Y HUBO GASEADOS.
17 mar 2010
La huelga política del SME.
Rosalía Vergara
MÉXICO, D. F., 16 de marzo (apro).- Varios miles de personas se sumaron a la llamada “huelga política” decretada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en por lo menos 25 entidades del país, en demanda del respeto a su contrato colectivo de trabajo, cuya vigencia se cumplió este medio día.
El saldo de las movilizaciones fue un enfrentamiento que llevó a dos menores al hospital por intoxicación con gases lacrimógenos; un conato de enfrentamiento en la estación de Cables Bolivar; la “toma” de la Secretaría del Trabajo en esta ciudad y en Morelia; el bloqueo del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y un operativo en Juandhó, Hidalgo, tierra natal del dirigente del SME, Martín Esparza, donde reside toda su familia.
La jornada comenzó con una conferencia de prensa, donde Esparza exigió la renuncia del titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, debido a que, dijo, no representa los intereses de la clase trabajadora y porque hasta su hermano Gerardo es señalado por presunto “tráfico de influencias” en Petróleos Mexicanos.
Después de cinco meses de resistencia, dijo, se inicia una nueva campaña contra el SME para que “quienes tienen la concesión del triple play no paguen impuestos”. Por eso, comentó, el gobierno envía a Lozano Alarcón a “golpear” a los electricistas, mientras las tarifas aumentan cada mes, aunque el servicio de electricidad sea deficiente.
Por ello, Esparza sostuvo que el SME emplazó a huelga y dijo que su contrato colectivo de trabajo no ha perdido vigencia, porque siguen amparados. Añadió que el caso debe revisarlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De manera paralela, Esparza presentó unos videos, en los que se muestra camionetas blancas con logotipos de subsidiarias que, afirmó, fueron sacadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Exhibió una imagen, en la que se ve que en un camión se llevan “los bastones”, una herramienta que, dijo, “cuesta muchos dólares”, y que es utilizada para trabajar las líneas energizadas.
Además, Esparza denunció que, el jueves pasado, se reunieron representantes de las empresas privadas con funcionarios de CFE, los cuales ofrecieron nuevos servicios y estructura eléctrica para la zona centro del país, donde operaba la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), empresa “desaparecida” por decreto presidencial el 11 de octubre de 2009.
Esparza afirmó que se trata de criminalizar el movimiento del SME, “como los de Atenco y del Consejo General de Huelga (CGH). “Hoy ganaría la verdad y la verdad la tiene el SME”, sostuvo.
Al medio día comenzó la marcha de los trabajadores, de las instalaciones de LFC en Marina Nacional hasta la sede de la STPS, ubicada en Reforma-Centro, después de colocar las banderas rojinegras en las instalaciones custodiadas por 10 mil policías federales, según Esparza.
“Responsabilizamos a Calderón si hay un baño de sangre en la zona centro del país”, advirtió.
Conatos de bronca
De manera paralela, en la estación Cables Bolivar hubo un conato de violencia, cuando los cerca de mil elementos federales custodiaban la central y se opusieron a que colocaran las banderas rojinegras.
“Les pedimos permiso y no nos dejaron. Entonces quisimos colocarlas, pero nos las arrancaron y fue cuando comenzaron los empujones. Inmediatamente, los federales lanzaron gases lacrimógenos”, contó un testigo.
Dijo que arrojaron unos seis gases lacrimógenos y que aun los policías fueron desalojados del lugar. Un bebé de dos meses de nacido, Alexis Emiliano, resultó intoxicado al respirar el gas. Su padre, Alejandro, lo llevó al Hospital Infantil de Tlalpan, no sin antes enfrentarse a empujones con los policías que custodiaban la puerta del condominio donde vive.
“Cuando lo fui a ver a su cama, mi hijo escupía espuma por la boca. En el hospital dijeron que si lo hubiera llevado diez minutos después no estaría vivo”, dijo el señor a Apro.
Los niños de la guardería Integra Cuidados Maternales, ubicada frente a Cables Bolivar, fueron llevados a una iglesia cercana, a donde llegó Esparza alrededor de las tres de la tarde.
Esparza dijo que en Juandhó, donde vive su familia, también hubo un “acto de represión” y que cuatro helicópteros sobrevolaban la zona.
Además, culpó al Servicio de Administración de Bienes por el “saqueo” de las instalaciones de LFC.
Sobre la posibilidad de que se gire una orden de aprehensión en su contra, Esparza afirmó que no dará el gusto de lo aprehendan.
“Ahora resulta que quienes defendemos nuestro empleo conforme a la Constitución, somos delincuentes, y los que están saqueando el país para privilegiar el capital extranjero, son defensores de México. Entonces, la Corte tiene que actuar porque se están metiendo en una bronca más fuerte. Responsabilizamos al secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont)”.
Mencionó que cuenta con “el respaldo de la gente”, por lo que permanecerán en plantón permanente hasta que el Congreso de la Unión se pronuncie sobre el caso del SME. “No pueden ser indiferentes. No puede ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiera que haya muertos”, dijo.
“Confío en el movimiento; en una lucha social y pacífica. Si ellos no quieren que se reestablezca el estado de derecho, entonces nos dejan que cada quien se haga justicia como pueda”, agregó.
Además, Esparza dijo que no asistirá a la asamblea que encabezará este domingo Andrés Manuel López Obrador, en el Hemiciclo a Juárez, a las 10 de la mañana.
“Estaré en Washington en la marcha de los dos millones de migrantes que están luchando por mejorar sus condiciones de trabajo. Marcharán en apoyo del SME también”, señaló.
Añadió: “Lozano tiene que renunciar por el bien de la clase trabajadora del país. Es licenciado en piano, egresado del Instituto en Bellas Artes. Ahora hasta hace conciertos en su casa para sus aduladores”.
Rosalía Vergara
MÉXICO, D. F., 16 de marzo (apro).- Varios miles de personas se sumaron a la llamada “huelga política” decretada por el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) en por lo menos 25 entidades del país, en demanda del respeto a su contrato colectivo de trabajo, cuya vigencia se cumplió este medio día.
El saldo de las movilizaciones fue un enfrentamiento que llevó a dos menores al hospital por intoxicación con gases lacrimógenos; un conato de enfrentamiento en la estación de Cables Bolivar; la “toma” de la Secretaría del Trabajo en esta ciudad y en Morelia; el bloqueo del puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y un operativo en Juandhó, Hidalgo, tierra natal del dirigente del SME, Martín Esparza, donde reside toda su familia.
La jornada comenzó con una conferencia de prensa, donde Esparza exigió la renuncia del titular de la Secretaría del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, debido a que, dijo, no representa los intereses de la clase trabajadora y porque hasta su hermano Gerardo es señalado por presunto “tráfico de influencias” en Petróleos Mexicanos.
Después de cinco meses de resistencia, dijo, se inicia una nueva campaña contra el SME para que “quienes tienen la concesión del triple play no paguen impuestos”. Por eso, comentó, el gobierno envía a Lozano Alarcón a “golpear” a los electricistas, mientras las tarifas aumentan cada mes, aunque el servicio de electricidad sea deficiente.
Por ello, Esparza sostuvo que el SME emplazó a huelga y dijo que su contrato colectivo de trabajo no ha perdido vigencia, porque siguen amparados. Añadió que el caso debe revisarlo la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
De manera paralela, Esparza presentó unos videos, en los que se muestra camionetas blancas con logotipos de subsidiarias que, afirmó, fueron sacadas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Exhibió una imagen, en la que se ve que en un camión se llevan “los bastones”, una herramienta que, dijo, “cuesta muchos dólares”, y que es utilizada para trabajar las líneas energizadas.
Además, Esparza denunció que, el jueves pasado, se reunieron representantes de las empresas privadas con funcionarios de CFE, los cuales ofrecieron nuevos servicios y estructura eléctrica para la zona centro del país, donde operaba la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC), empresa “desaparecida” por decreto presidencial el 11 de octubre de 2009.
Esparza afirmó que se trata de criminalizar el movimiento del SME, “como los de Atenco y del Consejo General de Huelga (CGH). “Hoy ganaría la verdad y la verdad la tiene el SME”, sostuvo.
Al medio día comenzó la marcha de los trabajadores, de las instalaciones de LFC en Marina Nacional hasta la sede de la STPS, ubicada en Reforma-Centro, después de colocar las banderas rojinegras en las instalaciones custodiadas por 10 mil policías federales, según Esparza.
“Responsabilizamos a Calderón si hay un baño de sangre en la zona centro del país”, advirtió.
Conatos de bronca
De manera paralela, en la estación Cables Bolivar hubo un conato de violencia, cuando los cerca de mil elementos federales custodiaban la central y se opusieron a que colocaran las banderas rojinegras.
“Les pedimos permiso y no nos dejaron. Entonces quisimos colocarlas, pero nos las arrancaron y fue cuando comenzaron los empujones. Inmediatamente, los federales lanzaron gases lacrimógenos”, contó un testigo.
Dijo que arrojaron unos seis gases lacrimógenos y que aun los policías fueron desalojados del lugar. Un bebé de dos meses de nacido, Alexis Emiliano, resultó intoxicado al respirar el gas. Su padre, Alejandro, lo llevó al Hospital Infantil de Tlalpan, no sin antes enfrentarse a empujones con los policías que custodiaban la puerta del condominio donde vive.
“Cuando lo fui a ver a su cama, mi hijo escupía espuma por la boca. En el hospital dijeron que si lo hubiera llevado diez minutos después no estaría vivo”, dijo el señor a Apro.
Los niños de la guardería Integra Cuidados Maternales, ubicada frente a Cables Bolivar, fueron llevados a una iglesia cercana, a donde llegó Esparza alrededor de las tres de la tarde.
Esparza dijo que en Juandhó, donde vive su familia, también hubo un “acto de represión” y que cuatro helicópteros sobrevolaban la zona.
Además, culpó al Servicio de Administración de Bienes por el “saqueo” de las instalaciones de LFC.
Sobre la posibilidad de que se gire una orden de aprehensión en su contra, Esparza afirmó que no dará el gusto de lo aprehendan.
“Ahora resulta que quienes defendemos nuestro empleo conforme a la Constitución, somos delincuentes, y los que están saqueando el país para privilegiar el capital extranjero, son defensores de México. Entonces, la Corte tiene que actuar porque se están metiendo en una bronca más fuerte. Responsabilizamos al secretario de Gobernación (Fernando Gómez Mont)”.
Mencionó que cuenta con “el respaldo de la gente”, por lo que permanecerán en plantón permanente hasta que el Congreso de la Unión se pronuncie sobre el caso del SME. “No pueden ser indiferentes. No puede ser que la Suprema Corte de Justicia de la Nación quiera que haya muertos”, dijo.
“Confío en el movimiento; en una lucha social y pacífica. Si ellos no quieren que se reestablezca el estado de derecho, entonces nos dejan que cada quien se haga justicia como pueda”, agregó.
Además, Esparza dijo que no asistirá a la asamblea que encabezará este domingo Andrés Manuel López Obrador, en el Hemiciclo a Juárez, a las 10 de la mañana.
“Estaré en Washington en la marcha de los dos millones de migrantes que están luchando por mejorar sus condiciones de trabajo. Marcharán en apoyo del SME también”, señaló.
Añadió: “Lozano tiene que renunciar por el bien de la clase trabajadora del país. Es licenciado en piano, egresado del Instituto en Bellas Artes. Ahora hasta hace conciertos en su casa para sus aduladores”.
Reprueban juarenses triunfalismo oficial; la ciudad sigue en llamas
Con gráficas, Genaro García Luna quiso demostrar que disminuyó la violencia en esa frontera
CLAUDIA HERRERA BELTRÁN
Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 3
Ciudad Juárez, Chih., 16 de marzo. Convulsionados por los asesinatos cotidianos en esta ciudad, los juarenses reaccionaron con enojo y rebatieron al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, cuando quiso demostrar con gráficas la disminución de la violencia. Eso llevó a Miguel García, representante de la sociedad civil, a exigir al presidente Felipe Calderón dar un manotazo en materia de seguridad, porque Juárez sigue en llamas.
Desde ese momento, Calderón no pudo cambiar su gesto adusto, porque vinieron una andanada de críticas a las cifras oficiales expuestas por su gabinete y de cuestionamientos a la estrategia de seguridad, que incluso fue comparada con el fracaso del ejército estadunidense en Irak, lo que no hizo desistir al mandatario de mantener a los militares en esta ciudad.
En contra de los señalamientos de que los secuestros también van a la baja, los asistentes a la tercera sesión del foro Todos somos Juárez; reconstruyamos la ciudad, denunciaron que el hijo de Pablo Cuarón, un empresario y ex precandidato a gobernador, seguía plagiado. Es una mentira su liberación, expresaron.
Presionado por las recriminaciones, el Presidente debió reconocer que más allá de si les laten o no estas cifras, que denotan una reducción de la criminalidad, no se puede hablar de una tendencia hasta ahora, pero también les pidió tener una justa percepción de los hechos. Y les anunció que sus 160 compromisos para solucionar la violencia ya están en una página de Internet.
El power point de García Luna
La tormenta se desató cuando García Luna, auxiliado de gráficas incluidas en una presentación power point, quiso convencer de que los homicidios habían disminuido 40 por ciento desde octubre a la fecha, y que los secuestros también van a la baja.
El procurador general de la República, Arturo Chávez, ya había dado una visión similar cuando expuso que del 15 de enero al 11 de marzo atendieron 26 secuestros, liberaron a 21 víctimas y detuvieron a 28 plagiarios.
No fue el único, porque Abelardo Escobar, secretario de la Reforma Agraria y representante de Calderón en esta ciudad, celebró los avances registrados desde la implementación de la estrategia actualmente aplicada, para luego asegurar: Vamos en la dirección correcta y en menos de cien días esperamos menores índices delictivos.
La respuesta de los representantes ciudadanos fue inmediata. Miguel García, de la mesa de seguridad, enumeró algunos hechos terribles ocurridos desde la primera visita presidencial (el 11 de febrero), como el homicidio de una madre de familia que estaba en un juego de beisbol y los asesinatos de personas del consulado, que han provocado mucha tensión con el gobierno de Estados Unidos.
A partir de ello, preguntó: ¿Es posible ganar la guerra así como está planteada? Porque ni el Ejército más poderoso del mundo ha podido, cuando se combate en terrenos urbanos, salir con éxito. Irak está entre otros ejemplos. ¿Es posible replantear esta lucha después de 15 mil asesinatos en México y 5 mil en Ciudad Juárez?, redondeó.
Fue cuando le pidió al Presidente dar un manotazo en materia de seguridad, porque nuestra ciudad sigue en llamas, sigue ardiendo, los empleos se siguen perdiendo, los jueces siguen liberando delincuentes.
Mientras la esposa del mandatario, Margarita Zavala, no dejaba de anotar, Calderón respondió que esto no se arregla con sacar al Ejército de la ciudad y le pidió pensar qué pasaría con el retiro de 5 mil elementos castrenses, mil 500 que laboran como policías municipales y mil 500 federales.
Y es que la intervención de García había sido aplaudida por los representantes de la sociedad civil que estaban aletargados después de escuchar discursos gubernamentales que describían un mundo fabuloso, como lo definió la sicóloga Guadalupe Díaz Rodríguez.
A punto del llanto, la mujer deploró que la sociedad está enferma, no de adicciones, sino de depresión, de ansiedad, de angustia, de paranoia, de no saber si cuando salimos de nuestra casa vamos a regresar.
En el foro, Hugo Almada también fustigó los informes triunfalistas. “Tenemos 4 mil muertos sin rostro, 10 mil niños huérfanos, 40 mil familiares de personas ejecutadas, muchísimas personas torturadas, lo que nos tiene en una situación de miedo, de pánico y de estrés muy agudo. Si no queremos que nuestra sociedad se acabe de enfermar más necesita priorizarse” una solución, exigió.
El primero que había puesto en duda las cifras fue Arturo Valenzuela, titular de la mesa ciudadana de seguridad, cuando planteó que los números no correspondían con la percepción ciudadana ni con los 500 homicidios que llevan contabilizados en lo que va del año y superan los del anterior.
Reprochó además que no se coordinan los tres niveles de gobierno, lo que llevó al gobernador de Chihuahua a participar fuera del programa para precisar que no habían ido a una reunión por sugerencia de la Federación. Y ante la falta de indicadores que reflejen la realidad, anunció que la sociedad generará los suyos.
Los ciudadanos también manifestaron sus preocupaciones sobre el uso electoral que se dé a la violencia en la entidad a tres meses de los comicios para gobernador. Rafael Hernández demandó que las intervenciones no se partidizaran, porque Juárez es más que un botín electoral.
Olga Rosa Ortiz lo secundó e hizo ver que cada hay más noticias de secuestros, asesinatos, amenazas y violaciones de los derechos humanos por parte de la policía y del Ejército, y puso el ejemplo de unos estudiantes que fueron salvajemente golpeados por militares y agentes.
El doctor no es responsable
Ante la desesperación expresada por los ponentes, Chávez, también ex procurador estatal, intentó defenderse al decir que es evidente que a un doctor se le puede exigir la cura más pronta de la enfermedad, pero no se le puede hacer responsable de ella.
Más aún, reviró, son evidentes las carencias en seguridad y los homicidios son absolutamente innegables y totalmente lamentables, pero el proceso para recuperar la seguridad no se va a construir en un día.
El gobernador José Reyes Baeza tuvo que admitir que ha habido una escalada de homicidios en la entidad al pasar de 350 en 2007 a 2 mil 400 en 2009 y lamentó que se excluya a algunos funcionarios de las reuniones.
Así que en medio de las recriminaciones de la sociedad, Reyes Baeza pidió no convertir en deporte pegarle a la ciudad y se pronunció por instrumentar una estrategia de comunicación social y mercadotecnia para vender sus virtudes
Con gráficas, Genaro García Luna quiso demostrar que disminuyó la violencia en esa frontera
CLAUDIA HERRERA BELTRÁN
Enviada
Periódico La Jornada
Miércoles 17 de marzo de 2010, p. 3
Ciudad Juárez, Chih., 16 de marzo. Convulsionados por los asesinatos cotidianos en esta ciudad, los juarenses reaccionaron con enojo y rebatieron al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, cuando quiso demostrar con gráficas la disminución de la violencia. Eso llevó a Miguel García, representante de la sociedad civil, a exigir al presidente Felipe Calderón dar un manotazo en materia de seguridad, porque Juárez sigue en llamas.
Desde ese momento, Calderón no pudo cambiar su gesto adusto, porque vinieron una andanada de críticas a las cifras oficiales expuestas por su gabinete y de cuestionamientos a la estrategia de seguridad, que incluso fue comparada con el fracaso del ejército estadunidense en Irak, lo que no hizo desistir al mandatario de mantener a los militares en esta ciudad.
En contra de los señalamientos de que los secuestros también van a la baja, los asistentes a la tercera sesión del foro Todos somos Juárez; reconstruyamos la ciudad, denunciaron que el hijo de Pablo Cuarón, un empresario y ex precandidato a gobernador, seguía plagiado. Es una mentira su liberación, expresaron.
Presionado por las recriminaciones, el Presidente debió reconocer que más allá de si les laten o no estas cifras, que denotan una reducción de la criminalidad, no se puede hablar de una tendencia hasta ahora, pero también les pidió tener una justa percepción de los hechos. Y les anunció que sus 160 compromisos para solucionar la violencia ya están en una página de Internet.
El power point de García Luna
La tormenta se desató cuando García Luna, auxiliado de gráficas incluidas en una presentación power point, quiso convencer de que los homicidios habían disminuido 40 por ciento desde octubre a la fecha, y que los secuestros también van a la baja.
El procurador general de la República, Arturo Chávez, ya había dado una visión similar cuando expuso que del 15 de enero al 11 de marzo atendieron 26 secuestros, liberaron a 21 víctimas y detuvieron a 28 plagiarios.
No fue el único, porque Abelardo Escobar, secretario de la Reforma Agraria y representante de Calderón en esta ciudad, celebró los avances registrados desde la implementación de la estrategia actualmente aplicada, para luego asegurar: Vamos en la dirección correcta y en menos de cien días esperamos menores índices delictivos.
La respuesta de los representantes ciudadanos fue inmediata. Miguel García, de la mesa de seguridad, enumeró algunos hechos terribles ocurridos desde la primera visita presidencial (el 11 de febrero), como el homicidio de una madre de familia que estaba en un juego de beisbol y los asesinatos de personas del consulado, que han provocado mucha tensión con el gobierno de Estados Unidos.
A partir de ello, preguntó: ¿Es posible ganar la guerra así como está planteada? Porque ni el Ejército más poderoso del mundo ha podido, cuando se combate en terrenos urbanos, salir con éxito. Irak está entre otros ejemplos. ¿Es posible replantear esta lucha después de 15 mil asesinatos en México y 5 mil en Ciudad Juárez?, redondeó.
Fue cuando le pidió al Presidente dar un manotazo en materia de seguridad, porque nuestra ciudad sigue en llamas, sigue ardiendo, los empleos se siguen perdiendo, los jueces siguen liberando delincuentes.
Mientras la esposa del mandatario, Margarita Zavala, no dejaba de anotar, Calderón respondió que esto no se arregla con sacar al Ejército de la ciudad y le pidió pensar qué pasaría con el retiro de 5 mil elementos castrenses, mil 500 que laboran como policías municipales y mil 500 federales.
Y es que la intervención de García había sido aplaudida por los representantes de la sociedad civil que estaban aletargados después de escuchar discursos gubernamentales que describían un mundo fabuloso, como lo definió la sicóloga Guadalupe Díaz Rodríguez.
A punto del llanto, la mujer deploró que la sociedad está enferma, no de adicciones, sino de depresión, de ansiedad, de angustia, de paranoia, de no saber si cuando salimos de nuestra casa vamos a regresar.
En el foro, Hugo Almada también fustigó los informes triunfalistas. “Tenemos 4 mil muertos sin rostro, 10 mil niños huérfanos, 40 mil familiares de personas ejecutadas, muchísimas personas torturadas, lo que nos tiene en una situación de miedo, de pánico y de estrés muy agudo. Si no queremos que nuestra sociedad se acabe de enfermar más necesita priorizarse” una solución, exigió.
El primero que había puesto en duda las cifras fue Arturo Valenzuela, titular de la mesa ciudadana de seguridad, cuando planteó que los números no correspondían con la percepción ciudadana ni con los 500 homicidios que llevan contabilizados en lo que va del año y superan los del anterior.
Reprochó además que no se coordinan los tres niveles de gobierno, lo que llevó al gobernador de Chihuahua a participar fuera del programa para precisar que no habían ido a una reunión por sugerencia de la Federación. Y ante la falta de indicadores que reflejen la realidad, anunció que la sociedad generará los suyos.
Los ciudadanos también manifestaron sus preocupaciones sobre el uso electoral que se dé a la violencia en la entidad a tres meses de los comicios para gobernador. Rafael Hernández demandó que las intervenciones no se partidizaran, porque Juárez es más que un botín electoral.
Olga Rosa Ortiz lo secundó e hizo ver que cada hay más noticias de secuestros, asesinatos, amenazas y violaciones de los derechos humanos por parte de la policía y del Ejército, y puso el ejemplo de unos estudiantes que fueron salvajemente golpeados por militares y agentes.
El doctor no es responsable
Ante la desesperación expresada por los ponentes, Chávez, también ex procurador estatal, intentó defenderse al decir que es evidente que a un doctor se le puede exigir la cura más pronta de la enfermedad, pero no se le puede hacer responsable de ella.
Más aún, reviró, son evidentes las carencias en seguridad y los homicidios son absolutamente innegables y totalmente lamentables, pero el proceso para recuperar la seguridad no se va a construir en un día.
El gobernador José Reyes Baeza tuvo que admitir que ha habido una escalada de homicidios en la entidad al pasar de 350 en 2007 a 2 mil 400 en 2009 y lamentó que se excluya a algunos funcionarios de las reuniones.
Así que en medio de las recriminaciones de la sociedad, Reyes Baeza pidió no convertir en deporte pegarle a la ciudad y se pronunció por instrumentar una estrategia de comunicación social y mercadotecnia para vender sus virtudes
CNDH y CDHDF condenan estrategia anticrimen en Juárez
G. L. Díaz y A. Rodríguez
MEXICO, DF, 16 de marzo (apro).- Los ombudsman nacional y local, Raúl Plascencia Villanueva y Luis González Placencia, condenaron la estrategia anticrimen en Juárez, Chihuahua, y exigieron un cambio en la política de seguridad para esa ciudad fronteriza.
Por separado y en el marco de la gira del presidente Felipe Calderón en Juárez, ambos manifestaron su pesar por los asesinatos de los empleados del Consulado de Estados Unidos en ese punto fronterizo.
Entrevistado en Saltillo, Coahuila, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, lamentó que hasta ahora que se suscitaron los asesinatos de los empleados del gobierno estadunidense se haya generado “una dinámica de mayor atención, cuando a lo largo de los años han muerto cientos o miles de juarenses”.
Consideró que los crímenes del personal vinculado al consulado son “consecuencia de la falta de seguridad en el municipio fronterizo”, y señaló que la estrategia militar que se aplica en Juárez “no ha logrado prevenir la comisión de delitos”.
Plascencia Villanueva destacó que en los mecanismos de seguridad pública se requieren medidas que informen con claridad el avance que se tiene, los retrocesos y los tiempos para alcanzar los objetivos trazados.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González, coincidió en que es necesario que el gobierno federal cambie de método para combatir al narcotráfico, pues “ya son muchos datos los que hay de que la estrategia que se está llevando adelante no es la adecuada”.
En videoconferencia desde Ginebra, Suiza, donde se lleva a cabo la 13 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, González Placencia señaló que entre los participantes al encuentro existe “una fuerte preocupación por lo que está pasando en Ciudad Juárez”.
Sobre la intervención de agencias investigadoras de Estados Unidos para esclarecer los asesinatos de los empleados del consulado, el titular de la CNDHDF consideró que esta colaboración es un elemento más que obliga a la revisión de la estrategia de combate al narcotráfico en la ciudad fronteriza.
“Hay que tener cuidado de que lo que está pasando en Ciudad Juárez no se replique, como parece estar ocurriendo en otros estados de la República”, apuntó el ombudsman capitalino.
Resaltó que, a escala internacional, hay una preocupación por la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos integrados en redes sociales, que “hoy están siendo amenazadas tanto por la criminalidad organizada como por las políticas de seguridad pública instaurada”.
G. L. Díaz y A. Rodríguez
MEXICO, DF, 16 de marzo (apro).- Los ombudsman nacional y local, Raúl Plascencia Villanueva y Luis González Placencia, condenaron la estrategia anticrimen en Juárez, Chihuahua, y exigieron un cambio en la política de seguridad para esa ciudad fronteriza.
Por separado y en el marco de la gira del presidente Felipe Calderón en Juárez, ambos manifestaron su pesar por los asesinatos de los empleados del Consulado de Estados Unidos en ese punto fronterizo.
Entrevistado en Saltillo, Coahuila, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, lamentó que hasta ahora que se suscitaron los asesinatos de los empleados del gobierno estadunidense se haya generado “una dinámica de mayor atención, cuando a lo largo de los años han muerto cientos o miles de juarenses”.
Consideró que los crímenes del personal vinculado al consulado son “consecuencia de la falta de seguridad en el municipio fronterizo”, y señaló que la estrategia militar que se aplica en Juárez “no ha logrado prevenir la comisión de delitos”.
Plascencia Villanueva destacó que en los mecanismos de seguridad pública se requieren medidas que informen con claridad el avance que se tiene, los retrocesos y los tiempos para alcanzar los objetivos trazados.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), Luis González, coincidió en que es necesario que el gobierno federal cambie de método para combatir al narcotráfico, pues “ya son muchos datos los que hay de que la estrategia que se está llevando adelante no es la adecuada”.
En videoconferencia desde Ginebra, Suiza, donde se lleva a cabo la 13 Sesión del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, González Placencia señaló que entre los participantes al encuentro existe “una fuerte preocupación por lo que está pasando en Ciudad Juárez”.
Sobre la intervención de agencias investigadoras de Estados Unidos para esclarecer los asesinatos de los empleados del consulado, el titular de la CNDHDF consideró que esta colaboración es un elemento más que obliga a la revisión de la estrategia de combate al narcotráfico en la ciudad fronteriza.
“Hay que tener cuidado de que lo que está pasando en Ciudad Juárez no se replique, como parece estar ocurriendo en otros estados de la República”, apuntó el ombudsman capitalino.
Resaltó que, a escala internacional, hay una preocupación por la situación de seguridad de los defensores de derechos humanos integrados en redes sociales, que “hoy están siendo amenazadas tanto por la criminalidad organizada como por las políticas de seguridad pública instaurada”.
Marchan policías en Torreón; demandan cese del director de Seguridad Pública
Arturo Rodríguez García
TORREON, Coah., 16 de marzo (apro).- Acompañados de sus familiares, cerca de 600 policías realizaron esta mañana una marcha de la Alameda al Palacio Municipal, en demanda de la renuncia del general Carlos Bibiano Villa Castillo, actual director de Seguridad Pública municipal.
En el cuarto día consecutivo de paro de labores de los policías y agentes de tránsito de esta ciudad, el alcalde Eduardo Olmos recibió a los inconformes, a los que reiteró que el militar retirado se mantendrá en el cargo.
Dijo que Villa Castillo continuará en el cargo, ya que no existen elementos para pedir su destitución y porque “no es la forma de pedirlo”.
Olmos, quien asumió la alcaldía el pasado 1 de enero, ofreció a los policías paristas que, de regresar a sus tareas, no habría ninguna represalia, pero éstos se mantuvieron en sus demandas.
Y aunque los policías entregaron un pliego petitorio, en el que se exigen mejoras en materia salarial y de equipamiento, su principal demanda es la renuncia del mando policiaco de extracción castrense.
A su llega a la DGSPM, Villa Castillo inició una limpia en la corporación, pues según su diagnóstico, se trataba de un cuerpo policiaco corrompido casi en su totalidad.
Olmos anunció que, debido a la huelga, se espera la llegada de unos 150 soldados más a la región, así como de 30 patrullas más, pertenecientes a la Fiscalía General del Estado (FGE), para realizar labores de vigilancia.
Además, advirtió que, ante la posibilidad de que el conflicto se prolongue, podría haber una sustitución masiva de personal.
En tanto, en medio de la ola de violencia que azota la región lagunera, que en las últimas 24 horas cobró la vida de unas 10 personas, la delincuencia común se ha incrementado en estos días.
El presidente de la Cámara Nacional de Comercio de Torreón, Félix Pérez, afirmó que en los cuatro días de paro se ha registrado un “aumento alarmante” en los comercios del centro de la ciudad.
El dirigente empresarial instó al ayuntamiento y a los policías a agilizar las negociaciones, pues dijo que, ante la ola de robos, los comerciantes del centro empezaron ayer a cerrar antes de las 6:00 de la tarde, hora en que se empieza a registrarse la mayor incidencia delictiva.
Además de la falta de policías preventivos, el paro de labores de los agentes de tránsito agrava la situación en la ciudad, en vísperas del partido de México contra Corea del Norte.
