ELITE POLITICA, DECADENTE.

Peor es factible
LUIS LINARES ZAPATA

Varios síntomas de arraigados males afloran con frecuencia inusitada en la vida organizada de México. Apuntan hacia tiempos difíciles y desconcertantes, mucho peores a los que hoy mismo aquejan al cuerpo social. El crimen organizado enciende, cada día, fogatas de violencia incontrolada incinerando comunidades y regiones enteras; la degradación política de amplios segmentos de la elite partidaria y del gobierno, en sus varios niveles, aflora sin medida ni pudor; y el encubrimiento de la pedofilia, practicada por destacadas figuras religiosas, privadas y públicas, abre enormes grietas en el cuerpo social. Los mecanismos para la defensa y depuración de tales males, en cambio, son escasos y débiles. Con inusitada frecuencia caen ante el empuje de oscuras pasiones e ilegítimos intereses que los arrollan y pervierten desde sus meros fundamentos. Los resultados que arrojan, por tanto, no podían ser mejores y la declaratoria de una decadencia bastante esparcida y agravada se impone por derivada necesidad.
El fenómeno perverso incrustado en la persona del cura Marcial Maciel es de tal manera grotesco que alcanza rasgos incomprensibles para los individuos, aún medianamente sanos, que exigen un lugar apacible y moderado en el presente nacional. La conducta desviada y las tropelías del sacerdote conforman una colección de enfermedades de variada tipología, todas dignas de manicomio. Pero sus delitos no habrían podido ser perpetrados en la escala conocida y, menos aún, quedar impunes sin haber recibido la cobertura de la que Maciel gozó a lo largo de su truculenta vida de predicador moral. Un amplísimo conjunto de malformaciones colectivas e individuales lo protegió en sus andanzas. Violar seminaristas por docenas a los que se agregan, ahora se sabe, sus propios hijos. Pervertir cuerpos y conciencias de incontables infantes adicionales es una malhadada hazaña que no puede pasar desapercibida, menos todavía quedar archivada en las trastiendas de la vergüenza ajena sin recibir el castigo correspondiente. Sus excesos, malversaciones, fraudes e imposturas requirieron de una serie de complicidades que van desde la fingida ceguera de los integrantes de su propia congregación hasta el auxilio de incontables obispos o cardenales. Maciel precisó, en sus pendencias, de púdica ceguera por parte de conspicuos funcionarios que no dudaron en archivar cualquier intento de investigación judicial. Acaudalados hombres de empresa actuaron como sus fervientes patrocinadores. Poderosos pontífices romanos, uno de triste memoria a quien se empeñan en canonizar, el otro de cuestionable presencia desde que esparcía hartas condenas como estricto guardián de la fe, extendieron sus bendiciones a Maciel. El posterior arrepentimiento de Ratzinger fue, ciertamente, tardío. Un enorme tinglado de complicidades difícil de imaginar pero cierto, profundo y duro como una columna de cemento armado. Todo ello matizado con fanatismos masivos.
Similar entramado se conjunta alrededor de los traficantes y productores de narcóticos, contrabandistas, extorsionadores, secuestradores y demás runfla de criminales de escala que azuelan a los mexicanos de hoy. Poco de esto puede entenderse sin la cobertura de una capa inmensa de servidores públicos, lavadores de dinero, jueces y traficantes de influencia que les dan protección y facilitan sus correrías. Librarse de tan nefasta maraña de malvivientes, algunos disfrazados de exitosos negociantes, encumbrados políticos, de elegantes funcionarios y hasta gobernantes de fama y posición, exige, para la depuración concomitante, de una respuesta organizada de la sociedad. Individuos, grupos y organismos que puedan sobreponerse al miedo, la desmovilización y el manipuleo de medios de comunicación e instituciones que deberían impartir justicia. No es, ni será, tarea fácil ni exenta de penas y trabajos duros y dilatados superar esta trágica etapa de la vida nacional. Pero se puede triunfar hasta el grado de fraguarse una convivencia eficaz y constructiva que abra los espacios para las oportunidades de crecimiento y el desarrollo de las mayorías. Para empezar tales trabajos habría que empeñarse en solicitar y apoyar, con el voto e informada conciencia, a quienes propugnen por un cambio cualitativo del modelo de gobierno, uno que se esfuerce por dar a las juventudes, hasta ahora ignoradas, un lugar adecuado y les abra horizontes de oportunidades.
Sin embargo, ante tales deseos y esperanzas renovadoras, se levantan ominosos indicios que caminan por rutas contrarias para la sanidad de la política y la República. El convenio signado por encumbrados personajes del PRI y el PAN, respaldados por funcionarios, (uno federal y el otro estatal) un gobernador semioculto y hasta el mismo señor Calderón, es signo inequívoco de la degradación del quehacer público. De forma y maneras similares a las arriba descritas coberturas y trastupijes que arropan al narcotráfico o la pedofilia, tal conciliábulo requiere de un aparato justificatorio que disfrace, diluya responsabilidades y mentiras. Ahora quieren presentarlo, en aras del pragmatismo, como tareas consustanciales con la política de gran nivel. Al convenio, un grosero atentado contra libertades y derechos ciudadanos, rayano en delincuencia organizada, se pretende mandar al olvido y los perdones de las elites que insistirán, con usual cinismo, en mirar hacia el futuro. Pero la indignación debe dar lugar a la más cruda condena y ésta a la exigencia de saldar cuentas con los oficiantes del desaguisado. Los funcionarios y partidistas abajo firmantes de tan inicuo pergamino son simples criminales electorales y así debe considerárseles, ni más ni menos. Sus acuerdos en lo oscurito presagian lo de siempre: tentativas para nulificar el voto y contrariar, por sus propias pistolas y espurias ambiciones, la voluntad del pueblo. Un aspirante a candidato presidencial, autor de la iniciativa del canje de no alianzas por impuestos (Peña Nieto) queda nulificado moral y éticamente para la crítica de su pequeña historia. El otro gobernador, (Ulises Ruiz) inquieto ante su posible persecución en caso de ser derrotado es, quizá, un caso de mayor trascendencia negativa para la dirigente Paredes y el señor Calderón que le oyeron sus plegarias por impunidad. Pretendieron dar salida airosa a un sujeto acusado de haber violado, de manera sistemática, los derechos humanos de sus coterráneos (SCJN) Este sainete es un depurado ejemplo de la decadencia elitista.

Olas expansivas del caso Maciel
CARLOS MARTÍNEZ GARCÍA

Se han querido poner a buen resguardo, pero el tsunami los alcanzó. Las olas expansivas desatadas por el caso del pederasta y fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, van a continuar haciendo estragos en las cúpulas nacionales e internacionales de la Iglesia católica.
Cuando en 1997 Marcial Maciel fue denunciado públicamente por algunos de los muchos que en su infancia y/o adolescencia habían sufrido abusos sexuales del legionario mayor, los obispos Norberto Rivera, Juan Sandoval Íñiguez y Onésimo Cepeda increparon duramente a reporteros y analistas que solicitaban su punto de vista sobre el asunto. Dijeron entonces que el tópico podía reducirse a intereses aviesos de enemigos de la Iglesia católica, interesados en debilitarla y desacreditarla ante la opinión pública. Creyeron que con su ira desatada iban a tender un manto de silencio suficientemente denso como para que Maciel saliera bien librado.
Los buenos oficios protectores en favor de Marcial Maciel se extendían hasta Roma. Allí Juan Pablo II no permitió que el grueso expediente contrario a la cabeza de la Legión de Cristo pasara de los archivos a la toma de acciones concretas contra uno de los favoritos en el afecto del Papa. En varias ocasiones Juan Pablo II encomió, y puso de ejemplo, a Marcial Maciel y su orden religiosa ante otros sectores de la Iglesia católica, dado que nutrían las filas de la organización con un importante número de vocaciones sacerdotales entre los jóvenes y contribuían generosamente con recursos financieros a las arcas vaticanas.
Al poder clerical detrás de él, Marcial Maciel le añadía el poder del dinero representado por empresarios que gustosos se sumaron al boicot comercial contra medios interesados en difundir las historias de abusos. Desde aquel 1997 La Jornada se distinguió por hacer frente a las presiones y dio seguimiento al caso. Lo hizo, y lo hace, de tal manera que por lo publicado en sus páginas los interesados pueden conocer el asunto desde sus orígenes, desarrollo y últimas consecuencias en días recientes. Ningún otro medio impreso, radiofónico o televisivo ha sido tan constante en difundir información sobre el caso.
Los denunciantes de 1997, Félix Alarcón Hoyos, José Barba Martín, Saúl Barrales Arellano, Alejandro Espinosa Alcalá, Arturo Jurado Guzmán, Fernando Pérez Olvera, José Antonio Pérez Olvera y Juan José Vaca Rodríguez, prosiguieron en la causa de evidenciar en distintos frentes los terribles daños ocasionados a ellos por Maciel y en noviembre enviaron una extensa carta a Juan Pablo II.
En la misiva refieren las reacciones que en la cúpula clerical católica mexicana, y particularmente entre los legionarios de Cristo, levantaron sus declaraciones señalando a Marcial Maciel como contumaz pederasta. Informan a Karol Wojtyla que se continuaba construyendo “una conspiración de silencio, de vergonzoso encubrimiento y de una nueva e injustísima victimización contra nosotros por parte de personas de la jerarquía católica romana, de funcionarios ya informados del Vaticano y de altos miembros de la Iglesia mexicana. […] Después de que en los días 14, 15, 16 y 17 de abril [de 1997] aparecieron en el diario La Jornada más detalladas revelaciones sobre [nuestro caso], el obispo ‘emérito’ Genaro Alamilla, sin conocernos de nada, sin saber si decíamos la verdad o no y sin escucharnos, nos ofendió ante los medios públicos y descalificó, sin conocimiento alguno de causa, nuestros testimonios, llamándonos mentirosos y resentidos”.
Las siguientes líneas debieran ser bien leídas por Hugo Valdemar, vocero de la Arquidiócesis México, que en días pasados retó a quienes piden explicaciones sobre la actuación histórica en el caso Maciel del cardenal Norberto Rivera Carrera para que demuestren que el alto clérigo protegió de alguna manera a Maciel. En noviembre de 1997, los autores antes mencionados de la carta a Juan Pablo II afirmaron: “El mismo arzobispo de la ciudad de México, monseñor Norberto Rivera, nos difamó públicamente, como consta en la edición de La Jornada del 12 de mayo de 1997. […] Siendo mexicanos casi todos los ex legionarios que hicimos las revelaciones y siendo monseñor Norberto Rivera Carrera el pastor eclesial correspondiente más inmediato a la mayor parte próxima de nosotros, jamás nos convocó para poder conocer de nosotros mismos nuestra versión completa de los hechos manifestados y cuestionarla bajo cualquier procedimiento jurídico: canónico o, si procediera, del derecho positivo correspondiente. No, simplemente, y faltando a una de sus funciones de epískopos o supervisor (pues si el padre Maciel Degollado no depende de él, varios de nosotros, como fieles, sí), prefirió ofendernos ante cámaras y grabadoras y tomar partido incondicional por la parte poderosa, a la que señalamos como victimaria de nuestros cuerpos y de nuestras almas, antaño, y, ahora, de nuestro nombre y prestigio de hombres de bien”.
Su prepotencia impidió ver la turbiedad de las aguas a quienes en 1997 desdeñaron las pruebas contra Maciel. Con el tiempo las pruebas crecieron exponencialmente, y ellos continuaron con la teoría de que todo era un complot contra la Iglesia católica. Hoy el oleaje ya los alcanzó con tal fuerza que les ha despojado de sus ropajes, si no ante las instancias judiciales, sí frente a la opinión pública.

Martínez Garrigós: la prepotencia priista
Javier Sicilia

Para Carlos Montemayor, siempre en el corazón.
MÉXICO, D.F., 9 de marzo.- La mala gestión de los gobiernos panistas ha recibido de una parte de la ciudadanía –la que aún sigue creyendo en la viabilidad de los partidos políticos como una expresión de la democracia– un voto de castigo que no sólo ha devuelto el poder al PRI en algunos estados, sino que amenaza con llevarlo de nuevo a la Presidencia.
Lo patético de esta realidad –hija del alzheimer social– no es sólo la vuelta al poder de la escoria que creíamos haber dejado en el pasado, sino que los priistas creen que su retorno se debe a sus planteamientos políticos y no –frente a la incapacidad de todos los partidos de formular un lenguaje y un proyecto verdaderamente político– a un simple castigo.
Esa ceguera tiene su referente en la reciente llegada al poder al municipio de Cuernavaca del priista Manuel Martínez Garrigós.
Hijo de un empresario que se ha enriquecido con el negocio de las gasolineras que se entregaban como dádivas de lujo a algunos predilectos del antiguo régimen, Martínez Garrigós es un yuppie. Sin haber concluido su carrera de derecho, joven, inculto, ajeno a una real trayectoria política –no fue ni regidor ni diputado ni miembro de ninguna asociación ciudadana–, llegó a la alcaldía de Cuernavaca sin proyecto político, con un aparato mediático millonario hecho de eslóganes, promesas, compromisos y denostaciones al panismo, y con un look copiado –es su condición de provinciano sin imaginación– de Peña Nieto y Ebrard.
Entre su infinidad de promesas, de las cuales hasta ahora no ha cumplido ninguna, se encuentra el cierre del relleno sanitario de Loma de Mejía –proyecto altamente antiecológico e impopular– que, en un acto autoritario, creó su antecesor Jesús Giles. Sin embargo, Martínez Garrigós no ha cerrado el relleno –lo cual se haría en los primeros meses de su gobierno–, sino que, en una actitud que lo pone al mismo nivel de Giles, se ha propuesto crear un segundo piso en la avenida Plan de Ayala –equivalente, guardadas las proporciones, a la avenida Insurgentes de la Ciudad de México.
El proyecto –al igual que el del relleno sanitario, el de la destrucción del Cerro de San Pedro en San Luis Potosí o el del pretendido libramiento norponiente, que afectará el Gran Bosque de Agua– es altamente destructor del espacio público, del comercio, de las relaciones de soporte mutuo y del medio ambiente.
Las razones son múltiples, y han sido esgrimidas por urbanistas y ecologistas: 1) Un segundo piso en Plan de Ayala destruirá una buena parte del comercio de Cuernavaca; las casas y los edificios de esa avenida se volverán inhabitables para las familias que los ocupan; durante su construcción generará un congestionamiento vial con altos costos de contaminación y estrés. 2) Los segundos pisos han demostrado tales costos ambientales y de vida urbana que en San Francisco los están desmontando, en Boston los desmantelaron, y en una zona de Nueva York demolieron uno y lo sustituyeron por una ciclopista. 3) Destruyen el espacio público en nombre de los coches, aumentan el consumo y la circulación de éstos, y en un corto plazo no resuelven el problema del flujo vehicular: hasta 2007 el promedio de velocidad en la Ciudad de México era de 17 kilómetros por hora; hoy, a pesar de los segundos pisos, el promedio ha disminuido a 12 kilómetros por hora. 4) Promueven el uso indiscriminado del automóvil, el aumento del CO2, responsable del cambio climático, y contradicen las posiciones de los países, particularmente de México, de reducir el consumo energético. En síntesis, los segundos pisos equivalen, en el orden urbano, a querer combatir la obesidad comprando un pantalón de mayor talla.
Contra esta realidad, la ciudadanía ha propuesto invertir ese dinero en recuperar el espacio público de Cuernavaca, disminuir el flujo vehicular y sanear la contaminación del aire, mediante la creación de parques, la interconexión de las barrancas y el desarrollo de un sistema de transporte con autobuses articulados (metrobús). Este tipo de transporte equivale a 126 automóviles por autobús y permite reducir en 5 mil toneladas anuales los contaminantes del aire.
Sin embargo, Martínez Garrigós –quien parece asociar el bien de Cuernavaca con los negocios de su padre– se empeña en su ceguera. Contradiciendo sus eslóganes democráticos, manifestando –con un despliegue de prepotencia– su incapacidad y ausencia de un proyecto político, Martínez Garrigós, en la peor tradición salinista, ni ve ni oye. Su presencia entre nosotros es la continuación de esa incultura política que cree que haber llegado al poder es estar investido de un aura que le confiere la dimensión de un dios que, mejor que el anterior, es sabedor de lo que la ciudadanía necesita. Nada lo distingue de otros políticos, salvo el hecho de que, en poco más de tres meses de gobierno, ha demostrado su pequeñez.
Desde hace tiempo nos ahogamos bajo el peso de políticos que, amparados en su poder y en sus ideas estrechas, creen tener razón. Pero para quienes sólo podemos vivir con el diálogo y el sentido común, esta obstinación, que anuncia lo que será la vuelta del PRI y muestra la descomposición de la vida partidista, confirma que la vida democrática no existe, y que tarde o temprano los ciudadanos tendremos que arrancarles la potestad de construirla por nuestro bien y el del planeta.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a los presos de Atenco y de la APPO, y hacer que Ulises Ruiz salga de Oaxaca.