PRIVATIZACION CLANDESTINA.
18 mar 2010
Imparable, la privatización de la industria petrolera, acusan
Es clara la decisión de abrir al capital privado operaciones reservadas a Pemex: expertos
El gobierno federal se niega a hacer público el contenido de los contratos por incentivo
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
Periódico La Jornada
La privatización de la industria petrolera mexicana avanza a trasmano. Es lo que opina un grupo de artistas, intelectuales y académicos que emitió un pronunciamiento en el que llama a detener una política que, asegura ese colectivo, entrega parte sustancial del control de la paraestatal al capital privado.
Hay una clara decisión del gobierno federal de abrir al capital privado operaciones reservadas por la Constitución a Petróleos Mexicanos, hay proclividad a eso, aseguró en entrevista con La Jornada Javier Jiménez Espriú, ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, miembro de honor de la Academia Nacional de Ingeniería y uno de los firmantes de ese pronunciamiento.
En estos días se discute el contenido de los llamados contratos por incentivos, figura creada a partir de la reforma energética de 2008, que regirá las relaciones entre Pemex y los particulares que participen en algunas actividades por cuenta de la paraestatal. Esos contratos, que el gobierno se ha negado a hacer públicos, son el instrumento que abre un resquicio para que se involucre a particulares en áreas reservadas, según Jiménez Espriú y otros expertos consultados por este diario.
Es necesario llamar la atención sobre estos contratos que negocia el gobierno sin darlos a conocer a la opinión pública, dijo a este diario Rocío Nahle García, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía.
La reforma energética de 2008 abrió la posibilidad de que Pemex contrate servicios con particulares dentro del marco constitucional vigente, recordó Jiménez Espriú. Aseguró que las normas generales para esos contratos, publicadas hace unas semanas en el Diario Oficial de la Federación, permiten operaciones expresamente prohibidas por la Constitución.
Específicamente, indicó, se abre la posibilidad de que se asigne a los particulares la explotación en exclusiva por un periodo determinado de una zona petrolera, o que se beneficien con una parte de las utilidades del área asignada. Esto simplemente es una transferencia de la renta petrolera, algo que está expresamente prohibido, dijo Jiménez Espriú. Lo único que puede hacer Pemex es contratar un servicio y fijar una retribución. No vale que se definan áreas de exclusividad para que un contratista las explote, ni dejar en manos de contratistas decisiones estratégicas. Esa es una función que corresponde a Pemex.
Otro de los firmantes del pronunciamiento, Alberto Montoya, profesor de la Universidad Iberoamericana, declaró a La Jornada que los cambios a la legislación energética de 2008 en realidad no frenaron los intentos de avanzar en la privatización de la industria petrolera. Las normas divulgadas por Pemex para la elaboración de los contratos previstos en la reforma energética, abundó, reconocen derechos al inversionista que en realidad implican una transferencia a particulares de la renta petrolera.
Alberto Montoya planteó un problema adicional. El objetivo de la política petrolera del gobierno es aumentar lo antes posible la plataforma de extracción de crudo a 3.2 millones de barriles diarios, el máximo logrado antes del inicio del declive de Cantarell. Es verdaderamente criminal exportar crudo sin valor agregado. Es absurdo, contrario al interés nacional, que se esté exportando crudo y que México sea uno de los mayores proveedores de Estados Unidos, apuntó el académico.
Es un punto en el que coincidió Jiménez Espriú. México sacrifica su seguridad energética a cambio de garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, el principal comprador del crudo mexicano. Si hay que vender algo de crudo, porque no tenemos más remedio que vender algo, ni modo. Pero se debe definir una estrategia, que no está considerada en la política energética actual, de disminuir las exportaciones al mínimo, para estar en condiciones de asegurar nuestro futuro energético y dar nosotros valor agregado al petróleo crudo.
Es clara la decisión de abrir al capital privado operaciones reservadas a Pemex: expertos
El gobierno federal se niega a hacer público el contenido de los contratos por incentivo
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
Periódico La Jornada
La privatización de la industria petrolera mexicana avanza a trasmano. Es lo que opina un grupo de artistas, intelectuales y académicos que emitió un pronunciamiento en el que llama a detener una política que, asegura ese colectivo, entrega parte sustancial del control de la paraestatal al capital privado.
Hay una clara decisión del gobierno federal de abrir al capital privado operaciones reservadas por la Constitución a Petróleos Mexicanos, hay proclividad a eso, aseguró en entrevista con La Jornada Javier Jiménez Espriú, ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, miembro de honor de la Academia Nacional de Ingeniería y uno de los firmantes de ese pronunciamiento.
En estos días se discute el contenido de los llamados contratos por incentivos, figura creada a partir de la reforma energética de 2008, que regirá las relaciones entre Pemex y los particulares que participen en algunas actividades por cuenta de la paraestatal. Esos contratos, que el gobierno se ha negado a hacer públicos, son el instrumento que abre un resquicio para que se involucre a particulares en áreas reservadas, según Jiménez Espriú y otros expertos consultados por este diario.
Es necesario llamar la atención sobre estos contratos que negocia el gobierno sin darlos a conocer a la opinión pública, dijo a este diario Rocío Nahle García, integrante del Comité Nacional de Estudios de la Energía.
La reforma energética de 2008 abrió la posibilidad de que Pemex contrate servicios con particulares dentro del marco constitucional vigente, recordó Jiménez Espriú. Aseguró que las normas generales para esos contratos, publicadas hace unas semanas en el Diario Oficial de la Federación, permiten operaciones expresamente prohibidas por la Constitución.
Específicamente, indicó, se abre la posibilidad de que se asigne a los particulares la explotación en exclusiva por un periodo determinado de una zona petrolera, o que se beneficien con una parte de las utilidades del área asignada. Esto simplemente es una transferencia de la renta petrolera, algo que está expresamente prohibido, dijo Jiménez Espriú. Lo único que puede hacer Pemex es contratar un servicio y fijar una retribución. No vale que se definan áreas de exclusividad para que un contratista las explote, ni dejar en manos de contratistas decisiones estratégicas. Esa es una función que corresponde a Pemex.
Otro de los firmantes del pronunciamiento, Alberto Montoya, profesor de la Universidad Iberoamericana, declaró a La Jornada que los cambios a la legislación energética de 2008 en realidad no frenaron los intentos de avanzar en la privatización de la industria petrolera. Las normas divulgadas por Pemex para la elaboración de los contratos previstos en la reforma energética, abundó, reconocen derechos al inversionista que en realidad implican una transferencia a particulares de la renta petrolera.
Alberto Montoya planteó un problema adicional. El objetivo de la política petrolera del gobierno es aumentar lo antes posible la plataforma de extracción de crudo a 3.2 millones de barriles diarios, el máximo logrado antes del inicio del declive de Cantarell. Es verdaderamente criminal exportar crudo sin valor agregado. Es absurdo, contrario al interés nacional, que se esté exportando crudo y que México sea uno de los mayores proveedores de Estados Unidos, apuntó el académico.
Es un punto en el que coincidió Jiménez Espriú. México sacrifica su seguridad energética a cambio de garantizar la seguridad energética de Estados Unidos, el principal comprador del crudo mexicano. Si hay que vender algo de crudo, porque no tenemos más remedio que vender algo, ni modo. Pero se debe definir una estrategia, que no está considerada en la política energética actual, de disminuir las exportaciones al mínimo, para estar en condiciones de asegurar nuestro futuro energético y dar nosotros valor agregado al petróleo crudo.
Revisará la Corte casos de 12 pobladores de Atenco aún presos por hechos de 2006
Ministros de la primera sala determinan conocer el amparo solicitado por el líder del FPDT
Crean una comisión para analizar los procesos preliminares antes de decidir si son liberados
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva todos los procesos penales que enfrentan los 12 pobladores de San Salvador Atenco que se encuentran presos desde hace casi cuatro años.
Los ministros de la primera sala determinaron ayer ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo solicitado por Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), contra la sentencia de 45 años de prisión (en total fue condenado a 120 años). Éste era el único amparo relacionado con el caso Atenco que no había sido atraído por el máximo tribunal.
Previamente, durante un mitin realizado afuera de la SCJN, familiares de los atenquenses presos exigieron al máximo tribunal que actúe con celeridad y los libere de inmediato.
En sesión privada y después en sesión pública, los ministros decidieron por unanimidad atraer el amparo de Del Valle y acordaron que, por turno, corresponderá a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea elaborar el proyecto de dictamen correspondiente.
Trascendió que dada la importancia del asunto, los ministros de la primera sala crearon una comisión de secretarios de estudio y cuenta que se encargará de analizar los tres paquetes de amparos y de elaborar los proyectos preliminares en los que se definirá si la SCJN concede la libertad a los demandantes.
Dicha comisión revisará los casos de Ignacio del Valle, Héctor Galindo Ochoa y Felipe Álvarez Hernández, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, y de Juan Carlos Estrada Cruces, Óscar Hernández Pacheco, Julio César Espinosa Ramos, Eduardo Morales Reyes, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Alejandro Pilón Zacate, Jorge A. Ordóñez Romero y Román A. Ordóñez, presos en Molino de Flores.
Distintas sentencias para el mismo delito
La idea –dijeron los funcionarios consultados– es que como se trata del mismo asunto y el mismo delito que se les imputa (homicidio equiparado, aunque la sentencia contra Del Valle alcanza 120 años de prisión, la de sus dos compañeros en el Altiplano es de 67, y la del resto es de 31), se armonicen los proyectos de dictamen para que se resuelvan lo antes posible.
En el mitin realizado afuera de la Corte, los familiares de los detenidos y representantes de organizaciones sindicales y sociales exigieron a los ministros que los liberen antes de que cumplan cuatro años de prisión, lo cual se cumple en mayo próximo.
¿De qué otra manera podemos hacer presión para que sean liberados nuestros esposos, padres y hermanos presos injustamente desde mayo de 2006? –cuestionó una de las madres que tomaron la palabra.
Otros portaban una gran manta que decía: Madres de los presos políticos del caso Atenco, exigimos a Peña Nieto la libertad de nuestros hijos, y entre consignas como: ¡Presos políticos, libertad! ¡Nuestros compañeros no son delincuentes, su único delito es ser consecuentes!, los manifestantes advirtieron que cada miércoles acudirán a la Corte para exigir que se haga justicia.
Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, dijo en entrevista que es indignante ver cómo se consumen las madres de los atenquenses detenidos, ante la injusticia cometida por el gobierno que inventó los delitos y los cargos contra sus hijos presos.
“Ante la cerrazón de las autoridades federales y del estado de México –añadió–, la Suprema Corte debe rectificar los errores cometidos cuando investigó la violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco (febrero de 2009), cuando los ministros evitaron pronunciarse sobre los funcionarios responsables de los hechos violentos y de la transgresión de los derechos humanos de los atenquenses”.
Los ministros –dijo– no actuaron contra el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien fue el principal responsable de esos hechos.
Ministros de la primera sala determinan conocer el amparo solicitado por el líder del FPDT
Crean una comisión para analizar los procesos preliminares antes de decidir si son liberados
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolverá en definitiva todos los procesos penales que enfrentan los 12 pobladores de San Salvador Atenco que se encuentran presos desde hace casi cuatro años.
Los ministros de la primera sala determinaron ayer ejercer su facultad de atracción para conocer el amparo solicitado por Ignacio del Valle, líder del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT), contra la sentencia de 45 años de prisión (en total fue condenado a 120 años). Éste era el único amparo relacionado con el caso Atenco que no había sido atraído por el máximo tribunal.
Previamente, durante un mitin realizado afuera de la SCJN, familiares de los atenquenses presos exigieron al máximo tribunal que actúe con celeridad y los libere de inmediato.
En sesión privada y después en sesión pública, los ministros decidieron por unanimidad atraer el amparo de Del Valle y acordaron que, por turno, corresponderá a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea elaborar el proyecto de dictamen correspondiente.
Trascendió que dada la importancia del asunto, los ministros de la primera sala crearon una comisión de secretarios de estudio y cuenta que se encargará de analizar los tres paquetes de amparos y de elaborar los proyectos preliminares en los que se definirá si la SCJN concede la libertad a los demandantes.
Dicha comisión revisará los casos de Ignacio del Valle, Héctor Galindo Ochoa y Felipe Álvarez Hernández, recluidos en el penal de máxima seguridad del Altiplano, y de Juan Carlos Estrada Cruces, Óscar Hernández Pacheco, Julio César Espinosa Ramos, Eduardo Morales Reyes, Narciso Arellano Hernández, Inés Rodolfo Cuéllar Rivera, Alejandro Pilón Zacate, Jorge A. Ordóñez Romero y Román A. Ordóñez, presos en Molino de Flores.
Distintas sentencias para el mismo delito
La idea –dijeron los funcionarios consultados– es que como se trata del mismo asunto y el mismo delito que se les imputa (homicidio equiparado, aunque la sentencia contra Del Valle alcanza 120 años de prisión, la de sus dos compañeros en el Altiplano es de 67, y la del resto es de 31), se armonicen los proyectos de dictamen para que se resuelvan lo antes posible.
En el mitin realizado afuera de la Corte, los familiares de los detenidos y representantes de organizaciones sindicales y sociales exigieron a los ministros que los liberen antes de que cumplan cuatro años de prisión, lo cual se cumple en mayo próximo.
¿De qué otra manera podemos hacer presión para que sean liberados nuestros esposos, padres y hermanos presos injustamente desde mayo de 2006? –cuestionó una de las madres que tomaron la palabra.
Otros portaban una gran manta que decía: Madres de los presos políticos del caso Atenco, exigimos a Peña Nieto la libertad de nuestros hijos, y entre consignas como: ¡Presos políticos, libertad! ¡Nuestros compañeros no son delincuentes, su único delito es ser consecuentes!, los manifestantes advirtieron que cada miércoles acudirán a la Corte para exigir que se haga justicia.
Trinidad Ramírez, esposa de Ignacio del Valle, dijo en entrevista que es indignante ver cómo se consumen las madres de los atenquenses detenidos, ante la injusticia cometida por el gobierno que inventó los delitos y los cargos contra sus hijos presos.
“Ante la cerrazón de las autoridades federales y del estado de México –añadió–, la Suprema Corte debe rectificar los errores cometidos cuando investigó la violación grave de garantías individuales en San Salvador Atenco (febrero de 2009), cuando los ministros evitaron pronunciarse sobre los funcionarios responsables de los hechos violentos y de la transgresión de los derechos humanos de los atenquenses”.
Los ministros –dijo– no actuaron contra el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, quien fue el principal responsable de esos hechos.
Eurodiputados exigen condena al feminicidio en México
La redacción. Proceso.
MÉXICO, DF, 17 de marzo (apro-cimac).- Integrantes del Parlamento Europeo celebraron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el caso del Campo Algodonero en Juárez, Chihuahua, y exigieron una condena firme contra el feminicidio en el país.
En la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo, efectuada hoy en Bruselas, el grupo de los Verdes propuso una enmienda para incluir el tema del feminicidio en el informe presentado por el eurodiputado José Ignacio Salafranca sobre la estrategia de la Unión Europea en las relaciones con América Latina y el Caribe.
La enmienda reconoce que la sentencia de la CoIDH es un precedente para la región latinoamericana, y por ello pide a estas naciones la acojan como guía para su futuro trabajo y que su condena contra el feminicidio se acompañe de programas de protección, prevención, justicia y financiamiento adecuados.
También se demanda invertir en salud reproductiva, en programas destinados a fomentar la igualdad de género, educación sexual y acceso a métodos de planificación familiar, tal y como lo establece la Plataforma de Acción de El Cairo (1994).
Fuentes cercanas al Parlamento Europeo informaron que en abril próximo este posicionamiento de la AFET será presentado ante el pleno para su discusión y aprobación.
Y se espera que ese sea el eje principal en las acciones que la UE emprenda para poner fin a la situación actual de impunidad de los asesinatos de mujeres en algunos países como México y varios de Centroamérica.
Al término de la reunión, la eurodiputada austriaca y portavoz del grupo de los Verdes, Ulrike Lunacek, señaló que “el voto de hoy significa un paso en adelante muy decisivo en nuestra lucha común en contra del feminicidio en México y América Latina”.
Calificó además de “ejemplar” la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, donde en noviembre de 2001 fueron hallados sin vida los cuerpos de ocho mujeres asesinadas y torturadas sexualmente.
Agregó que las recomendaciones de la Corte Interamericana “tienen que ser reconfirmadas por un voto positivo de la plenaria del Parlamento Europeo y luego traducidas en acciones políticas concretas de parte de la Unión Europea”.
Lunacek se dijo "contenta de que la Comisión de Asuntos Exteriores hizo suya la propuesta proveniente del ala verde de la Comisión de Desarrollo. Mostró así que el Parlamento Europeo está dispuesto a reconocer el hito histórico que representa el juicio de la Corte Interamericana”.
Confió en que la próxima Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se realizará en mayo próximo en Madrid, se retome el tema del feminicidio y la impunidad.
La redacción. Proceso.
MÉXICO, DF, 17 de marzo (apro-cimac).- Integrantes del Parlamento Europeo celebraron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) contra el Estado mexicano por el caso del Campo Algodonero en Juárez, Chihuahua, y exigieron una condena firme contra el feminicidio en el país.
En la reunión de la Comisión de Asuntos Exteriores (AFET) del Parlamento Europeo, efectuada hoy en Bruselas, el grupo de los Verdes propuso una enmienda para incluir el tema del feminicidio en el informe presentado por el eurodiputado José Ignacio Salafranca sobre la estrategia de la Unión Europea en las relaciones con América Latina y el Caribe.
La enmienda reconoce que la sentencia de la CoIDH es un precedente para la región latinoamericana, y por ello pide a estas naciones la acojan como guía para su futuro trabajo y que su condena contra el feminicidio se acompañe de programas de protección, prevención, justicia y financiamiento adecuados.
También se demanda invertir en salud reproductiva, en programas destinados a fomentar la igualdad de género, educación sexual y acceso a métodos de planificación familiar, tal y como lo establece la Plataforma de Acción de El Cairo (1994).
Fuentes cercanas al Parlamento Europeo informaron que en abril próximo este posicionamiento de la AFET será presentado ante el pleno para su discusión y aprobación.
Y se espera que ese sea el eje principal en las acciones que la UE emprenda para poner fin a la situación actual de impunidad de los asesinatos de mujeres en algunos países como México y varios de Centroamérica.
Al término de la reunión, la eurodiputada austriaca y portavoz del grupo de los Verdes, Ulrike Lunacek, señaló que “el voto de hoy significa un paso en adelante muy decisivo en nuestra lucha común en contra del feminicidio en México y América Latina”.
Calificó además de “ejemplar” la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano por el feminicidio del Campo Algodonero, en Ciudad Juárez, donde en noviembre de 2001 fueron hallados sin vida los cuerpos de ocho mujeres asesinadas y torturadas sexualmente.
Agregó que las recomendaciones de la Corte Interamericana “tienen que ser reconfirmadas por un voto positivo de la plenaria del Parlamento Europeo y luego traducidas en acciones políticas concretas de parte de la Unión Europea”.
Lunacek se dijo "contenta de que la Comisión de Asuntos Exteriores hizo suya la propuesta proveniente del ala verde de la Comisión de Desarrollo. Mostró así que el Parlamento Europeo está dispuesto a reconocer el hito histórico que representa el juicio de la Corte Interamericana”.
Confió en que la próxima Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Europea, América Latina y el Caribe, que se realizará en mayo próximo en Madrid, se retome el tema del feminicidio y la impunidad.
Sin acceso a la escuela, 80 mil niños en edad de cursar enseñanza básica
Conafe: 80% de esta población, de 172 municipios marginados
LAURA POY SOLANO
Periódico La Jornada
El director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Arturo Sáenz Ferral, reconoció que 80 mil niños en edad de cursar su educación básica, que habitan en las comunidades rurales más pobres del país, no asisten a la escuela. Indicó que al menos 80 por ciento de esta población se concentra en 172 municipios de 14 entidades ubicadas en zonas de alta marginación social.
A escala nacional, destacó que cerca de 1.5 millones de niños enfrentan esa situación, aunque el mayor porcentaje de los menores que no acuden a un centro escolar se concentra en zonas urbanas marginadas, donde la población más pobre de la periferia no puede acceder a servicios educativos.
En entrevista, tras participar en la entrega al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, de una carta-compromiso suscrita por alcaldes de ocho entidades –en la que se comprometen a reducir la tasa de ausentismo escolar en comunidades de alta marginación y a mejorar la infraestructura–, afirmó que con este acuerdo los tres niveles de gobierno acordamos que a partir del ciclo escolar 2012 ninguno de estos 80 mil niños se quede sin ir a la escuela.
El funcionario apuntó que el Conafe tiene como meta atender a la población rural más pobre, destacando comunidades indígenas, así como aquellas ubicadas en zonas de difícil acceso y con una población menor a 500 habitantes.
Sin embargo, reconoció que hay escuelas donde no hay profesores y el consejo las está atendiendo con instructores comunitarios. Son planteles hasta con 800 niños, y en los que nosotros no deberíamos estar, pero tampoco podemos salirnos sin establecer un acuerdo con las autoridades para garantizar que se imparta el servicio educativo.
Sáenz Ferral afirmó que se atienda fuera de regla a un porcentaje elevado de comunidades rurales, y que con los recursos para esta tarea podríamos ocuparnos hasta de 60 por ciento de los 80 mil niños que no asisten a la escuela y que sí son parte de nuestra responsabilidad como institución pública.
En cuanto a la inversión pública destinada a los alumnos de localidades de alta marginación, señaló que en promedio se destinan mil 300 pesos por estudiante en el modelo Conafe, que es muy poco, pues nosotros no contamos con docentes, ya que nuestros instructores son jóvenes egresados de secundaria o bachillerato que no cuentan con formación de maestros.
Conafe: 80% de esta población, de 172 municipios marginados
LAURA POY SOLANO
Periódico La Jornada
El director general del Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe), Arturo Sáenz Ferral, reconoció que 80 mil niños en edad de cursar su educación básica, que habitan en las comunidades rurales más pobres del país, no asisten a la escuela. Indicó que al menos 80 por ciento de esta población se concentra en 172 municipios de 14 entidades ubicadas en zonas de alta marginación social.
A escala nacional, destacó que cerca de 1.5 millones de niños enfrentan esa situación, aunque el mayor porcentaje de los menores que no acuden a un centro escolar se concentra en zonas urbanas marginadas, donde la población más pobre de la periferia no puede acceder a servicios educativos.
En entrevista, tras participar en la entrega al titular de la Secretaría de Educación Pública, Alonso Lujambio, de una carta-compromiso suscrita por alcaldes de ocho entidades –en la que se comprometen a reducir la tasa de ausentismo escolar en comunidades de alta marginación y a mejorar la infraestructura–, afirmó que con este acuerdo los tres niveles de gobierno acordamos que a partir del ciclo escolar 2012 ninguno de estos 80 mil niños se quede sin ir a la escuela.
El funcionario apuntó que el Conafe tiene como meta atender a la población rural más pobre, destacando comunidades indígenas, así como aquellas ubicadas en zonas de difícil acceso y con una población menor a 500 habitantes.
Sin embargo, reconoció que hay escuelas donde no hay profesores y el consejo las está atendiendo con instructores comunitarios. Son planteles hasta con 800 niños, y en los que nosotros no deberíamos estar, pero tampoco podemos salirnos sin establecer un acuerdo con las autoridades para garantizar que se imparta el servicio educativo.
Sáenz Ferral afirmó que se atienda fuera de regla a un porcentaje elevado de comunidades rurales, y que con los recursos para esta tarea podríamos ocuparnos hasta de 60 por ciento de los 80 mil niños que no asisten a la escuela y que sí son parte de nuestra responsabilidad como institución pública.
En cuanto a la inversión pública destinada a los alumnos de localidades de alta marginación, señaló que en promedio se destinan mil 300 pesos por estudiante en el modelo Conafe, que es muy poco, pues nosotros no contamos con docentes, ya que nuestros instructores son jóvenes egresados de secundaria o bachillerato que no cuentan con formación de maestros.
