¿QUÉ CELEBRAR?

2010: ¿Un año para celebrar?
Jesusa Cervantes

MÉXICO, D.F., 26 de marzo (apro).- Este año en México se cumplen el bicentenario de la Independencia, el centenario de la Revolución… y también una década de que el PAN llegó al poder.
Si hace casi diez años los mexicanos celebraron el destierro de los gobiernos totalitarios del PRI, donde nada se movía sin la venia del presidente de la República, ahora es tiempo de que los ciudadanos reflexionen sobre la opción que tomaron aquel 2 de julio del año 2000.
Hace una década el país sufrió un giro, sí, pero no fue para mejorar las condiciones de vida, para abatir la pobreza o los niveles de desempleo de la población; la decisión que se tomó aquel 2000 no ha ayudado a tener un país más democrático. Lo que hay es un gobierno panista corrupto, de doble discurso, de simulación, de sometimiento, de componendas con el PRI para tratar de mantenerse en el poder y, lo más peligroso, de desgobierno.
El de Vicente Fox fue un sexenio perdido para el país, es cierto; pero el de Felipe Calderón ha sido el gobierno del caos, de un estado fallido donde parece no haber rumbo y donde la violencia parece imparable.
Calderón convirtió a México en un polvorín que mes con mes estalla a lo largo y ancho del paíos, de norte a sur y de oriente a occidente. La zona de conflicto está en Michoacán, en Morelos, en Chihuahua, en...
Felipe Calderón inició una guerra contra el narcotráfico que parece no terminar. Lo peor es que lo hizo con el objetivo de cumplir las exigencias de Estados Unidos, país que determina qué hacer.
En la década de los setenta, el vecino país quería inhibir la oferta de la droga, de ahí que los países productores de enervantes, --como Colombia— y los transportistas —como México--, sufrieran ciertas presiones, como aquella llamada “certificación”.
En México, quienes se dedicaban al trasiego de la droga sólo se preocupaban por cuidar la ruta, por lo que la violencia era focalizada.
Dos décadas después, en los años noventa, Estados Unidos cambió su objetivo y en lugar de tratar de inhibir la oferta de la droga, decidió detener el consumo y esto modificó el actuar de las organizaciones criminales. Así, el pago por el transporte ya no se hace en dinero, sino en especie, con la condición de que la droga que se está dejando no ingrese a territorio estadunidense para no generar una sobreoferta.
Esto generó que el pago, es decir, la droga, obligue a las organizaciones criminales que ya no sólo se preocupen por la ruta, sino por colocar el producto. Los obligó a coaligarse con organizaciones locales, de las comunidades, de los municipios que, al tener un nuevo elemento qué vender, evolucionaron rápidamente y entonces empezó la lucha por el territorio.
El pleito por la plaza, y no por la ruta, generó mayor violencia. En México, en los últimos ocho años el consumo aumentó 70% porque la droga ya no iba al vecino país, se quedaba aquí, había que vender el pago por el trasiego.
La política de Estados Unidos ha sido que la droga no llegue a su territorio y las políticas del gobierno mexicano ha sido dar cumplimiento a ello, nunca a tratar de disminuir el consumo de los mexicanos o a reducir los niveles de violencia que cada día van en aumento.
Así, Calderón y Fox, los gobiernos panistas, decidieron someterse a los designios de Estados Unidos pero descuidando todo lo que ocurre en México.
Qué no sorprenda ahora por qué tanta violencia.
El gobierno panista trata de vender la idea de que si los enfrentamientos entre los distintos grupos criminales se ha incrementado es por los grandes golpes que les ha asestado la autoridad.
Todo parece indicar que no es así; que más bien, al cambiar la política norteamericana y al quedarse la droga en México, y la urgencia de los grupos criminales por venderla, éstos iniciaron una lucha por el territorio, por la plaza.
Estados Unidos parecía estar contento con el actuar del gobierno, lo aplaudía, pero bastó que le mataran a tres ciudadanos estadunidenses para que enviara a funcionarios de alto nivel al país a dar un golpe de mano, a regañar a las autoridades mexicanas y a decirles que su política de combate al narcotráfico, que la guerra emprendida por Calderón, no es la idónea.
Ahora sí piensa en programas sociales y hasta se compromete con el gobierno mexicano a establecer programas pilotos en Tijuana y Ciudad Juárez, para irse a la raíz del problema.
Esto lo debió hacer el gobierno mexicano hace muchos años, para ser exactos, desde que el incremento en el consumo de la droga empezó a extenderse. Desde que la matrícula escolar les cerraba las puertas a los jóvenes y el desempleo iba cada vez más en aumento, dejándoles como única opción dedicarse a trabajos ilícitos, a contratarse como sicarios, a ser narcomenudistas.
De ahí que se sostenga que el gobierno panista ha sido de sometimiento. Un sometimiento a lo que dicte Estados Unidos en ataque al narcotráfico.
Pero también es un gobierno de simulación y de doble discurso. Y si no, basta con mirar al presidente municipal de San Pedro Garza García, Mauricio Fernández, quien contrató de informante a alguien presuntamente vinculado con la organización criminar de los Beltrán Leyva.
Desde su campaña para presidente municipal, el actual edil panista dijo que era mejor hacer acuerdos con el narcotráfico para controlar el flagelo del tráfico de drogas, la clase política se escandalizó por su dicho.
Ahora resulta que la clase política siempre lo supo. Por lo menos, eso dijo el propio presidente municipal en sus declaraciones ministeriales, en las que reveló que el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, siempre estuvo enterado de que recurriría a informantes para atacar al narcotráfico. Esa es la doble moral panista.
¿Qué se puede pensar del diputado local panista, presidente del Congreso local de Baja California, Víctor González Ortega, a quien elementos de la Policía Municipal detuvieron en posesión piedras de cocaína y en total estado de ebriedad?
Era el presidente del Congreso del estado, un político que, se supone, debe hacer leyes para combatir lo ilegal. Los panistas se escandalizan de lo que ocurre en otros lados, pero no se ven así mismos.
Seguramente en todos los partidos existen políticos que consumen drogas, como ocurre en todos los sectores de la sociedad, la diferencia estriba en esos políticos, los pancistas, forman parte del partido gobierno y ofrecen un doble discurso. Caen en la simulación.
La drogadicción es una enfermedad, no un asunto de moral, de discursos o de simulaciones. En México el consumo aumenta cada día y Felipe Calderón no ha dado muestras de querer abatirla o de tratar de cambiar las condiciones sociales que llevan a ello.
Lo único que hace es bajar la cabeza, aceptar las imposiciones del gobierno estadunidense y simular que combate al narcotráfico. El problema de esto es que está llevando al país a una violencia que parece no tener fin y, lo peor de todo, a que inocentes mueran en esta supuesta guerra contra el narcotráfico.
Por este tipo de gobierno votó la ciudadanía aquel 2 de julio del año 2000, por este tipo de gobierno se dejó la ciudadanía imponer aquel 2006. La violencia, la inseguridad, la muerte está presente en las familias mexicanas. El desgobierno surge en diversas zonas del país y la administración federal nada hace por detenerlo.
¿Qué es lo que va a festejar México este año? ¿Una Independencia que no es tal? ¿Un cambio de gobierno autoritario o diez años de un gobierno fracasado?

Sí a la reforma laboral, no a ésta
ARTURO ALCALDE JUSTINIANI

Si nos preguntáramos acerca de la necesidad de realizar cambios a la Constitución y a la legislación laboral, la respuesta sería que sí. Necesitamos una reforma estructural en el mundo del trabajo que modifique la relación de control, subordinación y simulación existente entre trabajadores, sindicatos, empresarios y gobiernos.
Requerimos de una reforma al modelo laboral que incremente la productividad, sin perder de vista que ella depende en buena parte de la inversión de capital y la introducción de nuevas tecnologías, no de abaratar aún más el trabajo. No cabe duda, es necesario generar empleos formales, con seguridad social, bien remunerados y pago de impuestos. Por esto no queremos una reforma orientada a la precarización, a la fijación unilateral de las condiciones de trabajo y a la indefensión obrera.
Urge una reforma laboral que permita mejorar los salarios, incluyendo el mínimo, por la simple razón de que son insuficientes para vivir con elemental dignidad, no una reforma que parte de la premisa de que el costo salarial es excesivo y que es necesario abatirlo aún más a través del despido libre, la reducción de estabilidad laboral, la supresión de garantías procesales y la contratación por horas, sin la obligación del pago proporcional de prestaciones.
Necesitamos eliminar la discriminación por razones de género y no aceptar cambios engañosos que afirman prohibir y castigar conductas ya tipificadas en la ley vigente (artículo 51 fracción II). La mejor manera de evitar estos abusos es permitir a los hombres y mujeres organizarse y defenderse libremente. No discriminar implica respetar el principio de igualdad ante la ley, suprimiendo los apartados de excepción que lesionan a los servidores públicos, de confianza, subcontratados, honorarios y demás indocumentados laborales.
Pugnemos por un sindicalismo democrático y autónomo que responda a la voluntad de sus miembros, a las necesidades de las fuentes de trabajo y a las exigencias del país; no por una iniciativa que preserve el corporativismo y que incremente la hegemonía del sector empresarial, diseñando medidas que buscan debilitar al sindicalismo real, como suprimir el descuento de cuotas, limitar su radio de acción y obstaculizar su registro y toma de nota; en el sindicalismo de protección patronal el empleador paga cantidades mayores que las propias cuotas. Entendemos que la suerte de la libertad sindical y la contratación colectiva están íntimamente vinculadas, que un esquema de concertación colectiva es la clave para lograr una flexibilidad laboral racional, adecuando las disposiciones generales de la ley a las exigencias particulares de la industria y los servicios; que en México, la contratación colectiva está viciada, porque los patrones deciden la organización sindical que debe existir en una fuente de trabajo, y por ello es necesario crear condiciones para fortalecer la negociación colectiva a nivel de centro de trabajo, de rama o de región, en un esquema de diálogo social, como opera en países altamente productivos y democráticos. De ninguna manera estamos de acuerdo con un proyecto que secuestra aún más estos derechos colectivos, ampliando los contratos de protección patronal e impidiendo de manera absoluta la posibilidad que tienen los trabajadores de optar por un sindicato distinto al que originalmente les impuso el patrón. Nos queda claro: la iniciativa Lozano busca que todos los contratos colectivos en nuestro país sean de protección patronal.
El país reclama un sistema de justicia sustentado en tribunales de pleno derecho, que resuelva con imparcialidad y prontitud los conflictos laborales, tanto en el plano individual y colectivo y no preservar las Juntas de Conciliación y Arbitraje que son juez y parte, son lentas y costosas y en ellas priva la voluntad del Poder Ejecutivo tanto a escala federal como local. No estamos de acuerdo con un proyecto que preserva estas instancias viciadas y parciales que generan temor entre trabajadores y patrones, sobre todo entre los pequeños y medianos empresarios. No coincidimos con el absurdo planteamiento de hacer pagar esta responsabilidad a los trabajadores con un límite de hasta seis meses de salarios caídos, cuando el problema de fondo está en garantizar que los juicios se resuelvan con rapidez, ya que la tardanza es imputable al sistema de justicia vigente.
Debemos aprender de las experiencias exitosas que se dan a escala internacional, porque han logrado sistemas altamente productivos, a partir de esquemas de protección social como el seguro de desempleo, la seguridad social universal y el derecho a la formación profesional, necesarios para compensar la flexibilidad laboral y los periodos de desempleo. Debemos escuchar a la academia, a los especialistas, a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que ha formulado severos reclamos a nuestro gobierno por no cumplir con diversos convenios internacionales, especialmente el 87 y el 98 en materia de libertad sindical y contratación colectiva. Obviamente, una ley debe atender los compromisos asumidos con la comunidad internacional. Rechazamos un proyecto elaborado por abogados litigantes del sector empresarial, que aprovechando la oportunidad que les ofreció el gobierno federal buscan imponer un modelo acorde con su reducida visión e intereses, alegando que es la única vía para lograr más empleo y productividad.
Necesitamos que el Congreso de la Unión convoque a la discusión que los autores de la iniciativa han negado, para oírnos unos a otros, dando voz a la gente. Un modelo laboral justo y competitivo, que concilie libertad sindical con responsabilidad, productividad con distribución de beneficios, y flexibilidad con protección social, es el mejor camino.
P.D. Por gestión patronal y en razón de su importancia la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo los casos de la toma de nota de Napoleón Gómez Urrutia y la extinción de Luz y Fuerza del Centro. Por congruencia, debería revisar la inconstitucional resolución sobre la huelga de Cananea.
¿De quién son las órdenes?
ABRAHAM NUNCIO

El Ejército sigue las órdenes del Presidente, dijo Rafael Rangel Sostmann, rector del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (el Tec) en el curso de una entrevista con Carmen Aristegui durante su conocido programa radiofónico.
En esa entrevista, el rector Rangel Sostmann reconocía haber cometido el error de confiar en la versión del procurador de justicia de Nuevo León en el sentido de que durante una refriega con balas de grueso calibre y granadas entre criminales y militares, las bajas registradas no eran de estudiantes del Tec. Tal versión, de acuerdo con esto, le fue proporcionada al procurador por el Ejército. Al fuego cruzado siguieron las declaraciones cruzadas, pues el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz afirmaba que la especie no había provenido del Ejército sino de la PGR. Hasta ese día no cesaron sus declaraciones precisando que los tres niveles de gobierno estaban debidamente coordinados en la lucha contra el crimen organizado.
Habla bien del rector Rangel Sostmann reconocer ese error agravado por el hecho de que buena parte de la comunidad del Tec conocía, en el momento mismo en que ocurrían los hechos sangrientos, el testimonio que transmitía uno de sus compañeros, Mauricio Santos, estudiante de Comunicación, a través del sistema Twitter. Entrevistado por El Norte (22/03/10) dijo: “Yo estaba junto a un policía del Tec… Él traía su radio, su frecuencia, entonces, se escuchó cuando el policía de la puerta de Luis Elizondo –la 19– estaba gritando: ‘No se dejan de tirar; los soldados (sic) no dejan de tirar’, y luego gritó: ‘Le acaban de dar a otro alumno.’”. A las 2:10 horas escribía desde su refugio: “¡Soldados adentro del Tec!!!”. “Una hora después, a las 3:31, el twittero del Tec completó su reporte… ‘Militares retiran radios a policías del Tec en momento del caos, justo cuando se informaba que habían herido a alumno (yo lo escuché).’”
En el Tec no existe lo que pudiera considerarse una dirección estudiantil. Lo relativo a este renglón es manejado por una coordinación de asuntos estudiantiles siguiendo el modelo sindical de las empresas regiomontanas donde los dirigentes de los trabajadores son empleados a quienes designan los patrones para la gestión de los intereses de aquellos. ¿A los oídos de esa coordinación no llegó lo que era un secreto a voces entre los estudiantes? Y si llegó, como es de suponer, desde las primeras horas del día de la metralla, ¿no tendrían que haber avisado sus responsables al rector del campus Monterrey del ITESM, Alberto Bustani? De hecho, este funcionario afirmó que la primera información que recibió del personal de seguridad fue que las dos personas que resultaron heridas en el enfrentamiento no eran sicarios, sino estudiantes de esa institución. Pero tanto él como el rector general del Tec se quedaron con la parte tranquilizadora de la duda.
De lo que se trata, por lo que el panorama permite inferir, es no sólo de relevar a los militares de cualquier responsabilidad, sino de fortalecer su posición y con ello la del personaje que les da órdenes: Felipe Calderón. El vicerrector Bustani declaró que, al cabo, el guardia que reportó lo escuchado por Mauricio Santos no estaba seguro de que hubieran sido estudiantes los caídos. Organismos empresariales, el cardenal Francisco Robles Ortega, el alcalde de Monterrey, Fernando Larrazábal, y la dirección del PAN en el estado han asumido lo dicho por Ervey Cuéllar, presidente de Vertebra: “Deben seguir con todos sus operativos porque hoy por hoy es el único resultado positivo que tenemos (sic).” Horas después de la muerte de los dos estudiantes y, en otro rumbo de la ciudad, de una mujer a quien las balas militares también confundieron con una sicaria, unos 100 empresarios miembros del IPADE escucharon la conferencia dictada por el general Guillermo Moreno Serrano. Lo aplaudieron de pie y por más de un minuto. Recordé, involuntariamente, el filme de Michael Moore, Bowling for Columbine. En su entrevista con Carmen Aristegui, el rector Rangel Sostmann se mantuvo en esa línea: no nos queda sino el Ejército.
El tufo dictatorial y golpista que se respira en los espacios de los empresarios regiomontanos parece atravesar episodios como el que vivió el Tecnológico de Monterrey. Apenas unas semanas atrás, Dionisio Garza Medina, anterior presidente de Alfa, afirmó sin estremecerse: Luego a Pinochet lo critican. Sí, está bien, quién sabe a cuántos mató. Está muy mal, perfecto. Pero Pinochet dejó el carro afinado, de primer mundo.
Sin descartarla, Rangel Sostmann se ha mostrado remiso a realizar una protesta con cara de marcha. Él ya era rector cuando los estudiantes del Tec (la coordinación de asuntos estudiantiles) organizaron la Caravana de la Honestidad que remató frente a palacio de gobierno, donde les esperaba el discurso de Francisco Barrio Terrazas, entonces secretario de Contraloría y Desarrollo Administrativo durante el gobierno de Vicente Fox. Fue un acarreo apenas disimulado. ¿Es válido marchar cuando se trata de una reverencia política, pero no tanto cuando se trata de exigir que se informe con veracidad?
Es cierto, el rector del Tec se ha pronunciado por ello y porque se reglamente la actuación del Ejército en las ciudades. Ha hablado de acciones a fondo. Creo que se pueden sugerir algunas. En primer lugar, que se aclare el asesinato –imprudencial o no– de las numerosas víctimas inocentes de una guerra que cada vez se torna más sucia e impune. A pocas horas de que cayeran los estudiantes del Tec, por ejemplo, fueron muertos en una refriega entre grupos criminales dos niños en Villa Cuauhtémoc, Veracruz. Acaso con una mayor prioridad, que se respete la Constitución, la cual no establece que el Ejército asuma funciones de policía. Y, en seguida, que las fuerzas armadas no dependan del mismo funcionario que hace las veces de jefe de Estado, de gobierno, del ministerio público, de la judicatura, del tesoro, de las entidades autónomas, de Pemex, de la CFE y del IFE; es decir, el Presidente de la República que sigue teniendo las facultades constitucionales y metaconstitucionales de siempre.
El presidencialismo mexicano está en plena crisis, de lo cual pocos se hacen cargo. Es hora de cambiarlo por un régimen más responsable donde el poder representativo tenga un mayor peso.