VOCERO Y DEFENSOR EMPRESARIAL

Javier Lozano reitera su respaldo a Grupo México en el conflicto de Cananea.
Sostiene que Gómez Urrutia es culpable de que los trabajadores resulten afectados
Asegura que la Secretaría del Trabajo vigilará que se respete la ley en la entrega de indemnizaciones
PATRICIA MUÑOZ RÍOS

Periódico La Jornada

El titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano, señaló que como resultado de la resolución del Poder Judicial de la Federación en torno a la huelga de Cananea, lo que procede es la entrega de las indemnizaciones correspondientes a los ex trabajadores sindicalizados.
Reconoció que los finiquitos que se entregarán a los mineros son mucho muy inferiores a los que en su momento ofreció la empresa. En un amplio comunicado argumentó que si bien esta huelga en su momento fue declarada legalmente existente, esta resolución queda invalidada por la resolución de un tribunal el jueves pasado.
Eso sí, asegura que la dependencia a su cargo vigilará en forma escrupulosa que se entreguen sus indemnizaciones a los trabajadores.
Luego de que el segundo tribunal colegiado en materia de trabajo del primer circuito confirmó el laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA), el cual determinó la no existencia de una relación laboral entre el sindicato minero y la empresa Mexicana de Cananea, se debe continuar con la entrega de las indemnizaciones correspondientes a los ex trabajadores sindicalizados y de confianza, según el secretario del Trabajo.
Según recordó, los finiquitos consistirán en tres meses de salario, más la prima de antigüedad, que incluye el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados por el trabajador, que es lo que ordena la Ley Federal del Trabajo. Incluso señaló que si los montos son mucho menores de los que había ofrecido inicialmente Mexicana de Cananea, es culpa del dirigente de este sindicato, Napoleón Gómez Urrutia.
Debe aclararse que estas indemnizaciones que se llevarán a cabo conforme a la ley son por mucho inferiores a las que en su momento ofreció la empresa para aquellos trabajadores que voluntariamente decidieran aceptarlas; desafortunadamente, la sinrazón de un ex líder que busca satisfacer necesidades personales ha llevado a los trabajadores mineros a estos extremos, apuntó.
Expuso que para la STPS, las peticiones que presentaron los trabajadores para estallar la huelga en Mexicana de Cananea el 30 de julio de 2007 fueron vagas e imprecisas, y explicó que actualmente existen más de 160 denuncias penales presentadas por la empresa por robo y daño en propiedad ajena, contra quien resulte responsable de las afectaciones provocadas en la mina, que cumplió 30 meses de huelga.
Sostuvo que una vez que se realice la notificación oficial, la empresa podrá contratar a quien desee, ya sin el sindicato nacional minero ni su contrato.

Quitan términos sobre diversidad sexual en proyecto contra el VIH
El área de asuntos jurídicos de la Ssa consideró improcedente incluirlos, dice el Censida
No es un documento acabado; si se sustenta la necesidad de agregarlos, se hará, afirma Izazola
ÁNGELES CRUZ MARTÍNEZ

Periódico La Jornada
Lunes 15 de febrero de 2010, p. 40
Por cuestiones de técnica jurídica salieron del proyecto de la norma oficial mexicana (NOM) para la prevención y control del VIH las definiciones de la diversidad sexual (bisexual, homosexual, transgénero y transexual). A pesar de que estas poblaciones están en mayor riesgo de adquirir la infección, el proyecto publicado en el Diario Oficial de la Federación en diciembre pasado no las menciona, y tampoco se plantean acciones específicas para detener la transmisión y el control clínico del virus en dichos grupos.
José Antonio Izazola, director del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH/sida (Censida), explicó que los abogados de la Coordinación de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Salud (Ssa), que encabeza Bernardo Fernández del Castillo, señalaron la improcedencia de incorporar los términos mencionados porque en ninguna otra parte del texto se hace alusión a los mismos.
La presencia de esas definiciones es lo que durante los pasados tres años mantuvo atorado el proceso para la actualización de la NOM, y aunque pasó por la revisión de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer), Izazola justificó que no era un documento acabado. Contenía algunas imprecisiones y frases poco claras, además de las definiciones que finalmente fueron excluidas.
En entrevista, el director de Censida reconoció que haría falta incorporar acciones concretas para las poblaciones con mayor vulnerabilidad a la transmisión del VIH, lo que podría darse si en el periodo de comentarios del proyecto de la NOM se presenta alguna propuesta concreta.
La revisaríamos. Ésa es nuestra obligación, y se consideraría su incorporación si se incluye la evidencia que sustente la necesidad de agregar o quitar algo del documento, indicó el funcionario.
La revisión de la NOM 010 concluyó en 2006, pero no se presentó a la consideración de Cofemer hasta febrero de 2008. Este organismo, dependiente de la Secretaría de Economía, emitió su dictamen final en junio del mismo año, por lo que sólo restaba la revisión jurídica del documento antes de enviarlo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Ahí se detuvo el proceso y durante el Congreso Nacional de Sida, realizado en diciembre de 2009, algunas organizaciones civiles reclamaron a la Secretaría de Salud que el trámite continuara atorado.
El proyecto de NOM se publicó el 23 de diciembre y el plazo para la presentación de comentarios vence el próximo 21 de febrero.
La única alusión que hace el texto a los sectores en mayor riesgo y vulnerabilidad al VIH está en la introducción, donde plantea que desde el punto de vista epidemiológico y con base en los consensos internacionales, la prevención debe focalizarse, de manera específica, al segmento poblacional en mayor riesgo y vulnerabilidad por sus prácticas y/o contextos, como son los hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH); trabajadoras y trabajadores del sexo comercial (TSC); usuarios de drogas inyectables (UDI); personas privadas de su libertad y niños en situación de calle.
Nada más. Izazola explicó que la comunidad transgénero quedó englobada en los HSH, lo cual no es correcto porque tienen necesidades de salud diferentes, lo mismo que el resto de las preferencias sexuales existentes. Pero, insistió, se puede corregir con los comentarios que envíen los ciudadanos a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, que dirige Mauricio Hernández Ávila.

UNESCO: alarman ataques en escuelas y a alumnos de 32 países
México forma parte de esa naciones expuestas por la lucha antinarco
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Periódico La Jornada

La Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) está alarmada por el aumento en varios países de ataques contra profesores, alumnos y escuelas, a manos de grupos armados y de fuerzas militares por motivos políticos o ideológicos. México, en el contexto de la lucha contra el narcotráfico, forma parte de un grupo de 32 naciones que enfrentan esos ataques.
En el informe La educación, víctima de la violencia armada 2010, el organismo señala que la ocupación de escuelas ha sido un problema no sólo en conflictos convencionales sino también en lugares en los que se libran guerras contra narcotraficantes.
Este es el caso de México y Brasil, dijo el británico Brendan O’Malley, autor del documento.
Presentado en Nueva York y distribuido aquí por la sede UNESCO, el informe da cuenta de hechos perpetrados entre enero de 2007 y julio de 2009 contra el sector de la educación en alrededor de 32 países. De manera paralela, se reporta también que casi 250 mil niños en el mundo son soldados.
La UNESCO advierte en diversas naciones un crecimiento alarmante de la violencia en contra de docentes y centros educativos, y plantea la necesidad de proteger la educación y, a su vez, profundizarla como forma de ayuda en los puntos de mayor conflictividad.
En el caso particular de México y la lucha contra el narcotráfico, en el anexo del informe se da cuenta de los casos de Ciudad Juárez, Chihuahua; en el estado de Durango, y San Miguel Cópala, Guerrero. En el primero, en noviembre de 2008 una banda de narcos amenazó a profesores de seis planteles con secuestrar a los alumnos si no entregaban dinero. Varias de las escuelas decidieron evacuar a todos sus estudiantes y cerraron por tres o más semanas, dice el documento de 11 capítulos y 243 páginas.
En el segundo caso, se reporta que el 17 de marzo 2009, en la región Triqui de San Miguel Cópala, fueron encontrados en el Colegio de Bachilleres número 83 una veintena de cartuchos de alto calibre, después de un asalto armado en la comunidad. Continuaron los ataques atribuidos a la Unión de Asistencia Social de la Región Triqui –grupo paramilitar– obligando a varios centros de educación secundaria y bachillerato a suspender sus clases durante abril del año pasado.
A menudo, los grupos insurrectos toman como blanco a las instituciones docentes con el ánimo de atacar al Estado y, a la inversa, algunos estados y organizaciones paramilitares tratan de silenciar a oponentes, reales o supuestos, ejerciendo violencia contra los universitarios en particular, dice el reporte de la UNESCO.
Education under attack 2010, título en inglés del documento, es el segundo estudio de la serie dedicada a este tema. El primero se publicó en 2007. Advierte que todavía hace tres años este fenómeno no era muy conocido.
Sin embargo, concluye que los organismos de Naciones Unidas, las agrupaciones no gubernamentales y la opinión pública internacional están cobrando paulatinamente conciencia del carácter recurrente que tienen estos ataques contra el sector de la educación.
Es obvio que no constituyen fenómenos excepcionales o aislados. El estudio pone de relieve que las destrucciones de escuelas y los asesinatos de profesores y alumnos no son obra exclusiva de los partidarios de los talibanes en Afganistán o en Pakistán, que perpetran estos actos de violencia para impedir la educación de las niñas y las jóvenes, dice el organismo multinacional.
En el periodo analizado, se cometieron actos de violencia en por lo menos 32 países, entre ellos Etiopía, Irán, Irak, Kenya, Israel, Filipinas, Tailandia y Burundi. De América Latina están, además de México, Argentina, Brasil, Guatemala, Colombia, Haití, Honduras y Venezuela.
Respecto a los niños soldados, que alcanzan la cifra de 250 mil en todo el mundo, el reporte indica que los secuestros de niños en contextos de conflictos armados suelen tener por objeto su enrolamiento forzoso en fuerzas combatientes, y los raptos de niñas se perpetran con la finalidad de someterlas a la esclavitud.