UNIDOS ESPINO, CALDERON Y ULISES
15 feb 2010
Casi todos contra la alianza (y Gabino Cué)
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 14 de febrero.- La alianza del PAN y los partidos del Dia (Diálogo para la Reconstrucción Nacional: PRD, PT, Convergencia) ha obtenido ya su primer triunfo, antes del que probablemente obtenga en los comicios del 4 de julio. Pudo forjarse pese a la diversidad y peso de las voluntades en sentido contrario.
Coincidieron en oponerse a la coalición oaxaqueña, aunque por razones distintas, los contendientes de la elección presidencial de 2006, cabezas de la polarización surgida entonces y que perdura al día de hoy. Andrés Manuel López Obrador ha emitido una condena generalizada a las alianzas de sus partidos cercanos con el PAN y con el PRI. Incluyó en esa advertencia a Oaxaca, aunque a todas luces se ha resignado a que Gabino Cué sea el candidato de una coalición indeseable. No le será inconveniente contar con el apoyo de Cué como gobernador, pues él ha sabido mantenerse próximo a su movimiento pese a haber anunciado, en cumplimiento de una condición panista, que sostendrá un trato institucional con Calderón (como lo hacen, por lo demás, otros gobernadores que fueron postulados por el PRD).
Felipe Calderón tampoco quería la alianza oaxaqueña, si bien no por decisión propia, sino por acuerdo con el mismísimo gobernador de esa entidad. Alejandro Almazán, reportero del semanario emeequis, oyó de amigos de Manlio Fabio Beltrones la siguiente versión, difundida por el propio líder del PRI en el Senado. En septiembre pasado, Beltrones visitó en su oficina a Beatriz Paredes para disuadirla de apoyar el paquete económico tal como había sido enviado de Los Pinos, en especial el incremento de impuestos. Al terminar su alegato, la presidenta del tricolor se limitó a pedir al sonorense: “Deberías decirle todo eso a Ulises”. El gobernador de Oaxaca se encontraba en el mismo edificio, en una oficina vecina y, quizá a moción de la presidenta, se asomó al sitio donde ella y Beltrones dialogaban: “Tenemos que apoyar el IVA, ya lo hablé con Calderón”, anunció, a lo que el pragmático sonorense preguntaría: “¿Y qué vamos ganar?”: “Que no haya alianza del PAN y del PRD en Oaxaca. Yo no puedo salir de mi estado con una derrota, sería mucho desmadre. Además, eso afectaría al partido para 2012”.
Encargado de consolidar ese compromiso, Fernando Gómez Mont acudió el martes 9 de febrero al comité nacional panista. Su alegato contra la coalición fue estrepitosamente derrotado: 40 votos apoyaron la alianza e hicieron al gobierno incumplir su oferta al PRI. Despechado o colérico, o ambas cosas a la vez, Gómez Mont dejó de ser panista. Pero eso no ha impedido que Ulises Ruiz, que había llegado a ese pacto con Calderón, mueva otras bazas en este juego en que tanto le importa no perder.
Está aplicando sus recursos y su fuerza a la izquierda y a la derecha de la coalición. Héctor Sánchez y su partido Unidad Popular han vuelto a la escena, en que se les asignará un papel semejante al que protagonizaron en 2004. Sánchez abandonó entonces el PRD y creó un partido local que lo postuló a la gubernatura. La estrategia surtió efecto: la votación de ese partido de última hora, que escindió a uno de los partidos de la alianza, fue equivalente al número de votos con los que Ruiz aventajó formalmente a Cué. Sin embargo, es posible que esta vez su presencia no sea suficiente para minar a los opositores en la medida necesaria. Las más recientes encuestas dan al candidato de la oposición una ventaja de 10%, superior cinco veces al margen por el que hace seis años fue derrotado.
Por la derecha, dentro del PAN también desplegó Ulises Ruiz su fuerza. Aun después de conocidas las decisiones del comité estatal panista y de su comité nacional, se buscaba sacar avante la candidatura de Huberto Aldaz Hernández. Es un ingeniero agrónomo que en el gobierno foxista dirigió el Instituto Nacional Indigenista y fue encargado de clausurarlo para dar paso a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Luego fue diputado federal y ahora es delegado de la Sedesol en Oaxaca. Según sus partidarios, es mejor opción que Cué. Aun si tuvieran razón al comparar las trayectorias y personalidades de ambos, es claro que la fuerza del actual senador, ya formalizado candidato, es superior a la de Aldaz, por lo que postular a éste significaría mermar la potencia que se espera de la unión de partidos.
Tras la renuncia de Gómez Mont, con lo que ella implica de distanciamiento entre el PAN y el gobierno, queda por ver la actitud de la Sedesol. Mediante mecanismos administrativos y políticos, esa secretaría puede hacer que Aldaz acate la decisión de su partido y se sume a la candidatura de Cué. Pero cabría la posibilidad de que los aldacistas buscaran una alternativa para no apoyarlo. Esa posibilidad, sin embargo, generaría otra disputa interna. Se trata del Partido Nueva Alianza, que en algún momento esbozó su propósito de unirse a la coalición pero desistió porque su precandidata Irma Piñeyro no tendría posibilidad de ser elegida frente a Cué. Dada la cercanía y entreveramiento del PAN y el Panal en otras entidades, una disidencia panista sería bien recibida por el partido de Elba Esther Gordillo, aunque tuviera que dirimir la candidatura entre Piñeyro y Aldaz.
Es probable que el aldacismo sea parte de la estrategia de Manuel Espino contra la alianza. Además de predicar contra ella, ha trabajado para impedirla. Y es que Espino sostiene una relación política extraña con Ruiz, quien patrocina reuniones políticas del antiguo dirigente panista. Un encuentro continental sobre seguridad –segunda edición de otro que realizó en Colombia la Organización Demócrata Cristiana de América (presidida por Espino y a la que pertenece el PAN)–, efectuado en 2008 en Ciudad Juárez, fue financiado por el gobierno priista de Chihuahua… y por el de Oaxaca. La oficina de prensa de Ruiz, además, organizó la presentación en Oaxaca del más reciente libro de Espino, Volver a empezar.
Con todo y ese conjunto de amagos y estorbos, la coalición en Oaxaca va. Se avizora tan formidable su empuje que ello explica el despliegue de toda suerte de recursos para impedirla.
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 14 de febrero.- La alianza del PAN y los partidos del Dia (Diálogo para la Reconstrucción Nacional: PRD, PT, Convergencia) ha obtenido ya su primer triunfo, antes del que probablemente obtenga en los comicios del 4 de julio. Pudo forjarse pese a la diversidad y peso de las voluntades en sentido contrario.
Coincidieron en oponerse a la coalición oaxaqueña, aunque por razones distintas, los contendientes de la elección presidencial de 2006, cabezas de la polarización surgida entonces y que perdura al día de hoy. Andrés Manuel López Obrador ha emitido una condena generalizada a las alianzas de sus partidos cercanos con el PAN y con el PRI. Incluyó en esa advertencia a Oaxaca, aunque a todas luces se ha resignado a que Gabino Cué sea el candidato de una coalición indeseable. No le será inconveniente contar con el apoyo de Cué como gobernador, pues él ha sabido mantenerse próximo a su movimiento pese a haber anunciado, en cumplimiento de una condición panista, que sostendrá un trato institucional con Calderón (como lo hacen, por lo demás, otros gobernadores que fueron postulados por el PRD).
Felipe Calderón tampoco quería la alianza oaxaqueña, si bien no por decisión propia, sino por acuerdo con el mismísimo gobernador de esa entidad. Alejandro Almazán, reportero del semanario emeequis, oyó de amigos de Manlio Fabio Beltrones la siguiente versión, difundida por el propio líder del PRI en el Senado. En septiembre pasado, Beltrones visitó en su oficina a Beatriz Paredes para disuadirla de apoyar el paquete económico tal como había sido enviado de Los Pinos, en especial el incremento de impuestos. Al terminar su alegato, la presidenta del tricolor se limitó a pedir al sonorense: “Deberías decirle todo eso a Ulises”. El gobernador de Oaxaca se encontraba en el mismo edificio, en una oficina vecina y, quizá a moción de la presidenta, se asomó al sitio donde ella y Beltrones dialogaban: “Tenemos que apoyar el IVA, ya lo hablé con Calderón”, anunció, a lo que el pragmático sonorense preguntaría: “¿Y qué vamos ganar?”: “Que no haya alianza del PAN y del PRD en Oaxaca. Yo no puedo salir de mi estado con una derrota, sería mucho desmadre. Además, eso afectaría al partido para 2012”.
Encargado de consolidar ese compromiso, Fernando Gómez Mont acudió el martes 9 de febrero al comité nacional panista. Su alegato contra la coalición fue estrepitosamente derrotado: 40 votos apoyaron la alianza e hicieron al gobierno incumplir su oferta al PRI. Despechado o colérico, o ambas cosas a la vez, Gómez Mont dejó de ser panista. Pero eso no ha impedido que Ulises Ruiz, que había llegado a ese pacto con Calderón, mueva otras bazas en este juego en que tanto le importa no perder.
Está aplicando sus recursos y su fuerza a la izquierda y a la derecha de la coalición. Héctor Sánchez y su partido Unidad Popular han vuelto a la escena, en que se les asignará un papel semejante al que protagonizaron en 2004. Sánchez abandonó entonces el PRD y creó un partido local que lo postuló a la gubernatura. La estrategia surtió efecto: la votación de ese partido de última hora, que escindió a uno de los partidos de la alianza, fue equivalente al número de votos con los que Ruiz aventajó formalmente a Cué. Sin embargo, es posible que esta vez su presencia no sea suficiente para minar a los opositores en la medida necesaria. Las más recientes encuestas dan al candidato de la oposición una ventaja de 10%, superior cinco veces al margen por el que hace seis años fue derrotado.
Por la derecha, dentro del PAN también desplegó Ulises Ruiz su fuerza. Aun después de conocidas las decisiones del comité estatal panista y de su comité nacional, se buscaba sacar avante la candidatura de Huberto Aldaz Hernández. Es un ingeniero agrónomo que en el gobierno foxista dirigió el Instituto Nacional Indigenista y fue encargado de clausurarlo para dar paso a la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas. Luego fue diputado federal y ahora es delegado de la Sedesol en Oaxaca. Según sus partidarios, es mejor opción que Cué. Aun si tuvieran razón al comparar las trayectorias y personalidades de ambos, es claro que la fuerza del actual senador, ya formalizado candidato, es superior a la de Aldaz, por lo que postular a éste significaría mermar la potencia que se espera de la unión de partidos.
Tras la renuncia de Gómez Mont, con lo que ella implica de distanciamiento entre el PAN y el gobierno, queda por ver la actitud de la Sedesol. Mediante mecanismos administrativos y políticos, esa secretaría puede hacer que Aldaz acate la decisión de su partido y se sume a la candidatura de Cué. Pero cabría la posibilidad de que los aldacistas buscaran una alternativa para no apoyarlo. Esa posibilidad, sin embargo, generaría otra disputa interna. Se trata del Partido Nueva Alianza, que en algún momento esbozó su propósito de unirse a la coalición pero desistió porque su precandidata Irma Piñeyro no tendría posibilidad de ser elegida frente a Cué. Dada la cercanía y entreveramiento del PAN y el Panal en otras entidades, una disidencia panista sería bien recibida por el partido de Elba Esther Gordillo, aunque tuviera que dirimir la candidatura entre Piñeyro y Aldaz.
Es probable que el aldacismo sea parte de la estrategia de Manuel Espino contra la alianza. Además de predicar contra ella, ha trabajado para impedirla. Y es que Espino sostiene una relación política extraña con Ruiz, quien patrocina reuniones políticas del antiguo dirigente panista. Un encuentro continental sobre seguridad –segunda edición de otro que realizó en Colombia la Organización Demócrata Cristiana de América (presidida por Espino y a la que pertenece el PAN)–, efectuado en 2008 en Ciudad Juárez, fue financiado por el gobierno priista de Chihuahua… y por el de Oaxaca. La oficina de prensa de Ruiz, además, organizó la presentación en Oaxaca del más reciente libro de Espino, Volver a empezar.
Con todo y ese conjunto de amagos y estorbos, la coalición en Oaxaca va. Se avizora tan formidable su empuje que ello explica el despliegue de toda suerte de recursos para impedirla.
El general faccioso
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F. 13 de febrero (Apro).- El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, no se atreve a decirle “no” al presidente Felipe Calderón.
No ha querido detenerlo en su decisión de seguir ensangrentando al país, causando agravio y dolor a miles de ciudadanos, más que bajas verdaderamente significativas a la delincuencia organizada.
Ha puesto al Ejército a disposición de los intereses políticos de su jefe y ha sometido a un intenso desgaste a la principal institución armada del país. A cambio, desde luego, de impunidad.
Más que un general responsable de la integridad de la nación, ha apostado por un proyecto político. Su lealtad es para su comandante en jefe, no para la construcción de la institucionalidad democrática.
Aunque esa transformación no depende sólo de él, nada ha hecho por modificar la obsoleta organización y reglamentación de las Fuerzas Armadas, concebida para un régimen autoritario como fue el del PRI.
En aras de complacer a su jefe, rebasa el carácter no deliberante que define a las milicias en los estados democráticos.
El general ha tomado partido. No sólo hace suyas las propuestas políticas de Calderón, sino que desde la autoridad que le dan las armas, le pide al Congreso que acepte la llamada reforma política de su jefe.
Así lo hizo el pasado martes en la XCVII celebración de la Marcha de la Lealtad y así lo refrendará el próximo viernes 19, el Día del Ejército.
Hasta antes de que Calderón decidiera hacer de los militares pivote de su “guerra” a narcotraficantes –no al narcotráfico– la discusión en algunos sectores era qué tipo de Ejército requería un país con México, con una ubicación geoestratégica que hace casi innecesario un cuerpo destinado para la guerra.
Hacia el norte, es inconcebible una confrontación armada con el Ejército estadounidense. Al sur, con Guatemala la lógica hablaría de una guerra desigual; lo mismo con los países del Caribe, aunque en el caso de Cuba, aunque mermado, se trata de un ejército profesional, preparado desde hace medio siglo para la guerra.
Desde hace dos décadas se venía perfilando la vocación de servicio social del Ejército, más allá de su función de salvaguardar las fronteras e instalaciones estratégicas del país.
Para fortuna del país, el gobierno de Calderón no se ha visto en la necesidad de un masivo auxilio a la población civil a causa de un desastre natural.
Si así ocurriera, cuántos de los 90 mil elementos que el Ejército está destinando al proyecto de Calderón contra narcotraficantes tendrían que destinarse para enfrentar una eventualidad de esas dimensiones.
No podría tener dos frentes simultáneos. De esos 90 efectivos, 45 mil son de refresco y se relevan cada mes, sin considerar la “fatiga” del equipo. Los otros cien mil elementos del Ejército constituye personal administrativo, como corresponde a un cuerpo de 500 generales, como los que hoy tiene Ejército mexicano, por encima, incluso, del de Estados Unidos, el más poderoso del mundo.
Si el narcotráfico y la delincuencia organizada son ahora una amenaza a la seguridad nacional, sus mandos hace muchos años que estuvieron en condiciones de acotarlo. Y no quisieron. O no pudieron.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F. 13 de febrero (Apro).- El secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, no se atreve a decirle “no” al presidente Felipe Calderón.
No ha querido detenerlo en su decisión de seguir ensangrentando al país, causando agravio y dolor a miles de ciudadanos, más que bajas verdaderamente significativas a la delincuencia organizada.
Ha puesto al Ejército a disposición de los intereses políticos de su jefe y ha sometido a un intenso desgaste a la principal institución armada del país. A cambio, desde luego, de impunidad.
Más que un general responsable de la integridad de la nación, ha apostado por un proyecto político. Su lealtad es para su comandante en jefe, no para la construcción de la institucionalidad democrática.
Aunque esa transformación no depende sólo de él, nada ha hecho por modificar la obsoleta organización y reglamentación de las Fuerzas Armadas, concebida para un régimen autoritario como fue el del PRI.
En aras de complacer a su jefe, rebasa el carácter no deliberante que define a las milicias en los estados democráticos.
El general ha tomado partido. No sólo hace suyas las propuestas políticas de Calderón, sino que desde la autoridad que le dan las armas, le pide al Congreso que acepte la llamada reforma política de su jefe.
Así lo hizo el pasado martes en la XCVII celebración de la Marcha de la Lealtad y así lo refrendará el próximo viernes 19, el Día del Ejército.
Hasta antes de que Calderón decidiera hacer de los militares pivote de su “guerra” a narcotraficantes –no al narcotráfico– la discusión en algunos sectores era qué tipo de Ejército requería un país con México, con una ubicación geoestratégica que hace casi innecesario un cuerpo destinado para la guerra.
Hacia el norte, es inconcebible una confrontación armada con el Ejército estadounidense. Al sur, con Guatemala la lógica hablaría de una guerra desigual; lo mismo con los países del Caribe, aunque en el caso de Cuba, aunque mermado, se trata de un ejército profesional, preparado desde hace medio siglo para la guerra.
Desde hace dos décadas se venía perfilando la vocación de servicio social del Ejército, más allá de su función de salvaguardar las fronteras e instalaciones estratégicas del país.
Para fortuna del país, el gobierno de Calderón no se ha visto en la necesidad de un masivo auxilio a la población civil a causa de un desastre natural.
Si así ocurriera, cuántos de los 90 mil elementos que el Ejército está destinando al proyecto de Calderón contra narcotraficantes tendrían que destinarse para enfrentar una eventualidad de esas dimensiones.
No podría tener dos frentes simultáneos. De esos 90 efectivos, 45 mil son de refresco y se relevan cada mes, sin considerar la “fatiga” del equipo. Los otros cien mil elementos del Ejército constituye personal administrativo, como corresponde a un cuerpo de 500 generales, como los que hoy tiene Ejército mexicano, por encima, incluso, del de Estados Unidos, el más poderoso del mundo.
Si el narcotráfico y la delincuencia organizada son ahora una amenaza a la seguridad nacional, sus mandos hace muchos años que estuvieron en condiciones de acotarlo. Y no quisieron. O no pudieron.
Razón y derecho
BERNARDO BÁTIZ V.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) tuvo el acierto de invitar a México, para otorgarle un doctorado honoris causa, al jurista italiano Luigi Ferrajoli, el más conocido y respetado expositor de la doctrina jurídica conocida como garantismo penal, que no es otra cosa que poner los derechos fundamentales de la persona y las garantías procesales como basamento del sistema punitivo.
Sostiene Ferrajoli que el derecho penal debe ser el último recurso del estado de derecho para enfrentar las desviaciones sociales; por tanto, primero, antes de reprimir, es necesario recurrir a todas las fórmulas posibles de prevenir.
En su discurso en el Inacipe, congruente con esta tesis formulada por él hace ya tiempo y sostenida especialmente en su obra capital Derecho y razón, entre las muchas cosas que dijo, como bien destaca el reportero de La Jornada Gustavo Castillo, fue que es necesaria una despenalización gradual de la producción y comercio de las drogas, porque tras muchas décadas de prohibición ha sido imposible su erradicación y en cambio ha servido para fortalecer un escenario de comercio clandestino, corrupción y bandas organizadas.
Algo similar, empezando dentro de los penales, por tratarse de ámbitos en que es posible establecer mecanismo de control, se propuso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aun cuando no fue posible ir más a fondo en la experiencia, porque una parte de las energías y tiempo de ese gobierno tuvieron que ocuparse en salvarlo de las asechanzas de Fox y de su equipo; recordemos, entre otros muchos casos, el del Paraje San Juan, el recorte del presupuesto y el intento fallido del golpe que pretendió ser definitivo, que fue el desafuero. Sin embargo, el asunto quedó planteado desde entonces.
Otra faceta de la exposición de Ferrajoli, también destacada por La Jornada, pero ignorada por los medios audiovisuales y por buena parte de la prensa escrita, fue la crítica indirecta que el pensador italiano hace a la forma en que el actual gobierno afronta el problema del crimen organizado. En una parte de su exposición dice textualmente: Resulta contraproducente el uso en el debate público de un lenguaje militar o, peor, de una práctica militar, a propósito de la lucha al crimen organizado, como cuando se habla de guerra al narcotráfico o se llaman enemigos a los delincuentes, o se emplea al ejército para contrastar las bandas criminales. El derecho penal es la antítesis de la guerra: en el estado de derecho no existen enemigos, sino sólo ciudadanos.
Las críticas más constantes a la declaración de guerra y al lenguaje belicista de Felipe Calderón en nuestro país han sido coincidentes con lo que el autor de Derecho y razón ha sostenido y en nuestro propio país la guerra, el enemigo, el exterminio, aunados al aumento de las penas, a las cárceles en que se violan derechos humanos y a procedimientos que facilitan el atropello y la arbitrariedad, como son los cateos, los arraigos, los retenes y otras prácticas contrarias a principios fundamentales de derecho, no han servido sino para desatar una escalada de violencia que no sabemos bien a bien en qué va a terminar.
Muchos medios de comunicación, especialmente la televisión, se han ocupado hasta el cansancio de casos como el del futbolista lesionado en los baños de un bar o la terrible masacre de jóvenes en Ciudad Juárez; nos hacen ver y escuchar en infinidad de ocasiones los discursos de los funcionarios con los que pretenden convencernos de su eficacia y de que están enfrentando con éxito al crimen y al delito, pero pasan desapercibidas la presencia y la voz de una autoridad como la del jurista Ferrajoli.
El título recibido y el discurso hubieran sido una oportunidad de oro para informar sobre su punto de vista y abrir el debate que por momentos, si sólo nos atenemos a la televisión, se vuelve monólogo o, peor aun, repetición de eslogans para aturdirnos y convencernos de la bondad de un producto de mercado.
Se ha dicho insistentemente que no se ganará la guerra contra el narco si no se combaten sus causas, mediante acciones preventivas. Ferrajoli en su intervención propone: una respuesta racional ante la amenaza de este mal social; además de reiterar la denominación de derecho penal mínimo, limitado como extrema ratio, sugiere que parte de lo que hay que hacer es desarrollar políticas sociales capaces de reducir la pobreza, la ignorancia y la marginación, que son un constante alimento no sólo de la criminalidad callejera y de subsistencia, sino también aquella criminalidad subalterna a la gran criminalidad organizada, y enumera como políticas sociales la escuela, la instrucción, el pleno empleo, las garantías de los derechos sociales como únicas verdades políticas capaces de agredir las causas estructurales de este tipo de desviaciones.
Es el momento quizá, y aprovechando la reciente presencia en México de este autor, de volver a leer Derecho y razón, y replantear un debate encaminado a cambiar estrategias del combate al crimen organizado, a partir de nuevas reflexiones sin perjuicios y sin miedo.
Polvos de aquellos lodos. Hace unos lustros, (era el inicio de las concertaciones), al discutirse la reprivatización de la banca, Diego pudo decir a Gutiérrez Barrios: conste, don Fernando, yo nunca le he fallado. Hoy, el discípulo de Diego no puede decir lo mismo al discípulo de Gutiérrez Barrios; a lo sumo podrá decir: conste, don Manlio, le fallé, pero renuncié.
BERNARDO BÁTIZ V.
La semana pasada, el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe) tuvo el acierto de invitar a México, para otorgarle un doctorado honoris causa, al jurista italiano Luigi Ferrajoli, el más conocido y respetado expositor de la doctrina jurídica conocida como garantismo penal, que no es otra cosa que poner los derechos fundamentales de la persona y las garantías procesales como basamento del sistema punitivo.
Sostiene Ferrajoli que el derecho penal debe ser el último recurso del estado de derecho para enfrentar las desviaciones sociales; por tanto, primero, antes de reprimir, es necesario recurrir a todas las fórmulas posibles de prevenir.
En su discurso en el Inacipe, congruente con esta tesis formulada por él hace ya tiempo y sostenida especialmente en su obra capital Derecho y razón, entre las muchas cosas que dijo, como bien destaca el reportero de La Jornada Gustavo Castillo, fue que es necesaria una despenalización gradual de la producción y comercio de las drogas, porque tras muchas décadas de prohibición ha sido imposible su erradicación y en cambio ha servido para fortalecer un escenario de comercio clandestino, corrupción y bandas organizadas.
Algo similar, empezando dentro de los penales, por tratarse de ámbitos en que es posible establecer mecanismo de control, se propuso durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, aun cuando no fue posible ir más a fondo en la experiencia, porque una parte de las energías y tiempo de ese gobierno tuvieron que ocuparse en salvarlo de las asechanzas de Fox y de su equipo; recordemos, entre otros muchos casos, el del Paraje San Juan, el recorte del presupuesto y el intento fallido del golpe que pretendió ser definitivo, que fue el desafuero. Sin embargo, el asunto quedó planteado desde entonces.
Otra faceta de la exposición de Ferrajoli, también destacada por La Jornada, pero ignorada por los medios audiovisuales y por buena parte de la prensa escrita, fue la crítica indirecta que el pensador italiano hace a la forma en que el actual gobierno afronta el problema del crimen organizado. En una parte de su exposición dice textualmente: Resulta contraproducente el uso en el debate público de un lenguaje militar o, peor, de una práctica militar, a propósito de la lucha al crimen organizado, como cuando se habla de guerra al narcotráfico o se llaman enemigos a los delincuentes, o se emplea al ejército para contrastar las bandas criminales. El derecho penal es la antítesis de la guerra: en el estado de derecho no existen enemigos, sino sólo ciudadanos.
Las críticas más constantes a la declaración de guerra y al lenguaje belicista de Felipe Calderón en nuestro país han sido coincidentes con lo que el autor de Derecho y razón ha sostenido y en nuestro propio país la guerra, el enemigo, el exterminio, aunados al aumento de las penas, a las cárceles en que se violan derechos humanos y a procedimientos que facilitan el atropello y la arbitrariedad, como son los cateos, los arraigos, los retenes y otras prácticas contrarias a principios fundamentales de derecho, no han servido sino para desatar una escalada de violencia que no sabemos bien a bien en qué va a terminar.
Muchos medios de comunicación, especialmente la televisión, se han ocupado hasta el cansancio de casos como el del futbolista lesionado en los baños de un bar o la terrible masacre de jóvenes en Ciudad Juárez; nos hacen ver y escuchar en infinidad de ocasiones los discursos de los funcionarios con los que pretenden convencernos de su eficacia y de que están enfrentando con éxito al crimen y al delito, pero pasan desapercibidas la presencia y la voz de una autoridad como la del jurista Ferrajoli.
El título recibido y el discurso hubieran sido una oportunidad de oro para informar sobre su punto de vista y abrir el debate que por momentos, si sólo nos atenemos a la televisión, se vuelve monólogo o, peor aun, repetición de eslogans para aturdirnos y convencernos de la bondad de un producto de mercado.
Se ha dicho insistentemente que no se ganará la guerra contra el narco si no se combaten sus causas, mediante acciones preventivas. Ferrajoli en su intervención propone: una respuesta racional ante la amenaza de este mal social; además de reiterar la denominación de derecho penal mínimo, limitado como extrema ratio, sugiere que parte de lo que hay que hacer es desarrollar políticas sociales capaces de reducir la pobreza, la ignorancia y la marginación, que son un constante alimento no sólo de la criminalidad callejera y de subsistencia, sino también aquella criminalidad subalterna a la gran criminalidad organizada, y enumera como políticas sociales la escuela, la instrucción, el pleno empleo, las garantías de los derechos sociales como únicas verdades políticas capaces de agredir las causas estructurales de este tipo de desviaciones.
Es el momento quizá, y aprovechando la reciente presencia en México de este autor, de volver a leer Derecho y razón, y replantear un debate encaminado a cambiar estrategias del combate al crimen organizado, a partir de nuevas reflexiones sin perjuicios y sin miedo.
Polvos de aquellos lodos. Hace unos lustros, (era el inicio de las concertaciones), al discutirse la reprivatización de la banca, Diego pudo decir a Gutiérrez Barrios: conste, don Fernando, yo nunca le he fallado. Hoy, el discípulo de Diego no puede decir lo mismo al discípulo de Gutiérrez Barrios; a lo sumo podrá decir: conste, don Manlio, le fallé, pero renuncié.
