ADMINISTRACIONES PODRIDAS
2 mar 2010
Molinar y Bours, involucrados en violaciones en el caso ABC.
La comisión investigadora de la Corte señala a 16 funcionarios federales, estatales y municipales. Priva un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos para guarderías subrogadas. La escasa supervisión y vigilancia en materia de protección civil permitió el incendio, dicen.
ALFREDO MÉNDEZ
Periódico La Jornada
La comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designada para investigar el caso del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, concluyó ayer que priva un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos para estancias subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en su supervisión y vigilancia en materia de protección civil, circunstancias que permitieron la conflagración que provocó la muerte de 49 niños en junio de 2009.
Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y (el incendio de) la Guardería ABC, sostuvo uno de los integrantes de la citada comisión.
Al dar a conocer al pleno de ministros un resumen de su informe preliminar, elaborado después de seis meses de investigación, los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla destacaron que la auditoría jurídica practicada al sistema de guarderías subrogadas reveló que sólo 0.3 por ciento de éstas opera cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos para su funcionamiento, y que de los mil 480 contratos, únicamente 14 fueron otorgados con apego estricto a lo establecido por la normatividad del IMSS en la materia.
Tres décadas de ilegalidad
Añadieron que desde hace tres décadas el Seguro Social carece de facultades legales para otorgar este tipo de contratos. Los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el IMSS para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su consejo técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos, expuso Mota.
Agregó que “el hecho de que actualmente estén operando 11 guarderías de patrones en el país, es decir, de las verdaderamente subrogadas, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable.
“Esta afirmación se corrobora si se tiene en cuenta que desde 1983 –año en que empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios– hasta junio de 2009, esto es, en 26 años, había en el país alrededor de mil 480 con ese esquema, cuando en 36 años –teniendo presente que desde la Ley del Seguro Social de 1973 se previó esa posibilidad– hasta el día de hoy, sólo operan las 11 guarderías de patrones mencionadas”, puntualizó la magistrada.
Como resultado de sus indagatorias, los juzgadores también informaron que en la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del gobierno de Sonora y del municipio de Hermosillo, pero no mencionaron los nombres de los funcionarios implicados.
No obstante, minutos antes de que concluyera la sesión del pleno el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia informó que la Corte ya había publicado en su página de Internet todo el informe preliminar elaborado por ambos magistrados.
En ese documento la comisión consideró que sí existió violación grave de garantías individuales en este caso y señaló como autoridades involucradas a un grupo de 16 funcionarios federales, estatales y municipales, entre los que destacan el ex director general del IMSS y actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo.
Este informe no representa aún la postura definitiva de la SCJN, pues falta que un ministro elabore un proyecto de resolución que en su momento discutirá el pleno, a fin de que los 11 ministros resuelvan si hubo violación de garantías, quiénes serían los funcionarios responsables y cuáles los motivos de su actuación.
El informe de labores servirá al ministro Fernando Franco González Salas para que elabore el proyecto de dictamen que discutirá el pleno. Según las estadísticas dadas a conocer por los miembros de esta comisión de la Corte, 49 por ciento de las guarderías subrogadas carecen de constancia de protección civil vigente, y sólo 407 tienen el visto bueno del Cuerpo de Bomberos, lo que revela un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación.
Al respecto, Mota Cienfuegos indicó que si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social ejerce supervisión administrativa en más de 87 por ciento de las guarderías, su participación en la vigilancia relacionada con la protección civil es escasa, aunque sus reglas internas lo obligan a realizar esas verificaciones.
De su lado, el magistrado Ronzon dijo que, con base en diversos dictámenes periciales consultados, la comisión investigadora llegó a la conclusión de que el incendio que provocó la muerte de 49 niños y dejó lesionados a otros 65 se originó a raíz de “un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler”, en la bodega contigua, donde la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
A partir del accidente, las demás (guarderías) han mostrado clara tendencia a regularizar los tres aspectos: ordenamiento de contratos, operación y supervisión o vigilancia, con marcado énfasis en protección civil, explicó Ronzon.
El dictamen final no tendrá efectos jurídicos ni generará responsabilidades concretas para los involucrados, pero sí servirá de guía a los familiares de las víctimas para que elaboren denuncias penales contra las autoridades que resulten responsables de la violación de garantías.
La comisión investigadora de la Corte señala a 16 funcionarios federales, estatales y municipales. Priva un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos para guarderías subrogadas. La escasa supervisión y vigilancia en materia de protección civil permitió el incendio, dicen.
ALFREDO MÉNDEZ
Periódico La Jornada
La comisión especial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) designada para investigar el caso del incendio de la Guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, concluyó ayer que priva un desorden generalizado en el otorgamiento de contratos para estancias subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), así como en su supervisión y vigilancia en materia de protección civil, circunstancias que permitieron la conflagración que provocó la muerte de 49 niños en junio de 2009.
Quedó probada la existencia de un fuerte vínculo entre el desorden generalizado y (el incendio de) la Guardería ABC, sostuvo uno de los integrantes de la citada comisión.
Al dar a conocer al pleno de ministros un resumen de su informe preliminar, elaborado después de seis meses de investigación, los magistrados de circuito María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Ronzon Sevilla destacaron que la auditoría jurídica practicada al sistema de guarderías subrogadas reveló que sólo 0.3 por ciento de éstas opera cumpliendo a cabalidad con todos los requisitos para su funcionamiento, y que de los mil 480 contratos, únicamente 14 fueron otorgados con apego estricto a lo establecido por la normatividad del IMSS en la materia.
Tres décadas de ilegalidad
Añadieron que desde hace tres décadas el Seguro Social carece de facultades legales para otorgar este tipo de contratos. Los contratos de prestación de servicios que actualmente ha venido otorgando el IMSS para que particulares presten el servicio de guardería están fundados en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y en diversos acuerdos emitidos por su consejo técnico; sin embargo, el instituto carece de facultad legal para otorgarlos, expuso Mota.
Agregó que “el hecho de que actualmente estén operando 11 guarderías de patrones en el país, es decir, de las verdaderamente subrogadas, es indicativo de que su diseño legal no tiene la aceptación deseable.
“Esta afirmación se corrobora si se tiene en cuenta que desde 1983 –año en que empezaron a instalarse las guarderías que operan conforme a un contrato de prestación de servicios– hasta junio de 2009, esto es, en 26 años, había en el país alrededor de mil 480 con ese esquema, cuando en 36 años –teniendo presente que desde la Ley del Seguro Social de 1973 se previó esa posibilidad– hasta el día de hoy, sólo operan las 11 guarderías de patrones mencionadas”, puntualizó la magistrada.
Como resultado de sus indagatorias, los juzgadores también informaron que en la eventual violación de garantías pueden estar involucradas diversas autoridades del IMSS, del gobierno de Sonora y del municipio de Hermosillo, pero no mencionaron los nombres de los funcionarios implicados.
No obstante, minutos antes de que concluyera la sesión del pleno el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia informó que la Corte ya había publicado en su página de Internet todo el informe preliminar elaborado por ambos magistrados.
En ese documento la comisión consideró que sí existió violación grave de garantías individuales en este caso y señaló como autoridades involucradas a un grupo de 16 funcionarios federales, estatales y municipales, entre los que destacan el ex director general del IMSS y actual titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, y el ex gobernador de Sonora Eduardo Bours Castelo.
Este informe no representa aún la postura definitiva de la SCJN, pues falta que un ministro elabore un proyecto de resolución que en su momento discutirá el pleno, a fin de que los 11 ministros resuelvan si hubo violación de garantías, quiénes serían los funcionarios responsables y cuáles los motivos de su actuación.
El informe de labores servirá al ministro Fernando Franco González Salas para que elabore el proyecto de dictamen que discutirá el pleno. Según las estadísticas dadas a conocer por los miembros de esta comisión de la Corte, 49 por ciento de las guarderías subrogadas carecen de constancia de protección civil vigente, y sólo 407 tienen el visto bueno del Cuerpo de Bomberos, lo que revela un sistema normativo carente de eficacia por su inaplicación.
Al respecto, Mota Cienfuegos indicó que si bien el Instituto Mexicano del Seguro Social ejerce supervisión administrativa en más de 87 por ciento de las guarderías, su participación en la vigilancia relacionada con la protección civil es escasa, aunque sus reglas internas lo obligan a realizar esas verificaciones.
De su lado, el magistrado Ronzon dijo que, con base en diversos dictámenes periciales consultados, la comisión investigadora llegó a la conclusión de que el incendio que provocó la muerte de 49 niños y dejó lesionados a otros 65 se originó a raíz de “un corto circuito en el motor de un enfriador de aire conocido como cooler”, en la bodega contigua, donde la Secretaría de Hacienda del gobierno del estado de Sonora tenía almacenadas grandes cantidades de documentos.
A partir del accidente, las demás (guarderías) han mostrado clara tendencia a regularizar los tres aspectos: ordenamiento de contratos, operación y supervisión o vigilancia, con marcado énfasis en protección civil, explicó Ronzon.
El dictamen final no tendrá efectos jurídicos ni generará responsabilidades concretas para los involucrados, pero sí servirá de guía a los familiares de las víctimas para que elaboren denuncias penales contra las autoridades que resulten responsables de la violación de garantías.
Vuelca camión del ISSSTE; mueren nueve pasajeros
Isaín Mandujano. Proceso.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 1 de marzo (apro).- La volcadura de un camión que transportaba hacia la ciudad de México a 19 enfermos del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a sus familiares, dejó como saldo nueve muertos.
El director del instituto de Protección Civil del gobierno de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que alrededor de las 19:00 horas de ayer un camión de pasajeros, contratado por la institución de salud paraestatal, volcó por el exceso de velocidad.
El accidente ocurrió en el kilómetro 145 de la autopista Ocozocuautla-Las Choapas, dos kilómetros antes de llegar al Puente Chiapas.
De acuerdo con el funcionario de Protección Civil, el camión de pasajeros llevaba a 19 pacientes que habían sido turnados para su atención médica en centros de atención especializada del ISSSTE en la Ciudad de México.
Cada uno de los 19 pacientes, explicó, iba acompañado de un familiar, por lo que en la unidad viajaban en total 38 personas, más el conductor y su ayudante.
García Moreno señaló que en el lugar del accidente murieron seis personas y tres más fallecieron en hospitales privados de Tuxtla, a donde fueron trasladados, junto con el resto.
Isaín Mandujano. Proceso.
TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., 1 de marzo (apro).- La volcadura de un camión que transportaba hacia la ciudad de México a 19 enfermos del Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), así como a sus familiares, dejó como saldo nueve muertos.
El director del instituto de Protección Civil del gobierno de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, dio a conocer que alrededor de las 19:00 horas de ayer un camión de pasajeros, contratado por la institución de salud paraestatal, volcó por el exceso de velocidad.
El accidente ocurrió en el kilómetro 145 de la autopista Ocozocuautla-Las Choapas, dos kilómetros antes de llegar al Puente Chiapas.
De acuerdo con el funcionario de Protección Civil, el camión de pasajeros llevaba a 19 pacientes que habían sido turnados para su atención médica en centros de atención especializada del ISSSTE en la Ciudad de México.
Cada uno de los 19 pacientes, explicó, iba acompañado de un familiar, por lo que en la unidad viajaban en total 38 personas, más el conductor y su ayudante.
García Moreno señaló que en el lugar del accidente murieron seis personas y tres más fallecieron en hospitales privados de Tuxtla, a donde fueron trasladados, junto con el resto.
Directivos de enseñanza superior, muy preocupados por la creciente violencia
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Periódco La Jornada
Las universidades e instituciones de educación superior tienen una enorme preocupación por el clima de violencia e inseguridad que se vive en el país, manifestó el secretario general de la ANUIES, Rafael López Castañares, quien aseveró que hasta el momento ningún plantel público o privado ha solicitado la intervención de militares o policías para resguardar instalaciones.
No obstante, subrayó que en años recientes y con el propósito de salvaguardar la integridad de todos los miembros de la comunidad estudiantil, diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, han tomado la decisión de contratar más personal de vigilancia adscrito o recurrir a empresas privadas especializadas, así como a la instalación de cámaras en sus campus, entre otras medidas.
Aun cuando el clima de inseguridad y violencia se acentúa en algunos lugares, la realidad se impone en prácticamente todo el territorio nacional, donde nadie está exento de un suceso de esa naturaleza, enfatizó.
Entrevistado en la sede de la ANUIES luego de una reunión de consejo nacional, dijo que los rectores están muy preocupados por la violencia y que no se trata de invertir más dinero en vigilancia.
En ese sentido, planteó que incrementar la matrícula en enseñanza superior incidiría en la baja de dicha situación, pues actualmente la cobertura a escala nacional es de 27.5 por ciento de jóvenes en edad de estudiar. Con el Presidente de la República nos comprometimos a que lograríamos llegar a 30 por ciento de cobertura, pero aún es un porcentaje bajo, señaló.
López Castañares advirtió que mientras el país no amplíe la cobertura en dicho nivel, “los mexicanos seguiremos padeciendo muchas cosas que ya vivimos en materia de inseguridad. Porque la gran pregunta es: ¿qué hacen esos jóvenes en la calle, a qué se dedican quienes no pueden entrar a una institución pública y mucho menos privada?
Los rectores de la ANUIES estamos muy preocupados por la inseguridad, pues las instituciones educativas como tal son también un conjunto de gente que vive en la sociedad y la sociedad somos todos. Preocupan nuestros hijos y familiares, porque nadie está exento.
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Periódco La Jornada
Las universidades e instituciones de educación superior tienen una enorme preocupación por el clima de violencia e inseguridad que se vive en el país, manifestó el secretario general de la ANUIES, Rafael López Castañares, quien aseveró que hasta el momento ningún plantel público o privado ha solicitado la intervención de militares o policías para resguardar instalaciones.
No obstante, subrayó que en años recientes y con el propósito de salvaguardar la integridad de todos los miembros de la comunidad estudiantil, diversas instituciones de educación superior, tanto públicas como privadas, han tomado la decisión de contratar más personal de vigilancia adscrito o recurrir a empresas privadas especializadas, así como a la instalación de cámaras en sus campus, entre otras medidas.
Aun cuando el clima de inseguridad y violencia se acentúa en algunos lugares, la realidad se impone en prácticamente todo el territorio nacional, donde nadie está exento de un suceso de esa naturaleza, enfatizó.
Entrevistado en la sede de la ANUIES luego de una reunión de consejo nacional, dijo que los rectores están muy preocupados por la violencia y que no se trata de invertir más dinero en vigilancia.
En ese sentido, planteó que incrementar la matrícula en enseñanza superior incidiría en la baja de dicha situación, pues actualmente la cobertura a escala nacional es de 27.5 por ciento de jóvenes en edad de estudiar. Con el Presidente de la República nos comprometimos a que lograríamos llegar a 30 por ciento de cobertura, pero aún es un porcentaje bajo, señaló.
López Castañares advirtió que mientras el país no amplíe la cobertura en dicho nivel, “los mexicanos seguiremos padeciendo muchas cosas que ya vivimos en materia de inseguridad. Porque la gran pregunta es: ¿qué hacen esos jóvenes en la calle, a qué se dedican quienes no pueden entrar a una institución pública y mucho menos privada?
Los rectores de la ANUIES estamos muy preocupados por la inseguridad, pues las instituciones educativas como tal son también un conjunto de gente que vive en la sociedad y la sociedad somos todos. Preocupan nuestros hijos y familiares, porque nadie está exento.
Denuncian abusos a derechos en estación migratoria modelo
GABRIEL LEÓN ZARAGOZA
Periódico La Jornada
En la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, las violaciones a los derechos humanos de migrantes centroamericanos siguen cometiéndose como práctica sistemática y arraigada de fuerzas policiacas y militares, que se traducen en privación ilegal de la libertad y actos de discriminación, entre otras, lo cual demuestra que el gobierno mexicano está incumpliendo las obligaciones contraídas en diversos instrumentos internacionales y el respeto a las garantías consagradas en la Constitución.
Al presentar el informe Derechos humanos y condiciones de detención en la estación migratoria Siglo XXI, organizaciones no gubernamentales detallaron que en dicho inmueble, que el gobierno anterior calificó de modelo porque cumplía los más altos estándares en tecnología, protección a derechos humanos y atención a las personas, también se documentaron atropellos a las garantías a la salud y la alimentación.
En la investigación, basada entre otras cosas en entrevistas a 304 detenidos, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova documentó que la mayoría de esa población son menores de edad, quienes se internaron en territorio nacional sin compañía, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Melissa Vértiz, de la agrupación, explicó que hay presencia mayoritaria (90 por ciento) de originarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y el 10 restante se compone de gente de otras nacionalidades: cubana, brasileña, dominicana y africana.
Denunció que durante la realización del informe –de junio a agosto del año pasado– fue sorprendente y grave haber detectado que el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a dos mexicanos junto con migrantes, quienes fueron privados de su libertad, según los afectados, por parecer guatemaltecos.
Se trató de un claro caso de privación ilegal de la libertad, causada además por prejuicios discriminatorios, sostuvo.
El documento, comentado por Édgar Cortez, de la red Todos los Derechos para Todos, y Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asegura que la mayoría de las detenciones las realizaron efectivos del Ejército y de la policías Federal, Preventiva, Estatal y Municipal, así como elementos del INM.
La escasa claridad de la norma mexicana sobre los alcances de las colaboraciones solicitadas por el INM a otras corporaciones de seguridad pública para la detención de migrantes abre la posibilidad a abusos y violaciones, debido, entre otras cosas, a la poca sensibilidad, capacitación y conocimiento en la materia.
El estudio destaca que 60 por ciento no habían recibido visita médica tras ingresar a la estación; 20 por ciento dormían en el piso, sin colchonetas ni cobijas, a pesar de estar disponibles; 68 por ciento afirmaron no haber comparecido ante autoridades del INM; 80 por ciento declararon que no obtuvieron información sobre sus derechos al momento de ser detenidos, y 90 por ciento no contaron con abogado al momento de declarar.
GABRIEL LEÓN ZARAGOZA
Periódico La Jornada
En la estación migratoria Siglo XXI de Tapachula, Chiapas, las violaciones a los derechos humanos de migrantes centroamericanos siguen cometiéndose como práctica sistemática y arraigada de fuerzas policiacas y militares, que se traducen en privación ilegal de la libertad y actos de discriminación, entre otras, lo cual demuestra que el gobierno mexicano está incumpliendo las obligaciones contraídas en diversos instrumentos internacionales y el respeto a las garantías consagradas en la Constitución.
Al presentar el informe Derechos humanos y condiciones de detención en la estación migratoria Siglo XXI, organizaciones no gubernamentales detallaron que en dicho inmueble, que el gobierno anterior calificó de modelo porque cumplía los más altos estándares en tecnología, protección a derechos humanos y atención a las personas, también se documentaron atropellos a las garantías a la salud y la alimentación.
En la investigación, basada entre otras cosas en entrevistas a 304 detenidos, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova documentó que la mayoría de esa población son menores de edad, quienes se internaron en territorio nacional sin compañía, lo que incrementa su vulnerabilidad.
Melissa Vértiz, de la agrupación, explicó que hay presencia mayoritaria (90 por ciento) de originarios de Guatemala, Honduras y Nicaragua, y el 10 restante se compone de gente de otras nacionalidades: cubana, brasileña, dominicana y africana.
Denunció que durante la realización del informe –de junio a agosto del año pasado– fue sorprendente y grave haber detectado que el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a dos mexicanos junto con migrantes, quienes fueron privados de su libertad, según los afectados, por parecer guatemaltecos.
Se trató de un claro caso de privación ilegal de la libertad, causada además por prejuicios discriminatorios, sostuvo.
El documento, comentado por Édgar Cortez, de la red Todos los Derechos para Todos, y Luis Arriaga, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, asegura que la mayoría de las detenciones las realizaron efectivos del Ejército y de la policías Federal, Preventiva, Estatal y Municipal, así como elementos del INM.
La escasa claridad de la norma mexicana sobre los alcances de las colaboraciones solicitadas por el INM a otras corporaciones de seguridad pública para la detención de migrantes abre la posibilidad a abusos y violaciones, debido, entre otras cosas, a la poca sensibilidad, capacitación y conocimiento en la materia.
El estudio destaca que 60 por ciento no habían recibido visita médica tras ingresar a la estación; 20 por ciento dormían en el piso, sin colchonetas ni cobijas, a pesar de estar disponibles; 68 por ciento afirmaron no haber comparecido ante autoridades del INM; 80 por ciento declararon que no obtuvieron información sobre sus derechos al momento de ser detenidos, y 90 por ciento no contaron con abogado al momento de declarar.
