LA CORTAEDAD DE PEÑA NIETO
17 mar 2010
Después del escándalo
LUIS LINARES ZAPATA
El control de daños para mitigar el escándalo mediático ha sido superficial e inefectivo. Los abajo firmantes del acuerdo para transar votos por impuestos han recibido terribles calificaciones por parte de un influyente segmento de la crítica independiente. La opinocracia oficialista tampoco ha podido esquivar el bulto aunque hizo malabar y medio para, al menos, disculpar a alguno que otro de los enjuiciados. Los perfiles públicos de Paredes y Nava, como dirigentes cupulares del PRI y el PAN, quedaron afectados con dolencias de muy difícil recuperación. El sainete en el que gustosos participaron les abolló el neurálgico asunto de la credibilidad, crucial activo para un político que busque el respeto popular. Las culpas, chamaqueadas, mentiras, delitos electorales y trampas en las que incurrieron no se lavarán fácilmente, a pesar de los esfuerzos de las burocracias partidistas por retocar sus comportamientos cerrando filas. Tendrán, de aquí en adelante, que ir renqueando por el escenario público hasta que la incapacidad demostrada a pleno sol los alcance de lleno.
El gobernador Peña Nieto también sale con heridas del desaguisado que él mismo impulsó y signó por interpósita persona. Algunas de esas escoriaciones son de apreciable profundidad, aunque por ahora no se aquilaten con precisión. La barahúnda circundante lo impide, pero quedarán expuestas a la reflexión y se agravarán con el transcurso del tiempo. Muchas de sus debilidades y cortedades quedaron exhibidas sin coartadas que puedan ocultarlas. Destaca, por ejemplo, la ausencia de escrúpulos para recargarse en los bolsillos y el penar de los contribuyentes para amarrar una temprana, aunque todavía elusiva, candidatura de su partido. Pero no quedan atrás sus intenciones de situarse dentro de un bolsón de inusitados privilegios a cambio de limitar los derechos y las libertades ciudadanas a coaligarse. Acostumbrado, como está, a recibir la cuidadosa e interesada cobertura televisiva que lo introduce, bien peinado, en los hogares, por ahora quedó a descampado y no encuentra otra ruta que el silencio o la forzada discreción. Esta vez, por lo visto, no ha podido zafarse del golpeteo, aun cuando sus auxiliares mediáticos, presurosos, le quieran extender el manto de las disculpas forzadas.
Nadie puede llamarse a escándalo por un acuerdo cupular que pretendidamente quiso mantenerse en las tinieblas. Bien se sabe que de esto está llena la buchaca de las elites, más aún si, como las actuales, carecen de tamaños para introducir en ellos algo de grandeza. Lo distinto es que se hizo público y, entonces, empezaron las disculpas, incapacidades, mentiras y las trifulcas adicionales. Los actores, uno a uno, quisieron abandonar el escenario sin lograrlo. No hay sobrevivientes, todos han sucumbido ante la mirada y juicio del electorado que ya sabrá tomar venganza. El meollo de este intríngulis elitista, sin embargo, apunta hacia el descubrimiento de un formidable y peligroso tinglado que azuza, orienta y patrocina las ambiciones de un precandidato (PRI) a la Presidencia para el próximo sexenio. Paredes, Gómez Mont o Nava son comparsas de relleno en este litigio, cuyos destinos se agotarán de manera distinta sin afectar la trayectoria de la República. Peña Nieto, en cambio, debe ser examinado con mayor cuidado, no sólo por su propia importancia, sino por los acompañantes que empujan su aventura. Por ahora se le ve cómodamente acurrucado sobre todo un aparato sistémico que le hace el caldo gordo e insufla su imagen. Atrás, pero sobre todo por delante de él, asoman su duro rostro monumentales intereses bien amasados y que lo tienen sujeto desde que inició su desbordada gestión. Es una maciza conformación de personajes, grupos políticos, religiosos y empresariales donde destacan, con nitidez inevitable, los traficantes de influencia, ciertamente los de mayor (y también de menor) calado. Todos ellos en la búsqueda, casi desesperada, de acrecentar sus privilegios, de ensanchar negocios, de recibir la ansiada protección para su accionar que, una y otra vez, corre al filo de la ley o cae en franca conducta delictiva.
Mantener, a como dé lugar, la trayectoria del actual modelo de gobierno es el propósito de tan gran mezcolanza de notables, conjuntado por propia voluntad y esperanzas a futuro, en torno a la candidatura de Peña Nieto. El joven elegido por la sacrosanta cofradía de poderosos, que tan respetuoso es de las formas, los contratos y las promesas, no los defraudará. Es él quien atraerá la salvadora inversión foránea de incontables garantías y requerimientos, tan ansiada como onerosa. Será él quien concluirá las reformas de segunda, tercera y hasta cuarta generación si fueran requeridas, que permitan la acumulación brutal del capital, el libérrimo flujo de la especulación que tanta riqueza y talento succiona hacia el exterior. Peña Nieto es el atractivo hombre de su predilección desde que le vieron ganar, con descarado derroche de recursos (capitaneados por el tío de triste memoria) la gubernatura más importante del país. Es Peña Nieto el escogido para dar continuidad al mismo régimen de saqueo y privilegios en favor de aquellos que lo apadrinan. Será, sin duda él quien asegure la paz (verdaderos boquetes) fiscal de los que mucho tienen y casi nada pagan de impuestos. Será, sin duda, él quien contenga a los desposeídos que no tienen lugar en esta historia de beneficiados por la gracia del poder. Será él, qué requiebro lo impide, quien, con su piadoso ejemplo de vaticanista convencido, proteja las libertades que solicitan los curas y renueve alianzas con el magisterio de Gordillo, sin que el costo importe.
Mientras tanto, y sin esperar el olvido del sainete, Peña Nieto seguirá deleitando al auditorio de los medios electrónicos con pomposas frases sin sentido, empalagosas, siempre positivas y grandilocuentes, para rellenar su perfil bien acicalado. Ése es el preferido de las masas, según dictan con frecuencia los enterados, el bien hecho producto de los grupos de presión que, en un descuido, puede encaramarse en la Presidencia para regocijo de los ganones de siempre y un triste, angustioso futuro colectivo.
La de Gómez Mont, como funcionario encargado de las relaciones políticas con los partidos, gobiernos estatales y el Congreso, tiene una desviación negativa que le condicionará su accionar por lo que le reste de su encargo.
LUIS LINARES ZAPATA
El control de daños para mitigar el escándalo mediático ha sido superficial e inefectivo. Los abajo firmantes del acuerdo para transar votos por impuestos han recibido terribles calificaciones por parte de un influyente segmento de la crítica independiente. La opinocracia oficialista tampoco ha podido esquivar el bulto aunque hizo malabar y medio para, al menos, disculpar a alguno que otro de los enjuiciados. Los perfiles públicos de Paredes y Nava, como dirigentes cupulares del PRI y el PAN, quedaron afectados con dolencias de muy difícil recuperación. El sainete en el que gustosos participaron les abolló el neurálgico asunto de la credibilidad, crucial activo para un político que busque el respeto popular. Las culpas, chamaqueadas, mentiras, delitos electorales y trampas en las que incurrieron no se lavarán fácilmente, a pesar de los esfuerzos de las burocracias partidistas por retocar sus comportamientos cerrando filas. Tendrán, de aquí en adelante, que ir renqueando por el escenario público hasta que la incapacidad demostrada a pleno sol los alcance de lleno.
El gobernador Peña Nieto también sale con heridas del desaguisado que él mismo impulsó y signó por interpósita persona. Algunas de esas escoriaciones son de apreciable profundidad, aunque por ahora no se aquilaten con precisión. La barahúnda circundante lo impide, pero quedarán expuestas a la reflexión y se agravarán con el transcurso del tiempo. Muchas de sus debilidades y cortedades quedaron exhibidas sin coartadas que puedan ocultarlas. Destaca, por ejemplo, la ausencia de escrúpulos para recargarse en los bolsillos y el penar de los contribuyentes para amarrar una temprana, aunque todavía elusiva, candidatura de su partido. Pero no quedan atrás sus intenciones de situarse dentro de un bolsón de inusitados privilegios a cambio de limitar los derechos y las libertades ciudadanas a coaligarse. Acostumbrado, como está, a recibir la cuidadosa e interesada cobertura televisiva que lo introduce, bien peinado, en los hogares, por ahora quedó a descampado y no encuentra otra ruta que el silencio o la forzada discreción. Esta vez, por lo visto, no ha podido zafarse del golpeteo, aun cuando sus auxiliares mediáticos, presurosos, le quieran extender el manto de las disculpas forzadas.
Nadie puede llamarse a escándalo por un acuerdo cupular que pretendidamente quiso mantenerse en las tinieblas. Bien se sabe que de esto está llena la buchaca de las elites, más aún si, como las actuales, carecen de tamaños para introducir en ellos algo de grandeza. Lo distinto es que se hizo público y, entonces, empezaron las disculpas, incapacidades, mentiras y las trifulcas adicionales. Los actores, uno a uno, quisieron abandonar el escenario sin lograrlo. No hay sobrevivientes, todos han sucumbido ante la mirada y juicio del electorado que ya sabrá tomar venganza. El meollo de este intríngulis elitista, sin embargo, apunta hacia el descubrimiento de un formidable y peligroso tinglado que azuza, orienta y patrocina las ambiciones de un precandidato (PRI) a la Presidencia para el próximo sexenio. Paredes, Gómez Mont o Nava son comparsas de relleno en este litigio, cuyos destinos se agotarán de manera distinta sin afectar la trayectoria de la República. Peña Nieto, en cambio, debe ser examinado con mayor cuidado, no sólo por su propia importancia, sino por los acompañantes que empujan su aventura. Por ahora se le ve cómodamente acurrucado sobre todo un aparato sistémico que le hace el caldo gordo e insufla su imagen. Atrás, pero sobre todo por delante de él, asoman su duro rostro monumentales intereses bien amasados y que lo tienen sujeto desde que inició su desbordada gestión. Es una maciza conformación de personajes, grupos políticos, religiosos y empresariales donde destacan, con nitidez inevitable, los traficantes de influencia, ciertamente los de mayor (y también de menor) calado. Todos ellos en la búsqueda, casi desesperada, de acrecentar sus privilegios, de ensanchar negocios, de recibir la ansiada protección para su accionar que, una y otra vez, corre al filo de la ley o cae en franca conducta delictiva.
Mantener, a como dé lugar, la trayectoria del actual modelo de gobierno es el propósito de tan gran mezcolanza de notables, conjuntado por propia voluntad y esperanzas a futuro, en torno a la candidatura de Peña Nieto. El joven elegido por la sacrosanta cofradía de poderosos, que tan respetuoso es de las formas, los contratos y las promesas, no los defraudará. Es él quien atraerá la salvadora inversión foránea de incontables garantías y requerimientos, tan ansiada como onerosa. Será él quien concluirá las reformas de segunda, tercera y hasta cuarta generación si fueran requeridas, que permitan la acumulación brutal del capital, el libérrimo flujo de la especulación que tanta riqueza y talento succiona hacia el exterior. Peña Nieto es el atractivo hombre de su predilección desde que le vieron ganar, con descarado derroche de recursos (capitaneados por el tío de triste memoria) la gubernatura más importante del país. Es Peña Nieto el escogido para dar continuidad al mismo régimen de saqueo y privilegios en favor de aquellos que lo apadrinan. Será, sin duda él quien asegure la paz (verdaderos boquetes) fiscal de los que mucho tienen y casi nada pagan de impuestos. Será, sin duda, él quien contenga a los desposeídos que no tienen lugar en esta historia de beneficiados por la gracia del poder. Será él, qué requiebro lo impide, quien, con su piadoso ejemplo de vaticanista convencido, proteja las libertades que solicitan los curas y renueve alianzas con el magisterio de Gordillo, sin que el costo importe.
Mientras tanto, y sin esperar el olvido del sainete, Peña Nieto seguirá deleitando al auditorio de los medios electrónicos con pomposas frases sin sentido, empalagosas, siempre positivas y grandilocuentes, para rellenar su perfil bien acicalado. Ése es el preferido de las masas, según dictan con frecuencia los enterados, el bien hecho producto de los grupos de presión que, en un descuido, puede encaramarse en la Presidencia para regocijo de los ganones de siempre y un triste, angustioso futuro colectivo.
La de Gómez Mont, como funcionario encargado de las relaciones políticas con los partidos, gobiernos estatales y el Congreso, tiene una desviación negativa que le condicionará su accionar por lo que le reste de su encargo.
Estado de sitio
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 16 de marzo.- Un ominoso escenario respecto a la defensa de los derechos fundamentales se configura en el país. El pasado 9 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio carta blanca a la Procuraduría General de la República (PGR) para negar de manera unilateral y discrecional cualquier información solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Asimismo, Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente se encuentra en un proceso de intenso cabildeo a favor de una nueva Ley de Seguridad Nacional que asegure la militarización del país y la suspensión de nuestras garantías de manera indefinida. En el Distrito Federal, la situación no pinta mucho mejor, ya que el pasado día 9 la Secretaría de Seguridad Pública local inició un programa para detener y revisar de manera discrecional a cualquier auto “sospechoso” que circule en zonas específicas de la ciudad.
Los pasados 8 y 9 de marzo, el gobierno mexicano fue duramente cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el comunicado emitido por las organizaciones civiles que asistieron al encuentro, dicho comité exigió la eliminación de las figuras de fuero militar y arraigo, y manifestó terminantemente su inconformidad con la militarización del país. También reprobó la permanencia de la tortura en México y el estado de indefensión en que se encuentran los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Otro informe devastador acerca del desempeño del sistema de justicia fue dado a conocer recientemente por el Centro Pro Juárez. El título del informe lo dice todo: Sociedad amenazada: violencia e impunidad, rostros del México actual. En su informe correspondiente a 2009, Amnistía Internacional también reprueba al Estado mexicano. Por su parte, Human Rights Watch ha publicado un importante estudio titulado Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México. Y a finales del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano en las cuales denuncia tanto los efectos nefastos del fuero militar como la total irresponsabilidad de las autoridades en Ciudad Juárez.
Pero todos estos esfuerzos por documentar los excesos gubernamentales no quitan el sueño a nuestras autoridades. Siguiendo el ejemplo de Salinas, optan por no ver ni oír las imparables críticas, e insisten en la “necesidad” de suspender las garantías básicas de los mexicanos. El aval implícito del gobierno de Estados Unidos a esta estrategia también permite que la situación siga agravándose.
Como ya lo advertimos en estas mismas páginas (Proceso 1695), no hay duda de que la iniciativa del presidente de la República para reformar la Ley de Seguridad Nacional pavimenta el camino para un eventual golpe de Estado militar. En franca violación a los artículos 11, 16, 29 y 111 de la Constitución, la propuesta busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional –una instancia conformada exclusivamente por subordinados del presidente– de la facultad de declarar unilateralmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza, las fuerzas armadas estarían autorizadas para intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública y suspender nuestra libertad de expresión, de asociación, de libre tránsito, y hasta nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones legales también autorizarían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacionales.
La decisión de la Suprema Corte de permitir que la PGR niegue información a la CNDH implica igualmente una grave afectación al estado de derecho. Ya de por sí es típica la falta de voluntad de la PGR para cumplir con los requisitos constitucionales en materia de transparencia. Recordemos las reformas al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales que obstaculizan el acceso ciudadano a las averiguaciones previas, y la tradicional renuencia a cumplir con las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Pero hoy la Suprema Corte le da el tiro de gracia a cualquier esperanza de abrir la caja negra de la PGR. Preocupa en particular la abierta desconfianza que los ministros de la mayoría expresaron hacia los funcionarios de la CNDH al insinuar que la información confidencial no estaría segura en manos del ómbudsman.
Si de desconfianzas se trata, habría que empezar con la misma PGR, cuyos funcionarios y policías han demostrado ser todo antes que pulcros y eficientes. Urge establecer nuevos mecanismos para la supervisión y vigilancia independientes de esta institución, responsable de la grave crisis en materia de seguridad pública que resiente el país.
Por último, es lamentable que el gobierno del Distrito Federal –el cual ha destacado en otros ámbitos (aborto, matrimonio gay, etcétera) por su promoción irrestricta de las libertades y los derechos ciudadanos– se sume hoy a la moda impuesta por el gobierno federal. La revisión aleatoria y discrecional de automóviles sin causa justificada implica una evidente violación al artículo 16 constitucional, que a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
No nos acostumbremos a las estrategias propias de los gobiernos fascistas. Habría que exigir a nuestros gobernantes en todos los niveles que no pierdan de vista los principios y valores más básicos del liberalismo democrático que ha forjado nuestra patria desde hace 200 años.
John M. Ackerman
MÉXICO, D.F., 16 de marzo.- Un ominoso escenario respecto a la defensa de los derechos fundamentales se configura en el país. El pasado 9 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio carta blanca a la Procuraduría General de la República (PGR) para negar de manera unilateral y discrecional cualquier información solicitada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). Asimismo, Guillermo Galván, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), actualmente se encuentra en un proceso de intenso cabildeo a favor de una nueva Ley de Seguridad Nacional que asegure la militarización del país y la suspensión de nuestras garantías de manera indefinida. En el Distrito Federal, la situación no pinta mucho mejor, ya que el pasado día 9 la Secretaría de Seguridad Pública local inició un programa para detener y revisar de manera discrecional a cualquier auto “sospechoso” que circule en zonas específicas de la ciudad.
Los pasados 8 y 9 de marzo, el gobierno mexicano fue duramente cuestionado por el Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). De acuerdo con el comunicado emitido por las organizaciones civiles que asistieron al encuentro, dicho comité exigió la eliminación de las figuras de fuero militar y arraigo, y manifestó terminantemente su inconformidad con la militarización del país. También reprobó la permanencia de la tortura en México y el estado de indefensión en que se encuentran los defensores de los derechos humanos y los periodistas.
Otro informe devastador acerca del desempeño del sistema de justicia fue dado a conocer recientemente por el Centro Pro Juárez. El título del informe lo dice todo: Sociedad amenazada: violencia e impunidad, rostros del México actual. En su informe correspondiente a 2009, Amnistía Internacional también reprueba al Estado mexicano. Por su parte, Human Rights Watch ha publicado un importante estudio titulado Impunidad uniformada: uso indebido de la justicia militar en México. Y a finales del año pasado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dictó dos sentencias condenatorias para el Estado mexicano en las cuales denuncia tanto los efectos nefastos del fuero militar como la total irresponsabilidad de las autoridades en Ciudad Juárez.
Pero todos estos esfuerzos por documentar los excesos gubernamentales no quitan el sueño a nuestras autoridades. Siguiendo el ejemplo de Salinas, optan por no ver ni oír las imparables críticas, e insisten en la “necesidad” de suspender las garantías básicas de los mexicanos. El aval implícito del gobierno de Estados Unidos a esta estrategia también permite que la situación siga agravándose.
Como ya lo advertimos en estas mismas páginas (Proceso 1695), no hay duda de que la iniciativa del presidente de la República para reformar la Ley de Seguridad Nacional pavimenta el camino para un eventual golpe de Estado militar. En franca violación a los artículos 11, 16, 29 y 111 de la Constitución, la propuesta busca dotar al Consejo de Seguridad Nacional –una instancia conformada exclusivamente por subordinados del presidente– de la facultad de declarar unilateralmente la existencia de “una afectación a la seguridad interior”. Con un pronunciamiento de esta naturaleza, las fuerzas armadas estarían autorizadas para intervenir en una amplia diversidad de ámbitos de la vida pública y suspender nuestra libertad de expresión, de asociación, de libre tránsito, y hasta nuestro derecho al debido proceso. Las modificaciones legales también autorizarían la intervención indiscriminada de las comunicaciones privadas por parte del Poder Ejecutivo con el fin de asegurar la “seguridad” y la “paz” nacionales.
La decisión de la Suprema Corte de permitir que la PGR niegue información a la CNDH implica igualmente una grave afectación al estado de derecho. Ya de por sí es típica la falta de voluntad de la PGR para cumplir con los requisitos constitucionales en materia de transparencia. Recordemos las reformas al artículo 16 del Código de Procedimientos Penales que obstaculizan el acceso ciudadano a las averiguaciones previas, y la tradicional renuencia a cumplir con las resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI).
Pero hoy la Suprema Corte le da el tiro de gracia a cualquier esperanza de abrir la caja negra de la PGR. Preocupa en particular la abierta desconfianza que los ministros de la mayoría expresaron hacia los funcionarios de la CNDH al insinuar que la información confidencial no estaría segura en manos del ómbudsman.
Si de desconfianzas se trata, habría que empezar con la misma PGR, cuyos funcionarios y policías han demostrado ser todo antes que pulcros y eficientes. Urge establecer nuevos mecanismos para la supervisión y vigilancia independientes de esta institución, responsable de la grave crisis en materia de seguridad pública que resiente el país.
Por último, es lamentable que el gobierno del Distrito Federal –el cual ha destacado en otros ámbitos (aborto, matrimonio gay, etcétera) por su promoción irrestricta de las libertades y los derechos ciudadanos– se sume hoy a la moda impuesta por el gobierno federal. La revisión aleatoria y discrecional de automóviles sin causa justificada implica una evidente violación al artículo 16 constitucional, que a la letra dice: “Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento”.
No nos acostumbremos a las estrategias propias de los gobiernos fascistas. Habría que exigir a nuestros gobernantes en todos los niveles que no pierdan de vista los principios y valores más básicos del liberalismo democrático que ha forjado nuestra patria desde hace 200 años.
Astillero
Verdades no reales. Cifras felipescas. Napolitano descalifica. Nava, ¿desconocerá boda?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La ametralladora discursiva de Calderón dispara las mismas ráfagas: cifras alegres, estadísticas amables, propuestas optimistas, presunciones de éxito, voluntarismo sin sustento, burocratismo anémico, malabarismos presupuestales y la profunda convicción de que se puede hacer creer a la noche que es día si se cuenta con el respaldo mediático facturado. Felipe en su laberinto vuelve al lugar de los hechos y se topa con el rechazo general a sus planes de presunto reavivamiento juarense: en las calles, el hartazgo se estrella contra las murallas militares y policiacas tan sabidas, pero también en los ámbitos presuntamente controlados, en los interiores escenográficos donde se cree posible rodar películas agradables, se topa el precarista de Los Pinos con la crítica, las dudas y la descalificación.
Felipe, creyente de que Juárez Somos Rollo, promovió mesas de trabajo, análisis y organización de la sociedad civil que terminaron siendo simples destellos de demagogia programática y, ayer, cuando esas tareas falsas fueron denunciadas, el propio FC hubo de enredarse consigo mismo, aceptando que existe desconfianza y escepticismo y pronunciando una más de sus frases estelares: Creo que hay cifras, que aunque sean verídicas, no necesariamente corresponde a la realidad. Junto a él, García Luna Productions y No Chávez PGR Films hacían como que no se enteraban de la irritación social que provocaban sus discursos llenos de bienaventuranza y oferentes de paraísos ya casi al alcance de la mala oratoria. Así tocado por el don de la clarividencia contradictoria, el iluminado michoacano reveló ayer que las cosas en Juárez están delicadas, y, tal vez movidos sus resortes más íntimos por el asesinato de tres personas ligadas al consulado imperial, aceptó que estamos presenciando el asesinato de personas probablemente ajenas a cualquier circunstancia delictiva. Hay un daño que se está haciendo a la sociedad. ¡Aleluya!
Los güeros intervencionistas no cayeron en los chafas juegos de ilusionismo gubernamental mexicano. La secretaria gringa de Seguridad, Janet Napolitano, se permitió, por ejemplo, negarle efectividad a los planes militares de guerra tan defendidos por el comandante Calderón: de nada ha servido la presencia del Ejército en Ciudad Juárez, dijo la funcionaria obamista en una especie de instrucción indirecta al manejo castrense felipista. En Gringolandia, mientras tanto, crecen las críticas al felipismo y se alienta el espíritu de la necesaria intervención en los asuntos mexicanos para prevenir que el incendio del vecino indolente llegue a los jardines primermundistas.
Bajo esas consideraciones, tal vez lo más interesante de la tercera visita de Felipe Calderón a escenarios blindados, técnicamente pertenecientes a Ciudad Juárez, fue que, aun cuando sucediera en otro contexto, al fin se hizo público el compromiso de matrimonio entre César Nava y la cantante Patylú. Aun cuando el tema debiera quedar en el plano estrictamente privado, la relevancia de los contrayentes alentó especulaciones de todo tipo. Entre ellas, el preguntarse si la institución del matrimonio civil estará en riesgo de que el todavía presidente del PAN desconozca más delante la existencia del contrato conyugal para luego darlo a conocer con todo y firmas (entre ellas, de testigos de honor), negándole validez y atribuyéndolo a que hubiera sido forzado.
En varias ciudades del país se realizó lo que evidentemente no fue una huelga en términos económicos y laborales pero sí políticos: la huelga política nacional convocada para reiterar apoyo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que así dejaron pública constancia de que su lucha continúa. En la capital del país hubo enfrentamientos que en cierto momento llevaron a las fuerzas policiacas a hacer uso de granadas de gases lacrimógenos, en uno de esos lances con tan deplorable tino que las cargas irritantes fueron a parar a una guardería infantil de donde tuvieron que ser sacados con premura los bebés afectados. En otras poblaciones, como Necaxa, el uso de los policías para confrontar a manifestantes generó tal animadversión social que a la hora de cerrar esta columna se hablaba de unificación popular para resistir a las fuerzas del orden. La inconformidad social se agrava, y Felipe cree posible enfrentarla con soldados y policías y con discursos y cifras irreales.
Astillas
En Madrid, Carlos Salinas de Gortari continuaba con sus esfuerzos de reposicionamiento público, al dar una conferencia en la que habló de Democracia republicana: una nueva etapa del liberalismo social. El ex presidente de México elogió la valentía de Calderón; insistió en sus tesis de autoterapia histórica, emitió recetas económicas de supuesta gran valía y anunció que en unos meses más lanzará un nuevo libro... El cantante de corridos Ramón Ayala dice que no sabía que tocaba para narcos, así es que tranquilamente volverá a los escenarios y, es de suponerse, a las fiestas privadas en lugares de lujo con personajes de evidente gran poder... Ulises Ruiz ha volcado su estructura de gobierno en la partidista, para vincular expresamente obras, servicios y beneficios del gobierno estatal con la maquinaria que pretende impedir que Gabino Cué llegue a gobernar. El mandatario oaxaqueño quitó a sus principales funcionarios de sus cargos y, a algunos que fueron electos, como el presidente municipal de la capital, para nombrarlos en responsabilidades priístas... En Sinaloa crece la oposición panista a que desde la ciudad de México les impongan al todavía priísta Mario López Valdez, Malova, como candidato a gobernador. Malova es hechura del también priísta Juan S. Millán, que ya fue gobernador... Y, mientras Nava y Ortega anuncian que el espíritu aliancístico llevará a PAN y PRD a trabajar juntos en ciertos temas legislativos, como las reformas propuestas por Calderón, ¡hasta mañana, con el presidente municipal de Tulancingo, Hidalgo, Jorge Márquez Alvarado, acusado de violar la legalidad al realizar una sesión de cabildo en el claustro de la catedral de esa población!
Verdades no reales. Cifras felipescas. Napolitano descalifica. Nava, ¿desconocerá boda?
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
La ametralladora discursiva de Calderón dispara las mismas ráfagas: cifras alegres, estadísticas amables, propuestas optimistas, presunciones de éxito, voluntarismo sin sustento, burocratismo anémico, malabarismos presupuestales y la profunda convicción de que se puede hacer creer a la noche que es día si se cuenta con el respaldo mediático facturado. Felipe en su laberinto vuelve al lugar de los hechos y se topa con el rechazo general a sus planes de presunto reavivamiento juarense: en las calles, el hartazgo se estrella contra las murallas militares y policiacas tan sabidas, pero también en los ámbitos presuntamente controlados, en los interiores escenográficos donde se cree posible rodar películas agradables, se topa el precarista de Los Pinos con la crítica, las dudas y la descalificación.
Felipe, creyente de que Juárez Somos Rollo, promovió mesas de trabajo, análisis y organización de la sociedad civil que terminaron siendo simples destellos de demagogia programática y, ayer, cuando esas tareas falsas fueron denunciadas, el propio FC hubo de enredarse consigo mismo, aceptando que existe desconfianza y escepticismo y pronunciando una más de sus frases estelares: Creo que hay cifras, que aunque sean verídicas, no necesariamente corresponde a la realidad. Junto a él, García Luna Productions y No Chávez PGR Films hacían como que no se enteraban de la irritación social que provocaban sus discursos llenos de bienaventuranza y oferentes de paraísos ya casi al alcance de la mala oratoria. Así tocado por el don de la clarividencia contradictoria, el iluminado michoacano reveló ayer que las cosas en Juárez están delicadas, y, tal vez movidos sus resortes más íntimos por el asesinato de tres personas ligadas al consulado imperial, aceptó que estamos presenciando el asesinato de personas probablemente ajenas a cualquier circunstancia delictiva. Hay un daño que se está haciendo a la sociedad. ¡Aleluya!
Los güeros intervencionistas no cayeron en los chafas juegos de ilusionismo gubernamental mexicano. La secretaria gringa de Seguridad, Janet Napolitano, se permitió, por ejemplo, negarle efectividad a los planes militares de guerra tan defendidos por el comandante Calderón: de nada ha servido la presencia del Ejército en Ciudad Juárez, dijo la funcionaria obamista en una especie de instrucción indirecta al manejo castrense felipista. En Gringolandia, mientras tanto, crecen las críticas al felipismo y se alienta el espíritu de la necesaria intervención en los asuntos mexicanos para prevenir que el incendio del vecino indolente llegue a los jardines primermundistas.
Bajo esas consideraciones, tal vez lo más interesante de la tercera visita de Felipe Calderón a escenarios blindados, técnicamente pertenecientes a Ciudad Juárez, fue que, aun cuando sucediera en otro contexto, al fin se hizo público el compromiso de matrimonio entre César Nava y la cantante Patylú. Aun cuando el tema debiera quedar en el plano estrictamente privado, la relevancia de los contrayentes alentó especulaciones de todo tipo. Entre ellas, el preguntarse si la institución del matrimonio civil estará en riesgo de que el todavía presidente del PAN desconozca más delante la existencia del contrato conyugal para luego darlo a conocer con todo y firmas (entre ellas, de testigos de honor), negándole validez y atribuyéndolo a que hubiera sido forzado.
En varias ciudades del país se realizó lo que evidentemente no fue una huelga en términos económicos y laborales pero sí políticos: la huelga política nacional convocada para reiterar apoyo a los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas que así dejaron pública constancia de que su lucha continúa. En la capital del país hubo enfrentamientos que en cierto momento llevaron a las fuerzas policiacas a hacer uso de granadas de gases lacrimógenos, en uno de esos lances con tan deplorable tino que las cargas irritantes fueron a parar a una guardería infantil de donde tuvieron que ser sacados con premura los bebés afectados. En otras poblaciones, como Necaxa, el uso de los policías para confrontar a manifestantes generó tal animadversión social que a la hora de cerrar esta columna se hablaba de unificación popular para resistir a las fuerzas del orden. La inconformidad social se agrava, y Felipe cree posible enfrentarla con soldados y policías y con discursos y cifras irreales.
Astillas
En Madrid, Carlos Salinas de Gortari continuaba con sus esfuerzos de reposicionamiento público, al dar una conferencia en la que habló de Democracia republicana: una nueva etapa del liberalismo social. El ex presidente de México elogió la valentía de Calderón; insistió en sus tesis de autoterapia histórica, emitió recetas económicas de supuesta gran valía y anunció que en unos meses más lanzará un nuevo libro... El cantante de corridos Ramón Ayala dice que no sabía que tocaba para narcos, así es que tranquilamente volverá a los escenarios y, es de suponerse, a las fiestas privadas en lugares de lujo con personajes de evidente gran poder... Ulises Ruiz ha volcado su estructura de gobierno en la partidista, para vincular expresamente obras, servicios y beneficios del gobierno estatal con la maquinaria que pretende impedir que Gabino Cué llegue a gobernar. El mandatario oaxaqueño quitó a sus principales funcionarios de sus cargos y, a algunos que fueron electos, como el presidente municipal de la capital, para nombrarlos en responsabilidades priístas... En Sinaloa crece la oposición panista a que desde la ciudad de México les impongan al todavía priísta Mario López Valdez, Malova, como candidato a gobernador. Malova es hechura del también priísta Juan S. Millán, que ya fue gobernador... Y, mientras Nava y Ortega anuncian que el espíritu aliancístico llevará a PAN y PRD a trabajar juntos en ciertos temas legislativos, como las reformas propuestas por Calderón, ¡hasta mañana, con el presidente municipal de Tulancingo, Hidalgo, Jorge Márquez Alvarado, acusado de violar la legalidad al realizar una sesión de cabildo en el claustro de la catedral de esa población!
