CONTRA POLÍTICA ANTISINDICAL
16 mar 2010
Electricistas encabezan hoy el paro cívico nacional; esperan acciones en varios estados
El Ejército y la policía federal redoblan la vigilancia en instalaciones de LFC
PATRICIA MUÑOZ RÍOS
Periódico La Jornada
La jornada del paro cívico nacional convocado para este 16 de marzo, encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y diversas organizaciones del Frente Sindical Mexicano, se iniciará temprano con la toma simbólica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en Paseo de la Reforma. Diversos gremios obreros realizarán un mitin-plantón en el que demandarán el cese de la política antisindical y de las violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores mexicanos, por parte de este gobierno.
En el plantón se dará el “banderazo de salida para las movilizaciones que se llevarán a cabo hoy en varios estados.
Los principales dirigentes del SME –luego de una conferencia de prensa por la mañana– se trasladarán a las oficinas centrales de Luz y Fuerza del Centro en el Circuito Interior, donde colocarán las banderas de huelga al filo del mediodía. Al mismo tiempo, grupos de electricistas activos y jubilados, acompañados de organizaciones civiles y sociales, vestirán de rojo y negro todos los centros de trabajo de la paraestatal, estaciones y subestaciones, 80 oficinas comerciales, entre otros.
El SME señaló que tiene información de que ayer por la noche ingresaron a diversas instalaciones de LFC miembros de la policía federal y el Ejército con la finalidad de evitar la acción de los trabajadores. Incluso advirtió que en esta jornada podrían intentar detener a algunos de sus miembros, para lo cual los medios masivos de comunicación han montado una campaña para criminalizar el movimiento.
Este sindicato organizó a los trabajadores que no se han liquidado para esta movilización, los cuales permanecerán en plantón permanente en todos los centros de LFC, apoyados en su emplazamiento a huelga y en que la materia de trabajo existe, el contrato colectivo sigue vigente (en tanto la Suprema Corte de Justicia no resuelva de fondo la demanda de amparo de los trabajadores), según informó Martín Esparza.
A la par de las acciones que se llevarán a cabo en el Distrito Federal, en distintos estados también se tienen previstas movilizaciones, como en Morelos, donde participarán en el paro cívico nacional, además de los electricistas, organizaciones como el Movimiento Magisterial de Bases, el sindicato de Teléfonos de México, el de Nissan, los dos gremios de la Universidad Autónoma de Morelos, el Consejo de Pueblos de Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, entre otros.
En Toluca, los integrantes del SME también tomarán todos los centros de trabajo que se encuentran hasta ahora resguardados por elementos de la Policía Federal. Gustavo Anaya, subsecretario general de esta división, dijo que sólo para esta zona se preve la participación de más de mil 500 electricistas, que se distribuirán en las más de doce subestaciones de Luz y Fuerza, ubicadas en la capital mexiquense, Metepec, Lerma, Xonacatlán, Zinacantepec, San Mateo Atenco y Tianguistenco, además de las oficinas comerciales de la paraestatal y la central de servicios.
El dirigente del SME señaló que también habrá solidaridad internacional, ya que en Grecia la Federación Sindical Mundial estallará un paro.
Como se prevé la posibilidad de que haya actos de represión contra los trabajadores, participará la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos como observador de las acciones del SME, junto con otras organizaciones solidarias políticas, sindicales y del movimiento urbano popular.
El Ejército y la policía federal redoblan la vigilancia en instalaciones de LFC
PATRICIA MUÑOZ RÍOS
Periódico La Jornada
La jornada del paro cívico nacional convocado para este 16 de marzo, encabezada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y diversas organizaciones del Frente Sindical Mexicano, se iniciará temprano con la toma simbólica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), en Paseo de la Reforma. Diversos gremios obreros realizarán un mitin-plantón en el que demandarán el cese de la política antisindical y de las violaciones a los derechos laborales y humanos de los trabajadores mexicanos, por parte de este gobierno.
En el plantón se dará el “banderazo de salida para las movilizaciones que se llevarán a cabo hoy en varios estados.
Los principales dirigentes del SME –luego de una conferencia de prensa por la mañana– se trasladarán a las oficinas centrales de Luz y Fuerza del Centro en el Circuito Interior, donde colocarán las banderas de huelga al filo del mediodía. Al mismo tiempo, grupos de electricistas activos y jubilados, acompañados de organizaciones civiles y sociales, vestirán de rojo y negro todos los centros de trabajo de la paraestatal, estaciones y subestaciones, 80 oficinas comerciales, entre otros.
El SME señaló que tiene información de que ayer por la noche ingresaron a diversas instalaciones de LFC miembros de la policía federal y el Ejército con la finalidad de evitar la acción de los trabajadores. Incluso advirtió que en esta jornada podrían intentar detener a algunos de sus miembros, para lo cual los medios masivos de comunicación han montado una campaña para criminalizar el movimiento.
Este sindicato organizó a los trabajadores que no se han liquidado para esta movilización, los cuales permanecerán en plantón permanente en todos los centros de LFC, apoyados en su emplazamiento a huelga y en que la materia de trabajo existe, el contrato colectivo sigue vigente (en tanto la Suprema Corte de Justicia no resuelva de fondo la demanda de amparo de los trabajadores), según informó Martín Esparza.
A la par de las acciones que se llevarán a cabo en el Distrito Federal, en distintos estados también se tienen previstas movilizaciones, como en Morelos, donde participarán en el paro cívico nacional, además de los electricistas, organizaciones como el Movimiento Magisterial de Bases, el sindicato de Teléfonos de México, el de Nissan, los dos gremios de la Universidad Autónoma de Morelos, el Consejo de Pueblos de Morelos, la Comisión Independiente de Derechos Humanos, entre otros.
En Toluca, los integrantes del SME también tomarán todos los centros de trabajo que se encuentran hasta ahora resguardados por elementos de la Policía Federal. Gustavo Anaya, subsecretario general de esta división, dijo que sólo para esta zona se preve la participación de más de mil 500 electricistas, que se distribuirán en las más de doce subestaciones de Luz y Fuerza, ubicadas en la capital mexiquense, Metepec, Lerma, Xonacatlán, Zinacantepec, San Mateo Atenco y Tianguistenco, además de las oficinas comerciales de la paraestatal y la central de servicios.
El dirigente del SME señaló que también habrá solidaridad internacional, ya que en Grecia la Federación Sindical Mundial estallará un paro.
Como se prevé la posibilidad de que haya actos de represión contra los trabajadores, participará la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos como observador de las acciones del SME, junto con otras organizaciones solidarias políticas, sindicales y del movimiento urbano popular.
Inhabilitado, forense que señaló violación de Ernestina Ascensión
Lo acusan de contaminar muestras; dice que es víctima de represión y acudirá a la SCJN
Tres años después, sostiene que la indígena de Zongolica no murió por causas naturales, sino por un ataque
Revela que se hicieron pruebas de ADN y se hallaron cromosomas masculinos
ANDRÉS T. MORALES
Corresponsal
Periódico La Jornada
Orizaba, Ver., 15 de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inhabilitó al médico forense Juan Pablo Mendizábal Pérez, quien realizó la primera necrocirugía al cadáver de la indígena náhuatl Ernestina Ascensión Rosario, fallecida el 26 de febrero de 2007, luego que presuntamente fue atacada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en la sierra de Zongolica.
Luego de una investigación que se extendió casi tres años, el pasado 22 de febrero la Subprocuraduría de Supervisión y Control de la dependencia informó al legista de su inhabilitación, como parte del procedimiento de responsabilidad 0612007.
La PGJE lo acusa de haber contaminado las muestras de líquido hemático que se tomaron del cadáver de Ascensión Rosario, de 72 años de edad, y de certificar erróneamente que se encontró semen durante la autopsia.
Mendizábal Pérez impugnó su separación del cargo y anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que esta decisión pone en entredicho 23 años de labor en los que no he tenido cuestionamiento alguno hasta que llegó el caso Ernestina.
El médico forense asegura ser víctima de persecución administrativa y represión laboral, ya que en 2008 fue despedido del ayuntamiento de Orizaba por certificar que la anciana indígena originaria de la comunidad de Tetlatzinga, municipio serrano de Soledad Atzompa, sufrió muerte traumática y un ataque sexual.
Por haber dicho la verdad, que la señora murió por causas traumáticas y no por patología; por acreditar que hubo semen en su cuerpo y desgarres que confirman una penetración no consentida, hoy todo lo que hago lo analizan con lupa. He sido objeto de persecución, de represión por parte del gobierno de Veracruz, acusó.
Su hijo, el abogado Pablo Mendizábal Bernal, quien asumió la defensa para revertir la inhabilitación, dijo que ya se logró que la PGJE desechara dos acusaciones contra su padre: una, por realizar la necropsia a la anciana en la funeraria Hermanos Vázquez y no en un anfiteatro, y otra porque el 9 de marzo de 2007 efectuó una segunda necrocirugía, llamada renecropsia, a petición de la propia PGJE.
Sin embargo, la inhabilitación se decidió porque una de las muestras de liquido hemático supuestamente se contaminó durante el trayecto a un laboratorio, luego que fue colocada en una hielera y el hielo se derritió, y la segunda, porque se certificó que en el cadáver había semen.
Mendizábal Bernal afirma que el proceso administrativo contra su padre se basa en supuestos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que sometió al Ministerio Público en toda la investigación, ordenó sanciones por conducto de la recomendación 342007 y prácticamente desvirtuó el expediente judicial que acreditaba que la señora (Ernestina Ascensión) murió de forma no natural.
Es más, el abogado sostiene que la PGJE atendió como si fueran órdenes los señalamientos de la CNDH contra el médico legista, pese a que ese organismo está jurídicamente impedido para desvirtuar las pruebas de una investigación judicial, según consta en las jurisprudencias 907427 y 910395 emitidas por la SCJN en el año 2000.
Estos antecedentes, subrayó, echarían abajo la intromisión de la CNDH –en ese entonces presidida por José Luis Soberanes–, lo cual hizo que se desvirtuaran pruebas del caso y se culpara a quienes las encontraron.
Tres años después de la muerte de Ernestina Ascensión –en la que habrían estado involucrados integrantes del Ejército, de acuerdo con lo que supuestamente dijo la víctima moribunda a quienes la encontraron en un campo de pastoreo del poblado de Tetlatzinga–, Juan Pablo Mendizábal sostiene el diagnóstico que hizo la noche del 26 de febrero de 2007, cuando revisó el cadáver.
Encontré cuatro desgarres en las zonas anal y vaginal. Fueron los mismos que encontró mi colega, el médico Ignacio Gutiérrez (quien colaboró en la segunda autopsia). Fueron los indicativos de que hubo penetración no consentida, asegura en entrevista con La Jornada.
–¿Sostiene el certificado que emitió hace tres años?
–Sí, lo sostengo, y ahí está el dictamen forense. Incluso se encontraron cromosomas del sexo masculino. Eso no ha salido a la luz pública, pero se localizaron.
–¿Se hicieron entonces pruebas de ADN al líquido seminal?
–Se hicieron. Por eso digo que se encontraron cromosomas.
–¿Eso se ocultó en el expediente de investigación?
–A sugerencia de la CNDH se desestimó la prueba, diciendo que la muestra se pudo haber contaminado porque los químicos no usaron guantes en el laboratorio, pero quien hizo la prueba fue una mujer, la doctora Ana María Roldan García. Aun así la CNDH ordenó desvirtuar la prueba.
El abogado Juan Pablo Mendizábal anunció que recurrirá a la SCJN para revertir la inhabilitación del médico, cuya trayectoria se pretende manchar porque emitió un certificado que contradecía lo dicho por el presidente Felipe Calderón, quien atribuyó la muerte de Ascención Rosario a una gastritis no atendida.
Aquí están abriendo la puerta para que se retome el caso. Si ellos me dicen que estoy mal, tendré que debatir con pruebas de que sí hubo semen, existieron los desgarros y, por tanto, jurídicamente se debió haber tipificado el delito de violación sexual, dijo.
Molesto, el médico legista refiere que no sólo él ha sido perseguido por decir la verdad sobre la muerte de la indígena, pues en 2007 fueron suspendidos la doctora Catalina Rodríguez, quien realizó el diagnóstico médico a Ernestina cuando aún estaba viva; el médico forense Ignacio Gutiérrez, quien intervino en la exhumación y en la segunda necrocirugía, y la química Ana María Roldán, quien localizó las enzimas P30 y fosfatasa ácida, que se producen en la próstata del varón.
Todo el trabajo profesional fue desacreditado por la CNDH. El señor (José Luis) Soberanes no sabía ni siquiera dónde está Tetlatzinga. Todo lo resolvió y lo desacreditó desde su escritorio, acusó.
–¿Se arrepiente de lo dicho sobre el caso Ernestina Ascensión?
–No, de ninguna manera. Hablo con el corazón y las pruebas en la mano: defendí los derechos de una indígena.
Este caso es una muestra de las injusticias que se cometen día a día en México. Ernestina no pudo hablar para defenderse. Ahora dicen que hasta los que tradujeron sus últimas palabras se equivocaron, pero las pruebas forenses sí hablaron y las quisieron acallar.
Desaparecen a gemelas en Iztapalapa; son activistas políticas
La redacción
MÉXICO, D.F., 15 de marzo (apro).- Las gemelas Melissa y Nazareth González Navarro se encuentran desaparecidas desde el pasado viernes, luego de que al parecer tres individuos ingresaron a su domicilio y se las llevaron por la fuerza.
La desaparición de las menores de edad (tienen 16 años) ya fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal donde se inició la averiguación previa FIZP/IZP-8-T1/100/00750/10-03; y se acudió al Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) donde se registró la desaparición en el expediente: APOYO Y ORIENTACION TS. /751/10 y APOYO Y ORIENTACION TS. /751/10 BIS.
Tanto Melissa y Nazareth como sus padres, Miguel Ángel González y María del Rosario Navarro, son integrantes de la organización Brújula Roja, colectivo adherete a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Desde los 14 años, las gemelas han participado dentro del Sector Niños y NIñas de la Otra Campaña y fueron parte de diversas activiades durante la visita del Subcomandante Marcos a la ciudad de México, además de participar en diversas protestas contra la represión en San Salvador Atenco y por la Libertad de los Presos Políticos.
Lo acusan de contaminar muestras; dice que es víctima de represión y acudirá a la SCJN
Tres años después, sostiene que la indígena de Zongolica no murió por causas naturales, sino por un ataque
Revela que se hicieron pruebas de ADN y se hallaron cromosomas masculinos
ANDRÉS T. MORALES
Corresponsal
Periódico La Jornada
Orizaba, Ver., 15 de marzo. La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) inhabilitó al médico forense Juan Pablo Mendizábal Pérez, quien realizó la primera necrocirugía al cadáver de la indígena náhuatl Ernestina Ascensión Rosario, fallecida el 26 de febrero de 2007, luego que presuntamente fue atacada sexualmente por elementos del Ejército Mexicano en la sierra de Zongolica.
Luego de una investigación que se extendió casi tres años, el pasado 22 de febrero la Subprocuraduría de Supervisión y Control de la dependencia informó al legista de su inhabilitación, como parte del procedimiento de responsabilidad 0612007.
La PGJE lo acusa de haber contaminado las muestras de líquido hemático que se tomaron del cadáver de Ascensión Rosario, de 72 años de edad, y de certificar erróneamente que se encontró semen durante la autopsia.
Mendizábal Pérez impugnó su separación del cargo y anunció que recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que esta decisión pone en entredicho 23 años de labor en los que no he tenido cuestionamiento alguno hasta que llegó el caso Ernestina.
El médico forense asegura ser víctima de persecución administrativa y represión laboral, ya que en 2008 fue despedido del ayuntamiento de Orizaba por certificar que la anciana indígena originaria de la comunidad de Tetlatzinga, municipio serrano de Soledad Atzompa, sufrió muerte traumática y un ataque sexual.
Por haber dicho la verdad, que la señora murió por causas traumáticas y no por patología; por acreditar que hubo semen en su cuerpo y desgarres que confirman una penetración no consentida, hoy todo lo que hago lo analizan con lupa. He sido objeto de persecución, de represión por parte del gobierno de Veracruz, acusó.
Su hijo, el abogado Pablo Mendizábal Bernal, quien asumió la defensa para revertir la inhabilitación, dijo que ya se logró que la PGJE desechara dos acusaciones contra su padre: una, por realizar la necropsia a la anciana en la funeraria Hermanos Vázquez y no en un anfiteatro, y otra porque el 9 de marzo de 2007 efectuó una segunda necrocirugía, llamada renecropsia, a petición de la propia PGJE.
Sin embargo, la inhabilitación se decidió porque una de las muestras de liquido hemático supuestamente se contaminó durante el trayecto a un laboratorio, luego que fue colocada en una hielera y el hielo se derritió, y la segunda, porque se certificó que en el cadáver había semen.
Mendizábal Bernal afirma que el proceso administrativo contra su padre se basa en supuestos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que sometió al Ministerio Público en toda la investigación, ordenó sanciones por conducto de la recomendación 342007 y prácticamente desvirtuó el expediente judicial que acreditaba que la señora (Ernestina Ascensión) murió de forma no natural.
Es más, el abogado sostiene que la PGJE atendió como si fueran órdenes los señalamientos de la CNDH contra el médico legista, pese a que ese organismo está jurídicamente impedido para desvirtuar las pruebas de una investigación judicial, según consta en las jurisprudencias 907427 y 910395 emitidas por la SCJN en el año 2000.
Estos antecedentes, subrayó, echarían abajo la intromisión de la CNDH –en ese entonces presidida por José Luis Soberanes–, lo cual hizo que se desvirtuaran pruebas del caso y se culpara a quienes las encontraron.
Tres años después de la muerte de Ernestina Ascensión –en la que habrían estado involucrados integrantes del Ejército, de acuerdo con lo que supuestamente dijo la víctima moribunda a quienes la encontraron en un campo de pastoreo del poblado de Tetlatzinga–, Juan Pablo Mendizábal sostiene el diagnóstico que hizo la noche del 26 de febrero de 2007, cuando revisó el cadáver.
Encontré cuatro desgarres en las zonas anal y vaginal. Fueron los mismos que encontró mi colega, el médico Ignacio Gutiérrez (quien colaboró en la segunda autopsia). Fueron los indicativos de que hubo penetración no consentida, asegura en entrevista con La Jornada.
–¿Sostiene el certificado que emitió hace tres años?
–Sí, lo sostengo, y ahí está el dictamen forense. Incluso se encontraron cromosomas del sexo masculino. Eso no ha salido a la luz pública, pero se localizaron.
–¿Se hicieron entonces pruebas de ADN al líquido seminal?
–Se hicieron. Por eso digo que se encontraron cromosomas.
–¿Eso se ocultó en el expediente de investigación?
–A sugerencia de la CNDH se desestimó la prueba, diciendo que la muestra se pudo haber contaminado porque los químicos no usaron guantes en el laboratorio, pero quien hizo la prueba fue una mujer, la doctora Ana María Roldan García. Aun así la CNDH ordenó desvirtuar la prueba.
El abogado Juan Pablo Mendizábal anunció que recurrirá a la SCJN para revertir la inhabilitación del médico, cuya trayectoria se pretende manchar porque emitió un certificado que contradecía lo dicho por el presidente Felipe Calderón, quien atribuyó la muerte de Ascención Rosario a una gastritis no atendida.
Aquí están abriendo la puerta para que se retome el caso. Si ellos me dicen que estoy mal, tendré que debatir con pruebas de que sí hubo semen, existieron los desgarros y, por tanto, jurídicamente se debió haber tipificado el delito de violación sexual, dijo.
Molesto, el médico legista refiere que no sólo él ha sido perseguido por decir la verdad sobre la muerte de la indígena, pues en 2007 fueron suspendidos la doctora Catalina Rodríguez, quien realizó el diagnóstico médico a Ernestina cuando aún estaba viva; el médico forense Ignacio Gutiérrez, quien intervino en la exhumación y en la segunda necrocirugía, y la química Ana María Roldán, quien localizó las enzimas P30 y fosfatasa ácida, que se producen en la próstata del varón.
Todo el trabajo profesional fue desacreditado por la CNDH. El señor (José Luis) Soberanes no sabía ni siquiera dónde está Tetlatzinga. Todo lo resolvió y lo desacreditó desde su escritorio, acusó.
–¿Se arrepiente de lo dicho sobre el caso Ernestina Ascensión?
–No, de ninguna manera. Hablo con el corazón y las pruebas en la mano: defendí los derechos de una indígena.
Este caso es una muestra de las injusticias que se cometen día a día en México. Ernestina no pudo hablar para defenderse. Ahora dicen que hasta los que tradujeron sus últimas palabras se equivocaron, pero las pruebas forenses sí hablaron y las quisieron acallar.
Desaparecen a gemelas en Iztapalapa; son activistas políticas
La redacción
MÉXICO, D.F., 15 de marzo (apro).- Las gemelas Melissa y Nazareth González Navarro se encuentran desaparecidas desde el pasado viernes, luego de que al parecer tres individuos ingresaron a su domicilio y se las llevaron por la fuerza.
La desaparición de las menores de edad (tienen 16 años) ya fue denunciada ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal donde se inició la averiguación previa FIZP/IZP-8-T1/100/00750/10-03; y se acudió al Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes (CAPEA) donde se registró la desaparición en el expediente: APOYO Y ORIENTACION TS. /751/10 y APOYO Y ORIENTACION TS. /751/10 BIS.
Tanto Melissa y Nazareth como sus padres, Miguel Ángel González y María del Rosario Navarro, son integrantes de la organización Brújula Roja, colectivo adherete a la Sexta Declaración de la Selva Lacandona.
Desde los 14 años, las gemelas han participado dentro del Sector Niños y NIñas de la Otra Campaña y fueron parte de diversas activiades durante la visita del Subcomandante Marcos a la ciudad de México, además de participar en diversas protestas contra la represión en San Salvador Atenco y por la Libertad de los Presos Políticos.
Llegan a Ciudad Juárez equipos de FBI, DEA y otras agencias de EU
Aún no se confirma si los crímenes fueron premeditados, sostienen autoridades en Washington
DAVID BROOKS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 16 de marzo de 2010, p. 3
Nueva York, 15 de marzo. Washington envió equipos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de otras agencias de seguridad pública para investigar los asesinatos de tres personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, y para evaluar el nivel de seguridad para sus diplomáticos a lo largo de la frontera. Asimismo, se informó que aún no ha podido confirmarse que el atentado haya tenido el objetivo de matar a personal diplomático estadunidense.
La tragedia sólo subraya qué tan severo y significativo es el peligro que esto representa para México, Estados Unidos y el hemisferio, afirmó a los medios de comunicación P. J. Crowley, vocero del Departamento de Estado. Informó que el gobierno estadunidense evalúa la seguridad en sus instalaciones diplomáticas en la frontera y dijo que se trabajará con México para determinar si se necesita adoptar más medidas.
¿Identidad equivocada?
A la vez, el gobierno de Wa-shington aún no confirma si los atentados fueron premeditados contra su personal. Sobre si este incidente particular fue dirigido contra diplomáticos estadunidenses, creo que no estamos preparados para llegar aún a esa conclusión, dijo Crowley. Una vocera de la FBI afirmó lo mismo a medios aquí, y agregó que podría tratarse de un caso de identidad equivocada.
Crowley también informó que la decisión del Departamento de Estado para autorizar el éxodo de familiares de empleados diplomáticos estadunidenses en seis ciudades del norte de México fue tomada desde la semana pasada, ante una creciente preocupación por el deterioro de la seguridad en esa zona, y no en respuesta directa a los asesinatos del sábado anterior.
El Departamento de Estado informó que Lesley A. Enriquez trabajaba en la sección de servicios para ciudadanos estadunidenses del consulado en Juárez; ella y su esposo, Arthur H. Redelf, fueron asesinados a poca distancia del puente internacional.
El mexicano Jorge Alberto Salcido Ceniceros, esposo de una empleada mexicana en el mismo consulado, fue asesinado minutos antes en otra parte de la ciudad fronteriza, y algunos medios informaron que era integrante de la policía estatal de Chihuahua.
Aún no se confirma si los crímenes fueron premeditados, sostienen autoridades en Washington
DAVID BROOKS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 16 de marzo de 2010, p. 3
Nueva York, 15 de marzo. Washington envió equipos de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y de otras agencias de seguridad pública para investigar los asesinatos de tres personas vinculadas con el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, y para evaluar el nivel de seguridad para sus diplomáticos a lo largo de la frontera. Asimismo, se informó que aún no ha podido confirmarse que el atentado haya tenido el objetivo de matar a personal diplomático estadunidense.
La tragedia sólo subraya qué tan severo y significativo es el peligro que esto representa para México, Estados Unidos y el hemisferio, afirmó a los medios de comunicación P. J. Crowley, vocero del Departamento de Estado. Informó que el gobierno estadunidense evalúa la seguridad en sus instalaciones diplomáticas en la frontera y dijo que se trabajará con México para determinar si se necesita adoptar más medidas.
¿Identidad equivocada?
A la vez, el gobierno de Wa-shington aún no confirma si los atentados fueron premeditados contra su personal. Sobre si este incidente particular fue dirigido contra diplomáticos estadunidenses, creo que no estamos preparados para llegar aún a esa conclusión, dijo Crowley. Una vocera de la FBI afirmó lo mismo a medios aquí, y agregó que podría tratarse de un caso de identidad equivocada.
Crowley también informó que la decisión del Departamento de Estado para autorizar el éxodo de familiares de empleados diplomáticos estadunidenses en seis ciudades del norte de México fue tomada desde la semana pasada, ante una creciente preocupación por el deterioro de la seguridad en esa zona, y no en respuesta directa a los asesinatos del sábado anterior.
El Departamento de Estado informó que Lesley A. Enriquez trabajaba en la sección de servicios para ciudadanos estadunidenses del consulado en Juárez; ella y su esposo, Arthur H. Redelf, fueron asesinados a poca distancia del puente internacional.
El mexicano Jorge Alberto Salcido Ceniceros, esposo de una empleada mexicana en el mismo consulado, fue asesinado minutos antes en otra parte de la ciudad fronteriza, y algunos medios informaron que era integrante de la policía estatal de Chihuahua.
