EL ESTADO POLICIACO, SORDO Y CIEGO
30 mar 2010
AI insta a México a acatar fallo del Comité de Derechos Humanos de la ONU
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Amnistía Internacional (AI) instó al Estado mexicano a dar cumplimiento efectivo a las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas: reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales en la materia e impedir que cualquier modificación a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite las garantías consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Estado mexicano, insistió AI, debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
Asimismo, debe tipificar los delitos de desaparición forzada y tortura, tal como se define en los instrumentos internacionales, así como armonizar con dicho pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la norma oficial mexicana 046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres).
Además, debe acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, así como evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto mencionado.
Preocupa falta de progreso en la aplicación de recomendaciones
El 26 de marzo pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la falta de progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones que hizo llegar al Estado mexicano, incluidas las relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección a los defensores de las garantías fundamentales, así como a los periodistas.
El comité lamentó que subsistan muchos motivos de preocupación, y recordó que las disposiciones del pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna, y deploró que “la delegación –del gobierno mexicano ante el comité– no haya podido indicar un plazo específico para terminar la propuesta de reformas a la Constitución”.
AI subraya que las recomendaciones que se hicieron a México son un llamado más a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías.
Recuerda la organización internacional de derechos humanos que el comité, además, requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a escalas federal y estatal, así como proporcionar protección eficaz a los defensores de los derechos humanos y los periodistas cuya seguridad corra peligro.
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Amnistía Internacional (AI) instó al Estado mexicano a dar cumplimiento efectivo a las 19 recomendaciones que le formuló el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre ellas: reformar la Constitución para que esté en consonancia con las normas internacionales en la materia e impedir que cualquier modificación a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite las garantías consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El Estado mexicano, insistió AI, debe modificar el Código de Justicia Militar con el fin de que todas las violaciones a los derechos humanos cometidas por integrantes de las fuerzas armadas sean juzgadas por autoridades civiles.
Asimismo, debe tipificar los delitos de desaparición forzada y tortura, tal como se define en los instrumentos internacionales, así como armonizar con dicho pacto la legislación sobre el aborto en todos los estados y asegurar la aplicación de la norma oficial mexicana 046 (sobre violencia familiar, sexual y contra las mujeres).
Además, debe acelerar la reforma del sistema de justicia para acabar con el uso de la tortura y garantizar la presunción de inocencia, así como evitar que cualquier reforma a la Ley Nacional de Seguridad Pública debilite los derechos consagrados en el pacto mencionado.
Preocupa falta de progreso en la aplicación de recomendaciones
El 26 de marzo pasado, el Comité de Derechos Humanos de la ONU manifestó su preocupación por la falta de progresos significativos en la aplicación de las recomendaciones que hizo llegar al Estado mexicano, incluidas las relativas a la violencia contra las mujeres, el despliegue de las fuerzas armadas para garantizar la seguridad pública y la falta de protección a los defensores de las garantías fundamentales, así como a los periodistas.
El comité lamentó que subsistan muchos motivos de preocupación, y recordó que las disposiciones del pacto serán aplicables a todas las partes componentes de los estados federales, sin limitación ni excepción alguna, y deploró que “la delegación –del gobierno mexicano ante el comité– no haya podido indicar un plazo específico para terminar la propuesta de reformas a la Constitución”.
AI subraya que las recomendaciones que se hicieron a México son un llamado más a las autoridades para cumplir con sus obligaciones adquiridas mediante distintos instrumentos internacionales de garantías.
Recuerda la organización internacional de derechos humanos que el comité, además, requiere un informe del gobierno dentro de un año sobre la aplicación de las medidas recomendadas para combatir la violencia contra las mujeres, en particular en Ciudad Juárez, Chihuahua, así como eliminar la figura del arraigo, tanto en la legislación como en la práctica, a escalas federal y estatal, así como proporcionar protección eficaz a los defensores de los derechos humanos y los periodistas cuya seguridad corra peligro.
Piden apoyo para localizar a tres detenidos por el Ejército
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 29 de marzo (apro).- Organizaciones de derechos humanos de Chihuahua y el Centro de Análisis e Investigación “Fundar”, exhortaron a “militares honestos y comprometidos con el país y con el estado de derecho” a aportar información “de manera anónima” que permita la localización de tres personas que fueron detenidas por tropas del Ejército Mexicano hace 90 días, de las cuales se desconoce su paradero.
La solicitud de información sobre el paradero de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinosa y Rocío Irene Alvarado Reyes, originarios del municipio de Buenaventura, está firmada por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), así como por el visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, y Fundar. El correo electrónico al que se podrá enviar información es investigacion@cedehm.org.mx.
El 29 de diciembre, los tres jóvenes fueron detenidos con violencia por un destacamento de unos 10 soldados de Ejército Mexicano, y hasta la fecha no se sabe nada de ellos.
La desaparición forzada de los tres jóvenes Alvarado motivó que el 4 de marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al gobierno de Felipe Calderón un informe sobre el paradero de estas personas, sobre su estado de salud y la situación de seguridad en que se encuentran.
Asimismo, que adopte las medidas cautelares necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las víctimas, sus familias y sus representantes legales.
Las organizaciones añadieron que el caso de los tres jóvenes desaparecidos fue tema de debate durante la pasada sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Durante la reunión uno de los expertos preguntó al gobierno mexicano sobre el caso. Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió: “Estamos investigando y trabajando con los familiares y abogados del caso Alvarado”.
Sin embargo, en el comunicado los familiares y representantes no sólo desmintieron la versión de la Sedena, sino que acusaron a soldados de hostigarlos.
“No existe trabajo conjunto con el Ejército; por el contrario, los familiares de las víctimas han sido hostigados y amenazados en sus domicilios por elementos del Ejército que portan uniformes y vehículos Hummer oficiales; y las representantes legales no hemos tenido acceso al expediente del caso que existe en la Procuraduría Militar”, indicaron.
Los defensores de derechos humanos recordaron que a pesar de que existen pruebas de que los autores de la desaparición de los tres jóvenes fueron militares, la Sedena ha negado sistemáticamente los hechos. Y es que las organizaciones no sólo cuentan con los testimonios de los familiares de los jóvenes desaparecidos.
Destacaron que al momento de la detención ilegal de Nitza y José Ángel, los militares les incautaron una camioneta Pick Up GMC modelo 2001, con platas ZTR9367, misma que fue puesta a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones de Casas Grandes por los soldados, según consta en la carpeta de investigación 5326.-0010/2009.
A ello se suman declaraciones de funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, que indicaron a los familiares de los jóvenes que tenían conocimiento de que éstos estaban detenidos en el Batallón 35 de Infantería, de Nuevo Casas Grandes.
En su comunicado, los activistas acusaron también a la Procuraduría estatal de ser “omisa” en las investigaciones.
Resaltaron que el pasado 3 de febrero, Nitza “logró hacer una llamada a una amiga, aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Nitza Paola le dijo llorando ‘¡ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo!’. Acto seguido la voz de un hombre comunicó a otro hombre ‘¡Puta madre, pinche vieja ya habló, te dije que no la dejaras sola’.”
Los representantes de las organizaciones solicitaron a las autoridades el rastreo de la llamada para ubicar a Nitza, sin embargo la Procuraduría del estado de Chihuahua, sólo verificó las llamadas del día 4 y no las de “el día solicitado.
Los activistas añadieron que los familiares detectaron el número telefónico por el que se comunicó Nitza y solicitaron un nuevo rastreo a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Gobernación (Segob) y nuevamente a la procuraduría estatal.
“Sin embargo hasta el día de hoy las autoridades estatales y federales han sido incapaces de localizar la ubicación del teléfono o no han querido informar los resultados del rastreo telefónico, lo cual sería clave para encontrar de inmediato a Nitza y probablemente al resto de la familia”, señalaron.
Ante los obstáculos para indagar el paradero de los jóvenes Alvarado, y convencidos de que fueron soldados del Ejército Mexicano quienes se los llevaron, los activistas lanzaron un llamado para que sean los militares quienes aporten información.
“Sabemos que existen elementos militares honestos y comprometidos con el país y con el estado de Derecho. En caso de que alguno de estos militares tenga información que lleve a conocer el paradero de las víctimas o a obtener más datos, le solicitamos comparta la información con nosotros de manera anónima”, concluyeron.
Recupera De la Madrid lucidez y acusa a Fox de crecimiento de violencia
Verónica Espinosa
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 29 de marzo (apro).- Visiblemente afectado de salud, con problemas para respirar y balbuceante, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado acusó hoy a Vicente Fox de haber permitido el crecimiento de la delincuencia organizada y el narcotráfico en el país.
En mayo del año pasado, el expresidente causó un sismo político cuando acusó a su sucesor en la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, de ser corrupto y de haberse robado la mitad de la partida secreta. Horas más tarde se desdijo con el argumento de que su delicado estado de salud no le permitía procesar los cuestionamientos.
Hoy, recobró esa lucidez cuando afirmó que la administración foxista fue “un sexenio perdido”, debido a que “problemáticas como la inseguridad pudieron resolverse a tiempo y no ocurrió así”.
Agregó que ahora esta situación se está tratando de enfrentar “con un gran esfuerzo” del presidente Felipe Calderón.
Sin embargo, De la Madrid lamentó que Calderón no cuente con colaboradores que puedan respaldarlo eficazmente en esta labor.
Además, De la Madrid dijo estar de acuerdo con la propuesta de crear una policía única nacional, ya que, señaló, eso significará dar orden a la función policíaca y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a este rubro.
De la Madrid hizo estas declaraciones tras asistir a un congreso de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, evento organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Teatro de La Paz.
Visiblemente afectado físicamente, el expresidente apenas respondió algunas preguntas de los reporteros.
Dijo que “cánceres sociales como la delincuencia se acrecentaron en el país durante el sexenio de Fox, y hoy el país vive un muy grave problema de violencia generalizada en el territorio nacional, en unos puntos más grave que en otros”.
Sin embargo, De la Madrid afirmó que, en materia económica, “el panorama es alentador”, lo que atribuyó a la recuperación de Estados Unidos y al esfuerzo “que estamos haciendo los mexicanos”.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 29 de marzo (apro).- Organizaciones de derechos humanos de Chihuahua y el Centro de Análisis e Investigación “Fundar”, exhortaron a “militares honestos y comprometidos con el país y con el estado de derecho” a aportar información “de manera anónima” que permita la localización de tres personas que fueron detenidas por tropas del Ejército Mexicano hace 90 días, de las cuales se desconoce su paradero.
La solicitud de información sobre el paradero de José Ángel Alvarado Herrera, Nitza Paola Alvarado Espinosa y Rocío Irene Alvarado Reyes, originarios del municipio de Buenaventura, está firmada por el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de Derechos Humanos (Cosyddhac), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), así como por el visitador de la Comisión de Derechos Humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, y Fundar. El correo electrónico al que se podrá enviar información es investigacion@cedehm.org.mx.
El 29 de diciembre, los tres jóvenes fueron detenidos con violencia por un destacamento de unos 10 soldados de Ejército Mexicano, y hasta la fecha no se sabe nada de ellos.
La desaparición forzada de los tres jóvenes Alvarado motivó que el 4 de marzo pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitara al gobierno de Felipe Calderón un informe sobre el paradero de estas personas, sobre su estado de salud y la situación de seguridad en que se encuentran.
Asimismo, que adopte las medidas cautelares necesarias para garantizar la vida y la integridad física de las víctimas, sus familias y sus representantes legales.
Las organizaciones añadieron que el caso de los tres jóvenes desaparecidos fue tema de debate durante la pasada sesión del Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Durante la reunión uno de los expertos preguntó al gobierno mexicano sobre el caso. Un representante de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) respondió: “Estamos investigando y trabajando con los familiares y abogados del caso Alvarado”.
Sin embargo, en el comunicado los familiares y representantes no sólo desmintieron la versión de la Sedena, sino que acusaron a soldados de hostigarlos.
“No existe trabajo conjunto con el Ejército; por el contrario, los familiares de las víctimas han sido hostigados y amenazados en sus domicilios por elementos del Ejército que portan uniformes y vehículos Hummer oficiales; y las representantes legales no hemos tenido acceso al expediente del caso que existe en la Procuraduría Militar”, indicaron.
Los defensores de derechos humanos recordaron que a pesar de que existen pruebas de que los autores de la desaparición de los tres jóvenes fueron militares, la Sedena ha negado sistemáticamente los hechos. Y es que las organizaciones no sólo cuentan con los testimonios de los familiares de los jóvenes desaparecidos.
Destacaron que al momento de la detención ilegal de Nitza y José Ángel, los militares les incautaron una camioneta Pick Up GMC modelo 2001, con platas ZTR9367, misma que fue puesta a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones de Casas Grandes por los soldados, según consta en la carpeta de investigación 5326.-0010/2009.
A ello se suman declaraciones de funcionarios de la Procuraduría de Justicia de Chihuahua, que indicaron a los familiares de los jóvenes que tenían conocimiento de que éstos estaban detenidos en el Batallón 35 de Infantería, de Nuevo Casas Grandes.
En su comunicado, los activistas acusaron también a la Procuraduría estatal de ser “omisa” en las investigaciones.
Resaltaron que el pasado 3 de febrero, Nitza “logró hacer una llamada a una amiga, aproximadamente a las 5:30 de la tarde. Nitza Paola le dijo llorando ‘¡ayúdenme, sáquenme de aquí, sigo viva, tengo miedo!’. Acto seguido la voz de un hombre comunicó a otro hombre ‘¡Puta madre, pinche vieja ya habló, te dije que no la dejaras sola’.”
Los representantes de las organizaciones solicitaron a las autoridades el rastreo de la llamada para ubicar a Nitza, sin embargo la Procuraduría del estado de Chihuahua, sólo verificó las llamadas del día 4 y no las de “el día solicitado.
Los activistas añadieron que los familiares detectaron el número telefónico por el que se comunicó Nitza y solicitaron un nuevo rastreo a la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) de la Procuraduría General de la República (PGR), a la Secretaría de Gobernación (Segob) y nuevamente a la procuraduría estatal.
“Sin embargo hasta el día de hoy las autoridades estatales y federales han sido incapaces de localizar la ubicación del teléfono o no han querido informar los resultados del rastreo telefónico, lo cual sería clave para encontrar de inmediato a Nitza y probablemente al resto de la familia”, señalaron.
Ante los obstáculos para indagar el paradero de los jóvenes Alvarado, y convencidos de que fueron soldados del Ejército Mexicano quienes se los llevaron, los activistas lanzaron un llamado para que sean los militares quienes aporten información.
“Sabemos que existen elementos militares honestos y comprometidos con el país y con el estado de Derecho. En caso de que alguno de estos militares tenga información que lleve a conocer el paradero de las víctimas o a obtener más datos, le solicitamos comparta la información con nosotros de manera anónima”, concluyeron.
Recupera De la Madrid lucidez y acusa a Fox de crecimiento de violencia
Verónica Espinosa
SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., 29 de marzo (apro).- Visiblemente afectado de salud, con problemas para respirar y balbuceante, el expresidente Miguel de la Madrid Hurtado acusó hoy a Vicente Fox de haber permitido el crecimiento de la delincuencia organizada y el narcotráfico en el país.
En mayo del año pasado, el expresidente causó un sismo político cuando acusó a su sucesor en la Presidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, de ser corrupto y de haberse robado la mitad de la partida secreta. Horas más tarde se desdijo con el argumento de que su delicado estado de salud no le permitía procesar los cuestionamientos.
Hoy, recobró esa lucidez cuando afirmó que la administración foxista fue “un sexenio perdido”, debido a que “problemáticas como la inseguridad pudieron resolverse a tiempo y no ocurrió así”.
Agregó que ahora esta situación se está tratando de enfrentar “con un gran esfuerzo” del presidente Felipe Calderón.
Sin embargo, De la Madrid lamentó que Calderón no cuente con colaboradores que puedan respaldarlo eficazmente en esta labor.
Además, De la Madrid dijo estar de acuerdo con la propuesta de crear una policía única nacional, ya que, señaló, eso significará dar orden a la función policíaca y mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a este rubro.
De la Madrid hizo estas declaraciones tras asistir a un congreso de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y Previsión Social, evento organizado por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí en el Teatro de La Paz.
Visiblemente afectado físicamente, el expresidente apenas respondió algunas preguntas de los reporteros.
Dijo que “cánceres sociales como la delincuencia se acrecentaron en el país durante el sexenio de Fox, y hoy el país vive un muy grave problema de violencia generalizada en el territorio nacional, en unos puntos más grave que en otros”.
Sin embargo, De la Madrid afirmó que, en materia económica, “el panorama es alentador”, lo que atribuyó a la recuperación de Estados Unidos y al esfuerzo “que estamos haciendo los mexicanos”.
Deslinda SG al Ejército de los hechos de Durango
ALONSO URRUTIA,
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 5
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, condenó la matanza perpetrada el pasado domingo en Durango, en la que perdieron la vida 10 jóvenes, pero aseveró que ante este tipo de hechos el Estado no se va a arredrar. Al mismo tiempo, deslindó plenamente al Ejército de cualquier participación en la masacre, adjudicada a grupos delictivos que colocaron falsos retenes en el municipio serrano de Pueblo Nuevo: Absolutamente, no hubo participación de elementos militares en esa región, sostuvo.
En conferencia de prensa, donde ofreció condolencias a los deudos de los jóvenes, Gómez Mont señaló que en Durango hay una disputa entre el cártel de Sinaloa con los que parecen ser Los Zetas, lo que ha violentado la zona. Aseguró que estos hechos criminales se han incrementado en la medida en que los grupos que antes ejercían labores de sicariato para los cárteles de la droga han comenzado a disputarle espacios a quienes eran sus dirigentes.
El funcionario confirmó, por otro lado, la detención de un integrante del grupo de Los Aztecas, presuntamente vinculado en el asesinato de tres miembros del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, ocurrido hace dos semanas. “Fuentes de inteligencia –dijo– aportaron la información oportuna y que la aprehensión fue hecha por personas de las fuerzas armadas”.
También mencionó que en días pasados el Ejército Mexicano entregó a la Procuraduría General de la República los videos relacionados con el enfrentamiento ocurrido en Monterrey, donde murieron dos estudiantes del Tec. En los próximos días, una vez que se hayan analizado, habrá información a la opinión pública, señaló.
En este contexto, reivindicó la presencia del Ejército en la lucha contra el crimen organizado: El gobierno federal reconoce que la participación de las fuerzas armadas es temporal y subsidiaria, y que los tiempos los debe fijar el que las instituciones ordinarias de seguridad pública tengan la fortaleza suficiente. Asimismo, reconoció que se espera demasiado de las policías municipales, que no tienen los recursos ni las capacidades para brindar seguridad.
Consideró importante revisar la propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores de unificar las policías en cada entidad, lo que supondría, en su caso, una reasignación de recursos y competencias para fortalecer la capacidad de reacción del Estado ante los embates de la delincuencia. En tanto la situación impere como está, obviamente que sólo las fuerzas armadas tienen la potencia suficiente para parar este tipo de actividades, dijo.
En esta lógica, Gómez Mont expresó que el Ejército tendrá que participar para inhibir estos estados de fuego y fuerza de las organizaciones criminales, en tanto, pronto y bien, las instituciones de seguridad fortalecen sus capacidades y habilidades para responder a estos retos.
Al abundar sobre los hechos ocurridos en Durango, el secretario insistió en que la respuesta institucional del Estado debe ser en sus tres niveles de gobierno y debe enfocarse a crear un frente contra quienes agreden a la ciudadanía. Aseveró que se podrán revisar las estrategias seguidas en materia de combate a la delincuencia organizada, pero ello no significaría en modo alguno una retracción en esta lucha.
–En el caso Durango, ¿nos podría decir si se trata de nuevos grupos o de alguno en específico? –se le preguntó.
–No tenemos información de que nuevos grupos se estén presentando. La información es que sí está cambiando la lógica de poder y de acción de las organizaciones criminales: uno, frente a los embates de los cuales han sido sujetos, y dos, en lo que parece una lógica interna de confrontación entre los que tradicionalmente estaban haciendo las labores de sicariato y sus dirigentes.
“Una hipótesis sería que los sicarios se están enfrentando a sus jefes tradicionales en una lucha por el control de las rutas, recursos y fuentes de ingreso, especialmente de Los Zetas, frente a aquellos que habían sido asociados o buscado sus servicios como mercenarios”, concluyó.
Reaccionan SEP y Arquidiócesis
Sobre el crimen en Durango, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, comentó que toda violencia es condenable y sobre todo contra los más indefensos, que son nuestros niños. Yo lamento profundamente estos acontecimientos y deseo que esto no se repita; debemos cuidar a nuestros niños, no importa bajo qué condiciones, no importa qué tan adversas resulten, indicó al término de la inauguración del mural Ecuación en Acero, del artista plástico Manuel Felguérez, inaugurado por el presidente Felipe Calderón en el patio de la ex Aduana de dicha dependencia.
Ahí, Lujambio expresó su confianza de que las condiciones de seguridad mejoren e indicó que si bien la escuela tiene que generar este ambiente en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, son otras instancias las que deben garantizar la seguridad de los niños. La SEP no puede cuidar todas las escuelas, señaló.
Por su parte, la Arquidiócesis de México condenó el cobarde asesinato perpetrado en el municipio serrano de Pueblo Nuevo, Durango, y manifestó que los agresores viven en pecado mortal y están a un paso de la condenación de sus almas, puesto que no podrán obtener la luz de la misericordia divina.
ALONSO URRUTIA,
Periódico La Jornada
Martes 30 de marzo de 2010, p. 5
El secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, condenó la matanza perpetrada el pasado domingo en Durango, en la que perdieron la vida 10 jóvenes, pero aseveró que ante este tipo de hechos el Estado no se va a arredrar. Al mismo tiempo, deslindó plenamente al Ejército de cualquier participación en la masacre, adjudicada a grupos delictivos que colocaron falsos retenes en el municipio serrano de Pueblo Nuevo: Absolutamente, no hubo participación de elementos militares en esa región, sostuvo.
En conferencia de prensa, donde ofreció condolencias a los deudos de los jóvenes, Gómez Mont señaló que en Durango hay una disputa entre el cártel de Sinaloa con los que parecen ser Los Zetas, lo que ha violentado la zona. Aseguró que estos hechos criminales se han incrementado en la medida en que los grupos que antes ejercían labores de sicariato para los cárteles de la droga han comenzado a disputarle espacios a quienes eran sus dirigentes.
El funcionario confirmó, por otro lado, la detención de un integrante del grupo de Los Aztecas, presuntamente vinculado en el asesinato de tres miembros del consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez, ocurrido hace dos semanas. “Fuentes de inteligencia –dijo– aportaron la información oportuna y que la aprehensión fue hecha por personas de las fuerzas armadas”.
También mencionó que en días pasados el Ejército Mexicano entregó a la Procuraduría General de la República los videos relacionados con el enfrentamiento ocurrido en Monterrey, donde murieron dos estudiantes del Tec. En los próximos días, una vez que se hayan analizado, habrá información a la opinión pública, señaló.
En este contexto, reivindicó la presencia del Ejército en la lucha contra el crimen organizado: El gobierno federal reconoce que la participación de las fuerzas armadas es temporal y subsidiaria, y que los tiempos los debe fijar el que las instituciones ordinarias de seguridad pública tengan la fortaleza suficiente. Asimismo, reconoció que se espera demasiado de las policías municipales, que no tienen los recursos ni las capacidades para brindar seguridad.
Consideró importante revisar la propuesta de la Conferencia Nacional de Gobernadores de unificar las policías en cada entidad, lo que supondría, en su caso, una reasignación de recursos y competencias para fortalecer la capacidad de reacción del Estado ante los embates de la delincuencia. En tanto la situación impere como está, obviamente que sólo las fuerzas armadas tienen la potencia suficiente para parar este tipo de actividades, dijo.
En esta lógica, Gómez Mont expresó que el Ejército tendrá que participar para inhibir estos estados de fuego y fuerza de las organizaciones criminales, en tanto, pronto y bien, las instituciones de seguridad fortalecen sus capacidades y habilidades para responder a estos retos.
Al abundar sobre los hechos ocurridos en Durango, el secretario insistió en que la respuesta institucional del Estado debe ser en sus tres niveles de gobierno y debe enfocarse a crear un frente contra quienes agreden a la ciudadanía. Aseveró que se podrán revisar las estrategias seguidas en materia de combate a la delincuencia organizada, pero ello no significaría en modo alguno una retracción en esta lucha.
–En el caso Durango, ¿nos podría decir si se trata de nuevos grupos o de alguno en específico? –se le preguntó.
–No tenemos información de que nuevos grupos se estén presentando. La información es que sí está cambiando la lógica de poder y de acción de las organizaciones criminales: uno, frente a los embates de los cuales han sido sujetos, y dos, en lo que parece una lógica interna de confrontación entre los que tradicionalmente estaban haciendo las labores de sicariato y sus dirigentes.
“Una hipótesis sería que los sicarios se están enfrentando a sus jefes tradicionales en una lucha por el control de las rutas, recursos y fuentes de ingreso, especialmente de Los Zetas, frente a aquellos que habían sido asociados o buscado sus servicios como mercenarios”, concluyó.
Reaccionan SEP y Arquidiócesis
Sobre el crimen en Durango, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Alonso Lujambio, comentó que toda violencia es condenable y sobre todo contra los más indefensos, que son nuestros niños. Yo lamento profundamente estos acontecimientos y deseo que esto no se repita; debemos cuidar a nuestros niños, no importa bajo qué condiciones, no importa qué tan adversas resulten, indicó al término de la inauguración del mural Ecuación en Acero, del artista plástico Manuel Felguérez, inaugurado por el presidente Felipe Calderón en el patio de la ex Aduana de dicha dependencia.
Ahí, Lujambio expresó su confianza de que las condiciones de seguridad mejoren e indicó que si bien la escuela tiene que generar este ambiente en coordinación con las autoridades de los tres niveles de gobierno, son otras instancias las que deben garantizar la seguridad de los niños. La SEP no puede cuidar todas las escuelas, señaló.
Por su parte, la Arquidiócesis de México condenó el cobarde asesinato perpetrado en el municipio serrano de Pueblo Nuevo, Durango, y manifestó que los agresores viven en pecado mortal y están a un paso de la condenación de sus almas, puesto que no podrán obtener la luz de la misericordia divina.
