MERCENARIOS CONTRA OAXACA
17 feb 2010
México SA
Gómez Mont: a confesión de partes, relevo de pruebas
Acuerdos oscuros en contra de los intereses de los ciudadanos
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
Los acuerdos bajo la mesa, los pactos en lo oscurito, han llevado al país al borde del precipicio. Es la práctica cotidiana de una clase política, igual de voraz que de ineficiente, que ha hecho añicos la legalidad en México y cancelado la posibilidad de contar con ella para que algún día esta heroica República tenga más futuro que los enjuagues de sus dirigentes, negociados no sólo a espaldas de los mexicanos, sino abiertamente en contra de ellos.
En el capítulo más reciente, que no el último, la renuncia (a su partido) de un abogado corporativo que devino secretario de Gobernación (donde se mantiene) destapó una cloaca más en el negro historial de la clase política nacional: la estructuración y aprobación del paquete económico 2010 (con su alud de impuestos y el aumento de precios y tarifas del sector público) no respondió a las necesidades de los mexicanos, a las urgencias nacionales, sino a los intereses electorales del grupo con mayoría relativa en la Cámara de Diputados y al capricho del inquilino de Los Pinos de contar con mayores recursos para hacer lo suyo, también, en materia electoral, y alguien tenía que pagar el costo.
Así, los mexicanos, de por sí brutalmente golpeados por la crisis del catarrito, fueron obligados por los representantes populares priístas (con la venia de otras agrupaciones) a pagar mucho más en impuestos, precios y tarifas (a cambio de nada) para cubrir las necesidades financieras del esclerótico gobierno calderonista, con la condición de que éste les garantizara –extralegalmente– que el PAN no concretaría alianza alguna con otras organizaciones políticas representadas en San Lázaro con miras a las elecciones que este año y para elegir gobernador se realizarán en 10 estados de la República, un primer experimento con la vista fija en las presidenciales de 2012. Queda claro, por si existieran dudas, que para garantizar los intereses electorales de priístas y panistas los mexicanos están obligados, por ley, a pagar más IVA e ISR (incluidos pensionados y jubilados), amén de cubrir los nuevos cuan variados impuestos y las alzas en precios y tarifas del sector público, además de soportar la inclemencia económica, la permanente pérdida de poder adquisitivo y la amenaza constante sobre la fuente de trabajo.
¿Y adónde se fueron las urgencias económicas, las necesidades de los mexicanos, el crecimiento nacional, el progreso de la República, el futuro de la Patria, la reivindicación social, el combate a la pobreza, las decisiones consensuadas, el evitamos la quiebra del país y tantas otras frases de ocasión disparadas a diestra y siniestra por priístas y panistas, avaladas por otras agrupaciones en San Lázaro con disfraz negro y amarillo, a la hora de votar el paquete económico 2010?
Simple: al mismísimo caño, porque mientras el país va a la deriva lo único que interesa y ocupa a la clase política es amarrar posiciones, asegurar dietas y presupuestos para sí, y quitar estorbos del camino. ¿De qué sirvieron transmisiones en vivo, dos meses de supuestas negociaciones públicas, para que en los hechos, y sin más, se concretaran acuerdos privados, extralegales y en contra de los intereses de los mexicanos? Y por el mismo caño se fueron la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para todo eso, y más, los priístas contaron con el abogado corporativo (y viceversa), el mismo que muy dignamente renunció a su partido, pero indignamente se quedó con el hueso y se mantiene como secretario de Gobernación, mientras el flácido inquilino de Los Pinos se enteró de último, según la versión de Gómez Mont, la cual sólo la cree él mismo. A cuatro meses de distancia de aquellas negociaciones públicas y amarrado el acuerdo privado, cuánta sabiduría encerraban las palabras de un distinguido diputado priísta que a los opositores del paquetazo 2010 dijo: ahora sí van a comer mierda ustedes, ¡cabrones! Y dados los pactos en lo oscurito y la desatendida emergencia económica, muy cerca están los mexicanos de darle la razón.
Los mismos priístas que, tras la aprobación del paquetazo 2010, reivindicaban que con nuestro voto evitamos la quiebra del país, ahora cínicamente reconocen que no evitaron absolutamente nada, porque en realidad lo que hicieron fue garantizar, con el secretario de Gobernación, triunfos electorales en 10 estados de la República y, con ello, una posición de avanzada con miras a 2012: “la fracción del PRI en la Cámara de Diputados sí negoció con el gobierno federal la aprobación de la Ley de Ingresos –con IVA de 16 por ciento incluido e impuesto sobre la renta de 30 por ciento– y el Presupuesto de Egresos el pasado mes de noviembre, a cambio de que no se establecieran alianzas electorales con el PRD por parte del partido en el gobierno”, reconoció Francisco Rojas, coordinador de ese grupo parlamentario. En conferencia de prensa, Rojas se vio obligado a aceptar que el PRI definitivamente empujó la negociación para evitar las alianzas electorales a cambio de presupuesto, porque éstas son un engendro que engaña a los electores porque no hay ideología ni programa claro, y además son inequitativas (La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez).
Bien por el cínico salinista, ahora instalado como coordinador de la fracción tricolor en San Lázaro, quien califica de inequitativas las alianzas político-electorales porque engañan a los ciudadanos, cuando su obligación legal, y la de sus correligionarios en la Cámara de Diputados, era no engañar a los mexicanos y sacar adelante la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación con base en criterios de crecimiento económico y de bienestar social para los mexicanos, no para sacar raja con miras a los próximos comicios. Lo cierto es que no perdieron el tiempo, porque el propio Rojas reconoce que desde octubre (2009) se iniciaron las negociaciones con el gobierno federal, es decir, prácticamente desde que el inquilino de Los Pinos (el que supuestamente nada sabía) les hizo llegar su paquete económico. ¿Y la recuperación económica, las urgencias de los mexicanos?
Las rebanadas del pastel
Si se trata de transparencia y acceso a la información, allí está la comparecencia privada de funcionarios públicos como la realizada ayer en el Senado de la República: el llamado gabinete calderonista de seguridad se reunió con los inquilinos de Xicoténcatl, los mismos que se obligaron a firmar un compromiso de confidencialidad, como si a los mexicanos no interesara el tema. Pero no hay de qué preocuparse, que Gómez Mont estuvo al frente de tal gabinete y algún acuerdo electoral habrá obtenido de tal encuentro.
Televisa, monopolio subsidiado
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 16 de febrero (apro).- ¿De qué manera explicarán los diputados y senadores que aprobaron exentar hasta por 5 mil 600 millones de pesos por el pago de derechos a los “nuevos jugadores” de la telefonía celular, cuando Televisa ya oficializó que cuenta con casi mil 500 millones de dólares para comprar 30% de la compañía telefónica Nextel si ganan la polémica licitación de la banda 1.7 Ghz, ideal para los servicios de cuádruple play (video, audio, Internet y telefonía)?
El contraste entre los argumentos que se esgrimieron para justificar un privilegio fiscal de ese tamaño y la soberbia de Televisa para doblegar al Congreso, a la Comisión Federal de Competencia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y mandarle el mensaje a la Cofetel de que esa nueva banda será suya, sólo confirma lo que no han querido ver los organismos reguladores: la empresa que dirige Emilio Azcárraga Jean actúa como monopolio, condiciona como monopolio, presume como monopolio, intimida como monopolio, pero no se le reconoce esta condición. Incluso, reclama subsidios fiscales.
El problema fundamental es que en medio de la peor crisis financiera y económica del país, el Estado mexicano decidió exentar a Televisa y a su socio Nextel del pago de derechos por el usufructo de un bien público que es el espectro para la telefonía celular.
Se dijo una y otra vez que el transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos no tenía “ninguna dedicatoria”, y hasta Televisa publicó un desplegado para desmentir a los diputados Javier Corral, Armando Ríos Peter, José Narro y a la mitad de la bancada del PAN en el Senado, encabezada por Santiago Creel, que criticaron una medida de esta naturaleza.
Ahora queda muy claro que se trata no sólo de subsidiar a un monopolio en televisión abierta, sino de subsidiar su ingreso al mercado de la telefonía móvil.
Un ejemplo de esta situación es la autorización en un tiempo récord que le otorgaron los integrantes de la Comisión Federal de Competencia a Televisa para adquirir 30% de la compañía Nextel-México, bajo el argumento de que “implica la asociación de dos empresas enfocadas a mercados distintos”, que no generará prácticas monopólicas.
El organismo que encabeza Eduardo Pérez Motta simplemente no tomó en cuenta que para analizar los nuevos mercados convergentes (telecomunicaciones y medios electrónicos) es importante tomar en cuenta la condición monopólica de Televisa en materia de publicidad y de producción y distribución de contenidos audiovisuales.
Televisa posee 68% de las concesiones en materia de televisión abierta, concentra 75% de la publicidad en medios electrónicos, tiene cuatro “canales espejo” que el Estado le otorgó sin pago alguno hasta el 2021, y ha frenado la posibilidad de que exista una competencia real en esa materia.
También controla ya más de 55% del mercado de la televisión restringida –a través de Cablevisión y sus socias Cablemás, TVI y Megacable--, impone sus condiciones para cumplir con las reglas del must carrier y el must offer, pero esa situación parece no ser una práctica preocupante para el futuro de la convergencia tecnológica.
Por si esto no bastara, Televisa tiene 130 permisos para centros de apuestas, posee 25% de una empresa de aviación, controla las agencias publicitarias, el mercado discográfico, la industria del espectáculo, el futbol profesional y no tiene rival en su estrategia de mercadotecnia política.
El artífice de esta expansión de Televisa hacia el mercado de telecomunicaciones –antes reservado al monopolio de Telmex-- es su vicepresidente de Finanzas, Alfonso de Angoitia.
El lunes 15 de febrero, en rueda de prensa telefónica, De Angoitia confirmó lo que sus competidores Iusacell y MVS han documentado en sus demandas de amparo en contra de la licitación de la banda 1.7 Ghz: Televisa considera que esta concesión le corresponde.
De Angoitia afirmó que la adquisición de 30% de Nextel México, con posibilidad de incrementarla 7.5% más, “está sujeta a la condición de que ganemos la licitación y a que Nextel tenga frecuencias para ampliar sus servicios. Entonces, si no fuera exitosa la propuesta que vamos a presentar en la licitación, no haríamos ya el negocio, y quedaríamos las dos partes libres a partir de ahí”.
En otras palabras, si la licitación no es para la sociedad Nextel-Televisa, el multicitado anuncio de la adquisición es puro aire. Sin embargo, De Angoitia no admitió –quizá porque nadie se lo preguntó-- que las bases de la licitación que emitió la Cofetel están claramente direccionadas para que el consorcio formado por la televisora mexicana y la telefónica de origen estadunidense se quede hasta con 80 Mhz de la banda 1.7Ghz.
Ninguno de sus otros competidores –Iusacell, Telcel, MVS o Telefónica-- puede aspirar a la mayor parte de este pastel.
Estamos ante el surgimiento de un ‘megapoder’, tal como lo señaló Proceso en su edición de esta semana: unos legisladores que le garantizan privilegios fiscales, una Secretaría de Hacienda que cabildea a su favor, un órgano regulador de antimonopolios que simplemente no ve lo que para todos es un hecho –el predominio absoluto de Televisa en las concesiones--, una Cofetel que emite bases favorables para los intereses del consorcio y una clase política intimidada y desesperada por aparecer en la pantalla del monopolio para que no veten sus aspiraciones y la fantasía de algunos intelectuales que pretenden encontrarle, ahora sí, bondades a una compañía que siempre ha actuado monopólicamente.
El asunto no es de maquillaje o de crear canales como Foro TV para lavarse la cara ante un sector crítico.
El fondo del asunto es de estructura de poder. Mientras no se democraticen los contenidos, concesiones y telecomunicaciones, el ‘megapoder’ seguirá absorbiendo lo que quiera, incluyendo la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Decadencia y faramallas
LUIS LINARES ZAPATA
Durante varios y ruidosos días la renuncia del abogado Gómez Mont a su militancia en el PAN llenó los aires difusivos del espacio público nacional. La palabrería y el ruido fue apabullante. Más todavía lo fueron las suposiciones que, de tan pueril y tonto acto de prestidigitación, desprendió la opinocracia afiliada al poder. ¿Estará enterado el señor Calderón, su jefe, de tan osado movimiento? ¿Renunciará también a su cargo en el gabinete? ¿Podrán continuarse con las peliagudas negociaciones que Gómez Mont debe llevar a cabo? ¿Las alianzas entre el PAN y el PRD son la causa de tan crucial suceso? ¿Qué le pasará a la administración panista ya tan tocada por los fracasos?
Éstas y otras preguntas adicionales pero irrelevantes, incisivas pero pueriles, fueron las dizque feroces interrogantes lanzadas, sin ton y poco son, para entretener audiencias. Mientras, allá en el mero fondo de la nación, una sociedad angustiada, temerosa, abandonada a su mala suerte, da muestras palpables de su enojo por un presente donde los desastres son continuos y la desesperanza ante el futuro es ya común denominador.
El sainete del renunciante se encimó, además, a la fugaz, atarantada y frustrante visita del señor Calderón a Ciudad Juárez. Se trataba de destacar el arrepentimiento que embargaba al Ejecutivo federal por sus torpes palabras catalogando de pandilleros a los jóvenes masacrados. Quería oír, ¡en persona!, a los ciudadanos afectados. Tenía necesidad de comunicarles una nueva, comprensiva, estrategia global para enfrentar el problema de la masiva inseguridad. Pretendía matizar, darle un giro a su decisión, terminal por cierto, de combatir de frente la violencia desatada con la presencia masiva de las fuerzas del orden, el Ejército en primerísimo lugar.
Se había dado cuenta el señor Calderón, después de tres cruentos años de insistir en su guerra particular, que hacían falta otros mecanismos, la puesta en marcha de diferentes programas para atender causales más profundas en su intento por apaciguar a una criminalidad fuera de control.
El PRI, en su versión chihuahuense, se movió con rapidez y dio el inesperado arañazo de urgencia. Movería algunos despachos, con sus actores dentro, al teatro por donde fluirán los flujos de recursos anunciados. No quedarían los priístas fuera del reparto de bienes para la compra de votos en las inminentes elecciones locales. Y así quedarán empatados, al menos por un tiempo perentorio, los ánimos de apañe, tanto de los negocios particulares derivados del dispendio como por los asuntos de imagen partidista que los programas, inducidos desde el centro, llevan atados.
Ya los difusores de la derecha se encargarían de ofrecer versiones que amortigüen las evidentes improvisaciones gubernamentales. Había necesidad de poner los acentos ahí donde, aparentemente, nadie los había visualizado: sobre la sociedad juarense que no reclama ante los hacedores efectivos del mal, los asesinos materiales de jóvenes.
La intentona de los opinadores, disfrazada de crítica profunda, innovadora, iracunda y perspicaz, lleva como central propósito limpiar las atónitas caras de las autoridades, en especial la indefensa y boquiabierta del señor Calderón mismo.
La polvareda propagandística crece por estos días de manoseos y ambiciones prelectorales en proporción inversa al pánico que ocasionan las verdades de un sistema decadente que se desea prolongar, aunque ya carezca de sentido y sus resultados sean contraproducentes. No se trata de atender las causas reales de estas tragedias de violencia o de los terribles, pero evitables efectos de la adversidad climática, ya sea en Agangueo, Neza o Chalco.
Es de urgencia oficialista envolver con sendos mantos de disculpas y verborrea las provocaciones constantes, a cielo abierto que desde el poder establecido se infligen a la sociedad para permitir los negocios acostumbrados a la vera del poder.
Hay que continuar con la aplicación tajante, sin contemplaciones, del modelo vigente, ése que permite la acumulación desmedida de riqueza en la cúpula mientras se empobrece, ignora y margina a las mayorías. Si en la ruta decidida desde hace ya décadas se atraviesa un sindicato de electricistas rijoso, liquídese aunque se tuerza la ley y manden al desamparo a miles de familias.
Si al manejo autocrático de alguna mina, concesionada con larguezas patrimonialistas a plutócratas locales, se resisten sus trabajadores, que los jueces declaren, por orden terminal de la cúspide federal, el finiquito de la empresa y, por tanto, de su contrato colectivo (Cananea). Si en la rebatinga de los inmensos contratos petroleros se tuercen las recientes reformas, que se den a conocer, con bombo y dispendio, hallazgos de abundantes campos de gas y crudo marino. Contrátese para ello, sin remilgos ni cortedades a los publicistas especializados en distractores para adormecer a la ciudadanía. Si para seguir con la entrega de la minería a los extranjeros se den facilidades fiscales inauditas, que así quede plasmada la decisión inapelable de la autoridad sin que los reclamos de pueblos, comunidades indígenas o comuneros tengan resonancia y consecuencias. O para que se continúe con la política impositiva de consolidaciones rampantes, agujeros deliberados, auditorías a modo y salvedades para sendos grupos empresariales que lastran a la hacienda pública, es preciso engatusar a los ciudadanos con señuelos de reformas políticas, pues que se llame a los legisladores maromeros para que pongan sus artes y oficios a funcionar.
En fin, si para allegarle más recursos a la hacienda pública en medio de la crisis es preciso negociar, en lo oscurito, la inmunidad de sátrapas y salvaguardar al joven del copete alisado de una pérfida alianza en su contra, pues que de ello se encargue el abogado Gómez Mont y luego se arme un escándalo a su costa para salvar la funcionalidad de otros. Al fin y al cabo, todo está permitido en política y se asiente, como consuetudinaria verdad real, el haiga sido como haiga sido.
Gómez Mont: a confesión de partes, relevo de pruebas
Acuerdos oscuros en contra de los intereses de los ciudadanos
CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
Los acuerdos bajo la mesa, los pactos en lo oscurito, han llevado al país al borde del precipicio. Es la práctica cotidiana de una clase política, igual de voraz que de ineficiente, que ha hecho añicos la legalidad en México y cancelado la posibilidad de contar con ella para que algún día esta heroica República tenga más futuro que los enjuagues de sus dirigentes, negociados no sólo a espaldas de los mexicanos, sino abiertamente en contra de ellos.
En el capítulo más reciente, que no el último, la renuncia (a su partido) de un abogado corporativo que devino secretario de Gobernación (donde se mantiene) destapó una cloaca más en el negro historial de la clase política nacional: la estructuración y aprobación del paquete económico 2010 (con su alud de impuestos y el aumento de precios y tarifas del sector público) no respondió a las necesidades de los mexicanos, a las urgencias nacionales, sino a los intereses electorales del grupo con mayoría relativa en la Cámara de Diputados y al capricho del inquilino de Los Pinos de contar con mayores recursos para hacer lo suyo, también, en materia electoral, y alguien tenía que pagar el costo.
Así, los mexicanos, de por sí brutalmente golpeados por la crisis del catarrito, fueron obligados por los representantes populares priístas (con la venia de otras agrupaciones) a pagar mucho más en impuestos, precios y tarifas (a cambio de nada) para cubrir las necesidades financieras del esclerótico gobierno calderonista, con la condición de que éste les garantizara –extralegalmente– que el PAN no concretaría alianza alguna con otras organizaciones políticas representadas en San Lázaro con miras a las elecciones que este año y para elegir gobernador se realizarán en 10 estados de la República, un primer experimento con la vista fija en las presidenciales de 2012. Queda claro, por si existieran dudas, que para garantizar los intereses electorales de priístas y panistas los mexicanos están obligados, por ley, a pagar más IVA e ISR (incluidos pensionados y jubilados), amén de cubrir los nuevos cuan variados impuestos y las alzas en precios y tarifas del sector público, además de soportar la inclemencia económica, la permanente pérdida de poder adquisitivo y la amenaza constante sobre la fuente de trabajo.
¿Y adónde se fueron las urgencias económicas, las necesidades de los mexicanos, el crecimiento nacional, el progreso de la República, el futuro de la Patria, la reivindicación social, el combate a la pobreza, las decisiones consensuadas, el evitamos la quiebra del país y tantas otras frases de ocasión disparadas a diestra y siniestra por priístas y panistas, avaladas por otras agrupaciones en San Lázaro con disfraz negro y amarillo, a la hora de votar el paquete económico 2010?
Simple: al mismísimo caño, porque mientras el país va a la deriva lo único que interesa y ocupa a la clase política es amarrar posiciones, asegurar dietas y presupuestos para sí, y quitar estorbos del camino. ¿De qué sirvieron transmisiones en vivo, dos meses de supuestas negociaciones públicas, para que en los hechos, y sin más, se concretaran acuerdos privados, extralegales y en contra de los intereses de los mexicanos? Y por el mismo caño se fueron la Constitución y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.
Para todo eso, y más, los priístas contaron con el abogado corporativo (y viceversa), el mismo que muy dignamente renunció a su partido, pero indignamente se quedó con el hueso y se mantiene como secretario de Gobernación, mientras el flácido inquilino de Los Pinos se enteró de último, según la versión de Gómez Mont, la cual sólo la cree él mismo. A cuatro meses de distancia de aquellas negociaciones públicas y amarrado el acuerdo privado, cuánta sabiduría encerraban las palabras de un distinguido diputado priísta que a los opositores del paquetazo 2010 dijo: ahora sí van a comer mierda ustedes, ¡cabrones! Y dados los pactos en lo oscurito y la desatendida emergencia económica, muy cerca están los mexicanos de darle la razón.
Los mismos priístas que, tras la aprobación del paquetazo 2010, reivindicaban que con nuestro voto evitamos la quiebra del país, ahora cínicamente reconocen que no evitaron absolutamente nada, porque en realidad lo que hicieron fue garantizar, con el secretario de Gobernación, triunfos electorales en 10 estados de la República y, con ello, una posición de avanzada con miras a 2012: “la fracción del PRI en la Cámara de Diputados sí negoció con el gobierno federal la aprobación de la Ley de Ingresos –con IVA de 16 por ciento incluido e impuesto sobre la renta de 30 por ciento– y el Presupuesto de Egresos el pasado mes de noviembre, a cambio de que no se establecieran alianzas electorales con el PRD por parte del partido en el gobierno”, reconoció Francisco Rojas, coordinador de ese grupo parlamentario. En conferencia de prensa, Rojas se vio obligado a aceptar que el PRI definitivamente empujó la negociación para evitar las alianzas electorales a cambio de presupuesto, porque éstas son un engendro que engaña a los electores porque no hay ideología ni programa claro, y además son inequitativas (La Jornada, Roberto Garduño y Enrique Méndez).
Bien por el cínico salinista, ahora instalado como coordinador de la fracción tricolor en San Lázaro, quien califica de inequitativas las alianzas político-electorales porque engañan a los ciudadanos, cuando su obligación legal, y la de sus correligionarios en la Cámara de Diputados, era no engañar a los mexicanos y sacar adelante la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación con base en criterios de crecimiento económico y de bienestar social para los mexicanos, no para sacar raja con miras a los próximos comicios. Lo cierto es que no perdieron el tiempo, porque el propio Rojas reconoce que desde octubre (2009) se iniciaron las negociaciones con el gobierno federal, es decir, prácticamente desde que el inquilino de Los Pinos (el que supuestamente nada sabía) les hizo llegar su paquete económico. ¿Y la recuperación económica, las urgencias de los mexicanos?
Las rebanadas del pastel
Si se trata de transparencia y acceso a la información, allí está la comparecencia privada de funcionarios públicos como la realizada ayer en el Senado de la República: el llamado gabinete calderonista de seguridad se reunió con los inquilinos de Xicoténcatl, los mismos que se obligaron a firmar un compromiso de confidencialidad, como si a los mexicanos no interesara el tema. Pero no hay de qué preocuparse, que Gómez Mont estuvo al frente de tal gabinete y algún acuerdo electoral habrá obtenido de tal encuentro.
Televisa, monopolio subsidiado
Jenaro Villamil
MÉXICO, D.F., 16 de febrero (apro).- ¿De qué manera explicarán los diputados y senadores que aprobaron exentar hasta por 5 mil 600 millones de pesos por el pago de derechos a los “nuevos jugadores” de la telefonía celular, cuando Televisa ya oficializó que cuenta con casi mil 500 millones de dólares para comprar 30% de la compañía telefónica Nextel si ganan la polémica licitación de la banda 1.7 Ghz, ideal para los servicios de cuádruple play (video, audio, Internet y telefonía)?
El contraste entre los argumentos que se esgrimieron para justificar un privilegio fiscal de ese tamaño y la soberbia de Televisa para doblegar al Congreso, a la Comisión Federal de Competencia, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y mandarle el mensaje a la Cofetel de que esa nueva banda será suya, sólo confirma lo que no han querido ver los organismos reguladores: la empresa que dirige Emilio Azcárraga Jean actúa como monopolio, condiciona como monopolio, presume como monopolio, intimida como monopolio, pero no se le reconoce esta condición. Incluso, reclama subsidios fiscales.
El problema fundamental es que en medio de la peor crisis financiera y económica del país, el Estado mexicano decidió exentar a Televisa y a su socio Nextel del pago de derechos por el usufructo de un bien público que es el espectro para la telefonía celular.
Se dijo una y otra vez que el transitorio del artículo 244-E de la Ley Federal de Derechos no tenía “ninguna dedicatoria”, y hasta Televisa publicó un desplegado para desmentir a los diputados Javier Corral, Armando Ríos Peter, José Narro y a la mitad de la bancada del PAN en el Senado, encabezada por Santiago Creel, que criticaron una medida de esta naturaleza.
Ahora queda muy claro que se trata no sólo de subsidiar a un monopolio en televisión abierta, sino de subsidiar su ingreso al mercado de la telefonía móvil.
Un ejemplo de esta situación es la autorización en un tiempo récord que le otorgaron los integrantes de la Comisión Federal de Competencia a Televisa para adquirir 30% de la compañía Nextel-México, bajo el argumento de que “implica la asociación de dos empresas enfocadas a mercados distintos”, que no generará prácticas monopólicas.
El organismo que encabeza Eduardo Pérez Motta simplemente no tomó en cuenta que para analizar los nuevos mercados convergentes (telecomunicaciones y medios electrónicos) es importante tomar en cuenta la condición monopólica de Televisa en materia de publicidad y de producción y distribución de contenidos audiovisuales.
Televisa posee 68% de las concesiones en materia de televisión abierta, concentra 75% de la publicidad en medios electrónicos, tiene cuatro “canales espejo” que el Estado le otorgó sin pago alguno hasta el 2021, y ha frenado la posibilidad de que exista una competencia real en esa materia.
También controla ya más de 55% del mercado de la televisión restringida –a través de Cablevisión y sus socias Cablemás, TVI y Megacable--, impone sus condiciones para cumplir con las reglas del must carrier y el must offer, pero esa situación parece no ser una práctica preocupante para el futuro de la convergencia tecnológica.
Por si esto no bastara, Televisa tiene 130 permisos para centros de apuestas, posee 25% de una empresa de aviación, controla las agencias publicitarias, el mercado discográfico, la industria del espectáculo, el futbol profesional y no tiene rival en su estrategia de mercadotecnia política.
El artífice de esta expansión de Televisa hacia el mercado de telecomunicaciones –antes reservado al monopolio de Telmex-- es su vicepresidente de Finanzas, Alfonso de Angoitia.
El lunes 15 de febrero, en rueda de prensa telefónica, De Angoitia confirmó lo que sus competidores Iusacell y MVS han documentado en sus demandas de amparo en contra de la licitación de la banda 1.7 Ghz: Televisa considera que esta concesión le corresponde.
De Angoitia afirmó que la adquisición de 30% de Nextel México, con posibilidad de incrementarla 7.5% más, “está sujeta a la condición de que ganemos la licitación y a que Nextel tenga frecuencias para ampliar sus servicios. Entonces, si no fuera exitosa la propuesta que vamos a presentar en la licitación, no haríamos ya el negocio, y quedaríamos las dos partes libres a partir de ahí”.
En otras palabras, si la licitación no es para la sociedad Nextel-Televisa, el multicitado anuncio de la adquisición es puro aire. Sin embargo, De Angoitia no admitió –quizá porque nadie se lo preguntó-- que las bases de la licitación que emitió la Cofetel están claramente direccionadas para que el consorcio formado por la televisora mexicana y la telefónica de origen estadunidense se quede hasta con 80 Mhz de la banda 1.7Ghz.
Ninguno de sus otros competidores –Iusacell, Telcel, MVS o Telefónica-- puede aspirar a la mayor parte de este pastel.
Estamos ante el surgimiento de un ‘megapoder’, tal como lo señaló Proceso en su edición de esta semana: unos legisladores que le garantizan privilegios fiscales, una Secretaría de Hacienda que cabildea a su favor, un órgano regulador de antimonopolios que simplemente no ve lo que para todos es un hecho –el predominio absoluto de Televisa en las concesiones--, una Cofetel que emite bases favorables para los intereses del consorcio y una clase política intimidada y desesperada por aparecer en la pantalla del monopolio para que no veten sus aspiraciones y la fantasía de algunos intelectuales que pretenden encontrarle, ahora sí, bondades a una compañía que siempre ha actuado monopólicamente.
El asunto no es de maquillaje o de crear canales como Foro TV para lavarse la cara ante un sector crítico.
El fondo del asunto es de estructura de poder. Mientras no se democraticen los contenidos, concesiones y telecomunicaciones, el ‘megapoder’ seguirá absorbiendo lo que quiera, incluyendo la fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
Decadencia y faramallas
LUIS LINARES ZAPATA
Durante varios y ruidosos días la renuncia del abogado Gómez Mont a su militancia en el PAN llenó los aires difusivos del espacio público nacional. La palabrería y el ruido fue apabullante. Más todavía lo fueron las suposiciones que, de tan pueril y tonto acto de prestidigitación, desprendió la opinocracia afiliada al poder. ¿Estará enterado el señor Calderón, su jefe, de tan osado movimiento? ¿Renunciará también a su cargo en el gabinete? ¿Podrán continuarse con las peliagudas negociaciones que Gómez Mont debe llevar a cabo? ¿Las alianzas entre el PAN y el PRD son la causa de tan crucial suceso? ¿Qué le pasará a la administración panista ya tan tocada por los fracasos?
Éstas y otras preguntas adicionales pero irrelevantes, incisivas pero pueriles, fueron las dizque feroces interrogantes lanzadas, sin ton y poco son, para entretener audiencias. Mientras, allá en el mero fondo de la nación, una sociedad angustiada, temerosa, abandonada a su mala suerte, da muestras palpables de su enojo por un presente donde los desastres son continuos y la desesperanza ante el futuro es ya común denominador.
El sainete del renunciante se encimó, además, a la fugaz, atarantada y frustrante visita del señor Calderón a Ciudad Juárez. Se trataba de destacar el arrepentimiento que embargaba al Ejecutivo federal por sus torpes palabras catalogando de pandilleros a los jóvenes masacrados. Quería oír, ¡en persona!, a los ciudadanos afectados. Tenía necesidad de comunicarles una nueva, comprensiva, estrategia global para enfrentar el problema de la masiva inseguridad. Pretendía matizar, darle un giro a su decisión, terminal por cierto, de combatir de frente la violencia desatada con la presencia masiva de las fuerzas del orden, el Ejército en primerísimo lugar.
Se había dado cuenta el señor Calderón, después de tres cruentos años de insistir en su guerra particular, que hacían falta otros mecanismos, la puesta en marcha de diferentes programas para atender causales más profundas en su intento por apaciguar a una criminalidad fuera de control.
El PRI, en su versión chihuahuense, se movió con rapidez y dio el inesperado arañazo de urgencia. Movería algunos despachos, con sus actores dentro, al teatro por donde fluirán los flujos de recursos anunciados. No quedarían los priístas fuera del reparto de bienes para la compra de votos en las inminentes elecciones locales. Y así quedarán empatados, al menos por un tiempo perentorio, los ánimos de apañe, tanto de los negocios particulares derivados del dispendio como por los asuntos de imagen partidista que los programas, inducidos desde el centro, llevan atados.
Ya los difusores de la derecha se encargarían de ofrecer versiones que amortigüen las evidentes improvisaciones gubernamentales. Había necesidad de poner los acentos ahí donde, aparentemente, nadie los había visualizado: sobre la sociedad juarense que no reclama ante los hacedores efectivos del mal, los asesinos materiales de jóvenes.
La intentona de los opinadores, disfrazada de crítica profunda, innovadora, iracunda y perspicaz, lleva como central propósito limpiar las atónitas caras de las autoridades, en especial la indefensa y boquiabierta del señor Calderón mismo.
La polvareda propagandística crece por estos días de manoseos y ambiciones prelectorales en proporción inversa al pánico que ocasionan las verdades de un sistema decadente que se desea prolongar, aunque ya carezca de sentido y sus resultados sean contraproducentes. No se trata de atender las causas reales de estas tragedias de violencia o de los terribles, pero evitables efectos de la adversidad climática, ya sea en Agangueo, Neza o Chalco.
Es de urgencia oficialista envolver con sendos mantos de disculpas y verborrea las provocaciones constantes, a cielo abierto que desde el poder establecido se infligen a la sociedad para permitir los negocios acostumbrados a la vera del poder.
Hay que continuar con la aplicación tajante, sin contemplaciones, del modelo vigente, ése que permite la acumulación desmedida de riqueza en la cúpula mientras se empobrece, ignora y margina a las mayorías. Si en la ruta decidida desde hace ya décadas se atraviesa un sindicato de electricistas rijoso, liquídese aunque se tuerza la ley y manden al desamparo a miles de familias.
Si al manejo autocrático de alguna mina, concesionada con larguezas patrimonialistas a plutócratas locales, se resisten sus trabajadores, que los jueces declaren, por orden terminal de la cúspide federal, el finiquito de la empresa y, por tanto, de su contrato colectivo (Cananea). Si en la rebatinga de los inmensos contratos petroleros se tuercen las recientes reformas, que se den a conocer, con bombo y dispendio, hallazgos de abundantes campos de gas y crudo marino. Contrátese para ello, sin remilgos ni cortedades a los publicistas especializados en distractores para adormecer a la ciudadanía. Si para seguir con la entrega de la minería a los extranjeros se den facilidades fiscales inauditas, que así quede plasmada la decisión inapelable de la autoridad sin que los reclamos de pueblos, comunidades indígenas o comuneros tengan resonancia y consecuencias. O para que se continúe con la política impositiva de consolidaciones rampantes, agujeros deliberados, auditorías a modo y salvedades para sendos grupos empresariales que lastran a la hacienda pública, es preciso engatusar a los ciudadanos con señuelos de reformas políticas, pues que se llame a los legisladores maromeros para que pongan sus artes y oficios a funcionar.
En fin, si para allegarle más recursos a la hacienda pública en medio de la crisis es preciso negociar, en lo oscurito, la inmunidad de sátrapas y salvaguardar al joven del copete alisado de una pérfida alianza en su contra, pues que de ello se encargue el abogado Gómez Mont y luego se arme un escándalo a su costa para salvar la funcionalidad de otros. Al fin y al cabo, todo está permitido en política y se asiente, como consuetudinaria verdad real, el haiga sido como haiga sido.
