IMPUNIDAD MILITAR, INDEFECCION CIVIL.
30 abr 2010
Se protege al Ejército, no al ciudadano
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 29 de abril.- A pesar de que tanto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvieron que el Estado mexicano debe crear y aplicar mecanismos de defensa a favor de los gobernados para prevenir y remediar los abusos de autoridad y la violación de los derechos humanos de la población, la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que envió el Ejecutivo al Senado el 21 de abril de 2009 ignora el tema y, en cambio, pretende blindar la actuación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para defender la seguridad interior.
El 5 de marzo de 1996, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 167 diputados federales en contra de diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego, el 27 de marzo de 2000, acordó publicar como tesis jurisprudenciales seis resoluciones de dicha sentencia.
Dos de esas tesis respaldaron que “es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”.
Las otras cuatro se enfocaron en precisar que su participación debe acatar estrictamente la Constitución y las leyes y, por lo mismo, respetar escrupulosamente las garantías individuales.
Las tesis enfatizan que las tres instancias de gobierno deben encontrar “una fórmula equilibrada que suponga necesariamente la existencia y eficacia de mecanismos de defensa en favor de los gobernados, para así prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular, cuando ello sucede en el delicado campo de la seguridad pública interior”. Así, la tesis P/J 34/2000 conduce a revisar si la normatividad vigente contempla dichos mecanismos y, en caso contrario, conlleva la obligación de crearlos.
No en balde la Corte Interamericana le recordó a México que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares “tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia”, de acuerdo con la resolución emitida el pasado 23 de noviembre de 2009 por la presunta desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del Ejército el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero.
El organismo interamericano asegura que “la importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario” y, en consecuencia, dispuso que el Estado mexicano “deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
De las tesis de jurisprudencia de la SCJN y de la resolución de la CIDH queda claro que no se requiere de ninguna reforma legal para permitir la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior a solicitud expresa de las autoridades civiles, sin necesidad de declarar un estado de excepción y suspender las garantías individuales. Y aunque es conveniente regular el procedimiento para dicha solicitud a nivel legislativo, no es indispensable.
El proyecto del Ejecutivo parece obedecer más a la reiterada demanda de las Fuerzas Armadas de blindar su intervención y un intento por ampliar los motivos para ello: al incluir en el artículo 68 que “la sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa” afectan la seguridad interior, se abre la puerta para solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas para impedir casi cualquier protesta masiva de ciudadanos pues, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, sublevar es “excitar indignación, promover sentimiento de protesta”. Todo cabe en ese supuesto.
En cambio, la única disposición específica para proteger los derechos humanos es que la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los correspondientes organismos estatales, para que éstos “ejerzan sus facultades y atribuciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos”.
Si bien la reforma constitucional votada el jueves 8 en el Senado contempla que los organismos nacional y estatales de derechos humanos podrán incrementar sus atribuciones y facultades de investigación, a final de cuentas todo quedaría en una sanción política, pues lo único que puede hacer es formular “recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”. Esta reforma aún debe aprobarse en la Cámara de Diputados y en el Constituyente permanente.
Pero resulta que la autoridad competente para conocer los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas son los tribunales militares, lo que va en contra del debido proceso, así como de la independencia e imparcialidad del juez. Así, aunque las evidencias de violaciones graves a los derechos humanos de civiles inocentes por parte de las Fuerzas Armadas se incrementan día a día, el presidente está más preocupado por blindar la actuación del Ejército y ampliar los supuestos para requerir su apoyo (incluso para sofocar protestas de la población civil) que por proteger a la población civil de los abusos, atropellos y graves violaciones a los derechos humanos que padecen como consecuencia de la “guerra contra el crimen organizado”.
Astillero
Reprobados
Cuento público 2007
Bazbaz y Poncio Piñatos
PALO apoya al PRI
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
El comandante Calderón ha sido reprobado por la mayoría de los diputados federales en las cuentas públicas correspondientes a su primer año de desgobierno. Cual si fuese un producto descontinuado o echado a perder, el frasco numérico de las presuntas maravillas ejecutivas del calderonismo fue etiquetado ayer en San Lázaro con la insólita leyenda que advierte que no existen elementos suficientes para aprobar su gestión financiera. El porrazo dado por la cámara con sede en San Lázaro es consecuencia de las desaveniencias electorales que el lic (con ele, sin hache) Calderón sembró con su doble juego hacia el priísmo, alentando convenios de protección al cachorro Peña Nieto mediante los enviados autónomos, César Nava Patylú y Fernando Gómez Mont, y al mismo tiempo instruyendo la realización de las deplorables alianzas perreánicas contra ese mismo PRI, que ahora, sintiéndose traicionado, le hace sentir el poder de la mayoría legislativa que logra hacer con partidos bisagra y una parte del versátil perredismo diputadil siempre en subasta. Por lo pronto, haiga sido como haiga sido, la gestión del felipismo queda formalmente tachada a causa de opacidad, irregularidades múltiples, manejos sin comprobar, subejercicios, discrecionalidad, duplicidades y falta de sentido social y buen juicio ejecutivo. ¡Sopas!
Perseguido hasta Washington por el recuerdo del caso Paulette, puntualmente manipulado y hasta ahora sumido en la impunidad, el gobernador del estado de México adelantó una especie de reprobación necesaria de su fiel procurador debidamente inepto, Alberto Bazbaz, a quien pareciera irle preparando la salida que coincida con la resolución científica que formalice la increíble versión del colchón asesino. Dijo irresponsablemente el precandidato presidencial del copete distintivo que a su procurador le ha dado el beneficio de la duda (como si esa procuración de justicia fuera un asunto personal, sujeto a sentimientos o valoraciones subjetivas), pero que al final del proceso en curso, cuando ya se tengan resultados, deberán verse aciertos y deficiencias. Poncio Piñatos Nieto prepara la palangana en la que correrá el agua de la renuncia anunciada: Confiamos en él y por ello sigue ahí. Le hemos dado el beneficio de la duda y le hemos dejado al frente de este asunto. Reprobados, en realidad, el copetón jefe instructor y el obediente procurador expiatorio al que seguramente se reacomodará en algún otro negocio público.
Jesús Cantú
MÉXICO, D.F., 29 de abril.- A pesar de que tanto el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvieron que el Estado mexicano debe crear y aplicar mecanismos de defensa a favor de los gobernados para prevenir y remediar los abusos de autoridad y la violación de los derechos humanos de la población, la iniciativa de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que envió el Ejecutivo al Senado el 21 de abril de 2009 ignora el tema y, en cambio, pretende blindar la actuación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea para defender la seguridad interior.
El 5 de marzo de 1996, el pleno de la SCJN resolvió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por 167 diputados federales en contra de diversas disposiciones de la Ley General que Establece las Bases de Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Luego, el 27 de marzo de 2000, acordó publicar como tesis jurisprudenciales seis resoluciones de dicha sentencia.
Dos de esas tesis respaldaron que “es constitucionalmente posible que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada, en tiempos en que no se haya decretado suspensión de garantías, puedan actuar en apoyo de las autoridades civiles en tareas diversas de seguridad pública”.
Las otras cuatro se enfocaron en precisar que su participación debe acatar estrictamente la Constitución y las leyes y, por lo mismo, respetar escrupulosamente las garantías individuales.
Las tesis enfatizan que las tres instancias de gobierno deben encontrar “una fórmula equilibrada que suponga necesariamente la existencia y eficacia de mecanismos de defensa en favor de los gobernados, para así prevenir y remediar todo tipo de abuso por parte de las autoridades en el ejercicio de sus facultades, o en la extralimitación en éste, en particular, cuando ello sucede en el delicado campo de la seguridad pública interior”. Así, la tesis P/J 34/2000 conduce a revisar si la normatividad vigente contempla dichos mecanismos y, en caso contrario, conlleva la obligación de crearlos.
No en balde la Corte Interamericana le recordó a México que las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares “tienen derecho a que tales violaciones sean conocidas y resueltas por un tribunal competente, de conformidad con el debido proceso y el acceso a la justicia”, de acuerdo con la resolución emitida el pasado 23 de noviembre de 2009 por la presunta desaparición forzada de Rosendo Radilla Pacheco a manos de efectivos del Ejército el 25 de agosto de 1974 en el estado de Guerrero.
El organismo interamericano asegura que “la importancia del sujeto pasivo trasciende la esfera del ámbito militar, ya que se encuentran involucrados bienes jurídicos propios del régimen ordinario” y, en consecuencia, dispuso que el Estado mexicano “deberá adoptar, en un plazo razonable, las reformas legislativas pertinentes para compatibilizar el artículo 57 del Código de Justicia Militar con los estándares internacionales en la materia y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos”.
De las tesis de jurisprudencia de la SCJN y de la resolución de la CIDH queda claro que no se requiere de ninguna reforma legal para permitir la participación del Ejército, Armada y Fuerza Aérea en materia de seguridad interior a solicitud expresa de las autoridades civiles, sin necesidad de declarar un estado de excepción y suspender las garantías individuales. Y aunque es conveniente regular el procedimiento para dicha solicitud a nivel legislativo, no es indispensable.
El proyecto del Ejecutivo parece obedecer más a la reiterada demanda de las Fuerzas Armadas de blindar su intervención y un intento por ampliar los motivos para ello: al incluir en el artículo 68 que “la sublevación o el trastorno interior en una entidad federativa” afectan la seguridad interior, se abre la puerta para solicitar el auxilio de las Fuerzas Armadas para impedir casi cualquier protesta masiva de ciudadanos pues, de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española, sublevar es “excitar indignación, promover sentimiento de protesta”. Todo cabe en ese supuesto.
En cambio, la única disposición específica para proteger los derechos humanos es que la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación del Sistema Nacional de Seguridad Pública deberá informar de la declaratoria a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, así como a los correspondientes organismos estatales, para que éstos “ejerzan sus facultades y atribuciones en materia de promoción y protección de los derechos humanos”.
Si bien la reforma constitucional votada el jueves 8 en el Senado contempla que los organismos nacional y estatales de derechos humanos podrán incrementar sus atribuciones y facultades de investigación, a final de cuentas todo quedaría en una sanción política, pues lo único que puede hacer es formular “recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias y quejas ante las autoridades respectivas”. Esta reforma aún debe aprobarse en la Cámara de Diputados y en el Constituyente permanente.
Pero resulta que la autoridad competente para conocer los delitos cometidos por las Fuerzas Armadas son los tribunales militares, lo que va en contra del debido proceso, así como de la independencia e imparcialidad del juez. Así, aunque las evidencias de violaciones graves a los derechos humanos de civiles inocentes por parte de las Fuerzas Armadas se incrementan día a día, el presidente está más preocupado por blindar la actuación del Ejército y ampliar los supuestos para requerir su apoyo (incluso para sofocar protestas de la población civil) que por proteger a la población civil de los abusos, atropellos y graves violaciones a los derechos humanos que padecen como consecuencia de la “guerra contra el crimen organizado”.
Astillero
Reprobados
Cuento público 2007
Bazbaz y Poncio Piñatos
PALO apoya al PRI
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
El comandante Calderón ha sido reprobado por la mayoría de los diputados federales en las cuentas públicas correspondientes a su primer año de desgobierno. Cual si fuese un producto descontinuado o echado a perder, el frasco numérico de las presuntas maravillas ejecutivas del calderonismo fue etiquetado ayer en San Lázaro con la insólita leyenda que advierte que no existen elementos suficientes para aprobar su gestión financiera. El porrazo dado por la cámara con sede en San Lázaro es consecuencia de las desaveniencias electorales que el lic (con ele, sin hache) Calderón sembró con su doble juego hacia el priísmo, alentando convenios de protección al cachorro Peña Nieto mediante los enviados autónomos, César Nava Patylú y Fernando Gómez Mont, y al mismo tiempo instruyendo la realización de las deplorables alianzas perreánicas contra ese mismo PRI, que ahora, sintiéndose traicionado, le hace sentir el poder de la mayoría legislativa que logra hacer con partidos bisagra y una parte del versátil perredismo diputadil siempre en subasta. Por lo pronto, haiga sido como haiga sido, la gestión del felipismo queda formalmente tachada a causa de opacidad, irregularidades múltiples, manejos sin comprobar, subejercicios, discrecionalidad, duplicidades y falta de sentido social y buen juicio ejecutivo. ¡Sopas!
Perseguido hasta Washington por el recuerdo del caso Paulette, puntualmente manipulado y hasta ahora sumido en la impunidad, el gobernador del estado de México adelantó una especie de reprobación necesaria de su fiel procurador debidamente inepto, Alberto Bazbaz, a quien pareciera irle preparando la salida que coincida con la resolución científica que formalice la increíble versión del colchón asesino. Dijo irresponsablemente el precandidato presidencial del copete distintivo que a su procurador le ha dado el beneficio de la duda (como si esa procuración de justicia fuera un asunto personal, sujeto a sentimientos o valoraciones subjetivas), pero que al final del proceso en curso, cuando ya se tengan resultados, deberán verse aciertos y deficiencias. Poncio Piñatos Nieto prepara la palangana en la que correrá el agua de la renuncia anunciada: Confiamos en él y por ello sigue ahí. Le hemos dado el beneficio de la duda y le hemos dejado al frente de este asunto. Reprobados, en realidad, el copetón jefe instructor y el obediente procurador expiatorio al que seguramente se reacomodará en algún otro negocio público.
Con malas calificaciones resulta nuevamente el sangriento gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, quien ha dado al mundo otro enfoque crudo de la ingobernabilidad generalizada que se vive en el país. No solamente los narcotraficantes son capaces de controlar territorio y funciones públicas, sino también los caciques y las OSGs (organizaciones sí gubernamentales) que en contubernio con el poder formal se han apropiado de regiones enteras como se ha visto en el caso de San Juan Copala. Claro es que ese desbordamiento institucional es manejado y aprovechado por el turbio Ulises, a quien conviene instalar desde ahora fórmulas de miedo social que induzcan abstencionismo electoral y, en ese ambiente deprimido, la operación exitosa de los mapaches que siendo producto de exportación ahora se aplicarán a renovar lauros en tierra propia. La renovada apuesta ulisista por la sangre como método de control se topa, sin embargo, con los ánimos belicosos del ocupante de Los Pinos que se ha empeñado en sacar adelante la candidatura plural de Gabino Cué. En el fondo, el forcejeo entre FC y URO proviene también de que la elite priísta se siente traicionada a causa de que Los Pinos incumplió el acuerdo (no firmado, porque Ulises dijo que esos tratos quedan a la palabra) de que la bancada tricolor apoyaría los planes fiscales del calderonismo a cambio de no hacer alianzas perreánicas en Oaxaca.
Astillas
Pedro Arturo López Obrador decidió apoyar a Javier López Zavala, el candidato impuesto por el góber precioso de Puebla, Mario Marín, para sucederlo. PALO formará parte del equipo de campaña del priísta JLZ, que es su amigo desde hace varios años, según dijo al diario Cambio en http://bit.ly/96ux4q y ya participó en el primer acto de proselitismo, en la colonia Guadalupe Hidalgo, donde fue enérgicamente saludado por el coordinador general de la campaña de López Zavala, que es Jesús Morales Flores, hermano del ex gobernador priísta Melquiades, de los mismos apellidos. Arturo López Obrador estuvo a punto de ser candidato perredista a diputado por el segundo distrito federal de Tlaxcala, pero el 12 de junio de 2009 el IFE le canceló el registro y lo otorgó a Eloy Sánchez Arellano, conforme a la sentencia previamente emitida por una sala regional del tribunal electoral federal (al, al, al, al)... Cuatrocientos policías irrumpieron ayer en la emblemática Plaza Meave de la ciudad de México para decomisar mercancía pirata. Ya se verá con cuántos agentes y con qué resultados se montará el siguiente operativo obligado, el del bravísimo Tepito, al que ayer se envió oportuno aviso oficial desde la citada plaza intervenida... Ya no se sabe si reír o llorar: ha dicho Abelardo Escobar, uno de los representantes personales de FCH en Ciudad Juárez, que la abundante presencia de la Policía Federal también genera una derrama económica... Un nuevo reconocimiento a Lydia Cacho, al ser nombrada heroína de la libertad de prensa por el Instituto Internacional de la Prensa, en Viena... En México apenas se discute qué hacer, pero en Arizona ya comenzaron las redadas de indocumentados que lo parecen... Y, mientras el primero de mayo se convierte en confluencia de protestas y demandas populares, ¡feliz fin de semana, con la aprobación en el Distrito Federal de la discrecionalidad manejable por abajo de la mesa para decidir si un antro cierra a las 3 o a las 5 de la mañana (la nueva reglamentación se llama: billetito habla)!
Pedro Arturo López Obrador decidió apoyar a Javier López Zavala, el candidato impuesto por el góber precioso de Puebla, Mario Marín, para sucederlo. PALO formará parte del equipo de campaña del priísta JLZ, que es su amigo desde hace varios años, según dijo al diario Cambio en http://bit.ly/96ux4q y ya participó en el primer acto de proselitismo, en la colonia Guadalupe Hidalgo, donde fue enérgicamente saludado por el coordinador general de la campaña de López Zavala, que es Jesús Morales Flores, hermano del ex gobernador priísta Melquiades, de los mismos apellidos. Arturo López Obrador estuvo a punto de ser candidato perredista a diputado por el segundo distrito federal de Tlaxcala, pero el 12 de junio de 2009 el IFE le canceló el registro y lo otorgó a Eloy Sánchez Arellano, conforme a la sentencia previamente emitida por una sala regional del tribunal electoral federal (al, al, al, al)... Cuatrocientos policías irrumpieron ayer en la emblemática Plaza Meave de la ciudad de México para decomisar mercancía pirata. Ya se verá con cuántos agentes y con qué resultados se montará el siguiente operativo obligado, el del bravísimo Tepito, al que ayer se envió oportuno aviso oficial desde la citada plaza intervenida... Ya no se sabe si reír o llorar: ha dicho Abelardo Escobar, uno de los representantes personales de FCH en Ciudad Juárez, que la abundante presencia de la Policía Federal también genera una derrama económica... Un nuevo reconocimiento a Lydia Cacho, al ser nombrada heroína de la libertad de prensa por el Instituto Internacional de la Prensa, en Viena... En México apenas se discute qué hacer, pero en Arizona ya comenzaron las redadas de indocumentados que lo parecen... Y, mientras el primero de mayo se convierte en confluencia de protestas y demandas populares, ¡feliz fin de semana, con la aprobación en el Distrito Federal de la discrecionalidad manejable por abajo de la mesa para decidir si un antro cierra a las 3 o a las 5 de la mañana (la nueva reglamentación se llama: billetito habla)!
