INFANCIA SIN ACCESO A EDUCACION
18 mar 2010
Exclusión que ofende
Axel Didriksson
Al concluir en febrero último su visita a México, el relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vernor Muñoz Villalobos, realizó una evaluación acerca del sistema educativo en México y cuyos resultados plasmó en su reporte general 27/02.
El contenido del documento desató la ira del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio y de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El enojo del funcionario llegó a tal extremo que envió –¿o quedó sólo en la intención?– una carta diplomática a la ONU en la cual se queja de que en su informe el relator no incluyó el punto de vista de la SEP ni del sindicato que, para el caso, son lo mismo.
Causa extrañeza que el enviado del organismo internacional no haya podido congeniar ni debatir con las autoridades que controlan el sistema educativo del país, a pesar de que estuvo aquí más de 10 días. La verdadera razón del desencuentro se debió a que, por su vocación autoritaria, los jerarcas de la SEP y del sindicato no consultan los aspectos fundamentales de la educación con los sectores interesados; sólo imponen su voluntad.
Durante su estancia, el relator visitó escuelas y localidades del sur y del norte del país y se reunió con funcionarios federales, locales, y con representantes de asociaciones, institutos, universidades, estudiantes e investigadores. Para realizar su estudio tuvo a la mano documentos e información de primera mano acerca de la realidad educativa que se padece.
En el reporte que tanta molestia causó, Muñoz Villalobos plasmó sus hallazgos. En primer lugar, señaló que amplios sectores no pueden ejercer el derecho a la educación consagrado en la Carta Magna. Determinó que esta exclusión es enorme; que está creciendo, lejos de disminuir y que esta situación refuerza la precaria existencia de millones de personas. Se trata, precisó, de un círculo vicioso generado por el propio sistema educativo que no cuenta con políticas de gobierno debidamente orientadas.
También constató que existe una educación de baja calidad para los más pobres, así como un proceso de desescolarización aun en contra de los que tienen la oportunidad de ejercer ese derecho, por vivir –ya sea en el campo o en la ciudad– en unidades territoriales de muy alta marginación.
Con los datos disponibles, el relator confirmó que existen 7 millones de personas analfabetas y casi de un millón y medio de niños y niñas sin acceso a la escolaridad. Asimismo, descubrió que unos 34 millones de mexicanos mayores de 15 años se ubican en condición de rezago educativo, y que en su totalidad son personas que tienen como condición la marginalidad. Se trata, sobre todo, de niñas, mujeres, indígenas, migrantes o jornaleros o, simplemente, pobres.
En un documento remitido al relator de la ONU, el maestro Manuel Ulloa documentó los niveles de exclusión prevalecientes en México. De acuerdo con este análisis, 2 millones 277 mil personas cuyas edades van de cinco a 14 años no pueden ejercer su derecho a la educación. De esta manera, precisa la investigación, se ha incrementado de manera alarmante el número de excluidos de este derecho, respecto de lo que ocurría en 1995. Esta población, se precisa, no sólo es parte de los excluidos, sino también de los marginados que genera el propio sistema educativo.
En el informe presentado por el relator se consignan datos que deberían de ser motivo de un debate nacional para analizar a fondo lo que ocurre en la educación nacional. No se trata sólo del incremento desproporcionado del ausentismo y deserción en las escuelas, sino del hecho de que incluso quienes permanecen en éstas reciben una educación de pésima calidad que no forma con solidez, ni crea aprendizajes para toda la vida; tampoco proporciona cultura ni ciudadanía.
De poco o nada sirve tener establecimientos escolares repletos durante 10 o 12 años; es decir, desde preescolar a la secundaria, para después mandar a toda esa población a una condición de analfabetismo funcional.
Entre los aspectos que el relator destacó en su informe, de seguro fueron tres los que calaron más hondo en las cúpulas de la SEP y del SNTE:
En primer lugar, cuestionó la aplicación generalizada de las pruebas estándares a profesores y a estudiantes –PISA, ENLACE, EXCALE o las que se simulan para el otorgamiento de plazas al magisterio– porque no atiende la diversidad de los contextos de aplicación, y porque está “proyectando injustamente una mala imagen de los maestros y maestras, haciendo creer que los problemas de la eficiencia escolar les son achacables exclusivamente a ellos, y no a un sistema educativo que ha resultado moroso en la ejecución de las políticas públicas”.
En segundo término, Muñoz Villalobos puso en duda la viabilidad de la denominada “Alianza por la Calidad de la Educación”, membrete con el que se pretende suplir la falta de una verdadera política de Estado en la educación, porque, “la misma no es resultado de una discusión abierta ni de un proceso de participación social amplio… tampoco responde a la diversidad ni a la necesidad de que las oportunidades educativas sirvan a los fines establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos”.
La puntilla penetró hasta el fondo cuando en su tercer señalamiento el relator constató, simple y sencillamente, que la “simbiosis atípica” entre el SNTE y la SEP, no sólo conculca, desdibuja, corrompe y manipula las responsabilidades públicas en la educación, sino que “revela una subordinación recíproca de funciones atípicas en cada una de las partes, y agrega una gran complejidad al panorama educativo”.
Este diagnóstico lo conocemos los mexicanos desde hace mucho tiempo y se ha documentado ampliamente. En esta ocasión un enviado de las Naciones Unidas difunde al exterior esta podredumbre, lo cual provocó un sacudimiento entre quienes siguen empecinados, en aras de sus propios intereses, en hacer de la educación una ruina, sin importarles que de esta manera se cancelan todas las posibilidades para nuestro desarrollo.
Axel Didriksson
Al concluir en febrero último su visita a México, el relator especial sobre el Derecho a la Educación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Vernor Muñoz Villalobos, realizó una evaluación acerca del sistema educativo en México y cuyos resultados plasmó en su reporte general 27/02.
El contenido del documento desató la ira del secretario de Educación Pública, Alonso Lujambio y de la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). El enojo del funcionario llegó a tal extremo que envió –¿o quedó sólo en la intención?– una carta diplomática a la ONU en la cual se queja de que en su informe el relator no incluyó el punto de vista de la SEP ni del sindicato que, para el caso, son lo mismo.
Causa extrañeza que el enviado del organismo internacional no haya podido congeniar ni debatir con las autoridades que controlan el sistema educativo del país, a pesar de que estuvo aquí más de 10 días. La verdadera razón del desencuentro se debió a que, por su vocación autoritaria, los jerarcas de la SEP y del sindicato no consultan los aspectos fundamentales de la educación con los sectores interesados; sólo imponen su voluntad.
Durante su estancia, el relator visitó escuelas y localidades del sur y del norte del país y se reunió con funcionarios federales, locales, y con representantes de asociaciones, institutos, universidades, estudiantes e investigadores. Para realizar su estudio tuvo a la mano documentos e información de primera mano acerca de la realidad educativa que se padece.
En el reporte que tanta molestia causó, Muñoz Villalobos plasmó sus hallazgos. En primer lugar, señaló que amplios sectores no pueden ejercer el derecho a la educación consagrado en la Carta Magna. Determinó que esta exclusión es enorme; que está creciendo, lejos de disminuir y que esta situación refuerza la precaria existencia de millones de personas. Se trata, precisó, de un círculo vicioso generado por el propio sistema educativo que no cuenta con políticas de gobierno debidamente orientadas.
También constató que existe una educación de baja calidad para los más pobres, así como un proceso de desescolarización aun en contra de los que tienen la oportunidad de ejercer ese derecho, por vivir –ya sea en el campo o en la ciudad– en unidades territoriales de muy alta marginación.
Con los datos disponibles, el relator confirmó que existen 7 millones de personas analfabetas y casi de un millón y medio de niños y niñas sin acceso a la escolaridad. Asimismo, descubrió que unos 34 millones de mexicanos mayores de 15 años se ubican en condición de rezago educativo, y que en su totalidad son personas que tienen como condición la marginalidad. Se trata, sobre todo, de niñas, mujeres, indígenas, migrantes o jornaleros o, simplemente, pobres.
En un documento remitido al relator de la ONU, el maestro Manuel Ulloa documentó los niveles de exclusión prevalecientes en México. De acuerdo con este análisis, 2 millones 277 mil personas cuyas edades van de cinco a 14 años no pueden ejercer su derecho a la educación. De esta manera, precisa la investigación, se ha incrementado de manera alarmante el número de excluidos de este derecho, respecto de lo que ocurría en 1995. Esta población, se precisa, no sólo es parte de los excluidos, sino también de los marginados que genera el propio sistema educativo.
En el informe presentado por el relator se consignan datos que deberían de ser motivo de un debate nacional para analizar a fondo lo que ocurre en la educación nacional. No se trata sólo del incremento desproporcionado del ausentismo y deserción en las escuelas, sino del hecho de que incluso quienes permanecen en éstas reciben una educación de pésima calidad que no forma con solidez, ni crea aprendizajes para toda la vida; tampoco proporciona cultura ni ciudadanía.
De poco o nada sirve tener establecimientos escolares repletos durante 10 o 12 años; es decir, desde preescolar a la secundaria, para después mandar a toda esa población a una condición de analfabetismo funcional.
Entre los aspectos que el relator destacó en su informe, de seguro fueron tres los que calaron más hondo en las cúpulas de la SEP y del SNTE:
En primer lugar, cuestionó la aplicación generalizada de las pruebas estándares a profesores y a estudiantes –PISA, ENLACE, EXCALE o las que se simulan para el otorgamiento de plazas al magisterio– porque no atiende la diversidad de los contextos de aplicación, y porque está “proyectando injustamente una mala imagen de los maestros y maestras, haciendo creer que los problemas de la eficiencia escolar les son achacables exclusivamente a ellos, y no a un sistema educativo que ha resultado moroso en la ejecución de las políticas públicas”.
En segundo término, Muñoz Villalobos puso en duda la viabilidad de la denominada “Alianza por la Calidad de la Educación”, membrete con el que se pretende suplir la falta de una verdadera política de Estado en la educación, porque, “la misma no es resultado de una discusión abierta ni de un proceso de participación social amplio… tampoco responde a la diversidad ni a la necesidad de que las oportunidades educativas sirvan a los fines establecidos en el derecho internacional de los derechos humanos”.
La puntilla penetró hasta el fondo cuando en su tercer señalamiento el relator constató, simple y sencillamente, que la “simbiosis atípica” entre el SNTE y la SEP, no sólo conculca, desdibuja, corrompe y manipula las responsabilidades públicas en la educación, sino que “revela una subordinación recíproca de funciones atípicas en cada una de las partes, y agrega una gran complejidad al panorama educativo”.
Este diagnóstico lo conocemos los mexicanos desde hace mucho tiempo y se ha documentado ampliamente. En esta ocasión un enviado de las Naciones Unidas difunde al exterior esta podredumbre, lo cual provocó un sacudimiento entre quienes siguen empecinados, en aras de sus propios intereses, en hacer de la educación una ruina, sin importarles que de esta manera se cancelan todas las posibilidades para nuestro desarrollo.
Desbarajuste y desmemoria
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
El México posrevolucionario se construyó dándole todo el poder al presidente de la República. No había de otra: se trataba de reconstruir el país en la dinámica de un proyecto (bueno o malo) de desarrollo integral con fuerte intervención del Estado. Las que debieron ser clases sociales, en aquel entonces de los años 20, no eran tales y ninguna tenía, por lo mismo, suficiente fuerza para asumir el poder. Lo que se disputaba entonces se hacía con las armas y otras formas de neutralización política que nada tenían que ver con la democracia (asesinatos, cooptación, envío diplomático al exterior, etcétera). Los gobernadores, algunos, eran caciques estatales e incluso regionales, y el Partido Nacional Revolucionario (PNR) tuvo el propósito de incluirlos para hacerlos partícipes de las decisiones centrales al mismo tiempo que se les dejaba su poder estatal.
La característica del viejo régimen fue, además del intervencionismo estatal, el presidencialismo, autoritario como le correspondía ser ante la ausencia (deliberada) de contrapesos. Obregón y Calles así lo entendieron y cuando hubo intentos, sobre todo de diputados, por restarle atribuciones al presidente del país, ambos maniobraron para evitarlo, y lo lograron. Con el PNR y su sistema corporativo que cristalizó cabalmente con la fundación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), la fuerza de los gobernadores disminuyó considerablemente (con algunas excepciones) y los partidos locales, que por varios años tuvieron vigencia en los estados, desaparecieron.
El presidencialismo dominaba mediante su partido a los poderes Legislativo y Judicial (el presidente nombraba a sus miembros). No había oposición significativa y todo en el país dependía, en buena medida, de la voluntad de quien ocupara la silla presidencial. Los resultados fueron crecimiento económico sostenido y estabilidad económica y política (ésta garantizada también por la represión de todo intento de oposición, sobre todo de trabajadores y campesinos, y ausencia o acotamiento de libertades, comenzando por la de expresión, etcétera). El cambio más visible de ese largo periodo fue del bonapartismo a la democracia autoritaria, en ambos casos con amplia intervención estatal y con un discurso populista que no siempre correspondía a las acciones de gobierno. Los gobernadores, como consecuencia, no sólo eran determinados por el gobierno federal en turno, sino que aquéllos buscaban, para poder gobernar y contar con recursos, el apoyo de éste. El federalismo era una ficción.
La reforma electoral de 1977 abrió la puerta al registro y fortalecimiento de partidos de oposición. El crecimiento de éstos amplió los límites de la democracia electoral restringida o acotada y condujo a la pérdida de hegemonía (y control) del poder presidencial en la Cámara de Diputados, en ese año fuera del control priísta por primera vez.
Diversas circunstancias, muy conocidas, evitaron el triunfo del Frente Democrático Nacional en 1988 y permitieron el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en 2000, iniciándose así la llamada alternancia de partidos en el poder presidencial. La debilidad de Fox y luego de Calderón en la Presidencia, además de errores gravísimos en la conducción de sus gobiernos, se tradujo en el fortalecimiento de gobernadores que, en 2004, fundaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con predominio priísta. Ésta se convirtió en un contrapeso al gobierno federal que, en teoría, le corresponde al Senado. El fortalecimiento de las entidades federativas, por iniciativa original de la Conago, fue posible por el deterioro de la presidencia del país como factotum nacional y por el aprovechamiento de algunos gobernadores, sobre todo del PRI, de esta circunstancia. El pretexto fue vigorizar el federalismo y el resultado fue, como tenía que ser, el dominio de ciertos gobernadores (unos más que otros) en sus estados, lo que ahora algunos llaman la vuelta al caciquismo, que no es otra cosa que el gobierno estatal, en algunos casos al más viejo estilo priísta, es decir autoritario.
Algunos analistas, despistados y especialmente ignorantes de lo que fue el feudalismo, le han llamado a este proceso feudalización del país, y ahora claman por regresarle al presidente las atribuciones que tenía antes de 1997, incluso las metaconstitucionales que criticaban en el pasado.
Con base en estos razonamientos ajenos a la historia y al desarrollo de México, diversos intelectuales y políticos (partidarios y no partidarios) tratan de justificar las alianzas contra natura de partidos tradicionalmente opuestos so pretexto de acabar con el caciquismo en algunos estados y para restarle fuerza al PRI con miras al 2012. Y tales adalides de la recuperación del poder presidencial olvidan que fue el PAN el que, para ganarle a López Obrador (aunque fuera a la mala), hizo alianzas con el tricolor y mantuvo en el poder a Marín y a Ruiz, para sólo referirme a los gobernadores más discutidos y discutibles. Una democracia, incluso la meramente formal, supone en una república federal que el poder de los gobernadores no esté subordinado al del presidente del país. Que esto les puede permitir a los gobernantes locales ejercer su poder con menos límites que en el pasado es cierto, pero de eso se trata el federalismo y, además, éste no es el culpable sino más bien la falta del contrapeso que se supone debe ejercer el Congreso local y, en ciertas circunstancias, el Senado. Al final, siempre es lo mismo: un gobernante llega hasta donde se lo permiten los gobernados, y los partidos políticos tienen el deber histórico de formar mayorías que le sirvan de contrapeso a quien gobierna, si acaso es verdadera su vocación de poder. El problema es cuando los partidos políticos no cumplen su parte y con tal de no perder prerrogativas legales (recursos en concordancia con los votos obtenidos) se asocian con quienes debieran oponerse.
Un desbarajuste es lo que estamos viviendo. Primero y por muchos años querían restarle poder el presidente del país, ahora se quejan de que no lo tenga en la misma proporción que antes, y a los gobernadores que están ahí para gobernar los acusan de caciques porque no tienen contrapesos. ¿Y de quién es la culpa? Me da mucha pena, pero es de los partidos opositores (del signo que sea), que no han podido tener mayoría en los congresos locales ni han sabido orientar y convencer a la población para que vote por ellos. El PRI lo hizo en 2009. Supo hacerlo y sacar provecho de los errores del PAN en el gobierno. ¿Qué hacía el PRD mientras tanto? Dividirse internamente, coquetear a diestra y siniestra, deslindarse de quien lo hizo crecer en 2006, ponerse en manos de ineptos y no saber refundarse en serio.
OCTAVIO RODRÍGUEZ ARAUJO
El México posrevolucionario se construyó dándole todo el poder al presidente de la República. No había de otra: se trataba de reconstruir el país en la dinámica de un proyecto (bueno o malo) de desarrollo integral con fuerte intervención del Estado. Las que debieron ser clases sociales, en aquel entonces de los años 20, no eran tales y ninguna tenía, por lo mismo, suficiente fuerza para asumir el poder. Lo que se disputaba entonces se hacía con las armas y otras formas de neutralización política que nada tenían que ver con la democracia (asesinatos, cooptación, envío diplomático al exterior, etcétera). Los gobernadores, algunos, eran caciques estatales e incluso regionales, y el Partido Nacional Revolucionario (PNR) tuvo el propósito de incluirlos para hacerlos partícipes de las decisiones centrales al mismo tiempo que se les dejaba su poder estatal.
La característica del viejo régimen fue, además del intervencionismo estatal, el presidencialismo, autoritario como le correspondía ser ante la ausencia (deliberada) de contrapesos. Obregón y Calles así lo entendieron y cuando hubo intentos, sobre todo de diputados, por restarle atribuciones al presidente del país, ambos maniobraron para evitarlo, y lo lograron. Con el PNR y su sistema corporativo que cristalizó cabalmente con la fundación del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), la fuerza de los gobernadores disminuyó considerablemente (con algunas excepciones) y los partidos locales, que por varios años tuvieron vigencia en los estados, desaparecieron.
El presidencialismo dominaba mediante su partido a los poderes Legislativo y Judicial (el presidente nombraba a sus miembros). No había oposición significativa y todo en el país dependía, en buena medida, de la voluntad de quien ocupara la silla presidencial. Los resultados fueron crecimiento económico sostenido y estabilidad económica y política (ésta garantizada también por la represión de todo intento de oposición, sobre todo de trabajadores y campesinos, y ausencia o acotamiento de libertades, comenzando por la de expresión, etcétera). El cambio más visible de ese largo periodo fue del bonapartismo a la democracia autoritaria, en ambos casos con amplia intervención estatal y con un discurso populista que no siempre correspondía a las acciones de gobierno. Los gobernadores, como consecuencia, no sólo eran determinados por el gobierno federal en turno, sino que aquéllos buscaban, para poder gobernar y contar con recursos, el apoyo de éste. El federalismo era una ficción.
La reforma electoral de 1977 abrió la puerta al registro y fortalecimiento de partidos de oposición. El crecimiento de éstos amplió los límites de la democracia electoral restringida o acotada y condujo a la pérdida de hegemonía (y control) del poder presidencial en la Cámara de Diputados, en ese año fuera del control priísta por primera vez.
Diversas circunstancias, muy conocidas, evitaron el triunfo del Frente Democrático Nacional en 1988 y permitieron el triunfo del Partido Acción Nacional (PAN) en 2000, iniciándose así la llamada alternancia de partidos en el poder presidencial. La debilidad de Fox y luego de Calderón en la Presidencia, además de errores gravísimos en la conducción de sus gobiernos, se tradujo en el fortalecimiento de gobernadores que, en 2004, fundaron la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), con predominio priísta. Ésta se convirtió en un contrapeso al gobierno federal que, en teoría, le corresponde al Senado. El fortalecimiento de las entidades federativas, por iniciativa original de la Conago, fue posible por el deterioro de la presidencia del país como factotum nacional y por el aprovechamiento de algunos gobernadores, sobre todo del PRI, de esta circunstancia. El pretexto fue vigorizar el federalismo y el resultado fue, como tenía que ser, el dominio de ciertos gobernadores (unos más que otros) en sus estados, lo que ahora algunos llaman la vuelta al caciquismo, que no es otra cosa que el gobierno estatal, en algunos casos al más viejo estilo priísta, es decir autoritario.
Algunos analistas, despistados y especialmente ignorantes de lo que fue el feudalismo, le han llamado a este proceso feudalización del país, y ahora claman por regresarle al presidente las atribuciones que tenía antes de 1997, incluso las metaconstitucionales que criticaban en el pasado.
Con base en estos razonamientos ajenos a la historia y al desarrollo de México, diversos intelectuales y políticos (partidarios y no partidarios) tratan de justificar las alianzas contra natura de partidos tradicionalmente opuestos so pretexto de acabar con el caciquismo en algunos estados y para restarle fuerza al PRI con miras al 2012. Y tales adalides de la recuperación del poder presidencial olvidan que fue el PAN el que, para ganarle a López Obrador (aunque fuera a la mala), hizo alianzas con el tricolor y mantuvo en el poder a Marín y a Ruiz, para sólo referirme a los gobernadores más discutidos y discutibles. Una democracia, incluso la meramente formal, supone en una república federal que el poder de los gobernadores no esté subordinado al del presidente del país. Que esto les puede permitir a los gobernantes locales ejercer su poder con menos límites que en el pasado es cierto, pero de eso se trata el federalismo y, además, éste no es el culpable sino más bien la falta del contrapeso que se supone debe ejercer el Congreso local y, en ciertas circunstancias, el Senado. Al final, siempre es lo mismo: un gobernante llega hasta donde se lo permiten los gobernados, y los partidos políticos tienen el deber histórico de formar mayorías que le sirvan de contrapeso a quien gobierna, si acaso es verdadera su vocación de poder. El problema es cuando los partidos políticos no cumplen su parte y con tal de no perder prerrogativas legales (recursos en concordancia con los votos obtenidos) se asocian con quienes debieran oponerse.
Un desbarajuste es lo que estamos viviendo. Primero y por muchos años querían restarle poder el presidente del país, ahora se quejan de que no lo tenga en la misma proporción que antes, y a los gobernadores que están ahí para gobernar los acusan de caciques porque no tienen contrapesos. ¿Y de quién es la culpa? Me da mucha pena, pero es de los partidos opositores (del signo que sea), que no han podido tener mayoría en los congresos locales ni han sabido orientar y convencer a la población para que vote por ellos. El PRI lo hizo en 2009. Supo hacerlo y sacar provecho de los errores del PAN en el gobierno. ¿Qué hacía el PRD mientras tanto? Dividirse internamente, coquetear a diestra y siniestra, deslindarse de quien lo hizo crecer en 2006, ponerse en manos de ineptos y no saber refundarse en serio.
La nueva fase de la narcoguerra
Jenaro Villamil
MEXICO, D.F., 16 de marzo (apro).- La tercera visita en menos de dos meses de Felipe Calderón a Ciudad Juárez, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, junto con los indicios de nuevas masacres en esta ciudad fronteriza y el nuevo protagonismo del FBI y de otras seis corporaciones norteamericanas en la guerra contra el narcotráfico que se libra en las ciudades fronterizas, nos habla del inicio de una nueva fase en esta guerra mal planteada, sin estrategia y con indicios de descomposición muy graves.
Algunos elementos de esta nueva fase están presentes en los dos principales focos de atención de los medios internacionales y, especialmente, norteamericanos: Ciudad Juárez y Reynosa. Estos son:
1.- Las redes sociales como alternativa a la autocensura.- Un despacho de Reuters, la agencia británica de noticias internacionales, relataba el fin de semana que el cártel del Golfo soborna a periodistas de Reynosa y otras ciudades de la frontera con 500 dólares al mes y servicios de prostitución y botellas de licor para silenciar a sus compañeros de profesión. Muchos de estos “narcoperiodistas” no ocultan su filiación al cártel y se pasean en vehículos todoterreno, acompañados de hombres armados, frecuentemente para evitar que se divulguen noticias sobre asesinatos.
“Estos sucesos –anota la agencia-- apenas han tenido cobertura mediática, a pesar de que han muerto en torno a 100 personas. Esta práctica, además, ha quedado evidenciada por la gran repercusión mediática que han tenido hechos similares en otras zonas del país”.
Reuters destaca que desde 2006, cuando Felipe Calderón llegó al poder, han muerto casi 19 mil personas a causa de la violencia asociada al narcotráfico. “La diferencia es que en esta ocasión el cártel del Golfo parece capaz de silenciar por completo la cobertura mediática de la violencia en su zona de influencia”.
Frente a esta situación, es explicable que los residentes de Reynosa y de sus alrededores hayan recurrido a redes sociales como Facebook, Twiter y Youtube, donde suben videos tomados con sus teléfonos celulares y notifican actividades sospechosas en un intento por informar del brote de violencia, destaca el reportaje de Reuter.
Algo muy similar está ocurriendo en Ciudad Juárez. Las redes sociales se han convertido en la contraparte de una especie de insurgencia ciudadana, que no cree en las versiones oficiales, desconfía de los medios y decide autoinformarse, aunque en la mayoría de los casos las situaciones no sean corroboradas.
Estamos entrando a la fase de la ciberinformación ciudadana que exhibe el fracaso de la percepción oficial inducida sobre una guerra que no sólo no se está ganando, sino que tiene múltiples frentes abiertos.
2.- El nuevo protagonismo norteamericano.-Los homicidios de dos ciudadanos norteamericanos y un mexicano, dos de ellos vinculados al consulado estadunidense en Ciudad Juárez no fue ni el peor suceso ni el más escabroso de este fin de semana, pero sí marca un punto de quiebre, debido a la actitud asumida por el gobierno de Barak Obama frente a la violencia en la frontera.
En la noche del jueves 11 de marzo un comando armado volvió a protagonizar una masacre en la que murieron seis personas, jóvenes entre 16 y 28 años, a 40 días de la masacre de 15 jóvenes asesinados en Villas Salvárcar. El suceso fue en la colonia Parajes del Sur, en un municipio aledaño a Juárez. También en Sinaloa, en el ejido de Bachoco, municipio de Navolato, se registró otra masacre, que cobró la vida a cuatro jóvenes.
Pero no son estas las masacres que se han generalizado las que le preocupan al gobierno mexicano ni al de Estados Unidos. Las autoridades del FBI y una “fuerza especial” integrada por siete corporaciones gubernamentales del país vecino, iniciarán su investigación propia en Ciudad Juárez para saber exactamente qué sucedió con los ciudadanos norteamericanos asesinados.
Este nuevo protagonismo será abierto, frontal, y aunque el lenguaje diplomático hable de colaboración y de que tanto México como Estados Unidos enfrentan un “desafío común”, lo cierto es que la ola de violencia ya se trasnacionalizó. Quizá era el momento esperado por Washington para entrar abiertamente a indagar, lo cual refleja ya una desconfianza extrema en las versiones victoriosas que el gobierno calderonista intenta difundir a través de spots.
3.- El ejército a la retaguardia.-Sin aceptarlo ni asumirlo claramente, el subtexto del mensaje del gobierno de Felipe Calderón es que el despliegue de tropas del Ejército mexicano en Ciudad Juárez, en Reynosa y en otras partes del país, donde la guerra de cárteles ha inundado la cotidianidad de sus habitantes, ha sido un fracaso.
No se anunciará el retiro, pero ya opera un repliegue de dimensiones poco claras. ¿Serán las agencias norteamericanas las que tomarán el lugar de una tropa maltrecha, mal preparada y que acumuló en estos tres años expedientes de violaciones a los derechos humanos?
¿Estamos ante el inicio de una policía trasnacional contra el narcotráfico?
Jenaro Villamil
MEXICO, D.F., 16 de marzo (apro).- La tercera visita en menos de dos meses de Felipe Calderón a Ciudad Juárez, acompañado por el embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual, junto con los indicios de nuevas masacres en esta ciudad fronteriza y el nuevo protagonismo del FBI y de otras seis corporaciones norteamericanas en la guerra contra el narcotráfico que se libra en las ciudades fronterizas, nos habla del inicio de una nueva fase en esta guerra mal planteada, sin estrategia y con indicios de descomposición muy graves.
Algunos elementos de esta nueva fase están presentes en los dos principales focos de atención de los medios internacionales y, especialmente, norteamericanos: Ciudad Juárez y Reynosa. Estos son:
1.- Las redes sociales como alternativa a la autocensura.- Un despacho de Reuters, la agencia británica de noticias internacionales, relataba el fin de semana que el cártel del Golfo soborna a periodistas de Reynosa y otras ciudades de la frontera con 500 dólares al mes y servicios de prostitución y botellas de licor para silenciar a sus compañeros de profesión. Muchos de estos “narcoperiodistas” no ocultan su filiación al cártel y se pasean en vehículos todoterreno, acompañados de hombres armados, frecuentemente para evitar que se divulguen noticias sobre asesinatos.
“Estos sucesos –anota la agencia-- apenas han tenido cobertura mediática, a pesar de que han muerto en torno a 100 personas. Esta práctica, además, ha quedado evidenciada por la gran repercusión mediática que han tenido hechos similares en otras zonas del país”.
Reuters destaca que desde 2006, cuando Felipe Calderón llegó al poder, han muerto casi 19 mil personas a causa de la violencia asociada al narcotráfico. “La diferencia es que en esta ocasión el cártel del Golfo parece capaz de silenciar por completo la cobertura mediática de la violencia en su zona de influencia”.
Frente a esta situación, es explicable que los residentes de Reynosa y de sus alrededores hayan recurrido a redes sociales como Facebook, Twiter y Youtube, donde suben videos tomados con sus teléfonos celulares y notifican actividades sospechosas en un intento por informar del brote de violencia, destaca el reportaje de Reuter.
Algo muy similar está ocurriendo en Ciudad Juárez. Las redes sociales se han convertido en la contraparte de una especie de insurgencia ciudadana, que no cree en las versiones oficiales, desconfía de los medios y decide autoinformarse, aunque en la mayoría de los casos las situaciones no sean corroboradas.
Estamos entrando a la fase de la ciberinformación ciudadana que exhibe el fracaso de la percepción oficial inducida sobre una guerra que no sólo no se está ganando, sino que tiene múltiples frentes abiertos.
2.- El nuevo protagonismo norteamericano.-Los homicidios de dos ciudadanos norteamericanos y un mexicano, dos de ellos vinculados al consulado estadunidense en Ciudad Juárez no fue ni el peor suceso ni el más escabroso de este fin de semana, pero sí marca un punto de quiebre, debido a la actitud asumida por el gobierno de Barak Obama frente a la violencia en la frontera.
En la noche del jueves 11 de marzo un comando armado volvió a protagonizar una masacre en la que murieron seis personas, jóvenes entre 16 y 28 años, a 40 días de la masacre de 15 jóvenes asesinados en Villas Salvárcar. El suceso fue en la colonia Parajes del Sur, en un municipio aledaño a Juárez. También en Sinaloa, en el ejido de Bachoco, municipio de Navolato, se registró otra masacre, que cobró la vida a cuatro jóvenes.
Pero no son estas las masacres que se han generalizado las que le preocupan al gobierno mexicano ni al de Estados Unidos. Las autoridades del FBI y una “fuerza especial” integrada por siete corporaciones gubernamentales del país vecino, iniciarán su investigación propia en Ciudad Juárez para saber exactamente qué sucedió con los ciudadanos norteamericanos asesinados.
Este nuevo protagonismo será abierto, frontal, y aunque el lenguaje diplomático hable de colaboración y de que tanto México como Estados Unidos enfrentan un “desafío común”, lo cierto es que la ola de violencia ya se trasnacionalizó. Quizá era el momento esperado por Washington para entrar abiertamente a indagar, lo cual refleja ya una desconfianza extrema en las versiones victoriosas que el gobierno calderonista intenta difundir a través de spots.
3.- El ejército a la retaguardia.-Sin aceptarlo ni asumirlo claramente, el subtexto del mensaje del gobierno de Felipe Calderón es que el despliegue de tropas del Ejército mexicano en Ciudad Juárez, en Reynosa y en otras partes del país, donde la guerra de cárteles ha inundado la cotidianidad de sus habitantes, ha sido un fracaso.
No se anunciará el retiro, pero ya opera un repliegue de dimensiones poco claras. ¿Serán las agencias norteamericanas las que tomarán el lugar de una tropa maltrecha, mal preparada y que acumuló en estos tres años expedientes de violaciones a los derechos humanos?
¿Estamos ante el inicio de una policía trasnacional contra el narcotráfico?
