LAS FUERZAS NACIONALES SE CUBREN DE OPROBIO
7 abr 2010
Tirotean soldados a civiles inermes; dos niños muertos
Disparan a dos familias en un retén cercano a Nuevo Laredo
Nos arrojaron hasta granadas, aseguran padres
CARLOS FIGUEROA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5
Nuevo Laredo, Tamps., 6 de abril. Elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños muertos y dos adultos heridos.
Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y exigieron castigo para los soldados culpables.
En la agresión resultaron lesionados Martín Almanza Rodríguez, de 30 años de edad –padre de los pequeños–, y Carlos Alfredo Rangel, de 22 años, tío de las víctimas. Ambos se encuentran internados en la clínica de especialidades de esta localidad fronteriza.
Martín y Bryan viajaban en compañía de sus padres, el ya mencionado Martín Almanza Rodríguez y Cintia Salazar Castillo, de 28 años de edad, además de sus hermanas Lucero Michel, de 10 años; Jennifer, de 8, y Yesenia de 3.
En la camioneta también iba el matrimonio formado por Carlos Alfredo Rangel y Vanessa Viridiana Velázquez Carmona, con sus dos hijos: uno de tres meses, identificado como Jesús Alfredo Rangel Velázquez.
Según la denuncia de los afectados, la madrugada del domingo los siete niños y los cuatro adultos viajaban en una camioneta tipo Tahoe, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación para detenerse.
Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que les arrojaron varias granadas de fragmentación.
Narraron que vivieron momentos de terror y confusión en los que descendieron de la camioneta y trataron de correr al monte. Martín Almanza cargó a sus hijos Bryan y Michel, pero en ese momento sintió el rozón de una bala. Su hijo Bryan estaba cubierto de sangre. Murió en sus brazos. Pese a que los civiles gritaban a los soldados que no les dispararan porque había niños, los uniformados hicieron caso omiso e hirieron al otro pequeño, quien murió en el lugar.
Martín Almanza fue trasladado a la clínica de especialidades junto con Carlos Alfredo Rangel, quien al tratar de proteger a su bebé fue herido en las piernas. En el nosocomio, Carlos Alfredo relató:
“De repente nos empezaron a disparar; yo me quedé con mi esposa y mi bebé en la camioneta y ellos le tiraban a todo lo que se movía. Les gritábamos que traíamos familia y nos seguían tirando. Incluso cuando pasamos frente a ellos bajamos los vidrios de la camioneta para que vieran a los niños, pero no sé qué pasó.
“Al verme herido cortaron cartucho y me dijeron que me iban a matar; desde ese momento ya no supe nada… íbamos pura familia con siete niños. Mi esposa se bajó de la camioneta y corrió al monte con el bebé y le seguían disparando.”
Por su parte, Martín Almanza pidió a las autoridades que intervengan, pues no puede estar ocurriendo este tipo de agresiones. Cuando pasamos el retén sacamos una toalla por la ventanilla para tratar de decirles que iban niños, pero no hicieron caso. Su esposa, Cintia Salazar, comentó: Íbamos de viaje, me quitaron a dos de mis niños. ¿Quién me los va a regresar?, pues nadie. Les decía que no nos tiraran porque había niños, pero me ignoraron.
Explicó que otro grupo de militares llegaron a auxiliarlos y hasta me ofrecieron una disculpa, pero con disculpas nadie me los va regresar; ellos iban a la escuela como cualquier niño.
La noche del lunes y madrugada de este martes, los restos de Martín y Bryan Almanza Salazar fueron velados en su vivienda de la colonia Los Colorines y después en una funeraria. Por la tarde fueron sepultados.
María Teresa Castillo, abuela de los pequeños, expresó: Mis niños eran bien lindos, muy queridos por todos.
Crecen abusos: CNDH
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5
En los últimos cinco años, la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública se ha traducido en un incremento de 500 por ciento en las quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
Asimismo, el ombudsman aseveró que hacen falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los derechos de la sociedad en general y, en su caso, combatir la delincuencia organizada con la energía adecuada.
Entrevistado al término del informe anual que rindió ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia había señalado previamente ante los ministros que precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabeza la lista de las autoridades más frecuentemente señaladas en hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Comentó que la comisión está a la espera de que el Ejército y la Armada de México rindan a tiempo (cuentan con un plazo de 15 días para hacerlo) los informes solicitados sobre la muerte de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la de un detenido que fue trasladado en helicóptero por los marinos y cuyo cadáver apareció al día siguiente. Aseguró que en caso de que las dependencias no respondan al requerimiento, lo haremos público en su momento.
Por otra parte, interrogado respecto del hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutirá en fecha próxima la violación de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, por parte de militares, Plascencia dijo que este asunto nos revela que en virtud de que hay casos en donde la justicia no logra llegar al fondo de los asuntos, lamentablemente tiene que venir del extranjero una resolución, de tal manera que esto es un llamado para revisar la forma como se están investigando algunos delitos, cómo se procesan y cómo se está buscando hacer justicia.
En otro tema, el ombudsman nacional confió en que Alberta Alcántara y Teresa González obtengan su libertad a la brevedad posible, ahora que la Suprema Corte atrajo la solicitud de amparo que presentaron en contra de la sentencia que les impuso un juez federal por el secuestro de seis agentes federales en Querétaro. Recordó que la PGR ignoró en su momento una recomendación de la CNDH en la que se demostraba la no culpabilidad de las acusadas.
Precisamente, dijo, el que dependencias como la Procuraduría General de la República no acepten las recomendaciones nos habla de que es muy importante que se apruebe la reforma a la comisión –que está en el Congreso de la Unión– para que podamos superar la circunstancia de que se emitan recomendaciones (que) no se acepten o no se cumplan y no pase nada.
Cuestionó la actitud del procurador Arturo Chávez Chávez, ya que éste tiene como encomienda salir a la sociedad para operar justicia, evitar una injusticia y también que inocentes estén presos.
Finalmente, dijo que la CNDH está muy pendiente del caso de la muerte de la menor Paulette Gebara, con el objetivo de que no vaya a quedar el tema en la impunidad y se logre detener a los responsables de esos hechos. Esto, precisó Plascencia, como el mejor mecanismo preventivo del delito.
Finalmente, aunque reconoció que la comisión a su cargo no ha recibido alguna queja sobre el asunto de la niña Paulette, aseguró que sigue muy de cerca los resultados que ha ido dando a conocer la Procuraduría General de Justicia del estado de México respecto de las investigaciones que se están llevando actualmente.
Disparan a dos familias en un retén cercano a Nuevo Laredo
Nos arrojaron hasta granadas, aseguran padres
CARLOS FIGUEROA
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5
Nuevo Laredo, Tamps., 6 de abril. Elementos del Ejército Mexicano dispararon y arrojaron granadas de fragmentación contra una camioneta en la que viajaban dos familias rumbo a la playa de Matamoros, después de pasar un retén en la carretera Ribereña. El saldo fue de dos niños muertos y dos adultos heridos.
Los padres de Martín y Bryan Almanza Salazar, de 9 y 5 años de edad, respectivamente, presentaron una denuncia contra los militares ante el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, y exigieron castigo para los soldados culpables.
En la agresión resultaron lesionados Martín Almanza Rodríguez, de 30 años de edad –padre de los pequeños–, y Carlos Alfredo Rangel, de 22 años, tío de las víctimas. Ambos se encuentran internados en la clínica de especialidades de esta localidad fronteriza.
Martín y Bryan viajaban en compañía de sus padres, el ya mencionado Martín Almanza Rodríguez y Cintia Salazar Castillo, de 28 años de edad, además de sus hermanas Lucero Michel, de 10 años; Jennifer, de 8, y Yesenia de 3.
En la camioneta también iba el matrimonio formado por Carlos Alfredo Rangel y Vanessa Viridiana Velázquez Carmona, con sus dos hijos: uno de tres meses, identificado como Jesús Alfredo Rangel Velázquez.
Según la denuncia de los afectados, la madrugada del domingo los siete niños y los cuatro adultos viajaban en una camioneta tipo Tahoe, conducida por Carlos Alfredo Rangel, quien al pasar por el retén militar observó a los soldados que se encontraban a un costado de la carretera. Rangel disminuyó la velocidad, pero no recibió ninguna indicación para detenerse.
Después de pasar el retén, los soldados comenzaron a disparar de forma indiscriminada contra la unidad; incluso, los adultos aseguraron que les arrojaron varias granadas de fragmentación.
Narraron que vivieron momentos de terror y confusión en los que descendieron de la camioneta y trataron de correr al monte. Martín Almanza cargó a sus hijos Bryan y Michel, pero en ese momento sintió el rozón de una bala. Su hijo Bryan estaba cubierto de sangre. Murió en sus brazos. Pese a que los civiles gritaban a los soldados que no les dispararan porque había niños, los uniformados hicieron caso omiso e hirieron al otro pequeño, quien murió en el lugar.
Martín Almanza fue trasladado a la clínica de especialidades junto con Carlos Alfredo Rangel, quien al tratar de proteger a su bebé fue herido en las piernas. En el nosocomio, Carlos Alfredo relató:
“De repente nos empezaron a disparar; yo me quedé con mi esposa y mi bebé en la camioneta y ellos le tiraban a todo lo que se movía. Les gritábamos que traíamos familia y nos seguían tirando. Incluso cuando pasamos frente a ellos bajamos los vidrios de la camioneta para que vieran a los niños, pero no sé qué pasó.
“Al verme herido cortaron cartucho y me dijeron que me iban a matar; desde ese momento ya no supe nada… íbamos pura familia con siete niños. Mi esposa se bajó de la camioneta y corrió al monte con el bebé y le seguían disparando.”
Por su parte, Martín Almanza pidió a las autoridades que intervengan, pues no puede estar ocurriendo este tipo de agresiones. Cuando pasamos el retén sacamos una toalla por la ventanilla para tratar de decirles que iban niños, pero no hicieron caso. Su esposa, Cintia Salazar, comentó: Íbamos de viaje, me quitaron a dos de mis niños. ¿Quién me los va a regresar?, pues nadie. Les decía que no nos tiraran porque había niños, pero me ignoraron.
Explicó que otro grupo de militares llegaron a auxiliarlos y hasta me ofrecieron una disculpa, pero con disculpas nadie me los va regresar; ellos iban a la escuela como cualquier niño.
La noche del lunes y madrugada de este martes, los restos de Martín y Bryan Almanza Salazar fueron velados en su vivienda de la colonia Los Colorines y después en una funeraria. Por la tarde fueron sepultados.
María Teresa Castillo, abuela de los pequeños, expresó: Mis niños eran bien lindos, muy queridos por todos.
Crecen abusos: CNDH
JESÚS ARANDA
Periódico La Jornada
Miércoles 7 de abril de 2010, p. 5
En los últimos cinco años, la participación del Ejército Mexicano en tareas de seguridad pública se ha traducido en un incremento de 500 por ciento en las quejas contra militares por violaciones a los derechos humanos, sostuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva.
Asimismo, el ombudsman aseveró que hacen falta más capacitación, más estrategias de actuación que busquen proteger los derechos de la sociedad en general y, en su caso, combatir la delincuencia organizada con la energía adecuada.
Entrevistado al término del informe anual que rindió ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Plascencia había señalado previamente ante los ministros que precisamente la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) encabeza la lista de las autoridades más frecuentemente señaladas en hechos presumiblemente violatorios de derechos humanos, seguida del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Procuraduría General de la República (PGR).
Comentó que la comisión está a la espera de que el Ejército y la Armada de México rindan a tiempo (cuentan con un plazo de 15 días para hacerlo) los informes solicitados sobre la muerte de dos estudiantes del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), y la de un detenido que fue trasladado en helicóptero por los marinos y cuyo cadáver apareció al día siguiente. Aseguró que en caso de que las dependencias no respondan al requerimiento, lo haremos público en su momento.
Por otra parte, interrogado respecto del hecho de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) discutirá en fecha próxima la violación de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú, por parte de militares, Plascencia dijo que este asunto nos revela que en virtud de que hay casos en donde la justicia no logra llegar al fondo de los asuntos, lamentablemente tiene que venir del extranjero una resolución, de tal manera que esto es un llamado para revisar la forma como se están investigando algunos delitos, cómo se procesan y cómo se está buscando hacer justicia.
En otro tema, el ombudsman nacional confió en que Alberta Alcántara y Teresa González obtengan su libertad a la brevedad posible, ahora que la Suprema Corte atrajo la solicitud de amparo que presentaron en contra de la sentencia que les impuso un juez federal por el secuestro de seis agentes federales en Querétaro. Recordó que la PGR ignoró en su momento una recomendación de la CNDH en la que se demostraba la no culpabilidad de las acusadas.
Precisamente, dijo, el que dependencias como la Procuraduría General de la República no acepten las recomendaciones nos habla de que es muy importante que se apruebe la reforma a la comisión –que está en el Congreso de la Unión– para que podamos superar la circunstancia de que se emitan recomendaciones (que) no se acepten o no se cumplan y no pase nada.
Cuestionó la actitud del procurador Arturo Chávez Chávez, ya que éste tiene como encomienda salir a la sociedad para operar justicia, evitar una injusticia y también que inocentes estén presos.
Finalmente, dijo que la CNDH está muy pendiente del caso de la muerte de la menor Paulette Gebara, con el objetivo de que no vaya a quedar el tema en la impunidad y se logre detener a los responsables de esos hechos. Esto, precisó Plascencia, como el mejor mecanismo preventivo del delito.
Finalmente, aunque reconoció que la comisión a su cargo no ha recibido alguna queja sobre el asunto de la niña Paulette, aseguró que sigue muy de cerca los resultados que ha ido dando a conocer la Procuraduría General de Justicia del estado de México respecto de las investigaciones que se están llevando actualmente.
Amenazan a indígenas guerrerenses violadas por militares
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 6 de abril (apro).- Representantes de la indígena Inés Fernández Ortega, violada por miembros del Ejército mexicano en 2002 en Ayutla, Guerrero, responsabilizaron a los gobiernos de Felipe Calderón y Zeferino Torreblanca, por las amenazas de muerte que han recibido para, afirmaron, obligarlos a desistirse de asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde será analizado ese caso el próximo 15 de abril.
En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, y el representante de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera, recordaron que el litigio internacional de Inés Fernández tuvo que ser llevado a la CoIDH después de que “no se encontró justicia en nuestro país, por tratarse de un asunto en el que los responsables son militares”.
En la misma situación se encuentra el caso de Valentina Rosendo Cantú, indígena que también fue abusada sexualmente en 2002 en el municipio de Ayutla, y que será abordado por el máximo tribunal interamericano en mayo próximo.
Ambos casos están estancados en los tribunales castrenses, sin que se haya castigado a los responsables, a pesar de que, en 2009, ambas indígenas identificaron como sus agresores a dos militares, un cabo y un soldado raso, pertenecientes al 41 Batallón de Infantería, señaló Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan.
Durante la conferencia de prensa, Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización Indígena Me ‘phaa (OPIM), activista y traductora de Inés y Valentina, responsabilizó al presidente Calderón de las amenazas que defensores indígenas han recibido “en busca de justicia y castigo para los militares que abusaron de las mujeres”.
Tras las denuncias de los defensores, la CoIDH otorgó medidas provisionales a 107 activistas, luego de los asesinatos, en febrero de 2009, de otros dos defensores indígenas en Ayutla: Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que se sumó a la defensa de Inés y Valentina.
“Entre diciembre y marzo pasado se interpusieron siete denuncias por amenazas contra defensores, víctimas y sus familiares, que se han ido sumando a otro tanto que fue surgiendo desde que empezamos a exigir justicia”, puntualizó Abel Barrera.
Para el director de Tlachinollan, no hay duda de que los actos de intimidación “tiene como objetivo obligar a las víctimas a desistirse en su afán de justicia, porque los mensajes son muy claros: todos exigen que se deje de denunciar al Ejército, y contra esas amenazas no hay respuesta del Estado mexicano a pesar de la intervención de la CoIDH”.
Como ejemplo del persistente hostigamiento, Barrera Hernández recordó el caso de Obtilia Eugenio Manuel, quien a pesar de que contar con medidas cautelares desde 2003, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y estar incluida en la lista de los 107 activistas beneficiados por la CoIDH, “ha soportado la fuerza del Estado en su búsqueda de justicia. No se le dan garantías ni se ha castigado a los responsables, uno de ellos plenamente identificado como exintegrante del Ejército”.
Vidulfo Rosales apuntó que, al no aplicarse las medidas provisionales dictadas por la CoIDH, que implican no sólo la protección, sino la investigación y castigo a los culpables de los actos de intimidación, “el presidente Calderón es responsable como representante del Estado mexicano de que no se de cumplan los tratados internacionales que lo obligan a proteger a los defensores. Son convenciones vigentes que no ha cumplido”.
Agregó que la responsabilidad de lo que ocurra contra activistas y las víctimas de casos en los que están involucrados militares, también es compartida por el gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo.
Por su parte, Alberto Herrera señaló que las agresiones contra las indígenas Inés y Valentina “no son hechos aislados. Los abusos cometidos por elementos del Ejército mexicano se cometen de forma sistémica, en la que las autoridades civiles remiten los casos de abusos a la Procuraduría de Justicia Militar, lo que es un cheque en blanco para la impunidad”.
Herrera puntualizó que los casos de Inés y Valentina “forman parte de un contexto generalizado de impunidad en Guerrero, así como de la militarización y de sus consecuencias en contra de las comunidades”.
El representante de AI señaló: “Debe preocuparnos como país que la CoIDH tenga que intervenir para que haya justicia, porque en México no la hay, mucho menos tratándose de casos en los que están involucrados militares”.
Gloria Leticia Díaz
MEXICO, D.F., 6 de abril (apro).- Representantes de la indígena Inés Fernández Ortega, violada por miembros del Ejército mexicano en 2002 en Ayutla, Guerrero, responsabilizaron a los gobiernos de Felipe Calderón y Zeferino Torreblanca, por las amenazas de muerte que han recibido para, afirmaron, obligarlos a desistirse de asistir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), donde será analizado ese caso el próximo 15 de abril.
En conferencia de prensa, el director del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, Abel Barrera, y el representante de Amnistía Internacional (AI) en México, Alberto Herrera, recordaron que el litigio internacional de Inés Fernández tuvo que ser llevado a la CoIDH después de que “no se encontró justicia en nuestro país, por tratarse de un asunto en el que los responsables son militares”.
En la misma situación se encuentra el caso de Valentina Rosendo Cantú, indígena que también fue abusada sexualmente en 2002 en el municipio de Ayutla, y que será abordado por el máximo tribunal interamericano en mayo próximo.
Ambos casos están estancados en los tribunales castrenses, sin que se haya castigado a los responsables, a pesar de que, en 2009, ambas indígenas identificaron como sus agresores a dos militares, un cabo y un soldado raso, pertenecientes al 41 Batallón de Infantería, señaló Vidulfo Rosales, abogado de Tlachinollan.
Durante la conferencia de prensa, Obtilia Eugenio Manuel, dirigente de la Organización Indígena Me ‘phaa (OPIM), activista y traductora de Inés y Valentina, responsabilizó al presidente Calderón de las amenazas que defensores indígenas han recibido “en busca de justicia y castigo para los militares que abusaron de las mujeres”.
Tras las denuncias de los defensores, la CoIDH otorgó medidas provisionales a 107 activistas, luego de los asesinatos, en febrero de 2009, de otros dos defensores indígenas en Ayutla: Raúl Lucas Lucia y Manuel Ponce Rosas, de la Organización para el Futuro del Pueblo Mixteco (OFPM), que se sumó a la defensa de Inés y Valentina.
“Entre diciembre y marzo pasado se interpusieron siete denuncias por amenazas contra defensores, víctimas y sus familiares, que se han ido sumando a otro tanto que fue surgiendo desde que empezamos a exigir justicia”, puntualizó Abel Barrera.
Para el director de Tlachinollan, no hay duda de que los actos de intimidación “tiene como objetivo obligar a las víctimas a desistirse en su afán de justicia, porque los mensajes son muy claros: todos exigen que se deje de denunciar al Ejército, y contra esas amenazas no hay respuesta del Estado mexicano a pesar de la intervención de la CoIDH”.
Como ejemplo del persistente hostigamiento, Barrera Hernández recordó el caso de Obtilia Eugenio Manuel, quien a pesar de que contar con medidas cautelares desde 2003, emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y estar incluida en la lista de los 107 activistas beneficiados por la CoIDH, “ha soportado la fuerza del Estado en su búsqueda de justicia. No se le dan garantías ni se ha castigado a los responsables, uno de ellos plenamente identificado como exintegrante del Ejército”.
Vidulfo Rosales apuntó que, al no aplicarse las medidas provisionales dictadas por la CoIDH, que implican no sólo la protección, sino la investigación y castigo a los culpables de los actos de intimidación, “el presidente Calderón es responsable como representante del Estado mexicano de que no se de cumplan los tratados internacionales que lo obligan a proteger a los defensores. Son convenciones vigentes que no ha cumplido”.
Agregó que la responsabilidad de lo que ocurra contra activistas y las víctimas de casos en los que están involucrados militares, también es compartida por el gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Zeferino Torreblanca Galindo.
Por su parte, Alberto Herrera señaló que las agresiones contra las indígenas Inés y Valentina “no son hechos aislados. Los abusos cometidos por elementos del Ejército mexicano se cometen de forma sistémica, en la que las autoridades civiles remiten los casos de abusos a la Procuraduría de Justicia Militar, lo que es un cheque en blanco para la impunidad”.
Herrera puntualizó que los casos de Inés y Valentina “forman parte de un contexto generalizado de impunidad en Guerrero, así como de la militarización y de sus consecuencias en contra de las comunidades”.
El representante de AI señaló: “Debe preocuparnos como país que la CoIDH tenga que intervenir para que haya justicia, porque en México no la hay, mucho menos tratándose de casos en los que están involucrados militares”.
El Vaticano investiga 100 casos de pederastia que involucran a curas mexicanos
Rodrigo Vera
MÉXICO, D.F. 6 de abril (apro).- En los últimos nueve años –de 2001 a 2010--, el Vaticano ha abierto aproximadamente 100 procesos canónicos contra sacerdotes mexicanos acusados de “pederastia” y “efebofilia”, revelaron hoy fuentes confidenciales de la Santa Sede.
Dichas fuentes indicaron, a la agencia Notimex, que estos procesos son llevados exclusivamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe; y entre ellos hay casos de los llamados “delicta graviora” (delitos graves).
Algunos otros casos –agregaron las fuentes vaticanas— no corresponden a pederastia propiamente dicha, sino a casos de “efebofilia”, que consisten en la atracción que sienten los sacerdotes hacia adolescentes de su mismo sexo y que pueden desembocar en acoso sexual.
Entre estos procesos se encuentran las sentencias condenatorias a personajes como Marcial Maciel, el controvertido sacerdote pederasta fundador de los Legionarios de Cristo y quien fue obligado a dejar el ministerio sacerdotal, en 2006, por el Papa Benedicto XVI.
También figura el caso del sacerdote mexicano Nicolás Aguilar, adscrito a la diócesis de Tehuacán, Puebla, y quien fue expulsado del sacerdocio por sus abusos cometidos en México y en Estados Unidos.
Según las estadísticas más recientes, en México hay 11 mil 16 sacerdotes diocesanos y 3,602 religiosos pertenecientes a distintas congregaciones, los cuales hacen un total de 14 mil 618 ministros de culto, quienes atienden a más de 6 mil parroquias en el país.
De acuerdo con el Vaticano, la incidencia de abusos cometidos por los sacerdotes pederastas mexicanos es de 0.69%.
En 2006, la organización internacional Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de 40 sacerdotes mexicanos que laboraban en parroquias de Estados Unidos y que fueron acusados de pederastia.
Joaquín Aguilar, dirigente de SNAP-México, dijo en ese tiempo a la revista Proceso (número 1536) que estos sacerdotes “escaparon de Estados Unidos”, muy probablemente para regresar y “ocultarse en México”, como lo hizo el cura Nicolás Aguilar, acusado de abusar sexualmente de 86 menores y quien actualmente sigue prófugo de la justicia estadunidense.
La propia Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a través de su documento Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, reconoció el problema, y pidió perdón “a todos los hombres y mujeres que se han visto escandalizados por las incoherencias del testimonio sacerdotal”.
Por su parte, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la ciudad de México, en su mensaje de Semana Santa advirtió a sus sacerdotes que no tolerará actos de pederastia, por lo que la Iglesia los denunciará ante las autoridades civiles.
Rodrigo Vera
MÉXICO, D.F. 6 de abril (apro).- En los últimos nueve años –de 2001 a 2010--, el Vaticano ha abierto aproximadamente 100 procesos canónicos contra sacerdotes mexicanos acusados de “pederastia” y “efebofilia”, revelaron hoy fuentes confidenciales de la Santa Sede.
Dichas fuentes indicaron, a la agencia Notimex, que estos procesos son llevados exclusivamente por la Congregación para la Doctrina de la Fe; y entre ellos hay casos de los llamados “delicta graviora” (delitos graves).
Algunos otros casos –agregaron las fuentes vaticanas— no corresponden a pederastia propiamente dicha, sino a casos de “efebofilia”, que consisten en la atracción que sienten los sacerdotes hacia adolescentes de su mismo sexo y que pueden desembocar en acoso sexual.
Entre estos procesos se encuentran las sentencias condenatorias a personajes como Marcial Maciel, el controvertido sacerdote pederasta fundador de los Legionarios de Cristo y quien fue obligado a dejar el ministerio sacerdotal, en 2006, por el Papa Benedicto XVI.
También figura el caso del sacerdote mexicano Nicolás Aguilar, adscrito a la diócesis de Tehuacán, Puebla, y quien fue expulsado del sacerdocio por sus abusos cometidos en México y en Estados Unidos.
Según las estadísticas más recientes, en México hay 11 mil 16 sacerdotes diocesanos y 3,602 religiosos pertenecientes a distintas congregaciones, los cuales hacen un total de 14 mil 618 ministros de culto, quienes atienden a más de 6 mil parroquias en el país.
De acuerdo con el Vaticano, la incidencia de abusos cometidos por los sacerdotes pederastas mexicanos es de 0.69%.
En 2006, la organización internacional Red de Sobrevivientes de Abusos de Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) dio a conocer una lista de 40 sacerdotes mexicanos que laboraban en parroquias de Estados Unidos y que fueron acusados de pederastia.
Joaquín Aguilar, dirigente de SNAP-México, dijo en ese tiempo a la revista Proceso (número 1536) que estos sacerdotes “escaparon de Estados Unidos”, muy probablemente para regresar y “ocultarse en México”, como lo hizo el cura Nicolás Aguilar, acusado de abusar sexualmente de 86 menores y quien actualmente sigue prófugo de la justicia estadunidense.
La propia Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a través de su documento Que en Cristo nuestra paz México tenga vida digna, reconoció el problema, y pidió perdón “a todos los hombres y mujeres que se han visto escandalizados por las incoherencias del testimonio sacerdotal”.
Por su parte, el cardenal Norberto Rivera Carrera, arzobispo de la ciudad de México, en su mensaje de Semana Santa advirtió a sus sacerdotes que no tolerará actos de pederastia, por lo que la Iglesia los denunciará ante las autoridades civiles.
