LA COLOMBIANIZACION DE MEXICO
23 abr 2010
La obcecación
LUIS JAVIER GARRIDO
Las perspectivas de México en 2010 no podían ser peores, pues la presión nacional e internacional están haciendo mella en el proyecto panista de incrementar la militarización de México con vistas a las elecciones de 2012, y el gobierno de facto está perdiendo los estribos mientras la economía se hunde en el desastre.
1. Las críticas en México y en el exterior por la violencia y la ilegalidad en que el gobierno de Felipe Calderón ha hundido al país, aceptando por móviles facciosos el escenario de la colombianización que se le impuso desde Estados Unidos, están siendo respondidas desde Los Pinos, primero con una vastísima campaña propagandística negando la gravedad de lo que acontece y luego pretendiendo reformar, con una legislación secundaria, expedida al vapor, el marco jurídico del país para tratar de paliar la anticonstitucionalidad de su proceder y la ilegalidad en la que está actuando, pero nada de ello resuelve el fondo de la cuestión. Todos los días hay decenas de muertos en Monterrey o en Cuernavaca, en Acapulco o en Ciudad Juárez, y en su mayoría son víctimas inocentes.
2. La campaña propagandística de Calderón ha fracasado tanto en México como en el extranjero por la gravedad de lo que acontece, y a las críticas cada vez más enérgicas de organismos internacionales y de innumerables organizaciones defensoras de los derechos humanos, se suman ya las de instancias del gobierno estadunidense, descontentas con la torpeza con que el gobierno de Calderón ha manejado el problema, e incluso las de voceros del sector empresarial que manifiestan abiertamente que la supuesta guerra contra el narcotráfico está dañando seriamente las estructuras económicas del país y, por consiguiente, sus intereses.
3. El debate público que se abrió el miércoles 21 al incrementarse las críticas de sectores empresariales por el manejo de la economía y de la seguridad pública que ha tenido el gobierno de Calderón solamente son respondidas con cifras mentirosas sobre el desempleo y las inversiones, que, por otra parte, son desmentidas todos los días, lo que confirma que el gobierno de facto tiene una cerrazón absoluta para cambiar de rumbo y ya muy poca viabililidad.
4. La constante del gobierno de negar el hecho central de que las principales víctimas de la violencia oficial se hallan en la población civil, y no precisamente por errores de quienes no están capacitados para fungir de policías, empieza a cambiar con una nueva demagogia, pero esto en nada modifica la gravísima situación. Calderón minimizó obcecado el viernes 16 la muerte de civiles, señalando mentirosamente que se producen en escenarios de fuego cruzado, cuando las evidencias muestran los casos de innumerables matanzas de inocentes, y el miércoles 21 trató de corregirse, creyendo que la simple propaganda puede cambiar la realidad.
5. El caso Sabina ilustra con claridad la impotencia oficial para hacer valer sus tesis inaceptables, pues no logró persuadir al artista, al que amenazó primero con una campaña en los medios de expulsarlo de México, aplicándole el artículo 33, y luego buscó congraciarse con zalamerías. El compositor e intérprete cometió dos errores a su llegada a México: el primero, cuando al manifestar su indignación por el hecho de que el gobierno utilice ilegalmente como cuerpo policial para luchar contra el narcotráfico a las fuerzas armadas que han cometido todo género de exacciones, atribuyó equivocadamente esta decisión a una supuesta ingenuidad de Calderón, cuando la militarización de México es un proyecto deliberado impuesto desde Washington para aterrorizar al pueblo, que Calderón ha hecho suyo por móviles facciosos, y el segundo fue aceptar platicar en una comilona con aquél al que la historia mexicana va a reconocer, aunque haya sido de facto, como uno de los gobernantes más sanguinarios, aunque al final Sabina haya tenido un gran acierto: mantenerse firme en su actitud crítica.
6. La segunda pretensión absurda de Calderón y de sus asesores está siendo ahora pretender que el Congreso les expida una Ley de Seguridad Nacional a modo, redactada sobre las rodillas, en la que se busque legalizar las actividades policiales de las fuerzas armadas, lo que de entrada sería anticonstitucional, pues la Constitución de 1917, conforme a la doctrina universal, asigna, por un lado, a la Policía Judicial, ahora rebautizada como Policía Federal (tras fusionarse la PFP con la AFI), la función de investigar los delitos, y por el otro lado prohíbe de manera tajante al Ejército cualquier función de tipo policial como las que los panistas lo están obligando a hacer.
7. Mucho más absurda es la pretensión calderoniana de pedir al PRI que lo ayude a salir de la gravísima situación en la que se halla, cuando, por una parte, con vistas a las elecciones locales de julio ha forjado una alianza con la corrupta cúpula del PRD para vencerlo e impulsa en los medios la enésima campaña de desprestigio contra el priísmo, y por la otra quiere ignorar la postura ya conocida del Institucional ante el problema. El senador Pedro Joaquín Coldwell, priísta prominente, escribía hace poco a Héctor Aguilar Camín (Milenio, 19/4/10) que no hay base constitucional para que el Ejército despliegue funciones policiacas, que la policialización del Ejército entraña enormes riesgos para el país y que no se puede desconocer que la que llama institución fundamental del Estado fue sometida por Calderón a un desgaste brutal, pues los señalamientos de violaciones a los derechos humanos le han generado un enorme descrédito, además de que las fuerzas armadas han sido claramente infiltradas por el narco.
8. El escenario actual se agrava mucho más, y al parecer eso se empieza a entender, tanto por la cólera creciente de los militares ante su propia ineficiencia, determinada por su actuación en un marco de ilegalidad y por su subordinación de hecho a la DEA y a la FBI, como por las críticas que se les hacen desde todos los horizontes sociales y políticos. La expresión de un alto mando militar, señalando que para ellos ésta es una guerra y que se encuentran en las calles para atacar, por lo que exigen un marco jurídico que los avale (La Jornada, 19/4/10), reitera, una vez más, que la situación ha llegado a sus límites y que el Ejército debe regresar a sus cuarteles.
9. El otro aspecto del embrollo en el que se hallan metidos los integrantes del gobierno panista lo constituye el del fuero militar, que instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están exigiendo se suprima en México a fin de que la justicia ordinaria pueda procesar a los militares que están cometiendo innumerables delitos contra la población civil, supresión a la que se opone Calderón y que ahora busca legitimar con una nueva iniciativa legal. La iniciativa blanquiazul para modificar el Código de Justicia Militar busca hacer creer que en el futuro los militares podrían ser juzgados por tribunales del fuero común para cumplir con la exigencia internacional, pero en los hechos aspira a hacerlo imposible.
10. El clamor civilizado, tanto de juristas como de organizaciones sociales, es el mismo del pueblo: debe ponerse un alto a la militarización del país y el Ejército debe retornar de inmediato a los cuarteles, y no debe ser la obcecación.
De pedofilia y aborto
GABRIELA RODRÍGUEZ
Muchas veces me he preguntado: ¿qué pasa por la mente de un pedófilo? ¿Qué placer especial encuentra en abusar y violar a una persona menor? Me queda claro que estas cuestiones todavía no tienen respuesta, al menos en el campo del conocimiento científico; como dice Jeffrey Weeks: cuanto más hábiles somos para hablar de sexualidad, mayores son las dificultades que encontramos al tratar de comprenderla. Y esto no se debe a que el sexo sea intrínsecamente malo, sino al hecho de que es un crisol de sentimientos poderosos, la experiencia sexual es muy subjetiva (Sexualidad, Paidós/UNAM, México, 1998).
Las opiniones recientes de Felipe Arizmendi son una aportación testimonial que de alguna manera nos acerca a los sentimientos y a la idea de sexualidad de un adulto que ha hecho voto de castidad y que siente una poderosa atracción sexual hacia los niños: Ante tanta invasión de erotismo no es fácil mantenerse fiel tanto en el celibato como en el respeto a los niños y señaló que con el uso de Internet, donde circula la pornografía, es difícil que los curas y cualquier persona se mantengan célibes y fieles:
Cuando hablamos de libertinaje sexual generalizado que tenga que ver con la pederastia no es que queramos culpar a la sociedad o quitarnos las culpas que podamos tener, sino reconocer la liberalidad sexual del mundo en general que ha disminuido las fuerzas morales con las que tratamos de educar a los jóvenes en los seminarios. Ante tanta invasión de erotismo no es fácil mantenerse fiel tanto en el celibato como en el respeto a los niños (Milenio, 20/4/10).
El obispo de San Cristóbal de las Casas se refiere al erotismo como una invasión, como si fuera un ataque ofensivo que viene del exterior y que es necesario detener, frente al cual hay que defenderse porque viene a pelear con las armas de la pornografía y de Internet, a contender contra otra fuerza, un impulso casi irresistible que viene del interior y que parece ser el deseo: el deseo sexual hacia los niños, impulso tan irresistible que impide ser respetuoso, aun con los menores de edad. Esta última idea es la más peligrosa y es digna del mayor escándalo social: la incapacidad de satisfacer el deseo respetando al otro, la imposibilidad de reconocer que en las relaciones sexuales hay otra persona, otro ser humano que tiene sentimientos y deseos propios, que tiene derecho a decidir.
Por si fuera poco, las declaraciones de Arizmendi fueron más amplias: cuestionó los libros de texto de educación sexual porque en vez de dar una educación moral sólo dan información sexual genital. No me quiero imaginar lo que se lograría si la Secretaría de Educación Pública introdujera las ideas de sexualidad de Felipe Arizmendi: habría que quitar los valores de respeto, libertad y solidaridad que fueron introducidos en los programas y los libros de texto de Ciencias y de Formación Cívica y Ética, apenas en 1998; además, habría que dejar de explicar los órganos sexuales de las niñas y los niños, a fin de que no se enteren de qué maneras los pueden violar.
Así debe pensar también el padrastro que violó y embarazó a su hijastra de 10 años de edad en Quintana Roo, y debe coincidir con la titular estatal del DIF, Lizbeth Gamboa, quien en vez de respetar a la chiquita, de darle atención sicológica y de hacerle ver (a ella y a su madre) que tiene derecho a interrumpir el embarazo; de continuarlo o darlo en adopción, sencillamente se le está obligando a ser madre del hijo de su violador.
¡Qué bueno que en la ciudad de México existe el derecho a la interrupción legal del embarazo desde hace tres años! En especial, el aborto con medicamentos es ejemplo de democratización en la relación médico-paciente: el doctor entrega el poder a las mujeres para que tomen en casa el medicamento con el apoyo de familiares y de una buena consejera, de un centro telefónico en caso de urgencia, y con acceso a una red de hospitales adonde puede acudir. Un servicio que se ha diseñado con base en el respeto a las mujeres, incluyendo a las menores.
LUIS JAVIER GARRIDO
Las perspectivas de México en 2010 no podían ser peores, pues la presión nacional e internacional están haciendo mella en el proyecto panista de incrementar la militarización de México con vistas a las elecciones de 2012, y el gobierno de facto está perdiendo los estribos mientras la economía se hunde en el desastre.
1. Las críticas en México y en el exterior por la violencia y la ilegalidad en que el gobierno de Felipe Calderón ha hundido al país, aceptando por móviles facciosos el escenario de la colombianización que se le impuso desde Estados Unidos, están siendo respondidas desde Los Pinos, primero con una vastísima campaña propagandística negando la gravedad de lo que acontece y luego pretendiendo reformar, con una legislación secundaria, expedida al vapor, el marco jurídico del país para tratar de paliar la anticonstitucionalidad de su proceder y la ilegalidad en la que está actuando, pero nada de ello resuelve el fondo de la cuestión. Todos los días hay decenas de muertos en Monterrey o en Cuernavaca, en Acapulco o en Ciudad Juárez, y en su mayoría son víctimas inocentes.
2. La campaña propagandística de Calderón ha fracasado tanto en México como en el extranjero por la gravedad de lo que acontece, y a las críticas cada vez más enérgicas de organismos internacionales y de innumerables organizaciones defensoras de los derechos humanos, se suman ya las de instancias del gobierno estadunidense, descontentas con la torpeza con que el gobierno de Calderón ha manejado el problema, e incluso las de voceros del sector empresarial que manifiestan abiertamente que la supuesta guerra contra el narcotráfico está dañando seriamente las estructuras económicas del país y, por consiguiente, sus intereses.
3. El debate público que se abrió el miércoles 21 al incrementarse las críticas de sectores empresariales por el manejo de la economía y de la seguridad pública que ha tenido el gobierno de Calderón solamente son respondidas con cifras mentirosas sobre el desempleo y las inversiones, que, por otra parte, son desmentidas todos los días, lo que confirma que el gobierno de facto tiene una cerrazón absoluta para cambiar de rumbo y ya muy poca viabililidad.
4. La constante del gobierno de negar el hecho central de que las principales víctimas de la violencia oficial se hallan en la población civil, y no precisamente por errores de quienes no están capacitados para fungir de policías, empieza a cambiar con una nueva demagogia, pero esto en nada modifica la gravísima situación. Calderón minimizó obcecado el viernes 16 la muerte de civiles, señalando mentirosamente que se producen en escenarios de fuego cruzado, cuando las evidencias muestran los casos de innumerables matanzas de inocentes, y el miércoles 21 trató de corregirse, creyendo que la simple propaganda puede cambiar la realidad.
5. El caso Sabina ilustra con claridad la impotencia oficial para hacer valer sus tesis inaceptables, pues no logró persuadir al artista, al que amenazó primero con una campaña en los medios de expulsarlo de México, aplicándole el artículo 33, y luego buscó congraciarse con zalamerías. El compositor e intérprete cometió dos errores a su llegada a México: el primero, cuando al manifestar su indignación por el hecho de que el gobierno utilice ilegalmente como cuerpo policial para luchar contra el narcotráfico a las fuerzas armadas que han cometido todo género de exacciones, atribuyó equivocadamente esta decisión a una supuesta ingenuidad de Calderón, cuando la militarización de México es un proyecto deliberado impuesto desde Washington para aterrorizar al pueblo, que Calderón ha hecho suyo por móviles facciosos, y el segundo fue aceptar platicar en una comilona con aquél al que la historia mexicana va a reconocer, aunque haya sido de facto, como uno de los gobernantes más sanguinarios, aunque al final Sabina haya tenido un gran acierto: mantenerse firme en su actitud crítica.
6. La segunda pretensión absurda de Calderón y de sus asesores está siendo ahora pretender que el Congreso les expida una Ley de Seguridad Nacional a modo, redactada sobre las rodillas, en la que se busque legalizar las actividades policiales de las fuerzas armadas, lo que de entrada sería anticonstitucional, pues la Constitución de 1917, conforme a la doctrina universal, asigna, por un lado, a la Policía Judicial, ahora rebautizada como Policía Federal (tras fusionarse la PFP con la AFI), la función de investigar los delitos, y por el otro lado prohíbe de manera tajante al Ejército cualquier función de tipo policial como las que los panistas lo están obligando a hacer.
7. Mucho más absurda es la pretensión calderoniana de pedir al PRI que lo ayude a salir de la gravísima situación en la que se halla, cuando, por una parte, con vistas a las elecciones locales de julio ha forjado una alianza con la corrupta cúpula del PRD para vencerlo e impulsa en los medios la enésima campaña de desprestigio contra el priísmo, y por la otra quiere ignorar la postura ya conocida del Institucional ante el problema. El senador Pedro Joaquín Coldwell, priísta prominente, escribía hace poco a Héctor Aguilar Camín (Milenio, 19/4/10) que no hay base constitucional para que el Ejército despliegue funciones policiacas, que la policialización del Ejército entraña enormes riesgos para el país y que no se puede desconocer que la que llama institución fundamental del Estado fue sometida por Calderón a un desgaste brutal, pues los señalamientos de violaciones a los derechos humanos le han generado un enorme descrédito, además de que las fuerzas armadas han sido claramente infiltradas por el narco.
8. El escenario actual se agrava mucho más, y al parecer eso se empieza a entender, tanto por la cólera creciente de los militares ante su propia ineficiencia, determinada por su actuación en un marco de ilegalidad y por su subordinación de hecho a la DEA y a la FBI, como por las críticas que se les hacen desde todos los horizontes sociales y políticos. La expresión de un alto mando militar, señalando que para ellos ésta es una guerra y que se encuentran en las calles para atacar, por lo que exigen un marco jurídico que los avale (La Jornada, 19/4/10), reitera, una vez más, que la situación ha llegado a sus límites y que el Ejército debe regresar a sus cuarteles.
9. El otro aspecto del embrollo en el que se hallan metidos los integrantes del gobierno panista lo constituye el del fuero militar, que instancias internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, están exigiendo se suprima en México a fin de que la justicia ordinaria pueda procesar a los militares que están cometiendo innumerables delitos contra la población civil, supresión a la que se opone Calderón y que ahora busca legitimar con una nueva iniciativa legal. La iniciativa blanquiazul para modificar el Código de Justicia Militar busca hacer creer que en el futuro los militares podrían ser juzgados por tribunales del fuero común para cumplir con la exigencia internacional, pero en los hechos aspira a hacerlo imposible.
10. El clamor civilizado, tanto de juristas como de organizaciones sociales, es el mismo del pueblo: debe ponerse un alto a la militarización del país y el Ejército debe retornar de inmediato a los cuarteles, y no debe ser la obcecación.
De pedofilia y aborto
GABRIELA RODRÍGUEZ
Muchas veces me he preguntado: ¿qué pasa por la mente de un pedófilo? ¿Qué placer especial encuentra en abusar y violar a una persona menor? Me queda claro que estas cuestiones todavía no tienen respuesta, al menos en el campo del conocimiento científico; como dice Jeffrey Weeks: cuanto más hábiles somos para hablar de sexualidad, mayores son las dificultades que encontramos al tratar de comprenderla. Y esto no se debe a que el sexo sea intrínsecamente malo, sino al hecho de que es un crisol de sentimientos poderosos, la experiencia sexual es muy subjetiva (Sexualidad, Paidós/UNAM, México, 1998).
Las opiniones recientes de Felipe Arizmendi son una aportación testimonial que de alguna manera nos acerca a los sentimientos y a la idea de sexualidad de un adulto que ha hecho voto de castidad y que siente una poderosa atracción sexual hacia los niños: Ante tanta invasión de erotismo no es fácil mantenerse fiel tanto en el celibato como en el respeto a los niños y señaló que con el uso de Internet, donde circula la pornografía, es difícil que los curas y cualquier persona se mantengan célibes y fieles:
Cuando hablamos de libertinaje sexual generalizado que tenga que ver con la pederastia no es que queramos culpar a la sociedad o quitarnos las culpas que podamos tener, sino reconocer la liberalidad sexual del mundo en general que ha disminuido las fuerzas morales con las que tratamos de educar a los jóvenes en los seminarios. Ante tanta invasión de erotismo no es fácil mantenerse fiel tanto en el celibato como en el respeto a los niños (Milenio, 20/4/10).
El obispo de San Cristóbal de las Casas se refiere al erotismo como una invasión, como si fuera un ataque ofensivo que viene del exterior y que es necesario detener, frente al cual hay que defenderse porque viene a pelear con las armas de la pornografía y de Internet, a contender contra otra fuerza, un impulso casi irresistible que viene del interior y que parece ser el deseo: el deseo sexual hacia los niños, impulso tan irresistible que impide ser respetuoso, aun con los menores de edad. Esta última idea es la más peligrosa y es digna del mayor escándalo social: la incapacidad de satisfacer el deseo respetando al otro, la imposibilidad de reconocer que en las relaciones sexuales hay otra persona, otro ser humano que tiene sentimientos y deseos propios, que tiene derecho a decidir.
Por si fuera poco, las declaraciones de Arizmendi fueron más amplias: cuestionó los libros de texto de educación sexual porque en vez de dar una educación moral sólo dan información sexual genital. No me quiero imaginar lo que se lograría si la Secretaría de Educación Pública introdujera las ideas de sexualidad de Felipe Arizmendi: habría que quitar los valores de respeto, libertad y solidaridad que fueron introducidos en los programas y los libros de texto de Ciencias y de Formación Cívica y Ética, apenas en 1998; además, habría que dejar de explicar los órganos sexuales de las niñas y los niños, a fin de que no se enteren de qué maneras los pueden violar.
Así debe pensar también el padrastro que violó y embarazó a su hijastra de 10 años de edad en Quintana Roo, y debe coincidir con la titular estatal del DIF, Lizbeth Gamboa, quien en vez de respetar a la chiquita, de darle atención sicológica y de hacerle ver (a ella y a su madre) que tiene derecho a interrumpir el embarazo; de continuarlo o darlo en adopción, sencillamente se le está obligando a ser madre del hijo de su violador.
¡Qué bueno que en la ciudad de México existe el derecho a la interrupción legal del embarazo desde hace tres años! En especial, el aborto con medicamentos es ejemplo de democratización en la relación médico-paciente: el doctor entrega el poder a las mujeres para que tomen en casa el medicamento con el apoyo de familiares y de una buena consejera, de un centro telefónico en caso de urgencia, y con acceso a una red de hospitales adonde puede acudir. Un servicio que se ha diseñado con base en el respeto a las mujeres, incluyendo a las menores.
Asesinato de estudiantes del Tec: Se impone la opacidad
Arturo Rodríguez García
MONTERREY, N.L., 22 de abril (apro).- A más de un mes del asesinato de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, ocurrido el pasado 19 de marzo en las inmediaciones del campus universitario, una serie de contradicciones entre funcionarios estatales y federales, así como de directivos de planteles educativos, hacen que el crimen permanezca en la opacidad.
El caso se ha complicado debido al ocultamiento de pruebas, desaparición de documentos y la falta de rigor en la investigación por parte de las autoridades.
Persisten aún las dudas sobre el momento, lugar y forma en que murieron los estudiantes. También, en el caso de la desaparición de identificaciones, el intento por hacerlos pasar como sicarios y, sobre todo, las sospechas de la señora Elvia Mercado Alonso, quien considera que su único hijo, Jorge Antonio, podría haber sido torturado.
El pasado 22 de marzo, durante el funeral de los estudiantes en Saltillo, Coahuila, la señora Mercado dijo que el rostro de su hijo “tenía facciones muy exquisitas”, pero que en la identificación del cuerpo, se le mostró una cara tan amoratada que parecía que lo habían arrastrado y que “ni siquiera con el maquillaje de la funeraria se parecía”.
Del lapso de cuatro a cinco horas, a partir de las 12:30 de la noche de ese día, nadie ha explicado que ocurrió con los cuerpos: si fueron removidos, o si los jóvenes permanecían con vida y luego fueron ultimados.
A una pregunta sobre la remoción de la escena del crimen con fines de encubrimiento, planteada por la periodista Denise Maerker en una entrevista realizada con Rafael Rangel Sostmann, rector del ITESM, para el programa “Punto de Partida”, éste dijo:
“A mí me preocupa, pues, qué hiciste en cuatro horas, cinco horas. Vamos a suponer que se acostaron a dormir. De todas maneras me preocupa porque son cinco horas que nadie más vio qué estás haciendo y sucedió algo. Había dos muertos allí y cómo que en cuatro horas, cinco horas, nadie más sabe. No sabemos que pasó (sic)”.
El caso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) que hasta ahora no ha dado a conocer detalles de la investigación que inició el pasado 20 de marzo, cuando los cuerpos de los estudiantes ya eran velados y la escena del crimen se había contaminado.
Ni siquiera Rangel Sostmann sabe si se les practicó la autopsia, aunque sostiene que el cuerpo de Arredondo Verdugo fue desmembrado por una granada, mientras que el de Jorge Antonio recibió impactos de bala.
Además, la señora Mercado Alonso afirmó que la identificación del cuerpo de su hijo no fue directa, sino a través de fotografías mostradas en la pantalla de una computadora.
Ante esta situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió, el pasado 25 de marzo, que se aplicaran medidas cautelares en la preservación de las pruebas sobre lo ocurrido. .
El video de las cámaras de seguridad, que podía mostrar cómo ocurrieron los hechos, fue entregado por los guardias del ITESM al Ejército, que, a pesar de las demandas, se ha negado a hacerlo público.
Lo mismo ocurre con las identificaciones de los jóvenes, que jamás aparecieron. Según personal del Grupo Multimedios, existe otro video que no fue incorporado a la indagatoria ni difundido por esa empresa.
Presuntamente, el video captó un ataque a elementos del Ejército, cuando había cesado el fuego. Desde lo alto de un paso a desnivel, un comando disparó y arrojó una granada al sitio que peinaban soldados y reporteros. Inclusive, motivó la renuncia de reporteros.
El 25 de marzo, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, dijo que estaba fallando la coordinación y las técnicas de investigación y que se carecía de estrategias que garantizaran la seguridad de la población.
Plascencia lanzó un ultimátum para que, a más tardar el 21 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional, informara sobre los hechos ocurridos la noche del 19 de marzo en el ITESM, lo que no ha ocurrido.
La opacidad
Para el propio Rangel Sostmann, la actuación de las autoridades fue opaca, pues desde un principio un informe militar, que le mostró el procurador de Justicia de la entidad, Alejandro Garza y Garza, asentaba que en la refriega fueron abatidos dos sicarios que no eran estudiantes del ITESM.
“Tontamente, les creímos”, dijo Rangel Sostmann a la revista Proceso días después del crimen.
Luego de que los padres de familia reconocieran el cuerpo de sus hijos, Rangel emitió un nuevo comunicado rectificando la versión. Inclusive, reveló que cuando preguntó a Garza y Garza por qué creía que eran sicarios y no estudiantes, éste le respondió que les habían hecho pruebas de parafina.
Días después, el gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, acusó a la PGR de haber identificado a los jóvenes como sicarios. Sin embargo, fue el propio procurador Garza y Garza quien desmintió al mandatario, al reiterar que fue el Ejército.
Los cuestionamientos de Rangel Sostmann se han dirigido al encubrimiento que, desde un principio, se materializó en hacer quedar a los jóvenes modelo (becarios de excelencia, campeones deportivos), como sicarios. Afirmó:
“Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin menor investigación” (Proceso 1743).
Al momento de la balacera, a través de la red social Twitter hubo reportes de alumnos del ITESM, que advertían sobre un tiroteo con duración de una hora, mientras permanecían escondidos en la biblioteca, un túnel o en los cubículos de trabajo.
Al respecto, Rangel Sostmann ha minimizado los reclamos al interior de la institución.
El diario El Norte, de Grupo Reforma, localizó al estudiante del ITESM, que afirmó en esa red social que escuchó la comunicación por radio entre guardias, en la que se dijo que había caído un segundo estudiante.
El pasado 23 de marzo, durante un homenaje a los estudiantes muertos, Rangel Sostmann pidió que se dejaran atrás los reclamos y los cuestionamientos por la información que podrían haber tenido los guardias.
También pidió evitar protestas porque, dijo, era mejor proponer. Inclusive, maestros e investigadores del ITESM comentaron a este corresponsal que, desde el lunes 22 de marzo, los directivos exigieron que se conminara a los alumnos a evitar protestas.
Entre otras consideraciones, Rangel Sostmann dijo, en su discurso del 23 de marzo, que no era tiempo de buscar culpables.
El jueves 25, convocó a la protesta oficial para el domingo 11 de abril, donde, a través de la Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP), se establecería un programa de propuestas de todo el sistema.
La protesta oficial convocada por Rangel Sostmann convocó a un gran número de personas frente al campus del ITESM en esta ciudad y concluyó en el Estadio Tecnológico, sede del equipo Monterrey.
Ahí se presentó el lema del caso, según la lógica del rector: “propuesta, no protesta”, en un acto llamado “Movimiento por el Cambio”:
“El cambio soy yo, yo lo propongo y yo lo hago”, dijo.
En su discurso, Rangel Sostmann abordó los temas de la desigualdad y la pobreza, ante lo que “nos hemos vuelto indiferentes”. Criticó la corrupción en la sociedad y hasta a la familia por delegar la formación de sus hijos a las escuelas.
A los funcionarios públicos los recriminó por ocuparse de sus intereses personales y partidistas. Y a los medios de comunicación, por manejar la información y el “amarillismo” para aumentar sus ventas sin informar correctamente a la población ni formar opinión.
Dijo: “La inseguridad que padecemos es el resultado de que hemos degradado nuestros valores y principios y hemos aceptado la degradación como algo natural. Si queremos una sociedad equitativa, solidaria, participativa, justa y con paz social, debemos cambiar nuestra forma de pensar en lo individual, en lo social, en lo empresarial, en lo político, en lo educativo y en lo gubernamental”.
Luego invitó a los asistentes a seguir manifestándose y protestando, pero “haciendo un examen de conciencia de sí mismos” y “a salir con propuestas y soluciones, no sólo con reclamos y exigencias”.
“Todos somos parte del problema y todos hemos contribuido a la situación de inseguridad que padecemos”, subrayó, y pidió dignificar “la importante labor del policía y del militar”.
Los estudiantes muertos apenas le merecieron una mención de dos párrafos en un discurso de 10 cuartillas: “Defender el honor de nuestros estudiantes”, dijo, pero eso sí, en el entendido de que “todos somos responsables” de lo que ocurre. “Debemos comprometernos” para que en el resto del país no suceda lo que a Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo”.
Arturo Rodríguez García
MONTERREY, N.L., 22 de abril (apro).- A más de un mes del asesinato de los estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Francisco Javier Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, ocurrido el pasado 19 de marzo en las inmediaciones del campus universitario, una serie de contradicciones entre funcionarios estatales y federales, así como de directivos de planteles educativos, hacen que el crimen permanezca en la opacidad.
El caso se ha complicado debido al ocultamiento de pruebas, desaparición de documentos y la falta de rigor en la investigación por parte de las autoridades.
Persisten aún las dudas sobre el momento, lugar y forma en que murieron los estudiantes. También, en el caso de la desaparición de identificaciones, el intento por hacerlos pasar como sicarios y, sobre todo, las sospechas de la señora Elvia Mercado Alonso, quien considera que su único hijo, Jorge Antonio, podría haber sido torturado.
El pasado 22 de marzo, durante el funeral de los estudiantes en Saltillo, Coahuila, la señora Mercado dijo que el rostro de su hijo “tenía facciones muy exquisitas”, pero que en la identificación del cuerpo, se le mostró una cara tan amoratada que parecía que lo habían arrastrado y que “ni siquiera con el maquillaje de la funeraria se parecía”.
Del lapso de cuatro a cinco horas, a partir de las 12:30 de la noche de ese día, nadie ha explicado que ocurrió con los cuerpos: si fueron removidos, o si los jóvenes permanecían con vida y luego fueron ultimados.
A una pregunta sobre la remoción de la escena del crimen con fines de encubrimiento, planteada por la periodista Denise Maerker en una entrevista realizada con Rafael Rangel Sostmann, rector del ITESM, para el programa “Punto de Partida”, éste dijo:
“A mí me preocupa, pues, qué hiciste en cuatro horas, cinco horas. Vamos a suponer que se acostaron a dormir. De todas maneras me preocupa porque son cinco horas que nadie más vio qué estás haciendo y sucedió algo. Había dos muertos allí y cómo que en cuatro horas, cinco horas, nadie más sabe. No sabemos que pasó (sic)”.
El caso fue atraído por la Procuraduría General de la República (PGR) que hasta ahora no ha dado a conocer detalles de la investigación que inició el pasado 20 de marzo, cuando los cuerpos de los estudiantes ya eran velados y la escena del crimen se había contaminado.
Ni siquiera Rangel Sostmann sabe si se les practicó la autopsia, aunque sostiene que el cuerpo de Arredondo Verdugo fue desmembrado por una granada, mientras que el de Jorge Antonio recibió impactos de bala.
Además, la señora Mercado Alonso afirmó que la identificación del cuerpo de su hijo no fue directa, sino a través de fotografías mostradas en la pantalla de una computadora.
Ante esta situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), pidió, el pasado 25 de marzo, que se aplicaran medidas cautelares en la preservación de las pruebas sobre lo ocurrido. .
El video de las cámaras de seguridad, que podía mostrar cómo ocurrieron los hechos, fue entregado por los guardias del ITESM al Ejército, que, a pesar de las demandas, se ha negado a hacerlo público.
Lo mismo ocurre con las identificaciones de los jóvenes, que jamás aparecieron. Según personal del Grupo Multimedios, existe otro video que no fue incorporado a la indagatoria ni difundido por esa empresa.
Presuntamente, el video captó un ataque a elementos del Ejército, cuando había cesado el fuego. Desde lo alto de un paso a desnivel, un comando disparó y arrojó una granada al sitio que peinaban soldados y reporteros. Inclusive, motivó la renuncia de reporteros.
El 25 de marzo, el presidente de la CNDH, Raúl Plascencia, dijo que estaba fallando la coordinación y las técnicas de investigación y que se carecía de estrategias que garantizaran la seguridad de la población.
Plascencia lanzó un ultimátum para que, a más tardar el 21 de abril, la Secretaría de la Defensa Nacional, informara sobre los hechos ocurridos la noche del 19 de marzo en el ITESM, lo que no ha ocurrido.
La opacidad
Para el propio Rangel Sostmann, la actuación de las autoridades fue opaca, pues desde un principio un informe militar, que le mostró el procurador de Justicia de la entidad, Alejandro Garza y Garza, asentaba que en la refriega fueron abatidos dos sicarios que no eran estudiantes del ITESM.
“Tontamente, les creímos”, dijo Rangel Sostmann a la revista Proceso días después del crimen.
Luego de que los padres de familia reconocieran el cuerpo de sus hijos, Rangel emitió un nuevo comunicado rectificando la versión. Inclusive, reveló que cuando preguntó a Garza y Garza por qué creía que eran sicarios y no estudiantes, éste le respondió que les habían hecho pruebas de parafina.
Días después, el gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, acusó a la PGR de haber identificado a los jóvenes como sicarios. Sin embargo, fue el propio procurador Garza y Garza quien desmintió al mandatario, al reiterar que fue el Ejército.
Los cuestionamientos de Rangel Sostmann se han dirigido al encubrimiento que, desde un principio, se materializó en hacer quedar a los jóvenes modelo (becarios de excelencia, campeones deportivos), como sicarios. Afirmó:
“Yo, Rafael Rangel, sostengo que, por pura ley de probabilidades, debe haber muchas víctimas en el país que están sufriendo lo mismo que nuestros estudiantes. Los defendimos, pero el problema es que hay muchos a quienes no los defienden y sus crímenes quedan impunes, con un carpetazo, sin menor investigación” (Proceso 1743).
Al momento de la balacera, a través de la red social Twitter hubo reportes de alumnos del ITESM, que advertían sobre un tiroteo con duración de una hora, mientras permanecían escondidos en la biblioteca, un túnel o en los cubículos de trabajo.
Al respecto, Rangel Sostmann ha minimizado los reclamos al interior de la institución.
El diario El Norte, de Grupo Reforma, localizó al estudiante del ITESM, que afirmó en esa red social que escuchó la comunicación por radio entre guardias, en la que se dijo que había caído un segundo estudiante.
El pasado 23 de marzo, durante un homenaje a los estudiantes muertos, Rangel Sostmann pidió que se dejaran atrás los reclamos y los cuestionamientos por la información que podrían haber tenido los guardias.
También pidió evitar protestas porque, dijo, era mejor proponer. Inclusive, maestros e investigadores del ITESM comentaron a este corresponsal que, desde el lunes 22 de marzo, los directivos exigieron que se conminara a los alumnos a evitar protestas.
Entre otras consideraciones, Rangel Sostmann dijo, en su discurso del 23 de marzo, que no era tiempo de buscar culpables.
El jueves 25, convocó a la protesta oficial para el domingo 11 de abril, donde, a través de la Escuela de Graduados en Administración Pública (EGAP), se establecería un programa de propuestas de todo el sistema.
La protesta oficial convocada por Rangel Sostmann convocó a un gran número de personas frente al campus del ITESM en esta ciudad y concluyó en el Estadio Tecnológico, sede del equipo Monterrey.
Ahí se presentó el lema del caso, según la lógica del rector: “propuesta, no protesta”, en un acto llamado “Movimiento por el Cambio”:
“El cambio soy yo, yo lo propongo y yo lo hago”, dijo.
En su discurso, Rangel Sostmann abordó los temas de la desigualdad y la pobreza, ante lo que “nos hemos vuelto indiferentes”. Criticó la corrupción en la sociedad y hasta a la familia por delegar la formación de sus hijos a las escuelas.
A los funcionarios públicos los recriminó por ocuparse de sus intereses personales y partidistas. Y a los medios de comunicación, por manejar la información y el “amarillismo” para aumentar sus ventas sin informar correctamente a la población ni formar opinión.
Dijo: “La inseguridad que padecemos es el resultado de que hemos degradado nuestros valores y principios y hemos aceptado la degradación como algo natural. Si queremos una sociedad equitativa, solidaria, participativa, justa y con paz social, debemos cambiar nuestra forma de pensar en lo individual, en lo social, en lo empresarial, en lo político, en lo educativo y en lo gubernamental”.
Luego invitó a los asistentes a seguir manifestándose y protestando, pero “haciendo un examen de conciencia de sí mismos” y “a salir con propuestas y soluciones, no sólo con reclamos y exigencias”.
“Todos somos parte del problema y todos hemos contribuido a la situación de inseguridad que padecemos”, subrayó, y pidió dignificar “la importante labor del policía y del militar”.
Los estudiantes muertos apenas le merecieron una mención de dos párrafos en un discurso de 10 cuartillas: “Defender el honor de nuestros estudiantes”, dijo, pero eso sí, en el entendido de que “todos somos responsables” de lo que ocurre. “Debemos comprometernos” para que en el resto del país no suceda lo que a Jorge Antonio Mercado Alonso y Francisco Javier Arredondo Verdugo”.
