CINISMO CASTRENSE
13 abr 2010
Muertes de civiles en el combate al crimen, daños colaterales: Galván
Sigue la estrategia
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Martes 13 de abril de 2010, p. 5
El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, reveló a los coordinadores de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia en el Senado de la República: Ya tengo resistencias de generales a participar en el combate al narcotráfico, porque carecemos de protección.
Al comparecer junto con los funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad Nacional ante los legisladores, Galván señaló, sin embargo, que se requiere la permanencia del Ejército en las calles para combatir el tráfico de drogas, por lo menos 10 años. “A pesar de las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son daños colaterales que son lamentables.”
También, el titular de la Secretaría de la Defensa aseveró ante los senadores su disposición para limitar el fuero de guerra, condicionado a que no se relajen la disciplina y la obediencia castrenses, y dijo que acatarán la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual exigió que los militares que violen las garantías sean sancionados por tribunales civiles; incluso anunció que el instituto armado elabora una iniciativa de reformas a dicho fuero.
Asimismo, los secretarios Galván Galván y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamaron al Congreso a dar al Gabinete de Seguridad Nacional instrumentos jurídicos para atacar el corazón del poder del crimen organizado, es decir, poder mermar su poderío económico por medio de investigaciones en el sector financiero a través de las casas de bolsa para combatir el lavado de dinero.
Durante este segundo encuentro entre el gabinete de seguridad y los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, trascendió que Galván Galván reconoció que ha habido fallas en la estrategia de combate al crimen organizado e insistió en que el Ejército Mexicano requiere de un marco regulatorio para continuar en esta lucha.
En conferencia de prensa, los senadores Gustavo Madero, Carlos Navarrete y Santiago Creel comunicaron que el Senado manifestó preocupación por la muerte de civiles en esta lucha y expusimos que se requiere disminuir o eliminar estas muertes. Los funcionarios respondieron que la estrategia funciona. Ante reclamos de que sólo se detiene a miembros de un cártel, respondieron que no se puede pactar con ningún grupo delictivo.
Aseguraron que hay detenidos de todos los cárteles y reconocieron que existen costos muy importantes, especialmente hacia la sociedad civil, pero que se tiene que continuar con la estrategia de poder a poder.
El senador Arturo Escobar, del Partido Verde, subrayó que en las respuestas los funcionarios advirtieron que no va a ser suficiente poder ganar esta batalla si no nos dotan de instrumentos adicionales, especialmente en temas de inteligencia, reformas para el lavado de dinero y especialmente necesitamos la colaboración en materia de tráfico de armas desde Estados Unidos.
Ante esta realidad, aseveró el legislador, hay un reconocimiento de que todavía somos laxos, especialmente en temas de aduanas y en el fortalecimiento a través de tecnología. Entendimos los senadores que no hay que dar un paso atrás, pero sí consideramos que la estrategia hoy como está requiere de mayores instrumentos adicionales para dotar al Estado, a las fuerzas armadas y a la fuerza policiaca de instrumentos que nos lleven a la percepción de que estamos ganando la batalla.
El gabinete de seguridad entregó a los senadores un informe en el que resalta que en lo que va del sexenio han muerto en ejecución 20 mil 868 personas; en enfrentamientos mil 715, y en agresión 160. Los estados en los que más se vive esta situación son: Chihuahua, con 6 mil 757; Sinaloa, 3 mil 133; Guerrero, mil 826; Baja California, mil 644, y Michoacán, con mil 394.
Los cinco municipios más violentos del país, en el periodo enero-marzo, fueron: Ciudad Juárez, 620 muertos; Culiacán, 193; Tijuana, 153; Chihuahua, 130; Gómez Palacio, 87. En total van mil 183 muertos en el lapso referido.
El informe resalta que hay 97 detenciones relevantes de los cárteles del Pacífico, Beltrán Leyva, del Golfo, La Familia michoacana, de los Arellano Félix, del cártel de Juárez, de Los Zetas, Los Valencia y la organización del Chapo Guzmán.
A este encuentro asistieron, por el gabinete de seguridad, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; Sedena, Guillermo Galván Galván; Seguridad Pública, Genaro García Luna; Marina, Mariano Francisco Saynez, y el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez.
Por la Junta de Coordinación Política del Senado estuvieron los coordinadores del PAN, Gustavo Madero; PRI, Manlio Fabio Beltrones; PRD, Carlos Navarrete; PVEM, Arturo Escobar; Convergencia, Luis Maldonado, y del PT, Ricardo Monreal Ávila.
También asistieron los senadores Santiago Creel Miranda, Humberto Aguilar, Melquiades Morales, Jorge Mendoza, Felipe González y René Arce.
Sigue la estrategia
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Martes 13 de abril de 2010, p. 5
El secretario de la Defensa Nacional, general Guillermo Galván Galván, reveló a los coordinadores de PAN, PRI, PRD, PVEM, PT y Convergencia en el Senado de la República: Ya tengo resistencias de generales a participar en el combate al narcotráfico, porque carecemos de protección.
Al comparecer junto con los funcionarios que integran el Gabinete de Seguridad Nacional ante los legisladores, Galván señaló, sin embargo, que se requiere la permanencia del Ejército en las calles para combatir el tráfico de drogas, por lo menos 10 años. “A pesar de las muertes de civiles –niños, jóvenes estudiantes y adultos– en los enfrentamientos entre las fuerzas armadas y el crimen organizado, la estrategia se mantendrá, son daños colaterales que son lamentables.”
También, el titular de la Secretaría de la Defensa aseveró ante los senadores su disposición para limitar el fuero de guerra, condicionado a que no se relajen la disciplina y la obediencia castrenses, y dijo que acatarán la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual exigió que los militares que violen las garantías sean sancionados por tribunales civiles; incluso anunció que el instituto armado elabora una iniciativa de reformas a dicho fuero.
Asimismo, los secretarios Galván Galván y de Gobernación, Fernando Gómez Mont, llamaron al Congreso a dar al Gabinete de Seguridad Nacional instrumentos jurídicos para atacar el corazón del poder del crimen organizado, es decir, poder mermar su poderío económico por medio de investigaciones en el sector financiero a través de las casas de bolsa para combatir el lavado de dinero.
Durante este segundo encuentro entre el gabinete de seguridad y los senadores integrantes de la Junta de Coordinación Política, trascendió que Galván Galván reconoció que ha habido fallas en la estrategia de combate al crimen organizado e insistió en que el Ejército Mexicano requiere de un marco regulatorio para continuar en esta lucha.
En conferencia de prensa, los senadores Gustavo Madero, Carlos Navarrete y Santiago Creel comunicaron que el Senado manifestó preocupación por la muerte de civiles en esta lucha y expusimos que se requiere disminuir o eliminar estas muertes. Los funcionarios respondieron que la estrategia funciona. Ante reclamos de que sólo se detiene a miembros de un cártel, respondieron que no se puede pactar con ningún grupo delictivo.
Aseguraron que hay detenidos de todos los cárteles y reconocieron que existen costos muy importantes, especialmente hacia la sociedad civil, pero que se tiene que continuar con la estrategia de poder a poder.
El senador Arturo Escobar, del Partido Verde, subrayó que en las respuestas los funcionarios advirtieron que no va a ser suficiente poder ganar esta batalla si no nos dotan de instrumentos adicionales, especialmente en temas de inteligencia, reformas para el lavado de dinero y especialmente necesitamos la colaboración en materia de tráfico de armas desde Estados Unidos.
Ante esta realidad, aseveró el legislador, hay un reconocimiento de que todavía somos laxos, especialmente en temas de aduanas y en el fortalecimiento a través de tecnología. Entendimos los senadores que no hay que dar un paso atrás, pero sí consideramos que la estrategia hoy como está requiere de mayores instrumentos adicionales para dotar al Estado, a las fuerzas armadas y a la fuerza policiaca de instrumentos que nos lleven a la percepción de que estamos ganando la batalla.
El gabinete de seguridad entregó a los senadores un informe en el que resalta que en lo que va del sexenio han muerto en ejecución 20 mil 868 personas; en enfrentamientos mil 715, y en agresión 160. Los estados en los que más se vive esta situación son: Chihuahua, con 6 mil 757; Sinaloa, 3 mil 133; Guerrero, mil 826; Baja California, mil 644, y Michoacán, con mil 394.
Los cinco municipios más violentos del país, en el periodo enero-marzo, fueron: Ciudad Juárez, 620 muertos; Culiacán, 193; Tijuana, 153; Chihuahua, 130; Gómez Palacio, 87. En total van mil 183 muertos en el lapso referido.
El informe resalta que hay 97 detenciones relevantes de los cárteles del Pacífico, Beltrán Leyva, del Golfo, La Familia michoacana, de los Arellano Félix, del cártel de Juárez, de Los Zetas, Los Valencia y la organización del Chapo Guzmán.
A este encuentro asistieron, por el gabinete de seguridad, los secretarios de Gobernación, Fernando Gómez Mont; Sedena, Guillermo Galván Galván; Seguridad Pública, Genaro García Luna; Marina, Mariano Francisco Saynez, y el titular de la Procuraduría General de la República, Arturo Chávez.
Por la Junta de Coordinación Política del Senado estuvieron los coordinadores del PAN, Gustavo Madero; PRI, Manlio Fabio Beltrones; PRD, Carlos Navarrete; PVEM, Arturo Escobar; Convergencia, Luis Maldonado, y del PT, Ricardo Monreal Ávila.
También asistieron los senadores Santiago Creel Miranda, Humberto Aguilar, Melquiades Morales, Jorge Mendoza, Felipe González y René Arce.
Allanan oficinas de la revista Contralínea en el DF
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 12 de abril (apro).- El director de la revista Contralínea, Miguel Badillo Cruz, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el allanamiento de sus oficinas, ubicadas en avenida Balderas.
De acuerdo con información difundida por el medio periodístico, los autores de allanamiento, “violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas del área editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y expedientes periodísticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas e información contable de la empresa, así como expedientes confidenciales de investigaciones periodísticas que maneja la publicación”.
Contralínea, su director Miguel Badillo y la periodista Ana Lilia Pérez han denunciado que son víctimas de acoso judicial por parte del empresario gasero Jesús Alonso Zaragoza López, quien encabeza el Grupo Zaragoza.
Esta situación se agudizó cuando Pérez publicó en la revista los contratos que el fallecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando era funcionario de la Secretaría de Energía (SE), encabezada entonces por Felipe Calderón.
Después de una serie de reportajes firmados por Pérez que publicó Contralínea, Zaragoza López emprendió seis litigios por daño moral a través de varias empresas del corporativo, además de una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Pérez y Badillo por presunta falsificación de sus propias firmas en un recurso de amparo.
Por el acoso judicial y la discriminación de Pemex en la contratación de espacios publicitarios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009 dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex.
En entrevista, Ana Lilia Pérez resaltó que desde el año pasado, no se había registrado actos de agresión contra la revista y los periodistas.
“A los litigios que todavía continúan se suma una insólita demanda de amparo que interpuso el Grupo Zaragoza contra la recomendación de la CNDH”, apuntó la reportera.
El, agregó, “no es que los empresarios hayan interpuesto el amparo, sino que el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, en Guadalajara, Jalisco, diera entrada al juicio, cuando no hay materia, pues la CNDH no es autoridad que tenga funciones ejecutivas; es más, Pemex rechazó la recomendación”.
Apuntó que Jesús Alonso Zaragoza López inició el juicio contra la CNDH, cuando “ni siquiera está dirigida a él la recomendación”.
En un comunicado, Contralínea señaló que los periodistas de esta revista “temen por su integridad y su vida, por lo que exigen al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y a la administración local de Marcelo Ebrard Casaubón, el esclarecimiento de estos hechos violentos (el allanamiento, acoso y amenazas) así como la sanción a los responsables”.
Explosivo destruye cajero automático en el DF; dejan mensaje religioso
La redacción. Proceso.
MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- Un artefacto estalló en el interior de un cajero automático de Banamex, ubicado sobre la calzada de Tlalpan y Avenida del Taller, en la delegación Cuauhtémoc. La explosión dañó tanto el cajero automático, como puertas, ventanas y plafones del inmueble.
De acuerdo con el reporte de la policía capitalina, el incidente ocurrió cerca de las 4 horas de este martes. Dos personas habrían ingresado al cajero automático y depositado el artefacto antes de que explotara.
En una caseta telefónica situada sobre la banqueta de la esquina de la sucursal, los agentes hallaron escrito: "Jesús esta vivo, y está haciendo milagros con su evangelio, acércate a el OK!".
En agosto de 2001, otra sucursal de este banco fue dañada también de madrugada con explosivos.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 12 de abril (apro).- El director de la revista Contralínea, Miguel Badillo Cruz, interpuso una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) por el allanamiento de sus oficinas, ubicadas en avenida Balderas.
De acuerdo con información difundida por el medio periodístico, los autores de allanamiento, “violentaron las puertas de acceso de todas las oficinas del área editorial y administrativa, sustrajeron documentación contable y expedientes periodísticos, equipo de cómputo, celulares, chequeras y diversos objetos de valor, así como actas constitutivas e información contable de la empresa, así como expedientes confidenciales de investigaciones periodísticas que maneja la publicación”.
Contralínea, su director Miguel Badillo y la periodista Ana Lilia Pérez han denunciado que son víctimas de acoso judicial por parte del empresario gasero Jesús Alonso Zaragoza López, quien encabeza el Grupo Zaragoza.
Esta situación se agudizó cuando Pérez publicó en la revista los contratos que el fallecido secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, firmó con Petróleos Mexicanos (Pemex) cuando era funcionario de la Secretaría de Energía (SE), encabezada entonces por Felipe Calderón.
Después de una serie de reportajes firmados por Pérez que publicó Contralínea, Zaragoza López emprendió seis litigios por daño moral a través de varias empresas del corporativo, además de una demanda penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Pérez y Badillo por presunta falsificación de sus propias firmas en un recurso de amparo.
Por el acoso judicial y la discriminación de Pemex en la contratación de espacios publicitarios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 57/2009 dirigida al magistrado Celso Rodríguez González, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, y a Juan José Suárez Coppel, director general de Pemex.
En entrevista, Ana Lilia Pérez resaltó que desde el año pasado, no se había registrado actos de agresión contra la revista y los periodistas.
“A los litigios que todavía continúan se suma una insólita demanda de amparo que interpuso el Grupo Zaragoza contra la recomendación de la CNDH”, apuntó la reportera.
El, agregó, “no es que los empresarios hayan interpuesto el amparo, sino que el Juzgado Segundo de Distrito en materia Administrativa, en Guadalajara, Jalisco, diera entrada al juicio, cuando no hay materia, pues la CNDH no es autoridad que tenga funciones ejecutivas; es más, Pemex rechazó la recomendación”.
Apuntó que Jesús Alonso Zaragoza López inició el juicio contra la CNDH, cuando “ni siquiera está dirigida a él la recomendación”.
En un comunicado, Contralínea señaló que los periodistas de esta revista “temen por su integridad y su vida, por lo que exigen al gobierno federal de Felipe Calderón Hinojosa y a la administración local de Marcelo Ebrard Casaubón, el esclarecimiento de estos hechos violentos (el allanamiento, acoso y amenazas) así como la sanción a los responsables”.
Explosivo destruye cajero automático en el DF; dejan mensaje religioso
La redacción. Proceso.
MÉXICO, D.F., 13 de abril (apro).- Un artefacto estalló en el interior de un cajero automático de Banamex, ubicado sobre la calzada de Tlalpan y Avenida del Taller, en la delegación Cuauhtémoc. La explosión dañó tanto el cajero automático, como puertas, ventanas y plafones del inmueble.
De acuerdo con el reporte de la policía capitalina, el incidente ocurrió cerca de las 4 horas de este martes. Dos personas habrían ingresado al cajero automático y depositado el artefacto antes de que explotara.
En una caseta telefónica situada sobre la banqueta de la esquina de la sucursal, los agentes hallaron escrito: "Jesús esta vivo, y está haciendo milagros con su evangelio, acércate a el OK!".
En agosto de 2001, otra sucursal de este banco fue dañada también de madrugada con explosivos.
La Iglesia creyó que pederastia era una gripita: Obispo Vera
La redacción. Proceso.
MEXICO, D.F., 12 de abril (apro).- El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, afirmó que a la Iglesia católica "le faltó profundidad" para advertir los casos de pederastia, al considerar que se trataba de “una gripita”.
Dijo que cuando se presentaron las denuncias, hubo "una manera muy superficial de ver las cosas. En un momento creímos que el sacerdote que tenía ese problema tenía una gripita y a lo mejor se le iba a quitar".
Vera dijo lo anterior a su llegada a la Nunciatura Apostólica, donde esta tarde se reunieron en privado la alta jerarquía católica, gobernadores, funcionarios y legisladores, como parte de la celebración del V aniversario de la proclamación del Papa Benedicto XVI.
Sostuvo que la Iglesia católica requiere una revisión en su interior con el fin de mirar hacia las víctimas.
Al encuentro asistieron Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular del presidente Felipe Calderón; el secretario de Educación, Alonso Lujambio; la coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Josefina Vásquez Mota, y cerca de 120 obispos y cardenales miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
Además, los gobernadores de Guanajuato, Morelos y Chiapas, Juan Manuel Oliva, Marco Antonio Adame y Juan Sabines, respectivamente.
La redacción. Proceso.
MEXICO, D.F., 12 de abril (apro).- El obispo de Saltillo, Coahuila, Raúl Vera, afirmó que a la Iglesia católica "le faltó profundidad" para advertir los casos de pederastia, al considerar que se trataba de “una gripita”.
Dijo que cuando se presentaron las denuncias, hubo "una manera muy superficial de ver las cosas. En un momento creímos que el sacerdote que tenía ese problema tenía una gripita y a lo mejor se le iba a quitar".
Vera dijo lo anterior a su llegada a la Nunciatura Apostólica, donde esta tarde se reunieron en privado la alta jerarquía católica, gobernadores, funcionarios y legisladores, como parte de la celebración del V aniversario de la proclamación del Papa Benedicto XVI.
Sostuvo que la Iglesia católica requiere una revisión en su interior con el fin de mirar hacia las víctimas.
Al encuentro asistieron Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular del presidente Felipe Calderón; el secretario de Educación, Alonso Lujambio; la coordinadora de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Josefina Vásquez Mota, y cerca de 120 obispos y cardenales miembros de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM).
Además, los gobernadores de Guanajuato, Morelos y Chiapas, Juan Manuel Oliva, Marco Antonio Adame y Juan Sabines, respectivamente.
Fallece preso que denunció daños de Wal-Mart en Teotihuacan
Columba Vértiz de la Fuente
MÉXICO, D.F., 12 de abril (apro).- Emmanuel D’Herrera Arizcorreta, dirigente del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacan, que en 2004 denunció e hizo huelga de hambre por la construcción de la tienda Wal-Mart en la zona “C” del sitio arqueológico de Teotihuacán, falleció de un derrame cerebral en el penal Neza-Bordo, en Nezahuacóyotl.
El defensor de derechos humanos Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, dijo, en entrevista, que “la muerte de D'Herrera Arizcorreta fue una cuestión de salud física a raíz de una detención injusta”.
Señaló que el profesor de idiomas fue detenido hace 11 meses, al colocar “un explosivo de muy bajo poder” en la tienda Wal-Mart de Teotihuacan.
“Entonces se le fincaron delitos de fuero común. Se pagó la fianza y en el momento que salía, por presiones de la cadena comercial estadunidense, de nuevo fue aprehendido y lo acusaron de un delito de fuero federal”, añadió.
“Eso fue una aberración, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces, fue enviado al penal Neza-Bordo. En ese lugar su salud se deterioró por la falta de atención médica, ya que padecía de hipertensión y diabetes. Fue perdiendo peso y se le cayeron algunos dientes. Hubo un abandono absoluto por parte de las autoridades del penal, y eso provocó a la larga su deceso”, afirmó
Sostuvo que D’Herrera Arizcorreta fue también “torturado” cuando fue detenido “y tampoco se hizo eco de esa denuncia”.
Añadió:
“Murió con la complicidad del Wal-Mart, ya que esa empresa hizo la acusación desde el ámbito local y federal. También responsabilizamos a las autoridades cómplices”.
Columba Vértiz de la Fuente
MÉXICO, D.F., 12 de abril (apro).- Emmanuel D’Herrera Arizcorreta, dirigente del Frente Cívico en Defensa del Valle de Teotihuacan, que en 2004 denunció e hizo huelga de hambre por la construcción de la tienda Wal-Mart en la zona “C” del sitio arqueológico de Teotihuacán, falleció de un derrame cerebral en el penal Neza-Bordo, en Nezahuacóyotl.
El defensor de derechos humanos Francisco Cerezo, coordinador del Comité Cerezo México, dijo, en entrevista, que “la muerte de D'Herrera Arizcorreta fue una cuestión de salud física a raíz de una detención injusta”.
Señaló que el profesor de idiomas fue detenido hace 11 meses, al colocar “un explosivo de muy bajo poder” en la tienda Wal-Mart de Teotihuacan.
“Entonces se le fincaron delitos de fuero común. Se pagó la fianza y en el momento que salía, por presiones de la cadena comercial estadunidense, de nuevo fue aprehendido y lo acusaron de un delito de fuero federal”, añadió.
“Eso fue una aberración, ya que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Entonces, fue enviado al penal Neza-Bordo. En ese lugar su salud se deterioró por la falta de atención médica, ya que padecía de hipertensión y diabetes. Fue perdiendo peso y se le cayeron algunos dientes. Hubo un abandono absoluto por parte de las autoridades del penal, y eso provocó a la larga su deceso”, afirmó
Sostuvo que D’Herrera Arizcorreta fue también “torturado” cuando fue detenido “y tampoco se hizo eco de esa denuncia”.
Añadió:
“Murió con la complicidad del Wal-Mart, ya que esa empresa hizo la acusación desde el ámbito local y federal. También responsabilizamos a las autoridades cómplices”.
El costo de la corrupción en México equivale a 9% del PIB, afirma el FEM
JULIO REYNA QUIROZ
Periódico La Jornada
Martes 13 de abril de 2010, p. 23
La corrupción es una práctica que se mantiene por las fallas e ineficiencias de los gobiernos, y su costo en México equivale a 9 por ciento del producto interno bruto mientras las empresas erogan hasta 10 por ciento de sus ingresos en sobornos, aseguraron directivos empresariales y del Foro Económico Mundial (FEM).
Si no existieran esas fallas, los empresarios estarían dedicados a hacer negocios y no habría necesidad de pagar sobornos, dijo Michael Pedersen, director asociado del FEM, en una conferencia de prensa este lunes. El directivo explicó lo anterior pese a reconocer que en los actos de corrupción se necesitan dos.
El sector empresarial, argumentó, es parte del problema y de la solución al mismo tiempo, y a escala global hay más líderes empresarios y de gobierno en busca de frenar los actos de corrupción.
Según encuestas del FEM aplicadas a más de 12 mil directivos empresariales del mundo, la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en México.
Entre 2003 y 2005 el país retrocedió en el índice nacional de corrupción y buen gobierno en el área de prácticas ilícitas, debido a una mayor regulación y a mayores ineficiencias.
A escala global, mil 300 millones de dólares al año se derraman por pagos extraoficiales, según las estimaciones del FEM.
La percepción es que en México las empresas están propensas a pagar sobornos para la facilitación de trámites y la obtención de contratos, señaló Pedersen.
Pese a ello, México se ubica en América Latina a media tabla en cuanto a percepción sobre esta práctica, añadió.
Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, afirmó que los empresarios pagan sobornos en trámites para obtener permisos de conexión de servicios o de uso de suelo.
Las empresas, dijo, destinan 10 por ciento de sus ingresos para el pago de mordidas.
Juan Manuel Arriaga, presidente de AliARSE, organización sin fines de lucro, presentó en la rueda de prensa la Iniciativa de la Alianza contra la Corrupción promovida por el FEM, cuyo objetivo es convocar a las empresas del país a que se comprometan a adoptar una política de cero tolerancia al cohecho y desarrollar un programa efectivo para implantar esa política.
La iniciativa pretende alentarlas a que apliquen principios y prácticas anticorrupción, con base en la integridad y la conducta ética, en una acción similar cuando comenzó el movimiento de Empresas Socialmente Responsables.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, un país con alta percepción de la corrupción carece de reglas claras y genera incertidumbre en las empresas, lo que inhibe las inversiones y el crecimiento económico.
JULIO REYNA QUIROZ
Periódico La Jornada
Martes 13 de abril de 2010, p. 23
La corrupción es una práctica que se mantiene por las fallas e ineficiencias de los gobiernos, y su costo en México equivale a 9 por ciento del producto interno bruto mientras las empresas erogan hasta 10 por ciento de sus ingresos en sobornos, aseguraron directivos empresariales y del Foro Económico Mundial (FEM).
Si no existieran esas fallas, los empresarios estarían dedicados a hacer negocios y no habría necesidad de pagar sobornos, dijo Michael Pedersen, director asociado del FEM, en una conferencia de prensa este lunes. El directivo explicó lo anterior pese a reconocer que en los actos de corrupción se necesitan dos.
El sector empresarial, argumentó, es parte del problema y de la solución al mismo tiempo, y a escala global hay más líderes empresarios y de gobierno en busca de frenar los actos de corrupción.
Según encuestas del FEM aplicadas a más de 12 mil directivos empresariales del mundo, la corrupción es el segundo factor más problemático para hacer negocios en México.
Entre 2003 y 2005 el país retrocedió en el índice nacional de corrupción y buen gobierno en el área de prácticas ilícitas, debido a una mayor regulación y a mayores ineficiencias.
A escala global, mil 300 millones de dólares al año se derraman por pagos extraoficiales, según las estimaciones del FEM.
La percepción es que en México las empresas están propensas a pagar sobornos para la facilitación de trámites y la obtención de contratos, señaló Pedersen.
Pese a ello, México se ubica en América Latina a media tabla en cuanto a percepción sobre esta práctica, añadió.
Luis Foncerrada, director del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, afirmó que los empresarios pagan sobornos en trámites para obtener permisos de conexión de servicios o de uso de suelo.
Las empresas, dijo, destinan 10 por ciento de sus ingresos para el pago de mordidas.
Juan Manuel Arriaga, presidente de AliARSE, organización sin fines de lucro, presentó en la rueda de prensa la Iniciativa de la Alianza contra la Corrupción promovida por el FEM, cuyo objetivo es convocar a las empresas del país a que se comprometan a adoptar una política de cero tolerancia al cohecho y desarrollar un programa efectivo para implantar esa política.
La iniciativa pretende alentarlas a que apliquen principios y prácticas anticorrupción, con base en la integridad y la conducta ética, en una acción similar cuando comenzó el movimiento de Empresas Socialmente Responsables.
De acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad, un país con alta percepción de la corrupción carece de reglas claras y genera incertidumbre en las empresas, lo que inhibe las inversiones y el crecimiento económico.
