LAS GUERRAS NO DECLARADAS

El país en vilo (nuestras guerras hoy)
VÍCTOR FLORES OLEA
En programa de Tv-CNN, dirigido por Carmen Aristegui, se enriqueció nuestra perspectiva de la descomposición en zonas enteras del país, precisando que las guerras hoy empeñadas en México son tres y no una, como se ha dicho falsamente: no sólo la guerra en contra del crimen organizado, sino la guerra entre esferas del poder (entre policías y policías, eventualmente entre policías y ejército), y todavía otro tipo de guerra: la que efectúan los 900 grupos y más de pandilleros, de éste y del otro lado de la frontera, con el fin de aterrorizar, chantajear, imponer su poder sobre el civil, etcétera, y por supuesto cruzadas estas legiones de mercenarios con el dinero de los capos de las mafias. Todavía habría que añadir las batallas cruentas entre las mafias que luchan por el control de los territorios.
No sólo guerra entre la autoridad y los bandidos ni entre policias y bandidos, sino en el interior de las policías y de los bandidos, todo con un fin: ablandar, amedrentar, doblegar a las autoridades y poderes establecidos, pero también a la ciudadanía, a la sociedad civil. Imponer otro orden fundado en la fuerza y la violencia (del dinero y las armas). El método más socorrido: la corrupción y la impunidad, matriz del desastre que vivimos en México.
El hecho es que la mayoría del país rechaza ya la presencia del ejército en las calles: más allá de las normas jurídicas y constitucionales, y por encima de la decisión presidencial, y tal cosa porque el ejército en las calles no sólo infunde un grave y explicable temor, sino porque de sus acciones se desprenden no sólo daños colaterales, sino frecuentes violaciones a los derechos humanos, porque su conducta crea ya daños irrecuperables, como la muerte de dos estudiantes del Tec de Monterrey. Por supuesto, el silencio y las palabras balbuceantes de autoridades locales y federales alimentan esa convicción y ese descrédito. El ocultamiento y el disimulo son parte esencial de nuestras culpas.
Muchos mexicanos reviven en estos días los tiempos del 68, o de la guerra sucia (1970-1982), o de los muchos asesinatos de perredistas después de 1988, o de los arteros ataques, también por la anexa vía de los paramilitares, a las zonas zapatistas en Chiapas, de donde resultaron la masacre de Acteal y otros lugares, o la matanza de Aguas Blancas y ahora el ya famoso asesinato de estudiantes en una fiesta en Ciudad Juárez, o de cerca de una decena de parroquianos en un bar de Torreón, o la recientísima de tres ciudadanos estadunidenses en las calles de Ciudad Juárez. Y ahora la de estos dos estudiantes del Tec de Monterrey. Estos crímenes no pueden ser atribuidos en su totalidad a elementos del Ejército Mexicano, pero ¿ninguno de ellos? ¿Y dónde están las explicaciones relativas a estos crímenes? La cuestión es que la ausencia de esclarecimiento y transparencia deja abierta la especulación y las presunciones, aun cuando parezcan descabelladas.
No tan descabelladas si recordamos que las presunciones excesivas de un momento se convirtieron después en hechos consumados y documentados. ¿Quién podía creer en su momento que la gran provocación que llevó al asesinato masivo de estudiantes en 1968 estuviera fraguada por el Estado Mayor Presidencial (de Gustavo Díaz Ordaz), según lo han demostrado Julio Scherer y Carlos Monsiváis (Parte de guerra, 2008), y más recientemente, en su ultimo libro, Carlos Montemayor (La violencia de Estado, 2009)?
Y es que en ninguna línea de mando es suficiente la instrucción, que como toda voz humana es infra o hiperinterpretada, y abandonada a la operación espontánea de un cuerpo en que la fuerza, la violencia y hasta la irresponsabilidad constituyen su ser más íntimo.
Por eso se exige cada vez con mayor vigor que el ejército regrese a sus cuarteles, porque es causa acrecentada de la violencia que se traga al país, y no su moderador. Es ya el momento de que Felipe Calderón recapacite y corrija, y considere la complejidad de nuestras guerras, que no se limitan al ojo por ojo, sino que en ellas está implicada la conducta entera y la cultura del país: el futuro de la sociedad mexicana en su totalidad.
Se habla de descomposición y crisis porque el afán de lucro y poder ha barrido con cualquier referencia a valores o a princpios éticos (y de mínimo respeto a los derechos humanos, de uno y otro lados). Y esto, en la dimensión que lo vivimos, resulta una catástrofe de consecuencias colosales. Por supuesto, sin flagelar a una sola de las partes porque el consumo, el negocio de las armas, los crímenes incontables se dan también alegremente en Estados Unidos, con raíz en las mismas cuestiones: corrupción, soborno, violación de la ley. Pero ellos, ahora, son más discretos y pragmáticos (relativamente) para el éxito de sus negocios.
La cuestión en México es aprender de la historia y de las historias pasadas, aquí y en otras partes del mundo. Muchos han puesto de relieve incontables debilidades de la personalidad de Felipe Calderón. Subrayemos todavía una: no saber escuchar, que lo sitúa entre los hombres necios y fatalistas que prefieren que se hunda el barco antes que corregir.

Dos presas de conciencia
Miguel Ángel Granados Chapa
MÉXICO, D.F., 29 de marzo.- En el feo, por suspicaz, lenguaje judicial esta es su identificación:
“Alberta Alcántara, o Alberta Alcántara Juan dijo ser mexicana, de veintisiete años de edad en virtud de haber nacido el veintitrés de enero de mil novecientos setenta y nueve, originaria y vecina de Santiago Mexquititlán, Amealco de Bonfil, Querétaro, con domicilio conocido en el Barrio Sexto: estado civil soltera, instrucción escolar de educación primaria, sin apodo, ocupación obrera de la fábrica Caltex; dos dependientes económicos, ingresos de aproximadamente cuatrocientos quince pesos semanales; hija de Pedro Alcántara Vicente y de Amalia Juan Regino: no afecta al consumo de alcohol, tabaco y drogas o enervantes; sin señas particulares; primera vez procesada, que pertenece a un grupo indígena pero habla y entiende perfectamente el idioma castellano.
“Teresa González Cornelio dijo ser mexicana, de veintidós años de edad, en virtud de haber nacido el diecinueve de mayo de mil novecientos ochenta y cuatro; originaria de Francisco Saschmi, estado de México, y vecina de Santiago Mexquititlán, Amealco de Bonfil, Querétaro, con domicilio conocido en el Barrio Sexto; estado civil casada, con instrucción escolar de educación primaria; ocupación, el hogar, sin ingresos, sin dependientes económicos; hija de Paula Tomasa Cornelio Cirilo; no afecta al consumo de alcohol, tabaco y drogas o enervantes: como seña particular refirió una cicatriz de quemadura en el oído derecho; por primera vez procesada, que pertenece a un grupo indígena, pero habla y entiende perfectamente el idioma castellano.”
Estas dos mujeres, de habla hñahñú, fueron detenidas desde 2006 como “penalmente responsables de los delitos de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro, … y contra servidores públicos…; además la primera, por el delito contra la salud en la modalidad de posesión de cocaína…
“Por la responsabilidad del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, se impone a cada una de las acusadas, Alberta Alcántara o Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio, las penas de veinte años de prisión y dos mil días de multa, equivalentes a noventa y un mil seiscientos veinte pesos…
“Se tienen por compurgadas las penas de un año de prisión impuestas a cada una de las sentenciadas… por el delito contra servidores públicos… y de diez meses de prisión impuesta a Alberta o Alberta Alcántara Juan por el delito contra la salud en su modalidad de posesión de cocaína.
“Se condena a Alberta Alcántara o Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio al pago de la reparación del daño causado, por la cantidad de setenta mil pesos…”
Contra esa sentencia fue presentada una apelación ante el respectivo Tribunal Unitario de Circuito. Pero la semana pasada la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó para sí, de oficio, la resolución del caso, y lo asignó a la ministra Olga María Sánchez Cordero. Horas antes de que se anunciara esta trascendental decisión judicial, el Senado de la República acordó instar a la Procuraduría General de la República a explicar su posición en este caso. En la misma sesión, el senador Pablo Gómez presentó una iniciativa de ley para amnistiarlas. Y el domingo siguiente, el 21 de marzo, el senador Manlio Fabio Beltrones, junto con el gobernador de Querétaro, José Calzada, hicieron a las reclusas una visita informal y conversaron con ellas, verja de por medio.
Acaso con esos mecanismos se pondrá fin al absurdo cautiverio vivido durante cuatro años por esas mujeres. Una tecera, Jacinta Francisco Marcial, detenida en las mismas circunstancias, procesadas por los mismos delitos, está en libertad desde el año pasado porque la PGR reconoció la insuficiencia de las pruebas y se desistió de acusarla en segunda instancia.
Todo comenzó –al menos formalmente, porque la defensa cree que el siguiente documento fue elaborado con posterioridad a su fecha, 26 de marzo de 2006– con la siguiente tarjeta informativa dirigida por Rolando René Robles Sánchez al agente del Ministerio Público federal en San Juan del Río, Gerardo Cruz Sevilla:
“Por medio del presente (sic) me permito informar a usted que el día de hoy, aproximadamente a las 9 horas se recibió una llamada cuya voz pertenecía a una persona del sexo femenino, quien manifestó querer realizar una denuncia de carácter anónimo por temor de verse involucrado (sic) en represalias en su persona o su familia, indicándome que en el poblado de Santiago Mexquititlán, municipio de amelado (sic) acuden personas del estado de México a poner un tianguis de productos piratas en la plaza de dicho pueblo, entre ellas una persona del sexo femenino a la cual le apodan La Güera, de 28 años aproximadamente, quien es de complexión regular, de 1.50 m de estatura aproximadamente, medio pecosa, labios gruesos, nariz chata, cabello rizado corto y siempre está peinada con el cabello recogido; se dedica a vender productos piratas, a vender droga a las personas de la comunidad, siendo todo lo que desea manifestar.”
La realidad era muy otra. Un grupo de seis miembros de la Agencia Federal de Investigación –una corporación de vida efímera, que se extendió menos de 10 años, pero en ese lapso alcanzó triste y terrible fama– visitaron por su cuenta el tianguis referido en la población mencionada. Quizá sea verdad que allí se expenden productos pirata y acaso sea también cierto que se distribuye droga. Pero no era el ánimo de impedir esos delitos o castigar a sus perpetradores lo que movía a la media docena de fornidos y armados agentes. Iban, como seguramente acostumbraban en las poblaciones apartadas, a extorsionar a los comerciantes y aun a la clientela de esos mercados populares.
Pero encontraron resistencia. Algunas personas aceptaron pagar una cantidad porque las dejaran en paz, pero el conjunto de los tianguistas –unos 200 en total– se negaron no sólo a pagar la cuota exigida, sino que demandaron la devolución de lo indebidamente pagado, cuyo tenedor se había ya retirado a San Juan del Río. Cuando se condensó la resistencia popular, los agentes quedaron impedidos de moverse, hasta que se aceptó que alguno de ellos fuera en busca del dinero malhabido y lo devolviera a sus dueños. Así ocurrió y unas horas después de iniciado el incidente los miembros de la AFI se retiraron.
Pero se fueron ofendidos. De seguro les resultó imposible de aceptar lo que había pasado y resolvieron vengarse. Les ofreció la ocasión, al día siguiente del insólito suceso, la información y las fotografías acerca del mismo publicadas en la edición regional del diario queretano Noticias: “AFI secuestrado. Más de cien tianguistas de Santiago Mexquititlán lo retuvieron seis horas”. En la foto respectiva había una muchedumbre, pero en el primer plano, visibles por el azar de la captación periodística, tres mujeres: Jacinta Francisco Marcial, Alberta Alcántara Juan y Teresa González Cornelio. De haber sido verdad que el agente federal estuvo secuestrado, el hecho había sido cometido por una pequeña multitud. Pero los agraviados policías decidieron cargar su encono contra las tres mujeres. Inventaron, según todas las apariencias, el reporte sobre la denuncia anónima y a partir de allí montaron una averiguación previa de la que se derivó un proceso plagado de irregularidades y singularmente prolongado. Se extendió entre agosto de 2006 y noviembre de 2008, cuando que la Constitución establece que un juicio de esa índole no debe durar más de un año. La causa de la demora es que fue difícil hacer comparecer a los agentes, cuyo testimonio era la única pieza de acusación para el delito torpemente construido. Nadie en su sano juicio aceptaría que media docena de gorilones había sido reducida por tres menudas mujeres, veinteañeras dos de ellas.
La tercera, doña Jacinta, fue sentenciada antes que sus compañeras, el 21 de diciembre de 2008, y Teresa y Alberta, a quienes no llamamos doñas por su juventud, son unas muchachas, aunque una de ellas sea madre de su primogénito nacido en prisión el año pasado, lo fueron el 19 de enero de 2009. Sendas sentencias en las apelaciones, a cargo ya no de una defensa ineficaz y venal, sino del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, ordenaron la revocación de los fallos y la reposición del procedimiento, así de torcidos habían sido los de la primera instancia en cada caso.
En septiembre pasado, después de que los casos fueron hechos públicos y se generó una presión social insoslayable, y de que Amnistía Internacional declaró a doña Jacinta presa de conciencia, la PGR anunció que en el proceso repuesto formularía conclusiones de no acusación respecto de ella, no así en relación con sus compañeras. Era incomprensible el diverso trato, porque los hechos de que se componía la acusación eran los mismos en los tres casos. Pero por lo menos la injusticia cesó, no se borró, en uno de ellos. En noviembre, en cambio, la PGR presentó conclusiones acusatorias y el 19 de febrero el juez cuarto de distrito, a quien se le había antes enmendado la plana, insistió en condenar a Teresa y Alberta. Sólo redujo muy tenuemente la pena de prisión.
Es probable que la atención social, reforzada ahora por el interés de algunos políticos en el caso, y la atracción del caso por la Suprema Corte de Justicia generen el espacio jurídico y político adecuado para que las dos presas de conciencia en el penal queretano puedan volver a sus casas, con su familia (que es una solamente, ya que Teresa y Alberta son cuñadas, pues esta última está casada con un hermano de aquella).
Pero aun si quedan pronto en libertad, como ocurrió ya con doña Jacinta, nadie podrá resarcirlas del rudo cautiverio que han padecido a causa de errores procesales inducidos por una intención, que parece regir los procesos enteros: se trata de castigar a quienes resistieron la extorsión, a quienes protestaron por la conducta delictiva de los agentes policiales que contaron para su desagravio con la complicidad del Ministerio Público en todos sus niveles, hasta llegar a la propia Procuraduría General de la República, que en este periodo tuvo dos titulares, Eduardo Medina Mora y Arturo Chávez Chávez, y el terco juez cuarto resuelto a penalizar una conducta que debería, en cambio, ser loable porque supone la defensa de la propia dignidad.
Ellos deberían padecer procesos por su ilegal conducta.

Nuevo León: Manipulación informativa
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 28 de marzo.- Frente a la tragedia, las autoridades manipulan y ocultan la información, e inician intensas campañas publicitarias para incidir en las percepciones ciudadanas. La muerte de tres inocentes en dos enfrentamientos entre militares y presuntos delincuentes evidencia algunas constantes en los comunicados oficiales: siempre que los fallecidos no son transgresores reconocidos en la opinión pública, se difunde que “hasta el momento se encuentran sin ser identificados”, además de minimizar el número de militares heridos.
Al darlos oficialmente por no identificados, siempre es posible señalarlos extraoficialmente como delincuentes o sicarios. En el caso de los dos estudiantes del Tecnológico de Monterrey abatidos en el fuego cruzado frente a dicha institución, las versiones periodísticas reiteradamente los identificaron como sicarios hasta la tarde del sábado 20, cuando el rector del Tecnológico, Rafael Rangel Sostmann, aclaró a través de un comunicado oficial que se trataba de dos integrantes destacados de su comunidad estudiantil.
En la persecución de presuntos secuestradores en Colinas de San Jerónimo, las primeras versiones periodísticas, difundidas el sábado por la mañana, hablaban del fallecimiento de “un secuestrador, su novia y un cómplice de éstos”. El comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de la Comandancia de la 7ª Zona Militar, distribuido el sábado 20 –más de 12 horas después del acontecimiento–, nuevamente señala: “En este evento resultó muerta una persona del sexo femenino que hasta el momento se encuentra sin ser identificada”. De nuevo, oficialmente está sin identificar; extraoficialmente, es la novia de un secuestrador.
Si en el caso de los estudiantes, aunque con reservas, puede entenderse la explicación de que los dos caídos no portaban identificaciones, en Colinas de San Jerónimo no había dudas: a la víctima le sobrevivió su esposo, que conducía el vehículo, así que de inmediato se conoció su identidad; sin embargo, es más conveniente dejar la idea de que todos los muertos son “sicarios” hasta que sus familiares demuestren lo contrario.
Por otra parte, si es atendible la versión de que los dos estudiantes cayeron víctimas del fuego cruzado, prácticamente es insostenible en el caso de Sandra de la Garza: según los indicios, casi todos, si no es que todos los disparos, fueron de los militares, pues de acuerdo con el boletín oficial a los secuestradores sólo les decomisaron “dos armas largas, 19 cartuchos de diferentes calibres, un cargador metálico…”. Vecinos del lugar afirman que prácticamente no hubo balacera.
Los estudiantes sí fueron víctimas del fuego cruzado y, en ese sentido, pudieron ser abatidos por cualquiera de los dos bandos; pero en el segundo caso lo más probable es que únicamente los militares hayan disparado contra la camioneta, de la que ciertamente no salió un solo disparo, lo cual puede comprobar fácilmente un perito en balística con sólo revisar los impactos sobre ese vehículo.
También era sencillo averiguar la identidad de los abatidos en el Tec, pues los militares o las autoridades que recogieron los radios de los guardias y los videos de la institución supieron desde el primer momento que el guardia de la puerta en ese crucero sospechaba que se trataba de estudiantes. No obstante, todo indica que desaparecieron todas sus pertenencias, incluyendo cualquier identificación. La madre de uno de ellos, Jorge Antonio Mercado, dijo que ni con mucho maquillaje pudo ocultarse el daño a su rostro, por lo que pudo ser “objeto de tortura” .
En cuanto a los soldados heridos en el enfrentamiento de la madrugada del viernes 19, Proceso señala en su anterior edición que “tres militares resultaron heridos por fragmentos de granada”. El boletín oficial dice que fue sólo uno; información extraoficial, pero de una fuente directa, confirma que fueron tres, y que uno de ellos fue trasladado para que lo atendieran en la Ciudad de México porque está en riesgo de perder un ojo.
Por haber involucrado a una institución educativa con el prestigio del Tecnológico de Monterrey, los hechos del pasado fin de semana permiten diseccionar claramente la estrategia oficial: la información se presenta de manera que permite generar la percepción de que “si bien hay bajas, le estamos metiendo muchos goles a la criminalidad”, como presumió el presidente Felipe Calderón en febrero de 2008, precisamente en el Tec. También facilita que los militares evadan su responsabilidad en las muertes de civiles ajenos a la delincuencia, y dejar a los familiares de los abatidos la tarea de buscarlos para demostrar posteriormente su inocencia.
Por si todo esto fuera poco, el gobierno del estado responde a la ola de inseguridad inundando de spots publicitarios las pantallas de televisión (incluso la nacional) en franca violación al artículo 134 de la Constitución, que prohíbe expresamente incluir en la propaganda oficial los “nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público”. Además, el gobernador Rodrigo Medina convoca a la ciudadanía a una manifestación para el domingo 28 de marzo a fin de “exigir que cesen las agresiones contra un pueblo ejemplar” y las diligentes televisoras locales agradecen los cientos de millones de pesos de propaganda promoviendo ese llamado en diversos espacios.
Así la estrategia oficial y la manipulación de la información parecen ser el elemento más sólido de esta llamada guerra contra la delincuencia organizada.