PODRIDO DESDE LA RAIZ
30 mar 2010
El delito de Alberta y Teresa
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
Se llaman Alberta y Teresa. Son mujeres, son pobres, son indígenas. Ése es su delito. Por eso están en la cárcel, condenadas a 21 años de prisión, 91 mil pesos de multa y la obligación de pagar 70 mil pesos para reparar el daño que supuestamente cometieron.
Alberta Alcántara y Teresa González son indígenas ñañues (otomí) de la comunidad de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro. Desde hace más de tres años están en prisión. El 5 de agosto de 2006 fueron encarceladas, en el Cereso de San José el Alto sin haber tenido contacto con abogados o familiares. Están acusadas de secuestrar a seis agentes federales de investigación (afis). Amnistía Internacional las declaró presas de conciencia.
Jacinta Francisco, también indígena, fue detenida por las mismas causas. Defendida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), obtuvo la libertad en septiembre de 2009, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) dictó conclusiones no acusatorias en el segundo proceso. A pesar de que los tres casos son parecidos, ni Alberta ni Teresa han recuperado su libertad.
La historia del caso comienza el 26 de marzo de 2006. Ese día, un grupo de afis llegó al tianguis de Santiago Mexquititlan, municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro, sin uniformes y sin identificarse. Argumentaron realizar un operativo contra la piratería y posible venta de narcóticos. Investigaban a una mujer alta, pecosa y de cabello corto a la que apodaban La Güera, quien fue denunciada en forma anónima por posesión de cocaína. Prepotentes, destrozaron mercancía.
Los vendedores, indignados, no se dejaron: los rodearon, exigieron que se identificaran, que mostraran la orden que justificaba su proceder y que pagaran los daños. Los afis tuvieron que aceptar. En prenda, dejaron a uno de sus compañeros. El jefe a cargo, Cruz Bedolla, se comprometió a pagar los daños ocasionados, que ascendían a 70 mil pesos.
Como represalia por la desobediencia social, el 3 de agosto de ese año, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas. La PGR las acusó de incitar a los tianguistas a secuestrar a los afis, privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delitos contra servidores públicos y contra la salud. Estaba en el aire lo sucedido ese mismo año en Atenco y en Oaxaca con la APPO: una crisis profunda en el modelo de mando-obediencia.
Ese día Alberta fue al mercado a hacer compras y a visitar a su hermano Gabriel y a su cuñada Teresa en su puesto de discos. “Llegué –contó a Cimac– y me encontré con que estaban en problemas con unos hombres armados que se querían llevar sus mercan-cías, dijeron que eran afis y les pedimos que se identificaran.”
El proceso legal que se les ha seguido a Alberta y Teresa es completamente irregular. Nunca se les proporcionó defensa ni traductor. Tan es así que la recomendación 47/2009 que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida el 17 de julio de 2009, documenta irregularidades graves que pueden trascender el resultado del fallo definitivo del proceso penal 48/2006.
La PGR no aceptó la recomendación de la CNDH argumentando que los hechos narrados por el quejoso son falsos. No hay en ello novedad alguna. De las 97 recomendaciones emitidas en 2009 por este organismo de derechos humanos, 22 no fueron admitidas por las autoridades, y, de las restantes 75, sólo han sido atendidas 10.
El caso es paradigmático de las graves deficiencias del sistema de justicia, que profundizan la discriminación, así como del uso faccioso del sistema de justicia y de la criminalización de la oposición a los abusos de la autoridad. También de la falta de dientes de la CNDH para que sus recomendaciones sean cumplidas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que intervendrá. Su pronunciamiento definirá la situación de Alberta y Teresa. La Corte debería actuar conforme a la razón, la justicia y los derechos humanos. No se trata de que sea benevolente ni magnánima, pues ellas no cometieron ningún delito: son víctimas de las fallas del sistema de justicia. Sobre ello debería pronunciarse la SCJN y poner un alto.
Algunos actores políticos priístas, que tradicionalmente han ignorado la defensa de los derechos humanos, se han acercado a Alberta y Teresa. Es el caso del senador Manlio Fabio Beltrones y del gobernador de Querétaro, José Calzada. Buscan obtener provecho político de un asunto noble que su partido ha ignorado usualmente. Ninguno ha dicho una sola palabra de cómo este asunto es una forma de criminalización de la protesta social. Calzada fue senador, tuvo conocimiento del caso y jamás se pronunció en favor de Jacinta ni mucho menos de Teresa y Alberta.
Se ha anunciado la formación de una comisión legislativa que indagará sobre las violaciones a los derechos humanos de Alberta y Teresa. Es una buena señal, toda vez que se trata de un esfuerzo que se suma a la campaña emprendida desde mucho tiempo atrás por la sociedad civil para lograr su pronta excarcelación. Sin embargo, su conformación no tendrá efectos sobre la situación de las indígenas. Se trata de una iniciativa de índole política que puede ayudar a esclarecer situaciones irregulares en materia de justicia, pero que no tiene facultades para fincar responsabilidades, ni mucho menos para liberarlas.
El gobernador Calzada afirmó que éste era un caso sui generis. No es así. En México hay muchas Jacintas, Teresas y Albertas. Como ha mostrado la defensa del Prodh que ha asumido el caso, se trata de una cuestión de justicia elemental para dos mujeres, indígenas y pobres, que han sobrepuesto un proceso penal siendo inocentes en la cárcel, simplemente por oponerse a la arbitrariedad del Estado.
Su liberación es una responsabilidad del Estado, no cuestión de filantropía. Los actores políticos deben pronunciarse y hacer lo que les corresponde de acuerdo con sus facultades, pero no exclusivamente respecto de este caso, sino sobre el conjunto del sistema de justicia. Un sistema podrido desde sus raíces.
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO
Se llaman Alberta y Teresa. Son mujeres, son pobres, son indígenas. Ése es su delito. Por eso están en la cárcel, condenadas a 21 años de prisión, 91 mil pesos de multa y la obligación de pagar 70 mil pesos para reparar el daño que supuestamente cometieron.
Alberta Alcántara y Teresa González son indígenas ñañues (otomí) de la comunidad de Santiago Mexquititlán, estado de Querétaro. Desde hace más de tres años están en prisión. El 5 de agosto de 2006 fueron encarceladas, en el Cereso de San José el Alto sin haber tenido contacto con abogados o familiares. Están acusadas de secuestrar a seis agentes federales de investigación (afis). Amnistía Internacional las declaró presas de conciencia.
Jacinta Francisco, también indígena, fue detenida por las mismas causas. Defendida por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), obtuvo la libertad en septiembre de 2009, luego de que la Procuraduría General de la República (PGR) dictó conclusiones no acusatorias en el segundo proceso. A pesar de que los tres casos son parecidos, ni Alberta ni Teresa han recuperado su libertad.
La historia del caso comienza el 26 de marzo de 2006. Ese día, un grupo de afis llegó al tianguis de Santiago Mexquititlan, municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro, sin uniformes y sin identificarse. Argumentaron realizar un operativo contra la piratería y posible venta de narcóticos. Investigaban a una mujer alta, pecosa y de cabello corto a la que apodaban La Güera, quien fue denunciada en forma anónima por posesión de cocaína. Prepotentes, destrozaron mercancía.
Los vendedores, indignados, no se dejaron: los rodearon, exigieron que se identificaran, que mostraran la orden que justificaba su proceder y que pagaran los daños. Los afis tuvieron que aceptar. En prenda, dejaron a uno de sus compañeros. El jefe a cargo, Cruz Bedolla, se comprometió a pagar los daños ocasionados, que ascendían a 70 mil pesos.
Como represalia por la desobediencia social, el 3 de agosto de ese año, Jacinta, Alberta y Teresa fueron detenidas. La PGR las acusó de incitar a los tianguistas a secuestrar a los afis, privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delitos contra servidores públicos y contra la salud. Estaba en el aire lo sucedido ese mismo año en Atenco y en Oaxaca con la APPO: una crisis profunda en el modelo de mando-obediencia.
Ese día Alberta fue al mercado a hacer compras y a visitar a su hermano Gabriel y a su cuñada Teresa en su puesto de discos. “Llegué –contó a Cimac– y me encontré con que estaban en problemas con unos hombres armados que se querían llevar sus mercan-cías, dijeron que eran afis y les pedimos que se identificaran.”
El proceso legal que se les ha seguido a Alberta y Teresa es completamente irregular. Nunca se les proporcionó defensa ni traductor. Tan es así que la recomendación 47/2009 que realizó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitida el 17 de julio de 2009, documenta irregularidades graves que pueden trascender el resultado del fallo definitivo del proceso penal 48/2006.
La PGR no aceptó la recomendación de la CNDH argumentando que los hechos narrados por el quejoso son falsos. No hay en ello novedad alguna. De las 97 recomendaciones emitidas en 2009 por este organismo de derechos humanos, 22 no fueron admitidas por las autoridades, y, de las restantes 75, sólo han sido atendidas 10.
El caso es paradigmático de las graves deficiencias del sistema de justicia, que profundizan la discriminación, así como del uso faccioso del sistema de justicia y de la criminalización de la oposición a los abusos de la autoridad. También de la falta de dientes de la CNDH para que sus recomendaciones sean cumplidas.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) anunció que intervendrá. Su pronunciamiento definirá la situación de Alberta y Teresa. La Corte debería actuar conforme a la razón, la justicia y los derechos humanos. No se trata de que sea benevolente ni magnánima, pues ellas no cometieron ningún delito: son víctimas de las fallas del sistema de justicia. Sobre ello debería pronunciarse la SCJN y poner un alto.
Algunos actores políticos priístas, que tradicionalmente han ignorado la defensa de los derechos humanos, se han acercado a Alberta y Teresa. Es el caso del senador Manlio Fabio Beltrones y del gobernador de Querétaro, José Calzada. Buscan obtener provecho político de un asunto noble que su partido ha ignorado usualmente. Ninguno ha dicho una sola palabra de cómo este asunto es una forma de criminalización de la protesta social. Calzada fue senador, tuvo conocimiento del caso y jamás se pronunció en favor de Jacinta ni mucho menos de Teresa y Alberta.
Se ha anunciado la formación de una comisión legislativa que indagará sobre las violaciones a los derechos humanos de Alberta y Teresa. Es una buena señal, toda vez que se trata de un esfuerzo que se suma a la campaña emprendida desde mucho tiempo atrás por la sociedad civil para lograr su pronta excarcelación. Sin embargo, su conformación no tendrá efectos sobre la situación de las indígenas. Se trata de una iniciativa de índole política que puede ayudar a esclarecer situaciones irregulares en materia de justicia, pero que no tiene facultades para fincar responsabilidades, ni mucho menos para liberarlas.
El gobernador Calzada afirmó que éste era un caso sui generis. No es así. En México hay muchas Jacintas, Teresas y Albertas. Como ha mostrado la defensa del Prodh que ha asumido el caso, se trata de una cuestión de justicia elemental para dos mujeres, indígenas y pobres, que han sobrepuesto un proceso penal siendo inocentes en la cárcel, simplemente por oponerse a la arbitrariedad del Estado.
Su liberación es una responsabilidad del Estado, no cuestión de filantropía. Los actores políticos deben pronunciarse y hacer lo que les corresponde de acuerdo con sus facultades, pero no exclusivamente respecto de este caso, sino sobre el conjunto del sistema de justicia. Un sistema podrido desde sus raíces.
Pusilánimes en el Tec
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 29 de marzo (apro).- Cuando Margarita Zavala asistió al sepelio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo en las instalaciones mismas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en cuya ceremonia el rector Rafael Rangel Sostmann pidió no protestar sino ofrecer soluciones contra la violencia, comenzó a perfilarse la impunidad de este doble homicidio que cimbró sólo transitoriamente a la elite.
Y es que a la incompetencia y falta de voluntad del gobierno de Felipe Calderón para esclarecer los dos asesinatos, que se disfrazaron de duelo de la mujer de éste, se sumó la timorata y conformista conducta del máximo directivo del ITESM, exhibida en la ceremonia fúnebre y en todos los pronunciamientos que ha hecho y que en resumen clama por la resignación.
La presencia de Zavala en las instalaciones de esa institución educativa en Monterrey, el martes 23 --cuatro días después del doble asesinato de los alumnos de postgrado--, y la visita que hizo Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, mediatizaron las protestas lógicas de la comunidad agraviada por la violencia, pero las proclamas de Rangel Sostmann terminaron por neutralizar cualquier talante de dignidad.
De entre las muchas entrevistas de este directivo con los medios de comunicación, tras haber informado erróneamente que no eran estudiantes los muertos en la balacera entre criminales y miembros del Ejército, la madrugada del viernes 19, cito la que tuvo con Arturo Rodríguez, corresponsal de Proceso en Monterrey, publicada en la edición que está en circulación.
Dice el directivo sobre la operación del Ejército en el combate al crimen organizado y que ha afectado a inocentes: “No hay ley. Con los soldados estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal. Así que no tengo a quién reclamar, a quién exigir nada, a quién demandar ni a quién protestarle, porque, para empezar, no hay marcos legales.”
Se equivoca Rangel: Claro que hay responsables de las decisiones arbitrarias que toman los soldados y, por tanto, sí hay a quién reclamarle: No es solamente el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Guillermo Galván, sino el que formalmente --aunque de manera espuria-- se ostenta como presidente de la República, que constitucionalmente es comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Y claro que hay marco legal que regula la participación de los cuerpos castrenses y que, como lo reconoce el propio gobierno, prohíbe la utilización de éstos en las labores de policía que realiza.
El rector del ITESM afirma que el Ejército y las autoridades están actuando de manera ilegal. “Entran al combate al narcotráfico, pero haciendo cosas ilegales. Lo ilegal del Estado valida que los ciudadanos actúen en la ilegalidad. ¿Cómo explicar el caso de los estudiantes a los que les quitaron la identidad, los quisieron esconder, los llamaron sicarios, les endilgaron portación de armas, y ahora nadie es responsable?”.
Y añade: “Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin la menor investigación.”
Pero se equivoca otra vez el directivo y miente a sabiendas: Si no ha sido capaz de asumir una conducta gallarda frente al poder político, incluyendo el gobierno priista estatal, para que efectivamente se encuentre la verdad en el doble homicidio, menos ha levantado la voz para exigir justicia en muchos otros casos, como el de los seis comuneros abatidos de Sinaloa un día después de los del Tec y de los que el gobierno de Calderón ha guardado un repugnante silencio.
--¿No va a protestar? –le preguntó Arturo.
--Salir a las calles y desquiciar el tráfico no ayuda a nadie, hay que proponer.
--¿Y la justicia?
–No hay objetivo en una marcha, pues después de hacerla todo mundo vuelve a su casa, se quita el listón negro, y todo queda igual.
--¿Cambió su posición luego de ver a Gómez Mont y a Margarita Zavala?
--¡Qué va a cambiar! Lo que pasa es que de nada sirve andar echando culpas sin que se resuelvan los problemas.
Eso sí, con la generalización que suele ser recurso de los hipócritas para señalar responsabilidades particulares, se queja de los políticos: “Mientras las armas circulan y afectan a la población, ellos (los políticos) andan en la televisión. No se pueden sentar ni tres días para encontrar soluciones a cuestiones concretas o acordar una pendejada. Y se andan echando culpas…”
¿Y la comunidad estudiantil del Tec? Salvo el desahogo en que se ha convertido la página en Facebook que lleva el nombre de los dos muchachos, hay una sintonía en la falta de gallardía con su rector.
No puede esperarse, entonces, justicia ni verdad en la muerte de los amigos Jorge Antonio y Francisco Javier. Aun cuando el caso ha sido atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), lo más probable es que se trate de crímenes sin castigo que habrán de sumarse a tantos otros menos notorios, como los de Sinaloa, y ahora los 10 niños y jóvenes en Durango…
Apuntes
La irritación y las bravuconerías de Calderón y Gómez Mont no borran lo que es obvio: Su manifiesta incapacidad para golpear a los criminales en su patrimonio, su punto más débil…
Álvaro Delgado
MÉXICO, D.F., 29 de marzo (apro).- Cuando Margarita Zavala asistió al sepelio de Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo en las instalaciones mismas del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), en cuya ceremonia el rector Rafael Rangel Sostmann pidió no protestar sino ofrecer soluciones contra la violencia, comenzó a perfilarse la impunidad de este doble homicidio que cimbró sólo transitoriamente a la elite.
Y es que a la incompetencia y falta de voluntad del gobierno de Felipe Calderón para esclarecer los dos asesinatos, que se disfrazaron de duelo de la mujer de éste, se sumó la timorata y conformista conducta del máximo directivo del ITESM, exhibida en la ceremonia fúnebre y en todos los pronunciamientos que ha hecho y que en resumen clama por la resignación.
La presencia de Zavala en las instalaciones de esa institución educativa en Monterrey, el martes 23 --cuatro días después del doble asesinato de los alumnos de postgrado--, y la visita que hizo Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación, mediatizaron las protestas lógicas de la comunidad agraviada por la violencia, pero las proclamas de Rangel Sostmann terminaron por neutralizar cualquier talante de dignidad.
De entre las muchas entrevistas de este directivo con los medios de comunicación, tras haber informado erróneamente que no eran estudiantes los muertos en la balacera entre criminales y miembros del Ejército, la madrugada del viernes 19, cito la que tuvo con Arturo Rodríguez, corresponsal de Proceso en Monterrey, publicada en la edición que está en circulación.
Dice el directivo sobre la operación del Ejército en el combate al crimen organizado y que ha afectado a inocentes: “No hay ley. Con los soldados estamos a lo que dice el presidente, y los soldados toman decisiones a su criterio. Eso está mal. Así que no tengo a quién reclamar, a quién exigir nada, a quién demandar ni a quién protestarle, porque, para empezar, no hay marcos legales.”
Se equivoca Rangel: Claro que hay responsables de las decisiones arbitrarias que toman los soldados y, por tanto, sí hay a quién reclamarle: No es solamente el secretario de la Defensa Nacional (Sedena), el general Guillermo Galván, sino el que formalmente --aunque de manera espuria-- se ostenta como presidente de la República, que constitucionalmente es comandante supremo de las Fuerzas Armadas.
Y claro que hay marco legal que regula la participación de los cuerpos castrenses y que, como lo reconoce el propio gobierno, prohíbe la utilización de éstos en las labores de policía que realiza.
El rector del ITESM afirma que el Ejército y las autoridades están actuando de manera ilegal. “Entran al combate al narcotráfico, pero haciendo cosas ilegales. Lo ilegal del Estado valida que los ciudadanos actúen en la ilegalidad. ¿Cómo explicar el caso de los estudiantes a los que les quitaron la identidad, los quisieron esconder, los llamaron sicarios, les endilgaron portación de armas, y ahora nadie es responsable?”.
Y añade: “Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin la menor investigación.”
Pero se equivoca otra vez el directivo y miente a sabiendas: Si no ha sido capaz de asumir una conducta gallarda frente al poder político, incluyendo el gobierno priista estatal, para que efectivamente se encuentre la verdad en el doble homicidio, menos ha levantado la voz para exigir justicia en muchos otros casos, como el de los seis comuneros abatidos de Sinaloa un día después de los del Tec y de los que el gobierno de Calderón ha guardado un repugnante silencio.
--¿No va a protestar? –le preguntó Arturo.
--Salir a las calles y desquiciar el tráfico no ayuda a nadie, hay que proponer.
--¿Y la justicia?
–No hay objetivo en una marcha, pues después de hacerla todo mundo vuelve a su casa, se quita el listón negro, y todo queda igual.
--¿Cambió su posición luego de ver a Gómez Mont y a Margarita Zavala?
--¡Qué va a cambiar! Lo que pasa es que de nada sirve andar echando culpas sin que se resuelvan los problemas.
Eso sí, con la generalización que suele ser recurso de los hipócritas para señalar responsabilidades particulares, se queja de los políticos: “Mientras las armas circulan y afectan a la población, ellos (los políticos) andan en la televisión. No se pueden sentar ni tres días para encontrar soluciones a cuestiones concretas o acordar una pendejada. Y se andan echando culpas…”
¿Y la comunidad estudiantil del Tec? Salvo el desahogo en que se ha convertido la página en Facebook que lleva el nombre de los dos muchachos, hay una sintonía en la falta de gallardía con su rector.
No puede esperarse, entonces, justicia ni verdad en la muerte de los amigos Jorge Antonio y Francisco Javier. Aun cuando el caso ha sido atraído por la Procuraduría General de la República (PGR), lo más probable es que se trate de crímenes sin castigo que habrán de sumarse a tantos otros menos notorios, como los de Sinaloa, y ahora los 10 niños y jóvenes en Durango…
Apuntes
La irritación y las bravuconerías de Calderón y Gómez Mont no borran lo que es obvio: Su manifiesta incapacidad para golpear a los criminales en su patrimonio, su punto más débil…
Fuego cruzado
MARCO RASCÓN
Así vive el país. El fuego cruzado hace una enorme telaraña que lo paraliza y envenena. Es la lucha de todos contra todos; no es una sola guerra, sino muchas, y la mejor manera de vivir es teniendo un enemigo real o inventado a quién responsabilizar de todo.
Bajo el fuego cruzado caen jóvenes como los de Ciudad Juárez, Monterrey y Durango, pero también sucumben al fuego partidario del pragmatismo los que votarán en Oaxaca, Veracruz, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa y el estado de México. El fuego cruzado de la polarización política, los insultos que esquizofrénicamente luego se convierten en alianzas, aleja a la ciudadanía de la política y el voto se hace tan peligroso como las balas, pues favorece gobiernos sin rostro, encapuchados, que ocultan intereses cuestionables.
Fuego cruzado hay internamente en el gobierno federal. Fuego cruzado entre gobernadores y de éstos con la Federación. En unos estados se mata; en otros se tira a los muertos. Cada quien reparte culpas y promueve acuerdos secretos. Cada gobernador se considera el mejor precandidato a la Presidencia de la República.
Cada elección es un campo de batalla en la guerra por 2012 para seguir exactamente igual o peor, pues no hay un solo conflicto que represente la solución de problemas, sino la disputa por el erario y el control de las clientelas. La ciudadanía en todo el país está bajo el fuego cruzado de los que han hecho del conflicto de poder el mejor negocio.
En las Cámaras el fuego cruzado es intenso. Toda iniciativa debe ser acribillada. Los que hacen una propuesta, mejor se atrincheran y en su momento las abandonan a cambio de otros acuerdos y prebendas. Ahí todos los insultos son balas de salva, ya que no apuntan a la construcción de acuerdos democráticos, sino de complicidades.
Lo que fue el concepto de equilibrio –separación de poderes– es ahora enfrentamiento y fuego cruzado intenso entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Ejecutivo, debilitado y fallido, ha perdido toda credibilidad, pensando con ingenuidad que con mensajes diarios puede convencer, cuando día con día el país de sus guerras es cada vez más confuso. Su gran derrota se manifiesta cuando los ciudadanos, a quienes dice proteger, piden que salga el Ejército de sus ciudades y lo hacen responsable central de las víctimas del fuego cruzado.
El fuego cruzado entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador terminó tres años después en la alianza PAN-PRD. Ellos afirman que sus fuerzas se han independizado de ellos y que son autónomas, pero lo cierto es que sus ejércitos se fueron y pactaron la paz en completo desorden: a veces con el PRI y otras con sus adversarios acérrimos. La verdad es que aquel fuego cruzado intenso de 2006 acabó sin pena ni gloria en 2009.
En el juego (ya no fuego) cruzado de las alianzas se alían en un estado y se dividen en otro para perder, como en Zacatecas. Cada elección y cada fuerza política local es un microcosmos lleno de ironías e incongruencias. Lo trágico es que no es sólo palabrería, sino que luego se desata la violencia verdadera: oscura, pero segura.
Pocos son los lugares o instancias donde no hay fuego cruzado. Las atrocidades, como son las ejecuciones extrajudiciales, son apenas un parte de guerra, donde la violencia oficial tiene permiso y los derechos humanos son sumisos. Gracias al fuego cruzado ha ido ganando la visión de un Estado autoritario, que avanza sin dificultades ante el miedo y la incertidumbre. Estamos de regreso: en la guerra sucia, salvadora de la patria, que de nuevo muchos aplauden.
En el fondo, el fuego cruzado de todos contra todos es una derrota de la política, porque revela la falta de integridad de los discursos, y el país que fue construido bajo el lema de la modernidad, el viejo país, fue sustituido por uno disfuncional, vacío, sin rumbo.
La guerra presidencial contra el crimen organizado le dio estatus de Ejército a la delincuencia y una guerra chiquita se hizo grande. El narcomenudeo surgió cuando los grandes dueños del negocio decidieron que hubiera droga y que se quedara aquí; que ya no fuera sólo por los cielos, donde había señores con aviones, sino que se movieran por los pequeños caminos y los pueblos productores de inmigrantes.
Se imitó la política de George W. Bush contra el terror y con la guerra: someter los impulsos de cambio democrático del país a la mediocridad, la nota roja y la decadencia oligárquica. Los medios hoy se someten a las versiones del oficialismo.
Lo peor es que el fuego cruzado general no es parte de un caos, sino un proyecto que conduce al país a su debilitamiento para ser devorado. El fuego cruzado es ya un concepto nacional, y en medio queda una gran incertidumbre hecha masa desorganizada, perpleja, sometida, que sólo existe y sobrevive por inercia, pues los que disparan piensan en un país del tamaño de sus intereses, monopolios, protectorados, y en aplicar la ley, violando la ley.
MARCO RASCÓN
Así vive el país. El fuego cruzado hace una enorme telaraña que lo paraliza y envenena. Es la lucha de todos contra todos; no es una sola guerra, sino muchas, y la mejor manera de vivir es teniendo un enemigo real o inventado a quién responsabilizar de todo.
Bajo el fuego cruzado caen jóvenes como los de Ciudad Juárez, Monterrey y Durango, pero también sucumben al fuego partidario del pragmatismo los que votarán en Oaxaca, Veracruz, Durango, Hidalgo, Quintana Roo, Sinaloa y el estado de México. El fuego cruzado de la polarización política, los insultos que esquizofrénicamente luego se convierten en alianzas, aleja a la ciudadanía de la política y el voto se hace tan peligroso como las balas, pues favorece gobiernos sin rostro, encapuchados, que ocultan intereses cuestionables.
Fuego cruzado hay internamente en el gobierno federal. Fuego cruzado entre gobernadores y de éstos con la Federación. En unos estados se mata; en otros se tira a los muertos. Cada quien reparte culpas y promueve acuerdos secretos. Cada gobernador se considera el mejor precandidato a la Presidencia de la República.
Cada elección es un campo de batalla en la guerra por 2012 para seguir exactamente igual o peor, pues no hay un solo conflicto que represente la solución de problemas, sino la disputa por el erario y el control de las clientelas. La ciudadanía en todo el país está bajo el fuego cruzado de los que han hecho del conflicto de poder el mejor negocio.
En las Cámaras el fuego cruzado es intenso. Toda iniciativa debe ser acribillada. Los que hacen una propuesta, mejor se atrincheran y en su momento las abandonan a cambio de otros acuerdos y prebendas. Ahí todos los insultos son balas de salva, ya que no apuntan a la construcción de acuerdos democráticos, sino de complicidades.
Lo que fue el concepto de equilibrio –separación de poderes– es ahora enfrentamiento y fuego cruzado intenso entre Legislativo, Ejecutivo y Judicial. El Poder Ejecutivo, debilitado y fallido, ha perdido toda credibilidad, pensando con ingenuidad que con mensajes diarios puede convencer, cuando día con día el país de sus guerras es cada vez más confuso. Su gran derrota se manifiesta cuando los ciudadanos, a quienes dice proteger, piden que salga el Ejército de sus ciudades y lo hacen responsable central de las víctimas del fuego cruzado.
El fuego cruzado entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador terminó tres años después en la alianza PAN-PRD. Ellos afirman que sus fuerzas se han independizado de ellos y que son autónomas, pero lo cierto es que sus ejércitos se fueron y pactaron la paz en completo desorden: a veces con el PRI y otras con sus adversarios acérrimos. La verdad es que aquel fuego cruzado intenso de 2006 acabó sin pena ni gloria en 2009.
En el juego (ya no fuego) cruzado de las alianzas se alían en un estado y se dividen en otro para perder, como en Zacatecas. Cada elección y cada fuerza política local es un microcosmos lleno de ironías e incongruencias. Lo trágico es que no es sólo palabrería, sino que luego se desata la violencia verdadera: oscura, pero segura.
Pocos son los lugares o instancias donde no hay fuego cruzado. Las atrocidades, como son las ejecuciones extrajudiciales, son apenas un parte de guerra, donde la violencia oficial tiene permiso y los derechos humanos son sumisos. Gracias al fuego cruzado ha ido ganando la visión de un Estado autoritario, que avanza sin dificultades ante el miedo y la incertidumbre. Estamos de regreso: en la guerra sucia, salvadora de la patria, que de nuevo muchos aplauden.
En el fondo, el fuego cruzado de todos contra todos es una derrota de la política, porque revela la falta de integridad de los discursos, y el país que fue construido bajo el lema de la modernidad, el viejo país, fue sustituido por uno disfuncional, vacío, sin rumbo.
La guerra presidencial contra el crimen organizado le dio estatus de Ejército a la delincuencia y una guerra chiquita se hizo grande. El narcomenudeo surgió cuando los grandes dueños del negocio decidieron que hubiera droga y que se quedara aquí; que ya no fuera sólo por los cielos, donde había señores con aviones, sino que se movieran por los pequeños caminos y los pueblos productores de inmigrantes.
Se imitó la política de George W. Bush contra el terror y con la guerra: someter los impulsos de cambio democrático del país a la mediocridad, la nota roja y la decadencia oligárquica. Los medios hoy se someten a las versiones del oficialismo.
Lo peor es que el fuego cruzado general no es parte de un caos, sino un proyecto que conduce al país a su debilitamiento para ser devorado. El fuego cruzado es ya un concepto nacional, y en medio queda una gran incertidumbre hecha masa desorganizada, perpleja, sometida, que sólo existe y sobrevive por inercia, pues los que disparan piensan en un país del tamaño de sus intereses, monopolios, protectorados, y en aplicar la ley, violando la ley.
