GOBIERNO SOMETIDO A JUICIO INTERNACIONAL
15 abr 2010
Corte Interamericana aborda impunidad militar en Guerrero
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, DF, 14 de abril (apro).- Este jueves el gobierno de Felipe Calderón será sometido a un juicio internacional por mantener impunes durante ocho años a militares que violaron a una indígena guerrerense.
En la sesión a realizarse en Lima, Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) analizará el expediente de Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca de Ayutla que fue agredida sexualmente por militares el 22 de marzo de 2002.
En la asistencia legal de Inés Fernández participan el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro de Justicia Internacional (Cejil).
En la audiencia, la Corte analizará los informes periciales de tres expertas propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los representantes de Inés, quien no asistirá a la sesión.
Luego de diversas irregularidades en la integración de la averiguación previa por violación, que incluye la pérdida inexplicable de pruebas espermáticas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero se declaró incompetente y remitió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar.
En junio de 2004, Inés Fernández presentó su caso ante la CIDH, instancia que en mayo de 2009 demandó a México ante la Corte después del desacato a recomendaciones de noviembre de 2008.
De acuerdo a la demanda, la CIDH considera al Estado mexicano responsable de la violencia contra Fernández Ortega, así como por “la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos; la falta de reparación adecuada a favor de la víctima y sus familiares; por la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; y por la dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres para acceder a la justicia”.
La CIDH pide al máximo tribunal de justicia regional que ordene una “investigación seria, imparcial y exhaustiva en la jurisdicción penal ordinaria para esclarecer los hechos”, así como “identificar a los responsables, sean militares o civiles, e imponerles las sanciones correspondientes. Asimismo, remitir al fuero civil todos los antecedentes de la investigación realizada en el fuero militar”.
Además, reclama que se obligue al Estado mexicano a “adoptar las medidas necesarias para que la jurisdicción militar tenga un alcance restrictivo y excepcional, limitado exclusivamente a juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas, que por su propia naturaleza atenten contra bienes propios del orden militar”.
En ese sentido, se pide que se adopten medidas legislativas, administrativas o de otra índole, necesarias para que “el fuero militar esté excluido de conocer violaciones a los derechos humanos, particularmente en casos de violencia sexual”.
También se reclama que el gobierno mexicano garantice “a las mujeres indígenas el acceso a la justicia a través del diseño de una política que respete su identidad cultural”, así como la adopción de protocolos “para facilitar y fomentar la efectiva, uniforme y transparente investigación de actos de violencia física, sexual y psicológica, que incluyan una descripción de la complejidad de las pruebas, y el detalle de las pruebas mínimas que es preciso recopilar para proporcionar una fundamentación probatoria adecuada”.
Así mismo, desarrollar programas de capacitación para funcionarios estatales que contengan normas internacionales establecidas en ese protocolo, e implementar programas de educación en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, en todos los niveles jerárquicos.
Finalmente, se pide la reparación del daño, rehabilitación psicológica a favor de la víctima y sus familiares y garantizar su seguridad, así como la de sus representantes frente a actos de persecución y hostigamiento en su contra, aparte del pago de costas y gastos legales.
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, DF, 14 de abril (apro).- Este jueves el gobierno de Felipe Calderón será sometido a un juicio internacional por mantener impunes durante ocho años a militares que violaron a una indígena guerrerense.
En la sesión a realizarse en Lima, Perú, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) analizará el expediente de Inés Fernández Ortega, indígena tlapaneca de Ayutla que fue agredida sexualmente por militares el 22 de marzo de 2002.
En la asistencia legal de Inés Fernández participan el Centro de Derechos Humanos de La Montaña Tlachinollan y el Centro de Justicia Internacional (Cejil).
En la audiencia, la Corte analizará los informes periciales de tres expertas propuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y los representantes de Inés, quien no asistirá a la sesión.
Luego de diversas irregularidades en la integración de la averiguación previa por violación, que incluye la pérdida inexplicable de pruebas espermáticas, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero se declaró incompetente y remitió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar.
En junio de 2004, Inés Fernández presentó su caso ante la CIDH, instancia que en mayo de 2009 demandó a México ante la Corte después del desacato a recomendaciones de noviembre de 2008.
De acuerdo a la demanda, la CIDH considera al Estado mexicano responsable de la violencia contra Fernández Ortega, así como por “la falta de debida diligencia en la investigación y sanción de los responsables de los hechos; la falta de reparación adecuada a favor de la víctima y sus familiares; por la utilización del fuero militar para la investigación y juzgamiento de violaciones a los derechos humanos; y por la dificultades que enfrentan las personas indígenas, en particular las mujeres para acceder a la justicia”.
La CIDH pide al máximo tribunal de justicia regional que ordene una “investigación seria, imparcial y exhaustiva en la jurisdicción penal ordinaria para esclarecer los hechos”, así como “identificar a los responsables, sean militares o civiles, e imponerles las sanciones correspondientes. Asimismo, remitir al fuero civil todos los antecedentes de la investigación realizada en el fuero militar”.
Además, reclama que se obligue al Estado mexicano a “adoptar las medidas necesarias para que la jurisdicción militar tenga un alcance restrictivo y excepcional, limitado exclusivamente a juzgar a militares por la comisión de delitos o faltas, que por su propia naturaleza atenten contra bienes propios del orden militar”.
En ese sentido, se pide que se adopten medidas legislativas, administrativas o de otra índole, necesarias para que “el fuero militar esté excluido de conocer violaciones a los derechos humanos, particularmente en casos de violencia sexual”.
También se reclama que el gobierno mexicano garantice “a las mujeres indígenas el acceso a la justicia a través del diseño de una política que respete su identidad cultural”, así como la adopción de protocolos “para facilitar y fomentar la efectiva, uniforme y transparente investigación de actos de violencia física, sexual y psicológica, que incluyan una descripción de la complejidad de las pruebas, y el detalle de las pruebas mínimas que es preciso recopilar para proporcionar una fundamentación probatoria adecuada”.
Así mismo, desarrollar programas de capacitación para funcionarios estatales que contengan normas internacionales establecidas en ese protocolo, e implementar programas de educación en derechos humanos para los miembros de las Fuerzas Armadas, en todos los niveles jerárquicos.
Finalmente, se pide la reparación del daño, rehabilitación psicológica a favor de la víctima y sus familiares y garantizar su seguridad, así como la de sus representantes frente a actos de persecución y hostigamiento en su contra, aparte del pago de costas y gastos legales.
En sólo un año, 881 menores de QR quedaron embarazadas por violación
Cinco mil 150 menores de edad, preñadas durante 2009; en lo que va de 2010 suman 458
La incidencia de abuso sexual contra niños en la entidad, tres veces mayor a la media nacional
HUGO MARTOCCIA Y JAVIER CHÁVEZ
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 30
Cancún, QR, 14 de abril. A causa de violaciones sexuales, 881 adolescentes de Quintana Roo quedaron embarazadas en 2009, informó Juan Carlos Azueta Cárdenas, titular de la Secretaría de Salud (Sesa).
Esa cantidad equivale a 16 por ciento de los 5 mil 510 embarazos de menores registrados en el estado el año pasado, dijo el funcionario al comparecer ante diputados locales.
En lo que va de 2010 han ocurrido 458 embarazos de menores de 18 años, según el secretario, aunque en este caso no mencionó cuántos han sido producto de violaciones.
María Hadad Castillo, la diputada priísta que preside la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, explicó que la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del estado ha contabilizado más de 150 delitos sexuales contra menores de edad hasta julio de 2009, lo cual contrasta con la cifra del secretario de Salud.
“(Azueta Cárdenas) destapó un baúl con muchas sorpresas y cuestionamientos –dijo María Hadad–. Debemos preguntarnos por qué los hospitales y la Secretaría de Salud, al tener conocimiento de casos de violación contra menores, no los han reportado a la Procuraduría.”
María Hadad dijo que esta situación es parte de un problema de fondo que incluye falta de coordinación de las autoridades para prevenir estos delitos. En Quintana Roo casi triplicamos la media nacional de abuso sexual de niños, informó.
Un problema serio en el estado, agregó, es que las autoridades no cumplen con la distribución de la llamada píldora del día siguiente, lo que genera consecuencias indeseadas.
Once legisladoras de todas las fracciones del Congreso local enviaron un exhorto a las secretarías de Salud y Educación, a la Procuraduría y al Poder Judicial, para que frenen el abuso de menores en Quintana Roo.
María Hadad detalló que a la Procuraduría y a la Secretaría de Salud se les pidió repartir la píldora de anticoncepción de emergencia e informar en qué casos se puede solicitar un aborto.
Cinco mil 150 menores de edad, preñadas durante 2009; en lo que va de 2010 suman 458
La incidencia de abuso sexual contra niños en la entidad, tres veces mayor a la media nacional
HUGO MARTOCCIA Y JAVIER CHÁVEZ
Corresponsales
Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 30
Cancún, QR, 14 de abril. A causa de violaciones sexuales, 881 adolescentes de Quintana Roo quedaron embarazadas en 2009, informó Juan Carlos Azueta Cárdenas, titular de la Secretaría de Salud (Sesa).
Esa cantidad equivale a 16 por ciento de los 5 mil 510 embarazos de menores registrados en el estado el año pasado, dijo el funcionario al comparecer ante diputados locales.
En lo que va de 2010 han ocurrido 458 embarazos de menores de 18 años, según el secretario, aunque en este caso no mencionó cuántos han sido producto de violaciones.
María Hadad Castillo, la diputada priísta que preside la Comisión de Equidad y Género del Congreso local, explicó que la Fiscalía Especial de Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del estado ha contabilizado más de 150 delitos sexuales contra menores de edad hasta julio de 2009, lo cual contrasta con la cifra del secretario de Salud.
“(Azueta Cárdenas) destapó un baúl con muchas sorpresas y cuestionamientos –dijo María Hadad–. Debemos preguntarnos por qué los hospitales y la Secretaría de Salud, al tener conocimiento de casos de violación contra menores, no los han reportado a la Procuraduría.”
María Hadad dijo que esta situación es parte de un problema de fondo que incluye falta de coordinación de las autoridades para prevenir estos delitos. En Quintana Roo casi triplicamos la media nacional de abuso sexual de niños, informó.
Un problema serio en el estado, agregó, es que las autoridades no cumplen con la distribución de la llamada píldora del día siguiente, lo que genera consecuencias indeseadas.
Once legisladoras de todas las fracciones del Congreso local enviaron un exhorto a las secretarías de Salud y Educación, a la Procuraduría y al Poder Judicial, para que frenen el abuso de menores en Quintana Roo.
María Hadad detalló que a la Procuraduría y a la Secretaría de Salud se les pidió repartir la píldora de anticoncepción de emergencia e informar en qué casos se puede solicitar un aborto.
Provisional, la suspensión a Telcel para no cortar servicio: Cofetel
Se analizará si se aplica sanción a la española por no cumplir con la ley, dice Héctor Osuna
Detectadas, entre 10 mil y 50 mil líneas registradas con nombres falsos, advierte
MIRIAM POSADA GARCÍA
Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 24
El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna Jaime, dijo que habrá que esperar a ver si Telcel logra mantener la suspensión que le concedió un juez federal para no cortar las líneas que no se inscribieron al registro nacional de usuarios de telefonía móvil (Renaut), ya que por el momento es provisional y debe obtener la definitiva para garantizar a sus clientes que no les suspenderá el servicio.
Ante la posibilidad de que Telefónica Movistar obtenga también una suspensión provisional, el comisionado dijo que cuando ocurra se tendrán que conocer los términos en que los que la haya conseguido.
Precisó que a decir de Telcel esta empresa empezó a suspender líneas el 12 de abril; sin embargo, Telefónica Movistar no realizó cortes a los usuarios que quedaron fuera del Renaut, por lo que se tendrá que analizar si se le aplica alguna sanción por no cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Detalló que si Telefónica obtuviera una suspensión provisional o definitiva, la sanción por no cortar el servicio sería sólo por los días previos a contar con ese beneficio legal.
Señaló que hasta el momento están detectadas entre 10 mil y 50 mil líneas que se registraron con nombres falsos, por lo que los usuarios están a tiempo de arrepentirse y aportar la información verdadera. Consideró que 10 mil o 50 mil líneas con nombres falsos en un universo de 62 millones de teléfonos inscritos al Renaut son una proporción menor; hay más títulos profesionales o credenciales de elector falsificadas que líneas con robo de identidad.
Ante la presumible falta de un reglamento que permitiera dar orden a la integración del Renaut, Osuna precisó que la Cofetel elaboró una propuesta de reglamento que ya está revisada pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era la obligada a hacerlo, no publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Afirmó que el reglamento se necesita, pero también hubo acuerdos con los operadores y el gobierno federal para integrar la base del Renaut. Destacó que la ampliación del plazo para el registro y otras medidas que se podrían haber tomado eran decisión de los legisladores. Ellos son los que dicen, los que ponen y los que quitan, los que mandan; nosotros estamos a lo que digan.
Pero, precisó, para poder entrar de lleno a la segunda etapa del Renaut, que es la depuración y confirmación de datos, “vamos a tener que juntarnos con los legisladores, porque con su buena intención vamos a tener que hacer alguna estrategia y consideraciones adicionales para que verdaderamente salga, porque es muy fácil que nos digan ‘no hicieron esto, no hicieron lo otro”. La ley no es perfecta, así que mejor nos juntamos para que saquemos una estrategia de común acuerdo, alguna precisión a la ley”.
Entre suspensiones provisionales, prórrogas extraoficiales y la saturación de sistemas, hasta ayer al medio día el Registro Nacional de Población había incorporado oficialmente al Renaut 61 millones 875 mil 13 celulares, que representan 74 por ciento del total de líneas que existen en el país, y que a decir de los operadores ascienden a 83 millones 500 mil.
Osuna dijo que con el Renaut se va conocer si es verdad que existen 83 millones 500 mil líneas de telefonía móvil vigentes en país, ya que toda esa es información de las empresas. Añadió que los operadores tendrán que entregar ya la información posterior al 11 de abril, en la que deberá detallar cuántas líneas se dieron de alta en el Renaut, cuántas no, cuántas se suspendieron y cuántas estarían en lista de espera.
Se analizará si se aplica sanción a la española por no cumplir con la ley, dice Héctor Osuna
Detectadas, entre 10 mil y 50 mil líneas registradas con nombres falsos, advierte
MIRIAM POSADA GARCÍA
Periódico La Jornada
Jueves 15 de abril de 2010, p. 24
El presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Héctor Osuna Jaime, dijo que habrá que esperar a ver si Telcel logra mantener la suspensión que le concedió un juez federal para no cortar las líneas que no se inscribieron al registro nacional de usuarios de telefonía móvil (Renaut), ya que por el momento es provisional y debe obtener la definitiva para garantizar a sus clientes que no les suspenderá el servicio.
Ante la posibilidad de que Telefónica Movistar obtenga también una suspensión provisional, el comisionado dijo que cuando ocurra se tendrán que conocer los términos en que los que la haya conseguido.
Precisó que a decir de Telcel esta empresa empezó a suspender líneas el 12 de abril; sin embargo, Telefónica Movistar no realizó cortes a los usuarios que quedaron fuera del Renaut, por lo que se tendrá que analizar si se le aplica alguna sanción por no cumplir con lo dispuesto en la Ley Federal de Telecomunicaciones.
Detalló que si Telefónica obtuviera una suspensión provisional o definitiva, la sanción por no cortar el servicio sería sólo por los días previos a contar con ese beneficio legal.
Señaló que hasta el momento están detectadas entre 10 mil y 50 mil líneas que se registraron con nombres falsos, por lo que los usuarios están a tiempo de arrepentirse y aportar la información verdadera. Consideró que 10 mil o 50 mil líneas con nombres falsos en un universo de 62 millones de teléfonos inscritos al Renaut son una proporción menor; hay más títulos profesionales o credenciales de elector falsificadas que líneas con robo de identidad.
Ante la presumible falta de un reglamento que permitiera dar orden a la integración del Renaut, Osuna precisó que la Cofetel elaboró una propuesta de reglamento que ya está revisada pero la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que era la obligada a hacerlo, no publicó en el Diario Oficial de la Federación.
Afirmó que el reglamento se necesita, pero también hubo acuerdos con los operadores y el gobierno federal para integrar la base del Renaut. Destacó que la ampliación del plazo para el registro y otras medidas que se podrían haber tomado eran decisión de los legisladores. Ellos son los que dicen, los que ponen y los que quitan, los que mandan; nosotros estamos a lo que digan.
Pero, precisó, para poder entrar de lleno a la segunda etapa del Renaut, que es la depuración y confirmación de datos, “vamos a tener que juntarnos con los legisladores, porque con su buena intención vamos a tener que hacer alguna estrategia y consideraciones adicionales para que verdaderamente salga, porque es muy fácil que nos digan ‘no hicieron esto, no hicieron lo otro”. La ley no es perfecta, así que mejor nos juntamos para que saquemos una estrategia de común acuerdo, alguna precisión a la ley”.
Entre suspensiones provisionales, prórrogas extraoficiales y la saturación de sistemas, hasta ayer al medio día el Registro Nacional de Población había incorporado oficialmente al Renaut 61 millones 875 mil 13 celulares, que representan 74 por ciento del total de líneas que existen en el país, y que a decir de los operadores ascienden a 83 millones 500 mil.
Osuna dijo que con el Renaut se va conocer si es verdad que existen 83 millones 500 mil líneas de telefonía móvil vigentes en país, ya que toda esa es información de las empresas. Añadió que los operadores tendrán que entregar ya la información posterior al 11 de abril, en la que deberá detallar cuántas líneas se dieron de alta en el Renaut, cuántas no, cuántas se suspendieron y cuántas estarían en lista de espera.
