CONDUCTA INCIERTA
15 abr 2010
La prensa mexicana frente al narco
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 14 de abril (apro).- El papel que la prensa mexicana ha desempeñado frente al creciente poder de los cárteles del narcotráfico ha sido incierto, pues va desde la amplia cobertura de sus acciones, con un tinte de nota roja y testimonial, hasta la decisión de la autocensura, originada por las amenazas de muerte.
En medio de esta incertidumbre y del terror que en algunas zonas del país ocasiona a los reporteros cubrir la violencia provocada por los distintos grupos de narcotraficantes, lo que llama la atención es la ausencia de los dueños y directores de los principales medios –televisión, radio y prensa--, quienes no han fijado una posición o una estrategia clara para informar a la ciudadanía sobre uno de los acontecimientos que más le han afectado al país desde hace un siglo.
En Colombia fueron los dueños de los medios y no los periodistas quienes acordaron las medidas para cubrir la información generada por el narcotráfico, a finales de los años ochenta. Y no fue gratuita la posición unificada que tomaron, sino que se originó porque muchos de ellos son parte de la clase política colombiana –hijos o parientes de expresidentes, legisladores, gobernadores, etcétera--, y recibieron amenazas y extorsiones; además, fueron víctimas de terrorismo de los carteles que los obligó a tomar una posición.
Esto no ha ocurrido en México y es posible que por eso no veamos que haya un frente común de dueños y directores de los principales medios, no obstante que en la última década 59 periodistas han sido asesinados y otros ocho se encuentran desaparecidos.
Por la gravedad de la situación no se trata sólo de definir cómo informar de lo que ocurre con el narco, sino también de cómo se protege a los periodistas, cómo realizar un trabajo periodístico de profundidad que informe no sólo del número de muertes violentas, sino de todas las aristas del fenómeno y, asimismo, de los alcances del crimen organizado. Todo esto sin menoscabo al ejercicio de la libertad de expresión.
Hasta el momento cada medio, dependiendo de su propia situación, ha tomado sus medidas para informar del narcotráfico.
En los estados de mayor riesgo como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, la mayoría de los medios han optado por la autocensura; mientras que en el Distrito Federal, donde se vive una especie de burbuja, algunos han decidido no acreditar los trabajos informativos de sus corresponsales. Las televisoras y las estaciones de radio, por su parte, decidieron dar cuenta de los hechos sin profundizar, es decir sin hacer ninguna investigación sobre el tema del narcotráfico.
Salvo algunos casos, la prensa mexicana en general ha optado por la nota roja y la cobertura testimonial. Es decir, informar como si fuera una nota policíaca y sólo ofrecer un registro de los hechos.
A pesar de que se adolece de investigación, al gobierno panista de Felipe Calderón la difusión de una guerra perdida le sigue incomodando.
Hace poco Felipe Calderón, en una más de sus declaraciones inoportunas, reclamó que se publiquen los mensajes que los narcotraficantes dejan en mantas colgadas en puentes y calles de las ciudades del país, o en los cuerpos de algunos de los ejecutados. Pidió que ya no se difundan más para no hacerles el juego y, al mismo tiempo, instó difundir más las acciones que su gobierno realiza para combatirlos.
Como si fuera un problema de percepción y no estructural, Calderón hizo la petición desesperada a los medios para mejorar su imagen y, en una especie de truco de ilusión, transformar la realidad.
En ese contexto fue que se publicó el encuentro entre Julio Scherer e Ismael El Mayo Zambada, el cual sigue provocando polémica en el medio periodístico y disgusto en el gobierno federal.
La molestia del gobierno es que se evidencio su incapacidad de perseguir a los jefes del narcotráfico, mientras que el debate entre algunos periodistas, intelectuales y analistas se centró en alabar o criticar el trabajo de Scherer, sin reparar en la oportunidad de revisar las formas en que se ha trabajado el tema del narcotráfico y la falta de medidas de protección para los reporteros.
En México, como en su momento en Colombia, el inicio de la cobertura de la violencia ocasionada por el narcotráfico ha sido de nota roja, de dar testimonio de los hechos si reparar en el fondo del fenómeno. Las fotos de ejecutados y el número de muertos, sin embargo, han comenzado a dejar de ser la principal noticia por la cantidad de casos y la espiral de violencia que escala cada día.
Ha llegado el momento de replantear la cobertura periodística del narcotráfico, dar los pasos hacia la investigación y ver las ramificaciones políticas y financieras dentro y fuera del país, verlo también como un problema de salud y no sólo policíaco militar; dar la protección necesaria a los reporteros que son sujetos de amenazas, intimidaciones, torturas y secuestros.
Sobre todo, que los dueños y directores de los medios tomen posiciones y acuerdos para afrontar este poder que tiene bajo su yugo a parte de la prensa mexicana.
José Gil Olmos
MÉXICO, D.F., 14 de abril (apro).- El papel que la prensa mexicana ha desempeñado frente al creciente poder de los cárteles del narcotráfico ha sido incierto, pues va desde la amplia cobertura de sus acciones, con un tinte de nota roja y testimonial, hasta la decisión de la autocensura, originada por las amenazas de muerte.
En medio de esta incertidumbre y del terror que en algunas zonas del país ocasiona a los reporteros cubrir la violencia provocada por los distintos grupos de narcotraficantes, lo que llama la atención es la ausencia de los dueños y directores de los principales medios –televisión, radio y prensa--, quienes no han fijado una posición o una estrategia clara para informar a la ciudadanía sobre uno de los acontecimientos que más le han afectado al país desde hace un siglo.
En Colombia fueron los dueños de los medios y no los periodistas quienes acordaron las medidas para cubrir la información generada por el narcotráfico, a finales de los años ochenta. Y no fue gratuita la posición unificada que tomaron, sino que se originó porque muchos de ellos son parte de la clase política colombiana –hijos o parientes de expresidentes, legisladores, gobernadores, etcétera--, y recibieron amenazas y extorsiones; además, fueron víctimas de terrorismo de los carteles que los obligó a tomar una posición.
Esto no ha ocurrido en México y es posible que por eso no veamos que haya un frente común de dueños y directores de los principales medios, no obstante que en la última década 59 periodistas han sido asesinados y otros ocho se encuentran desaparecidos.
Por la gravedad de la situación no se trata sólo de definir cómo informar de lo que ocurre con el narco, sino también de cómo se protege a los periodistas, cómo realizar un trabajo periodístico de profundidad que informe no sólo del número de muertes violentas, sino de todas las aristas del fenómeno y, asimismo, de los alcances del crimen organizado. Todo esto sin menoscabo al ejercicio de la libertad de expresión.
Hasta el momento cada medio, dependiendo de su propia situación, ha tomado sus medidas para informar del narcotráfico.
En los estados de mayor riesgo como Tamaulipas, Chihuahua, Michoacán, Nuevo León, Coahuila y Zacatecas, la mayoría de los medios han optado por la autocensura; mientras que en el Distrito Federal, donde se vive una especie de burbuja, algunos han decidido no acreditar los trabajos informativos de sus corresponsales. Las televisoras y las estaciones de radio, por su parte, decidieron dar cuenta de los hechos sin profundizar, es decir sin hacer ninguna investigación sobre el tema del narcotráfico.
Salvo algunos casos, la prensa mexicana en general ha optado por la nota roja y la cobertura testimonial. Es decir, informar como si fuera una nota policíaca y sólo ofrecer un registro de los hechos.
A pesar de que se adolece de investigación, al gobierno panista de Felipe Calderón la difusión de una guerra perdida le sigue incomodando.
Hace poco Felipe Calderón, en una más de sus declaraciones inoportunas, reclamó que se publiquen los mensajes que los narcotraficantes dejan en mantas colgadas en puentes y calles de las ciudades del país, o en los cuerpos de algunos de los ejecutados. Pidió que ya no se difundan más para no hacerles el juego y, al mismo tiempo, instó difundir más las acciones que su gobierno realiza para combatirlos.
Como si fuera un problema de percepción y no estructural, Calderón hizo la petición desesperada a los medios para mejorar su imagen y, en una especie de truco de ilusión, transformar la realidad.
En ese contexto fue que se publicó el encuentro entre Julio Scherer e Ismael El Mayo Zambada, el cual sigue provocando polémica en el medio periodístico y disgusto en el gobierno federal.
La molestia del gobierno es que se evidencio su incapacidad de perseguir a los jefes del narcotráfico, mientras que el debate entre algunos periodistas, intelectuales y analistas se centró en alabar o criticar el trabajo de Scherer, sin reparar en la oportunidad de revisar las formas en que se ha trabajado el tema del narcotráfico y la falta de medidas de protección para los reporteros.
En México, como en su momento en Colombia, el inicio de la cobertura de la violencia ocasionada por el narcotráfico ha sido de nota roja, de dar testimonio de los hechos si reparar en el fondo del fenómeno. Las fotos de ejecutados y el número de muertos, sin embargo, han comenzado a dejar de ser la principal noticia por la cantidad de casos y la espiral de violencia que escala cada día.
Ha llegado el momento de replantear la cobertura periodística del narcotráfico, dar los pasos hacia la investigación y ver las ramificaciones políticas y financieras dentro y fuera del país, verlo también como un problema de salud y no sólo policíaco militar; dar la protección necesaria a los reporteros que son sujetos de amenazas, intimidaciones, torturas y secuestros.
Sobre todo, que los dueños y directores de los medios tomen posiciones y acuerdos para afrontar este poder que tiene bajo su yugo a parte de la prensa mexicana.
Astillero
Yes, we can
Anexión emocional
Ingenuidad cantada
Renaut: epitafio precoz
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Acondicionamiento de conciencias, pavimentación de asentimientos: la buena onda viene del norte, el discurso positivo llega en inglés, las banderitas ondeantes tienen barras y estrellas, el cambio cromático de la Casa Blanca puede ser alcanzado por todos, por cualquiera, porque sí se puede, como pudo Barack al acomodarse en el principal asiento de Washington aunque el mando lo sigan teniendo los mismos poderes que dominan la política imperial estadunidense más allá del color de la piel del maniquí mercadológico en turno.
Sí se puede, es el mensaje de superación nacional que trae Michelle Obama, como sí se pudo con Vicente Fox que encajó a la política mexicana ese estribillo de voluntarismo momentáneo sin que la realidad nacional cambiara sino para peor, hasta llegar a la profunda crisis actual en que el portafolio de inversiones y plataforma de seguridad nacional transfronteriza llamada provisionalmente México recibe dosificadas visitas de secretos jefes de la inteli- gencia y el ejército estadunidenses, operadores de a pie de desestabilizaciones a conveniencia, altos funcionarios en caravanas clintonianas y, ahora, de la amable e inteligente esposa del presidente de Estados Unidos, que a su vez acaba de tener en Washington, entre la plantilla de invitados a una cumbre sobre asuntos atómicos, al gerente mexicano Felipe que allí ha concurrido para mostrarse en presuntos ejercicios político-deportivos junto a su similar derechista chileno y para continuar con el entreguismo sexenal, esta vez dando a esa reunión el regalo simbólico de que México acepta remplazar el funcionamiento de un reactor, que funciona con uranio altamente enriquecido, por material de menor graduación, con lo que gana estrellitas en la frente rumbo a su estelar visita de Estado que entre otros episodios dorados tendrá la pronunciación de un discurso en el Capitolio, frente a las emocionadas e interesadísimas dos cámaras legislativas estadunidenses. ¡Yes, we can!
Nada de complejos, había dicho muy sentencioso el secretario de Litigación, Fernando Gómez Mont, cuando al final de una pomposa conferencia de prensa le preguntaron si aplicaría la legislación vigente en el caso del español Joaquín Sabina que se había permitido criticar el proceder específico de una persona en particular, Felipe Calderón, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico. A pesar de que los señalamientos del cantante y compositor eran inequívocamente concretos (tanto, que llamó ingenuo al ocupante de Los Pinos, para no usar términos popularmente más usuales), el pretencioso abogado de Bucareli engoló la voz y se enredó en consideraciones sobre la importancia de respetar las divergencias respecto a los grandes temas mundiales y cerró su alegato cosmopolita asegurando que de él no saldrían retobos acomplejados para Sabina, entre otras cosas porque para él aplicaría un hipotético artículo legal transitorio que establecería que los extranjeros no deben emitir opiniones sobre política interior mexicana salvo que sus canciones le gusten al bohemio pinolero en turno. Ya en la noche, para demostrar que más rápido cae un secretario de Gobernación que un cojo, la oficina del licenciado Gómez hubo de lanzar una epístola al desparpajado Sabina para tratar de explicarle las razones de la embestida bélica actual (trato selectivo que muestra el desdén del calderonato para aquellos críticos nativos que no expresen sus puntos de vista en papel pautado). Por su parte, recién llegado de los profundos y trascendentes alegatos sobre materia nuclear en la que no pintamos, el científico Felipe tuvo tiempo para revirar a uno de sus cantantes favoritos y dejarle bien dicho que la ingenuidad hubiera sido no entrarle a esa guerra tan criticada, replegarse sin soñar con que contra el narcotráfico sí se puede.
No, we can't, podría escribir la Cofetel en un epitafio precoz para el Renaut, que con las suspensiones provisionales en vía de amparo concedidas a Telcel y a Movistar ha quedado como un ente expósito. Las fallas técnicas y jurídicas son tantas que difícilmente podrá sobreponerse al golpe de imagen y viabilidad que se ha aplicado a sí misma esa comisión al no procesar oportunamente las solicitudes de registro, al permitir por torpeza elemental la anotación de nombres y claves sin confirmar su pertenencia al solicitante, al dañar la de por sí muy menguada credibilidad en el procedimiento al instalar un contador de registros absolutamente falso y, finalmente, al dejar abierta indefinidamente la ventanilla para hacer trámites, con lo que ha instaurado una prórroga de facto al tal Renaut y ha abierto el camino para impugnaciones jurídicas que invaliden lo hecho hasta ahora. Es de recordarse que la integración directiva de la Cofetel es una herencia de Vicente Fox, quien en julio de 2006 consiguió instalar como comisionados a personajes de su contentillo negociados a cambio de tajadas al PRI. El actual presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, era senador panista y su acomodo en la comisión formó parte de los pagos y arreglos relacionados con las entonces muy discutidas modificaciones legales en materia de telecomunicaciones conocidas como ley Televisa. A fin de cuentas, respecto al Renaut, ¿no se pudo?
Astillas
Vicente anuncia que participará en actos de apoyo a Fóxitl en Hidalgo, donde José Guadarrama asegura que el PT lo busca para hacerlo candidato a gobernador y así romper la alianza opositora, con lo que el priísmo caciquil de la entidad será beneficiado. Xóchitl, totalmente San Cristóbal, dará al esposo de la señora Marta la oportunidad de expiar las acusaciones de fraude electoral de 2006 al cobijarse escenográficamente bajo la bandera del PRD... Y, mientras el precandidato a secretario de hacienda, Ernesto Cordero, se lanza contra los notables que no comprendieron la gran política calderonista de recuperación económica, ¡hasta mañana, con más homicidios colaterales de civiles, ahora en Acapulco!
Yes, we can
Anexión emocional
Ingenuidad cantada
Renaut: epitafio precoz
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Acondicionamiento de conciencias, pavimentación de asentimientos: la buena onda viene del norte, el discurso positivo llega en inglés, las banderitas ondeantes tienen barras y estrellas, el cambio cromático de la Casa Blanca puede ser alcanzado por todos, por cualquiera, porque sí se puede, como pudo Barack al acomodarse en el principal asiento de Washington aunque el mando lo sigan teniendo los mismos poderes que dominan la política imperial estadunidense más allá del color de la piel del maniquí mercadológico en turno.
Sí se puede, es el mensaje de superación nacional que trae Michelle Obama, como sí se pudo con Vicente Fox que encajó a la política mexicana ese estribillo de voluntarismo momentáneo sin que la realidad nacional cambiara sino para peor, hasta llegar a la profunda crisis actual en que el portafolio de inversiones y plataforma de seguridad nacional transfronteriza llamada provisionalmente México recibe dosificadas visitas de secretos jefes de la inteli- gencia y el ejército estadunidenses, operadores de a pie de desestabilizaciones a conveniencia, altos funcionarios en caravanas clintonianas y, ahora, de la amable e inteligente esposa del presidente de Estados Unidos, que a su vez acaba de tener en Washington, entre la plantilla de invitados a una cumbre sobre asuntos atómicos, al gerente mexicano Felipe que allí ha concurrido para mostrarse en presuntos ejercicios político-deportivos junto a su similar derechista chileno y para continuar con el entreguismo sexenal, esta vez dando a esa reunión el regalo simbólico de que México acepta remplazar el funcionamiento de un reactor, que funciona con uranio altamente enriquecido, por material de menor graduación, con lo que gana estrellitas en la frente rumbo a su estelar visita de Estado que entre otros episodios dorados tendrá la pronunciación de un discurso en el Capitolio, frente a las emocionadas e interesadísimas dos cámaras legislativas estadunidenses. ¡Yes, we can!
Nada de complejos, había dicho muy sentencioso el secretario de Litigación, Fernando Gómez Mont, cuando al final de una pomposa conferencia de prensa le preguntaron si aplicaría la legislación vigente en el caso del español Joaquín Sabina que se había permitido criticar el proceder específico de una persona en particular, Felipe Calderón, en el contexto de la llamada guerra contra el narcotráfico. A pesar de que los señalamientos del cantante y compositor eran inequívocamente concretos (tanto, que llamó ingenuo al ocupante de Los Pinos, para no usar términos popularmente más usuales), el pretencioso abogado de Bucareli engoló la voz y se enredó en consideraciones sobre la importancia de respetar las divergencias respecto a los grandes temas mundiales y cerró su alegato cosmopolita asegurando que de él no saldrían retobos acomplejados para Sabina, entre otras cosas porque para él aplicaría un hipotético artículo legal transitorio que establecería que los extranjeros no deben emitir opiniones sobre política interior mexicana salvo que sus canciones le gusten al bohemio pinolero en turno. Ya en la noche, para demostrar que más rápido cae un secretario de Gobernación que un cojo, la oficina del licenciado Gómez hubo de lanzar una epístola al desparpajado Sabina para tratar de explicarle las razones de la embestida bélica actual (trato selectivo que muestra el desdén del calderonato para aquellos críticos nativos que no expresen sus puntos de vista en papel pautado). Por su parte, recién llegado de los profundos y trascendentes alegatos sobre materia nuclear en la que no pintamos, el científico Felipe tuvo tiempo para revirar a uno de sus cantantes favoritos y dejarle bien dicho que la ingenuidad hubiera sido no entrarle a esa guerra tan criticada, replegarse sin soñar con que contra el narcotráfico sí se puede.
No, we can't, podría escribir la Cofetel en un epitafio precoz para el Renaut, que con las suspensiones provisionales en vía de amparo concedidas a Telcel y a Movistar ha quedado como un ente expósito. Las fallas técnicas y jurídicas son tantas que difícilmente podrá sobreponerse al golpe de imagen y viabilidad que se ha aplicado a sí misma esa comisión al no procesar oportunamente las solicitudes de registro, al permitir por torpeza elemental la anotación de nombres y claves sin confirmar su pertenencia al solicitante, al dañar la de por sí muy menguada credibilidad en el procedimiento al instalar un contador de registros absolutamente falso y, finalmente, al dejar abierta indefinidamente la ventanilla para hacer trámites, con lo que ha instaurado una prórroga de facto al tal Renaut y ha abierto el camino para impugnaciones jurídicas que invaliden lo hecho hasta ahora. Es de recordarse que la integración directiva de la Cofetel es una herencia de Vicente Fox, quien en julio de 2006 consiguió instalar como comisionados a personajes de su contentillo negociados a cambio de tajadas al PRI. El actual presidente de la Cofetel, Héctor Osuna, era senador panista y su acomodo en la comisión formó parte de los pagos y arreglos relacionados con las entonces muy discutidas modificaciones legales en materia de telecomunicaciones conocidas como ley Televisa. A fin de cuentas, respecto al Renaut, ¿no se pudo?
Astillas
Vicente anuncia que participará en actos de apoyo a Fóxitl en Hidalgo, donde José Guadarrama asegura que el PT lo busca para hacerlo candidato a gobernador y así romper la alianza opositora, con lo que el priísmo caciquil de la entidad será beneficiado. Xóchitl, totalmente San Cristóbal, dará al esposo de la señora Marta la oportunidad de expiar las acusaciones de fraude electoral de 2006 al cobijarse escenográficamente bajo la bandera del PRD... Y, mientras el precandidato a secretario de hacienda, Ernesto Cordero, se lanza contra los notables que no comprendieron la gran política calderonista de recuperación económica, ¡hasta mañana, con más homicidios colaterales de civiles, ahora en Acapulco!
Apoyo al juez Garzón
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
No cabe duda que la causa contra Garzón, habida cuenta la crispación consuetudinaria de la vida política española, agudizada por la crisis económica, los escándalos de corrupción y la obvia y manifiesta desesperación de la derecha por volver al gobierno, es un acontecimiento que, más allá de su innegable simbolismo, indica hasta qué punto las fuerzas conservadoras herederas del viejo régimen persisten en una visión sólo compatible con la democracia mientras ésta no toque los pilares institucionales y culturales que le permitan sobrevivir bajo las cambiantes condiciones del mundo moderno. Y esto es así porque las circunstancias históricas que hicieron posible la transición bajo la monarquía constitucional no permitieron zanjar las cuentas heredadas de la guerra civil y el posfranquismo. Sin embargo, ni el silencio ni la complicidad podrían cancelar la historia, evaporar la memoria o diluir en la fantasía del borrón y cuenta nueva la cruda realidad de que a pesar de todos los avances en la defensa de la legalidad y los derechos humanos, en España, enterrados bajo las cunetas de las carreteras yacen dispersos o en fosas comunes miles de fusilados a manos de quienes impusieron la dictadura del general Franco. Ése es el tema que ha hecho explotar la causa contra Garzón.
A 70 años del fin de la guerra no extraña que el pasado reviva, no para abrir heridas innecesarias, menos como una imposible por fantasmal venganza, sino como el intento justo y racional de restaurar moralmente la memoria de los vencidos, lo cual significa dar a los familiares de los desaparecidos alguna certeza sobre su destino final, una sepultura digna, si es posible, y la anulación de los procesos sumarios con los que se quiso enlodar su recuerdo. Una acción semejante, emprendida ya de mil maneras por la sociedad civil española, es dificil de cumplir con éxito sin el compromiso cabal de los órganos de justicia del Estado. Y ahí está la gran traba. Lo cierto es que, como ha dicho Victoria Lafora, todos los países que pasaron por terribles dictaduras han hecho un examen de conciencia, una relectura de su historia para no volver a cometer los mismos errores. España no.
Esa laguna, digamos, es la que quiso llenar el juez Garzón al admitir las denuncias de quienes, a pesar de la Ley de la Memoria y otras, seguían esperando que alguien se atreviera a remover la maraña de obstáculos creados para eludir la verdad sobre los crímenes y proteger a sus autores. Como apunta a su vez el ex juez anticorrupción Jiménez Villarejo, convertido por su defensa de Garzón en la bestia negra de la derecha judicial ibérica, el letrado “estaba obligado a otorgar tutela judicial suficiente y efectiva a unos denunciantes que describían, como resulta de los datos anteriores, un plan de exterminio sistemático de grupos sociales por razones ideológicas y políticas. La historia lo ha demostrado sobradamente. Pero el juez Varela, para comprender la magnitud de la masacre colectiva denunciada, debería examinar la moción del grupo parlamentario socialista (Boletín del Congreso de Diputados, 8/9/03) que se refiere a 150 mil fusilados por el franquismo y 500 mil presos políticos. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Pese a la evidencia, para el instructor la apertura de las diligencias previas y acordadas para la investigación de los hechos eran objetivamente contrarias a derecho porque no estaban justificadas. Es decir, redujo todo el asunto a una interpretación mezquina y excluyente de la ley, típica de la mentalidad que hace del derecho un arma en apariencia neutral que se utiliza para salvaguardar privilegios o golpear sin mancharse las manos a los que se consideran enemigos, con lo cual asestan un golpe mortal al estado de derecho que dicen defender.
Los razonamientos de juristas, como el ya citado de Jiménez Villarejo, señalan, por el contrario, que ni la Ley de Amnistía ni la llamada de la Memoria Histórica podrían ser el fundamento de un proceso por prevaricación, toda vez que la acción de Garzón no incurre en ninguno de los supuestos en ellas contenidos. Esta defensa en el plano jurídico ha causado enorme molestia en círculos conservadores del Poder Judicial y alarma en el partido de la derecha que intentaba distraer con el juicio a Garzón el escándalo por la corrupción en que se ha visto envuelto y de los que se intenta derivar otra causa contra el juez.
El debate, como es previsible, trasciende los ámbitos mediáticos o judiciales españoles, pues la trayectoria de Garzón en defensa del principio de jurisdicción universal para los delitos de genocidio es seguida con interés en todas partes. En Buenos Aires, ahora mismo se intenta enjuiciar los crímenes del franquismo emulando al juez español. No deja de ser paradójico que la causa contra Garzón, quien ha llevado por años la investigación sobre las actividades de ETA y las dictaduras chilena y argentina, la inicien en España dos organismos marginales cuyo nombre e historia representan la quintaesencia del fascismo: la Falange Española de las JONS y la asociación Manos Limpias. Por eso no sorprende que la defensa de Garzón se extienda a partir de iniciativas surgidas en las filas de las dos grandes organizaciones obreras del país: la UGT y CCOO (Unión General del Trabajo y Comisiones Obreras) en todas las comunidades autónomas, con el apoyo de universidades, como la Complutense de Madrid, y el compromiso abierto de grandes personalidades de la cultura.
Las razones para tal convergencia no sólo están en la indiscutible justeza del asunto de fondo –reparación de los daños a las víctimas del franquismo–, sino que parten del reconocimiento integral de la trayectoria profesional del juez Garzón. Como expresó muy bien Cándido Méndez: Se puede compartir o no su estilo, pero Garzón tuvo la osadía de perseguir a terroristas de ETA, a torturadores a sueldo de dictadores latinoamericanos, a delincuentes de cuello blanco y a personas vinculadas a los principales partidos políticos sin distinción de ideología. Por eso, y por lo que representa para España la victoria de los fascistas, expreso mi apoyo sin ambigüedades al juez Garzón.
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
No cabe duda que la causa contra Garzón, habida cuenta la crispación consuetudinaria de la vida política española, agudizada por la crisis económica, los escándalos de corrupción y la obvia y manifiesta desesperación de la derecha por volver al gobierno, es un acontecimiento que, más allá de su innegable simbolismo, indica hasta qué punto las fuerzas conservadoras herederas del viejo régimen persisten en una visión sólo compatible con la democracia mientras ésta no toque los pilares institucionales y culturales que le permitan sobrevivir bajo las cambiantes condiciones del mundo moderno. Y esto es así porque las circunstancias históricas que hicieron posible la transición bajo la monarquía constitucional no permitieron zanjar las cuentas heredadas de la guerra civil y el posfranquismo. Sin embargo, ni el silencio ni la complicidad podrían cancelar la historia, evaporar la memoria o diluir en la fantasía del borrón y cuenta nueva la cruda realidad de que a pesar de todos los avances en la defensa de la legalidad y los derechos humanos, en España, enterrados bajo las cunetas de las carreteras yacen dispersos o en fosas comunes miles de fusilados a manos de quienes impusieron la dictadura del general Franco. Ése es el tema que ha hecho explotar la causa contra Garzón.
A 70 años del fin de la guerra no extraña que el pasado reviva, no para abrir heridas innecesarias, menos como una imposible por fantasmal venganza, sino como el intento justo y racional de restaurar moralmente la memoria de los vencidos, lo cual significa dar a los familiares de los desaparecidos alguna certeza sobre su destino final, una sepultura digna, si es posible, y la anulación de los procesos sumarios con los que se quiso enlodar su recuerdo. Una acción semejante, emprendida ya de mil maneras por la sociedad civil española, es dificil de cumplir con éxito sin el compromiso cabal de los órganos de justicia del Estado. Y ahí está la gran traba. Lo cierto es que, como ha dicho Victoria Lafora, todos los países que pasaron por terribles dictaduras han hecho un examen de conciencia, una relectura de su historia para no volver a cometer los mismos errores. España no.
Esa laguna, digamos, es la que quiso llenar el juez Garzón al admitir las denuncias de quienes, a pesar de la Ley de la Memoria y otras, seguían esperando que alguien se atreviera a remover la maraña de obstáculos creados para eludir la verdad sobre los crímenes y proteger a sus autores. Como apunta a su vez el ex juez anticorrupción Jiménez Villarejo, convertido por su defensa de Garzón en la bestia negra de la derecha judicial ibérica, el letrado “estaba obligado a otorgar tutela judicial suficiente y efectiva a unos denunciantes que describían, como resulta de los datos anteriores, un plan de exterminio sistemático de grupos sociales por razones ideológicas y políticas. La historia lo ha demostrado sobradamente. Pero el juez Varela, para comprender la magnitud de la masacre colectiva denunciada, debería examinar la moción del grupo parlamentario socialista (Boletín del Congreso de Diputados, 8/9/03) que se refiere a 150 mil fusilados por el franquismo y 500 mil presos políticos. Estamos ante crímenes contra la humanidad. Pese a la evidencia, para el instructor la apertura de las diligencias previas y acordadas para la investigación de los hechos eran objetivamente contrarias a derecho porque no estaban justificadas. Es decir, redujo todo el asunto a una interpretación mezquina y excluyente de la ley, típica de la mentalidad que hace del derecho un arma en apariencia neutral que se utiliza para salvaguardar privilegios o golpear sin mancharse las manos a los que se consideran enemigos, con lo cual asestan un golpe mortal al estado de derecho que dicen defender.
Los razonamientos de juristas, como el ya citado de Jiménez Villarejo, señalan, por el contrario, que ni la Ley de Amnistía ni la llamada de la Memoria Histórica podrían ser el fundamento de un proceso por prevaricación, toda vez que la acción de Garzón no incurre en ninguno de los supuestos en ellas contenidos. Esta defensa en el plano jurídico ha causado enorme molestia en círculos conservadores del Poder Judicial y alarma en el partido de la derecha que intentaba distraer con el juicio a Garzón el escándalo por la corrupción en que se ha visto envuelto y de los que se intenta derivar otra causa contra el juez.
El debate, como es previsible, trasciende los ámbitos mediáticos o judiciales españoles, pues la trayectoria de Garzón en defensa del principio de jurisdicción universal para los delitos de genocidio es seguida con interés en todas partes. En Buenos Aires, ahora mismo se intenta enjuiciar los crímenes del franquismo emulando al juez español. No deja de ser paradójico que la causa contra Garzón, quien ha llevado por años la investigación sobre las actividades de ETA y las dictaduras chilena y argentina, la inicien en España dos organismos marginales cuyo nombre e historia representan la quintaesencia del fascismo: la Falange Española de las JONS y la asociación Manos Limpias. Por eso no sorprende que la defensa de Garzón se extienda a partir de iniciativas surgidas en las filas de las dos grandes organizaciones obreras del país: la UGT y CCOO (Unión General del Trabajo y Comisiones Obreras) en todas las comunidades autónomas, con el apoyo de universidades, como la Complutense de Madrid, y el compromiso abierto de grandes personalidades de la cultura.
Las razones para tal convergencia no sólo están en la indiscutible justeza del asunto de fondo –reparación de los daños a las víctimas del franquismo–, sino que parten del reconocimiento integral de la trayectoria profesional del juez Garzón. Como expresó muy bien Cándido Méndez: Se puede compartir o no su estilo, pero Garzón tuvo la osadía de perseguir a terroristas de ETA, a torturadores a sueldo de dictadores latinoamericanos, a delincuentes de cuello blanco y a personas vinculadas a los principales partidos políticos sin distinción de ideología. Por eso, y por lo que representa para España la victoria de los fascistas, expreso mi apoyo sin ambigüedades al juez Garzón.
