YA VEREMOS...
23 abr 2010
Militares que violen derechos en la lucha antinarco enfrentarán a la justicia civil
Fracasa intento de Gómez Mont para que los legisladores esperaran la iniciativa del Ejecutivo
ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Viernes 23 de abril de 2010, p. 10
La Cámara de Senadores aprobó anoche en comisiones, en lo general, la ley de seguridad nacional, por la cual se legaliza la participación temporal del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y se establece que los militares que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales del fuero común.
No obstante que por la mañana el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, solicitó a los senadores que no tocaran el fuero militar y que esperaran la iniciativa de Presidencia, la mayoría de PRI, PRD y PAN aprobó una redacción, que remite a la Constitución y los tratados internacionales, con la finalidad de que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan violaciones graves a los derechos humanos de ciudadanos en operativos contra el narcotráfico, respondan por esos actos ante el fuero común.
El senador Pablo Gómez, del PRD, votó en contra. Consideró que la modificación debía ir más a fondo, ya que no puede legalizarse que los militares sigan en tareas policiacas, aunque sea de forma temporal y reglamentada, sin asegurar la protección de derechos básicos de la población.
También el senador Felipe González, del PAN, votó en contra del artículo 72; fundamentalmente porque pretendía que no se tocara el fuero militar.
Su compañero de bancada Santiago Creel propuso que se remitieran a la Constitución; pero el perredista René Arce insistió en que no se podía aprobar el dictamen sobre la ley de seguridad nacional sin normar un punto tan delicado como la protección de los civiles, sobre todo en la actual coyuntura, en que han muerto ciudadanos inocentes en fuego cruzado entre el Ejército y los delincuentes.
Arce destacó que puede presentarse una situación más delicada en la que muchos civiles resulten afectados, y los responsables no sólo serán los militares, sino los legisladores que no reglamentaron su actuación.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, presentó una propuesta de redacción del artículo 72 de la ley, que salvó la discusión y logró el voto de la mayoría de los perredistas:
En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a la que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales.
El artículo 13 constitucional señala que cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Y el artículo 133 determina la vigencia de los tratados internacionales, y se menciona como referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al gobierno mexicano a cambiar la legislación en materia de fuero militar.
En la reunión de ayer de las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Estudios Legislativos segunda se aprobó también que una vez promulgada la ley, habrá un plazo de 90 días para el retiro definitivo del Ejército a los cuarteles y sólo podrán permanecer aquellos que cumplan con las nuevas disposiciones.
Es decir, que el Congreso local solicite apoyo del Ejército al Consejo Nacional de Seguridad Nacional y que éste emita una declaratoria de afectación a la seguridad interior, que permitiría a los militares auxiliar a la autoridad civil de algún municipio, estado o región para combatir a narcotraficantes y otras bandas criminales.
Durante la discusión, que se prolongó casi cinco horas, los senadores aprobaron cambios de fondo: se eliminó el requisito de que el Senado aprobara el envío temporal de tropas a alguna entidad, y se decidió que la actuación de los militares se restringirá al combate al crimen organizado y no podrán ser convocados en caso de movimientos sindicales, sociales o político-electorales, aunque éstos provocaran alguna afectación a la seguridad interior.
En el primer proyecto de borrador que presentó Murillo Karam la semana pasada, se otorgaba al Senado la facultad de aprobar que el Ejecutivo hiciera uso del Ejército y la Armada para enviarlos a combatir el narcotráfico; pero este miércoles, en otra reunión de comisiones, presentó otro proyecto de dictamen del cual se eliminó esa propuesta.
Ayer, ese tema dividió a todas las bancadas, especialmente al PRI. Incluso el coordinador de los priístas, Manlio Fabio Beltrones, discutió en pleno salón de sesiones con Murillo y otros senadores, ante quienes insistió en que no podía darse esa facultad al Senado, que lo haría responsable también en caso de que haya muertos civiles durante los operativos militares.
También Pablo Gómez objetó ese punto, ya que la Constitución, afirmó, sólo faculta al Presidente de la República para disponer de las tropas.
Al final, en el artículo 69 se señala que el Senado sólo deberá revisar el procedimiento, para verificar que la declaratoria de afectación a la seguridad interior, que permite al Ejecutivo disponer de la fuerza armada permanente, se ajuste a la legislación. El dictamen sobre la ley se aprobó, en lo general, por mayoría.
Quedó pendiente la aprobación de las normas sobre retenes militares, pero los legisladores acordaron que el lunes próximo presentarán un texto alterno con la finalidad de que el dictamen se presente en primera lectura en la sesión del martes.
Fracasa intento de Gómez Mont para que los legisladores esperaran la iniciativa del Ejecutivo
ANDREA BECERRIL Y VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Viernes 23 de abril de 2010, p. 10
La Cámara de Senadores aprobó anoche en comisiones, en lo general, la ley de seguridad nacional, por la cual se legaliza la participación temporal del Ejército en la lucha contra el narcotráfico y se establece que los militares que cometan delitos contra civiles sean juzgados en tribunales del fuero común.
No obstante que por la mañana el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, solicitó a los senadores que no tocaran el fuero militar y que esperaran la iniciativa de Presidencia, la mayoría de PRI, PRD y PAN aprobó una redacción, que remite a la Constitución y los tratados internacionales, con la finalidad de que los integrantes de las fuerzas armadas que cometan violaciones graves a los derechos humanos de ciudadanos en operativos contra el narcotráfico, respondan por esos actos ante el fuero común.
El senador Pablo Gómez, del PRD, votó en contra. Consideró que la modificación debía ir más a fondo, ya que no puede legalizarse que los militares sigan en tareas policiacas, aunque sea de forma temporal y reglamentada, sin asegurar la protección de derechos básicos de la población.
También el senador Felipe González, del PAN, votó en contra del artículo 72; fundamentalmente porque pretendía que no se tocara el fuero militar.
Su compañero de bancada Santiago Creel propuso que se remitieran a la Constitución; pero el perredista René Arce insistió en que no se podía aprobar el dictamen sobre la ley de seguridad nacional sin normar un punto tan delicado como la protección de los civiles, sobre todo en la actual coyuntura, en que han muerto ciudadanos inocentes en fuego cruzado entre el Ejército y los delincuentes.
Arce destacó que puede presentarse una situación más delicada en la que muchos civiles resulten afectados, y los responsables no sólo serán los militares, sino los legisladores que no reglamentaron su actuación.
El presidente de la Comisión de Gobernación, Jesús Murillo Karam, presentó una propuesta de redacción del artículo 72 de la ley, que salvó la discusión y logró el voto de la mayoría de los perredistas:
En las tareas de auxilio de la fuerza armada permanente a la que se refiere este título, las conductas que sus miembros realicen y pudieran ser constitutivas de delito, que afecten a personas civiles, serán perseguidas y sancionadas por los tribunales competentes, con estricta observancia de los principios de objetividad, independencia, imparcialidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 13 y 133 constitucionales.
El artículo 13 constitucional señala que cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda. Y el artículo 133 determina la vigencia de los tratados internacionales, y se menciona como referencia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sentenció al gobierno mexicano a cambiar la legislación en materia de fuero militar.
En la reunión de ayer de las comisiones de Gobernación, Seguridad Pública y Estudios Legislativos segunda se aprobó también que una vez promulgada la ley, habrá un plazo de 90 días para el retiro definitivo del Ejército a los cuarteles y sólo podrán permanecer aquellos que cumplan con las nuevas disposiciones.
Es decir, que el Congreso local solicite apoyo del Ejército al Consejo Nacional de Seguridad Nacional y que éste emita una declaratoria de afectación a la seguridad interior, que permitiría a los militares auxiliar a la autoridad civil de algún municipio, estado o región para combatir a narcotraficantes y otras bandas criminales.
Durante la discusión, que se prolongó casi cinco horas, los senadores aprobaron cambios de fondo: se eliminó el requisito de que el Senado aprobara el envío temporal de tropas a alguna entidad, y se decidió que la actuación de los militares se restringirá al combate al crimen organizado y no podrán ser convocados en caso de movimientos sindicales, sociales o político-electorales, aunque éstos provocaran alguna afectación a la seguridad interior.
En el primer proyecto de borrador que presentó Murillo Karam la semana pasada, se otorgaba al Senado la facultad de aprobar que el Ejecutivo hiciera uso del Ejército y la Armada para enviarlos a combatir el narcotráfico; pero este miércoles, en otra reunión de comisiones, presentó otro proyecto de dictamen del cual se eliminó esa propuesta.
Ayer, ese tema dividió a todas las bancadas, especialmente al PRI. Incluso el coordinador de los priístas, Manlio Fabio Beltrones, discutió en pleno salón de sesiones con Murillo y otros senadores, ante quienes insistió en que no podía darse esa facultad al Senado, que lo haría responsable también en caso de que haya muertos civiles durante los operativos militares.
También Pablo Gómez objetó ese punto, ya que la Constitución, afirmó, sólo faculta al Presidente de la República para disponer de las tropas.
Al final, en el artículo 69 se señala que el Senado sólo deberá revisar el procedimiento, para verificar que la declaratoria de afectación a la seguridad interior, que permite al Ejecutivo disponer de la fuerza armada permanente, se ajuste a la legislación. El dictamen sobre la ley se aprobó, en lo general, por mayoría.
Quedó pendiente la aprobación de las normas sobre retenes militares, pero los legisladores acordaron que el lunes próximo presentarán un texto alterno con la finalidad de que el dictamen se presente en primera lectura en la sesión del martes.
Llama cardenal idiotas útiles a quienes denuncian a pedófilos
El jerarca colombiano aduce que defiende derechos humanos de curas
DPA
Periódico La Jornada
Viernes 23 de abril de 2010, p. 44
Bogotá, 22 de abril. El cardenal colombiano Darío Castrillón afirmó hoy que detrás de las denuncias contra sacerdotes por casos de pederastia se esconde una persecución contra la Iglesia católica de la que forman parte “idiotas útiles.
Es un absurdo, es una persecución contra la Iglesia. Lástima que haya idiotas útiles que se prestan para este tipo de persecución (...) La Iglesia no defiende a los pedófilos, sino los derechos humanos de los acusados, dijo el prelado desde Roma a la cadena radial RCN.
Castrillón ha sido criticado en Colombia después de que la revista francesa Golias publicó hace unos días una carta que envió en 2001 al obispo francés Pierre Pican para felicitarlo por no haber denunciado ante la justicia al sacerdote Rene Bissey, acusado de cometer abusos sexuales.
Me congratulo con usted por no haber denunciado a un cura. Usted ha actuado bien y me felicito de tener un hermano en el episcopado que, a los ojos de la historia y de todos los otros obispos del mundo, habrá preferido la prisión antes que denunciar a su hijo cura, escribió Castrillón cuando fungía como prefecto de la Congregación para el Clero en el Vaticano.
No me arrepiento
En declaraciones que publica el diario bogotano El Tiempo en su edición en Internet, Castrillón dijo que el obispo hizo lo que tenía que hacer, por lo que no se arrepiente de haber enviado esa carta.
Hizo lo que tenía que hacer. Era el padre espiritual y sacramental del sacerdote, y hay un vínculo de paternidad. El que no tiene fe no entiende esto. Él no entrega a su sacerdote y eso no significa encubrir. Él (obispo) actuó de acuerdo con nuestras leyes: lo escuchó y le quitó sus facultades como sacerdote, dijo el cardenal, tras señalar que el escrito fue aprobado por el papa Juan Pablo II.
Tras insistir en su denuncia de persecución, Castrillón expresó que no hay tanta dureza con el asesino de un niño, ni con algunas madres que ponen anticonceptivos en el morral de sus hijas que se van de paseo, pero con la Iglesia se ha desarrollado un puritanismo obsesivo.
Castrillón había sido invitado a oficiar el próximo sábado en Washington una misa con motivo del quinto aniversario del pontificado de Benedicto XVI, pero decidió no viajar ante las críticas recibidas tras la publicación de su carta.
“Yo decidí ayer por la noche que no iba (...) Me dijeron que había dificultades, que no podían garantizar plenamente la seguridad“, dijo el cardenal.
Amenazan mineros con explosión en Cananea
La redacción
MEXICO, DF, 22 de abril (apro).- Mineros de Cananea, Sonora, advirtieron que si el gobierno federal o el corporativo Grupo México intentan desalojarlos del socavón, detonarán cargas de explosivos en ese centro de labor.
En conferencia de prensa, el secretario del Trabajo del sindicato minero, Javier Zúñiga, dijo que rechazan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre considerar infundada e improcedente su queja por darse por terminada la relación laboral con Grupo México.
Zúñiga lanzó el reto: “No vamos a dejarnos, vamos a defendernos, sí estamos preparados, pero también estamos dispuestos a negociar”.
En tanto, el secretario del Interior, Sergio Beltrán Reyes, aseguró que los trabajadores están dispuestos a defenderse de la “embestida” del gobierno federal.
Aclaró que no pretenden generar un brote de violencia, pero que si las autoridades intentan el desalojo, cometerán un error.
Recordó que aún existen mil 100 amparos, por lo que a dos años y medio de haber declarado la huelga, el conflicto sigue vigente.
Beltrán Reyes acotó que “esto todavía no se acaba, los explosivos están dentro de la sala y estamos listos, no porque se haya determinado esto vamos a dejar de luchar, mucho menos cuando se tiene la razón”.
El jerarca colombiano aduce que defiende derechos humanos de curas
DPA
Periódico La Jornada
Viernes 23 de abril de 2010, p. 44
Bogotá, 22 de abril. El cardenal colombiano Darío Castrillón afirmó hoy que detrás de las denuncias contra sacerdotes por casos de pederastia se esconde una persecución contra la Iglesia católica de la que forman parte “idiotas útiles.
Es un absurdo, es una persecución contra la Iglesia. Lástima que haya idiotas útiles que se prestan para este tipo de persecución (...) La Iglesia no defiende a los pedófilos, sino los derechos humanos de los acusados, dijo el prelado desde Roma a la cadena radial RCN.
Castrillón ha sido criticado en Colombia después de que la revista francesa Golias publicó hace unos días una carta que envió en 2001 al obispo francés Pierre Pican para felicitarlo por no haber denunciado ante la justicia al sacerdote Rene Bissey, acusado de cometer abusos sexuales.
Me congratulo con usted por no haber denunciado a un cura. Usted ha actuado bien y me felicito de tener un hermano en el episcopado que, a los ojos de la historia y de todos los otros obispos del mundo, habrá preferido la prisión antes que denunciar a su hijo cura, escribió Castrillón cuando fungía como prefecto de la Congregación para el Clero en el Vaticano.
No me arrepiento
En declaraciones que publica el diario bogotano El Tiempo en su edición en Internet, Castrillón dijo que el obispo hizo lo que tenía que hacer, por lo que no se arrepiente de haber enviado esa carta.
Hizo lo que tenía que hacer. Era el padre espiritual y sacramental del sacerdote, y hay un vínculo de paternidad. El que no tiene fe no entiende esto. Él no entrega a su sacerdote y eso no significa encubrir. Él (obispo) actuó de acuerdo con nuestras leyes: lo escuchó y le quitó sus facultades como sacerdote, dijo el cardenal, tras señalar que el escrito fue aprobado por el papa Juan Pablo II.
Tras insistir en su denuncia de persecución, Castrillón expresó que no hay tanta dureza con el asesino de un niño, ni con algunas madres que ponen anticonceptivos en el morral de sus hijas que se van de paseo, pero con la Iglesia se ha desarrollado un puritanismo obsesivo.
Castrillón había sido invitado a oficiar el próximo sábado en Washington una misa con motivo del quinto aniversario del pontificado de Benedicto XVI, pero decidió no viajar ante las críticas recibidas tras la publicación de su carta.
“Yo decidí ayer por la noche que no iba (...) Me dijeron que había dificultades, que no podían garantizar plenamente la seguridad“, dijo el cardenal.
Amenazan mineros con explosión en Cananea
La redacción
MEXICO, DF, 22 de abril (apro).- Mineros de Cananea, Sonora, advirtieron que si el gobierno federal o el corporativo Grupo México intentan desalojarlos del socavón, detonarán cargas de explosivos en ese centro de labor.
En conferencia de prensa, el secretario del Trabajo del sindicato minero, Javier Zúñiga, dijo que rechazan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sobre considerar infundada e improcedente su queja por darse por terminada la relación laboral con Grupo México.
Zúñiga lanzó el reto: “No vamos a dejarnos, vamos a defendernos, sí estamos preparados, pero también estamos dispuestos a negociar”.
En tanto, el secretario del Interior, Sergio Beltrán Reyes, aseguró que los trabajadores están dispuestos a defenderse de la “embestida” del gobierno federal.
Aclaró que no pretenden generar un brote de violencia, pero que si las autoridades intentan el desalojo, cometerán un error.
Recordó que aún existen mil 100 amparos, por lo que a dos años y medio de haber declarado la huelga, el conflicto sigue vigente.
Beltrán Reyes acotó que “esto todavía no se acaba, los explosivos están dentro de la sala y estamos listos, no porque se haya determinado esto vamos a dejar de luchar, mucho menos cuando se tiene la razón”.
La vida de los jóvenes no termina si no ingresan a la universidad: jesuitas
LAURA POY SOLANO
Periódico La Jornada
Viernes 23 de abril de 2010, p. 46
En la Universidad Iberoamericana (Uia) se realiza el encuentro de los 180 rectores de las universidades jesuitas en el mundo. Por tal motivo se encuentra de visita en México Adolfo Nicolás Pachón, padre general de la Compañía de Jesús. En su primer encuentro con los medios de comunicación afirmó que, frente a un mundo donde abunda la información, prevalece una creciente superficialidad que propicia generaciones de jóvenes menos preparados para la vida académica y sin una visión crítica de la realidad.
Enfatizó que es necesario dar nuevas herramientas a la juventud para construir un camino diferente y que no sean generaciones atrapadas en la depresión o el desempleo porque no lograron ingresar a la universidad. Debemos recuperar la imaginación y crear nuevas soluciones, pues advirtió que de lo contrario estaremos renunciando a nuestro futuro.
En su visita a nuestro país, donde encabeza los trabajos de la reunión general de rectores jesuitas, que por primera ocasión se realiza en América Latina, destacó que enfrentamos un proceso de disgregación en la sociedad generado por la globalización, pero también un mundo en el que hay más información, pero se ha hecho mucho más difícil el proceso para digerirla. El ciudadano común no se hace preguntas ni se cuestiona.
Frente a las condiciones de violencia que enfrentan muchos países, Nicolás Pachón reconoció que hay un colapso de estructuras que durante siglos acompañaron a la humanidad, como la familia y la ley; instituciones resultado de miles de años de evolución y, sin embargo, hoy vemos con preocupación que se están quebrando.
Destacó que a diferencia de generaciones anteriores, a los jóvenes de hoy les cortamos las alas, porque les marcamos un sólo camino para su futuro. Como ocurre cuando desean ingresar a la universidad, y si no lo logran se sumen en la depresión. Debemos crear nuevas condiciones para decirles que su vida no acaba ahí; al contrario, se pueden construir nuevos caminos con imaginación para tener un empleo o seguir con su formación.
LAURA POY SOLANO
Periódico La Jornada
Viernes 23 de abril de 2010, p. 46
En la Universidad Iberoamericana (Uia) se realiza el encuentro de los 180 rectores de las universidades jesuitas en el mundo. Por tal motivo se encuentra de visita en México Adolfo Nicolás Pachón, padre general de la Compañía de Jesús. En su primer encuentro con los medios de comunicación afirmó que, frente a un mundo donde abunda la información, prevalece una creciente superficialidad que propicia generaciones de jóvenes menos preparados para la vida académica y sin una visión crítica de la realidad.
Enfatizó que es necesario dar nuevas herramientas a la juventud para construir un camino diferente y que no sean generaciones atrapadas en la depresión o el desempleo porque no lograron ingresar a la universidad. Debemos recuperar la imaginación y crear nuevas soluciones, pues advirtió que de lo contrario estaremos renunciando a nuestro futuro.
En su visita a nuestro país, donde encabeza los trabajos de la reunión general de rectores jesuitas, que por primera ocasión se realiza en América Latina, destacó que enfrentamos un proceso de disgregación en la sociedad generado por la globalización, pero también un mundo en el que hay más información, pero se ha hecho mucho más difícil el proceso para digerirla. El ciudadano común no se hace preguntas ni se cuestiona.
Frente a las condiciones de violencia que enfrentan muchos países, Nicolás Pachón reconoció que hay un colapso de estructuras que durante siglos acompañaron a la humanidad, como la familia y la ley; instituciones resultado de miles de años de evolución y, sin embargo, hoy vemos con preocupación que se están quebrando.
Destacó que a diferencia de generaciones anteriores, a los jóvenes de hoy les cortamos las alas, porque les marcamos un sólo camino para su futuro. Como ocurre cuando desean ingresar a la universidad, y si no lo logran se sumen en la depresión. Debemos crear nuevas condiciones para decirles que su vida no acaba ahí; al contrario, se pueden construir nuevos caminos con imaginación para tener un empleo o seguir con su formación.
