para mantener una guerra irresponsable contra el narcotráfico.
Por ello, en el contexto de la reciente matanza de jóvenes, la Asamblea Ciudadana y el Frente Nacional contra la Represión demandaron a Felipe Calderón que renuncie, lo llamaron un peligro para México y le atribuyeron operar en Juárez a través de escuadrones de la muerte.
Asimismo, responsabilizaron de la ejecución múltiple a los tres niveles de gobierno y pidieron al alcalde juarense, José Reyes Ferriz, así como al gobernador José Reyes Baeza, que si no pueden con el problema también dejen sus cargos, para que el pueblo se organice y salga adelante, ya que al pueblo nada más lo puede defender el pueblo.
Contreras también criticó el trabajo del Ejército Mexicano que, a su ver, está para cumplir órdenes y si no detiene criminales es precisamente porque no se le ha girado esa instrucción.
En este sentido afirmó que existe sin duda una complicidad de las fuerzas federales y los criminales (...) hay un encubrimiento a grupos paramilitares, por lo que mientras Felipe Calderón esté en la Presidencia, todos los juarenses corremos peligro.
Nueve años de operativos y miles de muertos
GUSTAVO CASTILLO GARCÍA
Periódico La Jornada
Desde 2001, en el sexenio de Vicente Fox, el gobierno federal puso en marcha programas de combate al crimen en Chihuahua y particularmente en Ciudad Juárez. Los operativos se han modificado y pasaron de 500 a 2 mil 500 soldados y de 300 a 500 agentes federales en ese lapso; sin embargo, en esa entidad la espiral de violencia se ha incrementado: en 2007 se reportaron 190 ejecuciones, en 2008, 2 mil 290, y el año pasado 3 mil 400 personas fueron asesinadas por el crimen organizado.
En Juárez se ha cometido en promedio 71 por ciento de los asesinatos de todo Chihuahua en 2008 y 2009, esto es, 4 mil muertes presuntamente vinculadas a la disputa de la rutas de trasiego de drogas hacia Estados Unidos y las zonas de distribución de enervantes en esa ciudad fronteriza.
En Chihuahua, los operativos anticrimen comenzaron desde 2001, cuando Vicente Fox era presidente de la República y anunció la gran cruzada contra el crimen organizado. Luego vino el llamado operativo México Seguro, que se mantuvo prácticamente hasta abril de 2006, pero que en los discursos oficiales desapareció cuando el presidente Felipe Calderón dio a conocer que se ponían en marcha los operativos conjuntos.
En el caso de Chihuahua, el operativo se inició el 28 de marzo de 2008, “con el objetivo de atender la inseguridad pública que se registra en la entidad, así como el elevado nivel de ejecuciones derivado principalmente de la disputa que mantienen por el control de la zona grupos locales de los cárteles de Juárez y Sinaloa, además de la presencia de algunas células de Los Zetas, especialmente en Ciudad Juárez”, según refiere un informe de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.
La acción gubernamental se modificó en febrero de 2009, cuando se reforzó “la lucha contra la delincuencia organizada y (se buscó) disminuir el índice de ejecuciones en la entidad”. Para ello se fortaleció el despliegue tanto de la Policía Federal como del Ejército Mexicano en Ciudad Juárez, indican los documentos de la SSP federal.
Sin embargo, la relativa tranquilidad que vivió Chihuahua, y particularmente Ciudad Juárez en 2006 y 2007, cuando los homicidios vinculados al crimen organizado no superaron los 200 casos, quedó totalmente rebasado colocando a la entidad, y en especial a Juárez, entre los primeros sitios de muertes vinculadas al narcotráfico al contabilizar 2 mil 290 en 2008 y 3 mil 400 en 2009.
Tan sólo en lo que va de este año, en Chihuahua han sido asesinadas 214 personas, 16 de ellas eran jóvenes que estaban en una fiesta en Ciudad Juárez, el domingo pasado.
Estos son los resultados que obtuvo el Operativo Conjunto Chihuahua, según la Policía Federal, en el periodo que va de septiembre de 2008 a agosto de 2009:
‘‘La detención en flagrancia de mil 95 personas; se recuperaron 553 vehículos robados y se aseguraron 307 (vehículos) por diversos delitos. Se decomisaron 61 mil 12 pesos y 10 mil 730 dólares; 245 armas largas y cortas, 20 mil 863 cartuchos útiles, 28 granadas; 17 toneladas 57 kilogramos de mariguana, 25 de cocaína y 18 de heroína; asimismo, se erradicaron nueve plantíos de mariguana y cinco de amapola. Se aseguró a 253 indocumentados y se decomisaron 246 mil 898 piezas apócrifas (artículos pirata).”
Pero la violencia en Ciudad Juárez ha ido en aumento, como en todo Chihuahua, y por ello hace tres semanas se anunció que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal modificaría el operativo contra las organizaciones criminales. En ese contexto se ordenó el regreso a los cuarteles de 2 mil 500 soldados que realizaban tareas de seguridad pública en esa frontera.
Contesta Ebrard a Calderón: "Si hay injerencia federal" en caso de matrimonios gay
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 2 de febrero (apro).- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que la injerencia del gobierno federal en ordenamientos de la ciudad “es tan obvio, que yo diría que es evidente que hay una intervención”.
De esa forma, el mandatario capitalino dio respuesta a la declaración que hizo en el presidente Felipe Calderón desde Japón, en el sentido de que “no hay intencionalidad política” en la controversia constitucional interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Ebrard confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “resuelva protegiendo los derechos que la ley consagra (…) pero negar que hay una intervención me parecería inútil”.
La PGR, añadió, no tiene una “fundamentación, y sería muy inusual que la SCJN diera un fallo en contra de los derechos de las personas, por consiguiente, estoy confiado en que saldrá adelante ese proceso”.
En Tokio, Calderón respaldó el alegato de la PGR, que señala que “la Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre hombre y mujer”. Ahí, dijo, “hay simplemente un debate legal que tiene que ser resuelto por la Suprema Corte, pero esto no tiene ninguna intencionalidad política ni parte de ningún prejuicio”.
Luego de señalar que la PGR “presenta año con año decenas de controversias constitucionales”, Calderón destacó que el gobierno federal tiene “una actitud de colaboración y respeto hacia cualquier instancia de gobierno local, en este caso del Distrito Federal”.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 2 de febrero (apro).- El jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard Casaubón, afirmó que la injerencia del gobierno federal en ordenamientos de la ciudad “es tan obvio, que yo diría que es evidente que hay una intervención”.
De esa forma, el mandatario capitalino dio respuesta a la declaración que hizo en el presidente Felipe Calderón desde Japón, en el sentido de que “no hay intencionalidad política” en la controversia constitucional interpuesta por la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los matrimonios entre personas del mismo sexo.
Ebrard confió en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “resuelva protegiendo los derechos que la ley consagra (…) pero negar que hay una intervención me parecería inútil”.
La PGR, añadió, no tiene una “fundamentación, y sería muy inusual que la SCJN diera un fallo en contra de los derechos de las personas, por consiguiente, estoy confiado en que saldrá adelante ese proceso”.
En Tokio, Calderón respaldó el alegato de la PGR, que señala que “la Constitución de la República habla explícitamente del matrimonio entre hombre y mujer”. Ahí, dijo, “hay simplemente un debate legal que tiene que ser resuelto por la Suprema Corte, pero esto no tiene ninguna intencionalidad política ni parte de ningún prejuicio”.
Luego de señalar que la PGR “presenta año con año decenas de controversias constitucionales”, Calderón destacó que el gobierno federal tiene “una actitud de colaboración y respeto hacia cualquier instancia de gobierno local, en este caso del Distrito Federal”.
Gobernador de Chihuahua, financiado por el narco: Javier Corral
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 2 de febrero (apro).- Durante la discusión de este martes en la Cámara de Diputados, el panista Javier Corral acusó al actual gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, de haber financiado su campaña electoral con dinero del narcotráfico, por lo que pidió su renuncia al cargo.
Corral acusó a Reyes Baeza de haber reducido su papel como gobernador a un simple espectador de las acciones del crimen organizado.
En respuesta, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, preguntó al panista si en su momento denunció los hechos de los que hoy acusa al gobernador. Corral dijo que dio parte a las autoridades.
Recordó que Reyes Baeza rebasó por tres veces los topes de campaña, luego de lo cual pidió a los legisladores establecer candados para que en los procesos electorales que se avecinan se cierre el paso al dinero del narcotráfico.
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 2 de febrero (apro).- Durante la discusión de este martes en la Cámara de Diputados, el panista Javier Corral acusó al actual gobernador de Chihuahua, José Reyes Baeza, de haber financiado su campaña electoral con dinero del narcotráfico, por lo que pidió su renuncia al cargo.
Corral acusó a Reyes Baeza de haber reducido su papel como gobernador a un simple espectador de las acciones del crimen organizado.
En respuesta, el vicecoordinador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, preguntó al panista si en su momento denunció los hechos de los que hoy acusa al gobernador. Corral dijo que dio parte a las autoridades.
Recordó que Reyes Baeza rebasó por tres veces los topes de campaña, luego de lo cual pidió a los legisladores establecer candados para que en los procesos electorales que se avecinan se cierre el paso al dinero del narcotráfico.