NI SECRETARIA DE CALIDAD (SEP)

ASF: tras 8 años del Programa de Escuelas de Calidad no hay logros
La SEP no ha clasificado a ningún centro educativo con ese estatus, señala el ente fiscalizador
Presenta el órgano a la Cámara de Diputados los resultados de la Cuenta Pública 2008
ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 39
Ocho años después de iniciado, el Programa de Escuelas de Calidad (PEC) no ha logrado que uno solo de los planteles inscritos en el proyecto haya alcanzado ese estatus, determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano fiscalizador concluyó que los alumnos de escuelas incluidas en el programa tienen un rendimiento menor a quienes estudian en el resto de los plantes del sistema público o en las privadas, y eso que en 2008 el gobierno federal destinó a ese rubro mil 253 millones de pesos.
En los resultados de la Cuenta Pública 2008 que entregó ayer la ASF a la Cámara de Diputados se informa de la revisión al presupuesto de la Secretaría de Educación Pública, específicamente al programa de Escuelas de Calidad, que incluye 39 mil 977 planteles públicos de educación básica, los cuales representan 20.4 por ciento de los 195 mil 658 que hay en el país.
De esas 39 mil 977 escuelas, 26.2 por ciento cumplieron más de cinco años dentro del programa, explicó la ASF.
Sin embargo, expuso que después de ocho años de operación del programa, la SEP no tiene clasificado ningún centro educativo como escuela de calidad, de acuerdo con las características establecidas en las reglas de operación.
Refirió que la SEP definió indicadores y metas para medir y evaluar solamente uno de los tres objetivos del programa, el de elevar la calidad de la educación, sin contar con los resultados de aprovechamiento escolar y tener elementos para valorar los avances en el cumplimiento de ese objetivo.
Para evaluar los resultados del programa, la auditoría realizó un estudio de impacto y determinó que los avances de los alumnos en escuelas del PEC fueron poco significativos.
Así, encontró que en 55 por ciento de las escuelas sometidas a la prueba Enlace mejoró el aprendizaje de los alumnos en un porcentaje inferior en 8 por ciento a la meta prevista.
Además, los alumnos de escuelas atendidas por el Programa de Escuelas de Calidad obtuvieron en promedio 494.2 puntos, esto es, 61.8 por ciento del máximo a alcanzar de 800 puntos, en comparación con los 513.3 puntos (64.2 por ciento) del promedio nacional y los 744.3 puntos (93 por ciento) obtenidos por las escuelas con resultados excelentes.
El órgano fiscalizador concluyó que los estudiantes de dicho programa sólo mejoraron ligeramente su puntaje de aprovechamiento conforme aumentaban sus años de permanencia en el proyecto.
Los que tenían ocho años de permanencia en el PEC lograron 521.2 puntos, 8.6 por ciento más que los 479.9 obtenidos por los de escuelas con un año de incorporación al programa, explicó.
Incumple el gobierno con la ley; debe regular cooperativas escolares, dicen
ONG: desde 2006 se ordenó actualizar la legislación respectiva
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 39
El Ejecutivo federal ha incumplido por más de tres años con la Ley General de Educación. Con la reforma de 2006 a dicho ordenamiento, se le mandató actualizar y modernizar el Reglamento de cooperativas escolares vigente desde 1982. Es falso, entonces, que el gobierno carezca de facultades para regular los productos que se venden a los alumnos en los planteles de educación básica, afirmó Xiuh Tenorio, presidente de la Fundación Mídete.
En conferencia de prensa en la que también participaron abogados, padres de familia y especialistas en diabetes, el ex diputado presentó un proyecto de reglamento para las cooperativas escolares, el cual plantea prohibir la venta de alimentos de nulo aporte nutrimental (refrescos, bebidas energéticas o con edulcorantes), así como restringir ingredientes y/o procesos dañinos para la salud y que favorecen la obesidad, como los productos fritos.
Ante el grave problema del sobrepeso y obesidad que afecta a 30 por ciento de los niños de cinco a 11 años, en quienes ya existen la diabetes e hipertensión arterial, es urgente la aplicación de medidas encaminadas a revertirlo.
Alejandro Madrazo, director del Programa del Derecho a la Salud del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE), aseguró que es facultad del Ejecutivo regular las cooperativas escolares, con lo que desmintió las declaraciones que en días pasados hicieron los secretarios de Educación, Alonso Lujambio, y de Salud, José Ángel Córdova, sobre la supuesta dificultad que existía para controlar la venta de alimentos dentro de las escuelas.
El artículo segundo transitorio de la Ley General de Educación estableció un plazo de 60 días, contados a partir del 2 de junio de 2006, para que el Ejecutivo actualizara el ordenamiento, lo cual no ha ocurrido hasta ahora, dijo el abogado.
La propuesta, en la que también participaron la Federación Mexicana de Diabetes, la Federación Nacional de Asociaciones de Padres de Familia y la organización civil Al Consumidor, señala que en el país se registró una transición nutricional a partir de la década de los 80, en la que se redujo notablemente el consumo de frutas, verduras, cereales, carne, leche y sus derivados. En cambio, aumentó la ingesta de carbohidratos refinados, sal, bebidas azucaradas y grasas, contenidos principalmente en productos industrializados.
Resalta el caso de los refrescos, cuyo consumo por individuo pasó de 120 litros en 1998 a 152 en la actualidad, lo que sitúa a México en el primer lugar mundial. Lo anterior es grave si se toma en cuenta que 34 por ciento de los casos de obesidad están relacionados directamente con el consumo de esas bebidas.
El proyecto de reglamento que ya fue entregado a la Presidencia de la República y las secretarías de Educación y Salud, también cuenta con el apoyo del senador Ernesto Saro, quien indicó que fungirá como interlocutor con el gobierno federal para la discusión y publicación del documento.
Ahí también se da cuenta de estudios realizados en el Hospital Infantil de México, según los cuales por el nivel de concentración de glucosa y sacarosa en las bebidas embotelladas, incluyendo jugos, al ingerir un litro diario aumenta en 1.5 kilogramos el peso corporal en sólo dos semanas.
Con relación a los refrescos de cola, el ácido fosfórico que contienen impide al organismo la absorción de calcio, mientras que la cafeína genera hiperactividad y en los niños se traduce en nerviosismo y trastorno del sueño.
Otro factor que ha contribuido al incremento del sobrepeso y la obesidad es que los mexicanos consumen mayormente grasas saturadas y trans. De ahí que en el proyecto de reglamento las organizaciones propongan prohibir productos fritos; eliminar la publicidad en escuelas y terminar con el patrocinio de la industria a cambio de exclusividad en el abasto de ciertos productos.
La renuncia
SOLEDAD LOAEZA
La renuncia del secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, al Partido Acción Nacional ha provocado una pequeña sacudida en el gabinete; en cambio, es posible que los ecos de esta decisión resuenen con más fuerza en el interior del partido en el gobierno. Podemos imaginar que detrás del repudio de Gómez Mont a la política de alianzas que ha votado el Comité Ejecutivo Nacional del PAN, se ha formado ya una amplia mayoría de panistas que miran con desconfianza al Partido de la Revolución Democrática, y que no se reconcilian con la idea de confiar su futuro a un partido que ni siquiera reconoce al Presidente de la República como el jefe legítimo del Poder Ejecutivo. No habrá una escisión del PAN, pero la elección de su candidato presidencial llevará el sello del conflicto que destapó el secretario Gómez Mont, pues al separarse del partido por las razones que expuso, abrió una alternativa para quienes, como él, reprueban la idea de aliarse con el PRD. Para los panistas la fidelidad es un valor personal muy importante, y pueden leer la renuncia de Gómez Mont como un acto de lealtad a su palabra que suscita más respeto que resentimiento.
En el interior del gabinete la noticia de la renuncia provocó un brinco en el corazón de más de uno de los secretarios: alguno de ellos aspirante a la candidatura presidencial, otros, movidos simplemente por la pasión de la política, y por la perspectiva de ocupar un cargo que en los meses recientes ha recuperado la beligerancia política que le había arrebatado la oscuridad de los predecesores inmediatos de Gómez Mont en Gobernación. Lo cierto es que con él al frente, la secretaría ha dejado de ser una oficialía de partes y ha recuperado su papel histórico como pieza central en la maquinaria del poder. Así que, paradójicamente, la renuncia impulsó esa cartera al centro de la disputa por el poder, en el seno del gobierno y del partido. También es una paradoja que ahora menos que nunca creamos el dicho del secretario de que no aspira a ser candidato a la Presidencia.
La creación de la Secretaría de Seguridad Pública despojó a Gobernación de buena parte de su peso político; sin embargo, a partir de que Gómez Mont asumió el papel de interlocutor de los partidos y del Poder Legislativo, devolvió a la secretaría un protagonismo que había perdido, ahora depurado, precisamente porque ya no es responsable de los temas de seguridad y de información política. Esta recuperación de la secretaría también ha ocurrido porque el secretario Gómez asumió con entusiasmo y mucha actividad la responsabilidad de promover y defender la reforma política calderonista, y lo ha hecho con más enjundia que los legisladores y los dirigentes panistas. Estos últimos se han concentrado en formar alianzas, cuyo futuro es incierto.
En estas condiciones cabe preguntarse por qué César Nava está dispuesto a pagar el elevado costo que ya le ha representado la estrategia de alianzas. Por una parte, la renuncia del secretario expuso la debilidad del dirigente, su subordinación al Presidente de la República, y sembró una bomba de tiempo en su capacidad para gobernar a un partido que tiene una larga historia de rebeldías internas. Lo primero que se me ocurre es que Nava no es muy optimista respecto de los resultados electorales de su partido en los comicios de este año. De hecho sus cálculos parecen haber sido tan adversos que lo empujaron a sacrificar la reforma política a las alianzas, pues era previsible que, ante la amenaza de las oposiciones coaligadas, los priístas reaccionaran descartando el decálogo presidencial de reformas. La estrategia navista, además, es de alto riesgo, pues no hay ninguna certeza de que con todo y alianzas puedan vencer al temible PRI en estados que gobierna desde hace décadas. Las encuestas de opinión confirman las perspectivas muy halagadoras de los priístas. También es posible que los dirigentes del PAN hayan dado por perdida de antemano la batalla por la reforma política, y hayan considerado que no valía la pena gastar la pólvora en lo que parece haberse convertido en un infiernillo.
¿Qué hubiera pasado si Gómez Mont fuera primer ministro, como ocurriría si se acepta una propuesta que ha circulado por ahí desde hace ya años? Pues si el secretario de Gobernación fuera primer ministro, jefe de Gobierno, o jefe de gabinete, como les plazca llamarlo, entonces con su renuncia habría arrastrado a todo el gabinete, porque en tanto que responsable del gobierno, su separación del partido lo apartaba también formalmente de sus compañeros de gobierno, de cuyo desempeño ya no podría hacerse responsable. En ese caso la renuncia hubiera exigido la elección de un sucesor miembro del PAN.
La declaración que hizo en enero de 1994 un recién nombrado secretario de Gobernación de que él no pertenecía a ningún partido fue muy extraña. En la complicada coyuntura creada por la aparición del EZLN, pareció un pronunciamiento democrático, pero, como se dijo antes, quien ocupa la Secretaría de Gobernación no es un ciudadano que se coloca por encima de todos los partidos, sino el operador político del partido en el gobierno. Si Gómez Mont hubiera sido jefe de gobierno entonces su renuncia habría tenido un impacto desestabilizador mucho mayor del que ha tenido.
Hasta ahora el efecto negativo de la separación del secretario de su partido ha podido ser aislado del marco amplio de sus responsabilidades políticas. Se ha podido tratar como un asunto privado que se dirime entre los panistas. En este terreno tampoco hay mucho de qué preocuparse porque el PAN tiene una larga historia de disidencias, pero tuvieron un alcance desestabilizador limitado, pese a ser muestra de intolerancia. En 1947 Aquiles Elorduy, uno de los cuatro diputados panistas que habían logrado conquistar una curul –en esa época todas eran de mayoría– fue expulsado del partido porque desde la tribuna denunció al gobierno por permitir procesiones religiosas en la calle, y con ello violar la Constitución. Al día siguiente de pronunciado el discurso el PAN anunció que el diputado Elorduy había dejado de militar en sus filas.