¿LEGALIZAR ASESINATOS DE CIVILES?
19 abr 2010
El temor de los militares
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- Los militares tienen temor. Marinos y soldados están cada vez más convencidos de que uno de los saldos de la “guerra contra el narcotráfico” en la que los embarcó el gobierno de Felipe Calderón será el de la presión en algunos sectores sociales para que sean investigados y juzgados por los delitos cometidos en contra de civiles.
El intenso cabildeo que los propios militares están haciendo en el Congreso para reformar la Ley de Seguridad Nacional, entre otros ordenamientos, tiene el propósito de garantizar, desde ahora, la impunidad.
Liberados de responsabilidad por los delitos de lesa humanidad cometidos, sobre todo por el Ejército, durante la “guerra sucia”, principalmente en los años sesenta y setenta del siglo pasado, los militares quieren evitar malos tiempos.
La reforma que se discute actualmente en el Senado pretende darle el marco legal a la actuación de los militares en los operativos ordenados por Calderón y garantizar su participación en futuros asuntos de orden público sin que exista el riesgo de investigaciones ulteriores en su contra.
Lejos está esa reforma de la adecuación de las Fuerzas Armadas a la vida democrática. Incluso, si se llegara a reformar el Código de Justicia Militar para que los delitos cometidos por elementos castrenses contra civiles sean juzgados por tribunales ordinarios.
Si bien los militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la “guerra sucia” no acabaron en la cárcel, el Ejército sí tuvo que enfrentarse a la eventualidad de ser sometido a investigaciones como las que ocurrieron en algunos países de América Latina al final de los regímenes dictatoriales.
Pero el gobierno de Vicente Fox prácticamente los exoneró a través de la inoperante Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El único caso sancionado ha sido el de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla, detenido en un retén militar en 1974.
Pero esa sanción sólo fue posible fuera de México debido a la persistencia de los familiares de la víctima que lograron llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre pasado falló en contra del Estado mexicano por esa acción del Ejército.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional quiere evitar que se repita esa experiencia.
Los asesinatos de civiles a manos del Ejército durante los tres años de los operativos de Calderón quedarían con esa reforma justificados legalmente y se reducirían las probabilidades de acciones legales posteriores, sobre todo en el ámbito internacional.
Para evitarlo, el Ejército tendría que cerrar los expedientes de las víctimas que han caído en los últimos tres años por acciones de sus elementos. Declararlos cosa juzgada.
De esa manera se evitaría el establecimiento de responsabilidades no sólo de los autores materiales de los delitos, sino de sus superiores.
Con todo y lo obsoleto que es el Código de Justicia Militar, su artículo 110 establece que cuando un militar cometa un delito que implique la violación de una ley penal, como son los homicidios y la tortura, “serán responsables el superior que hubiere dictado esa orden y los inferiores que la ejecuten”.
Precisa que si la comisión del delito emanare directa y notoriamente de lo dispuesto en la orden, el que la hubiese expedido o mandase expedir será considerado como autor, y los que de cualquiera manera hayan contribuido a ejecutarla serán considerados como cómplices.
Calderón quiere cubrir la salida de las Fuerzas Armadas de los operativos para que él, como su comandante en jefe, quede también liberado de cualquier responsabilidad.
Jorge Carrasco Araizaga
MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- Los militares tienen temor. Marinos y soldados están cada vez más convencidos de que uno de los saldos de la “guerra contra el narcotráfico” en la que los embarcó el gobierno de Felipe Calderón será el de la presión en algunos sectores sociales para que sean investigados y juzgados por los delitos cometidos en contra de civiles.
El intenso cabildeo que los propios militares están haciendo en el Congreso para reformar la Ley de Seguridad Nacional, entre otros ordenamientos, tiene el propósito de garantizar, desde ahora, la impunidad.
Liberados de responsabilidad por los delitos de lesa humanidad cometidos, sobre todo por el Ejército, durante la “guerra sucia”, principalmente en los años sesenta y setenta del siglo pasado, los militares quieren evitar malos tiempos.
La reforma que se discute actualmente en el Senado pretende darle el marco legal a la actuación de los militares en los operativos ordenados por Calderón y garantizar su participación en futuros asuntos de orden público sin que exista el riesgo de investigaciones ulteriores en su contra.
Lejos está esa reforma de la adecuación de las Fuerzas Armadas a la vida democrática. Incluso, si se llegara a reformar el Código de Justicia Militar para que los delitos cometidos por elementos castrenses contra civiles sean juzgados por tribunales ordinarios.
Si bien los militares responsables de graves violaciones a los derechos humanos durante la “guerra sucia” no acabaron en la cárcel, el Ejército sí tuvo que enfrentarse a la eventualidad de ser sometido a investigaciones como las que ocurrieron en algunos países de América Latina al final de los regímenes dictatoriales.
Pero el gobierno de Vicente Fox prácticamente los exoneró a través de la inoperante Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado. El único caso sancionado ha sido el de la desaparición forzada del campesino Rosendo Radilla, detenido en un retén militar en 1974.
Pero esa sanción sólo fue posible fuera de México debido a la persistencia de los familiares de la víctima que lograron llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en noviembre pasado falló en contra del Estado mexicano por esa acción del Ejército.
La reforma a la Ley de Seguridad Nacional quiere evitar que se repita esa experiencia.
Los asesinatos de civiles a manos del Ejército durante los tres años de los operativos de Calderón quedarían con esa reforma justificados legalmente y se reducirían las probabilidades de acciones legales posteriores, sobre todo en el ámbito internacional.
Para evitarlo, el Ejército tendría que cerrar los expedientes de las víctimas que han caído en los últimos tres años por acciones de sus elementos. Declararlos cosa juzgada.
De esa manera se evitaría el establecimiento de responsabilidades no sólo de los autores materiales de los delitos, sino de sus superiores.
Con todo y lo obsoleto que es el Código de Justicia Militar, su artículo 110 establece que cuando un militar cometa un delito que implique la violación de una ley penal, como son los homicidios y la tortura, “serán responsables el superior que hubiere dictado esa orden y los inferiores que la ejecuten”.
Precisa que si la comisión del delito emanare directa y notoriamente de lo dispuesto en la orden, el que la hubiese expedido o mandase expedir será considerado como autor, y los que de cualquiera manera hayan contribuido a ejecutarla serán considerados como cómplices.
Calderón quiere cubrir la salida de las Fuerzas Armadas de los operativos para que él, como su comandante en jefe, quede también liberado de cualquier responsabilidad.
El general desesperado
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- A las 6 de la tarde del pasado 7 de abril, en el salón de usos Múltiples de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, parco y directo, se dirigió a los legisladores, a los diputados que tenía frente a él y, sin más, les pidió su apoyo para aprobar una “legislación emergente” que les permita legalizar los actos que desde el año 2006, Felipe Calderón Hinojosa, los obligó a enfrentar enmarcados en la guerra contra el narcotráfico.
El diputado del PRI, Ardelio Vargas, excomisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y actual presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, encabezo la comitiva de priistas, panistas, petistas y legisladores del Partido Verde.
Enrique Ibarra, del Partido del Trabajo, y Pablo Escudero, del PVEM, escuchaban azorados las peticione del general Galván, del secretario de la Defensa Nacional: carta abierta para legalizar los atropellos que han cometido en su lucha contra el narcotráfico, según denuncias ciudadanas promovidas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El encuentro que tuvo el general Galván con los diputados se repetiría cinco días después con los senadores de la República. Sin embargo, en esa reunión las peticiones no fueron tan claras como con los integrantes de la Cámara baja.
La petición de aquel 7 de abril ante diputados obtuvo 9 puntos centrales, los cuales forman parte de la nueva Ley de Seguridad Nacional que el próximo lunes se discutirá en comisiones en el Senado de la República. Sin embargo, la traducción de su contenido, en voz del propio general, resultó más clara y cruda ante los diputados.
Las demandas fueron:
--Uno: potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia.
--Dos: poder para detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día.
--Tres: Contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa.
--Cuatro: Intervenir las comunicaciones
--Cinco: Potestad para rastrear o hackear páginas de internet.
--Seis: Cancelar espectáculos públicos.
--Siete: Poder intervenir para disolver concentraciones de vehículos como los ocurridos recientemente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, y donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías...
Los dos aspectos más graves que generaron escozor al diputado del PVEM, Pablo Escudero, y a Enrique Ibarra, del PT, fueron la petición del general para que quedara explicito en la Ley que el Ejercito puede declarar “zonas de excepción”, es decir establecer lo que se conoce como toque de queda, donde ningún ciudadano puede estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendió, puede ser detenido por miembros del Ejercito.
Y el más preocupante: “Eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas.”
En este aspecto habría que preguntarse cómo se acredita una intención.
Otro de los aspectos que habría que preguntarse es si la declaratoria de una “zona de excepción” incluye la autorización o legalización de los retenes militares y que hasta hoy se vienen practicando, en franca violación a la Constitución, ya que en ella se establece la libertad de tránsito para todos los mexicanos.
Todo lo que solicitó el general Galván no fue otra cosa que legalizar la guerra contra el narcotráfico ordenada por Calderón en 2006, sólo que no hay que olvidar que una de las premisas de toda guerra es que en la lucha los contrincantes se valen de todo, pues todo les está permitido para ganar.
La lógica del general Galván, expuesta ese día ante los diputados, “es que el Ejercito, incluyendo a la Marina, es el último reducto que tiene el Estado para su protección debido a que las policías locales están infiltradas y, que mientras se depuran se hacen necesaria la presencia de las fuerzas armadas en las calles por un periodo de cinco a 10 años para poder acabar con el narcotráfico”.
De aceptarse todas estas demandas del general y de Felipe Calderón en la nueva ley de Seguridad Nacional los mexicanos estarán totalmente desprotegidos y a merced de las fuerzas militares que, con la ley en la mano, podrían incurrir en vejaciones; y no es difícil que esto ocurra. Si no, sólo basta echar un ojo a los cientos de denuncias que hay en la CNDH en contra del Ejercito Mexicano por violaciones a los derechos humanos; o recordar el caso de la anciana Ernestina Ascencio, quien fue violada por militares y cuyas lesiones le provocaron la muerte, aunque para el gobierno Federal la mujer murió por una gastritis.
Pero esto no es lo único preocupante con esta nueva Ley en caso de ser aprobada tal y como lo pidió el general Galván, durante las elecciones presidenciales del 2012 México se enfrentaría a un escenario donde la represión podría estar presente y no sólo en las mentes de los mexicanos.
Como sabemos, actualmente las acciones que realiza el Ejército en contra de la lucha contra el narcotráfico son actividades que no se le están asignadas en la Constitución y que son exclusivas de la Policía Federal.
Así pues, todas las peticiones que realizó el secretario de la Defensa a diputados y senadores es que, con la ley en la mano, el Ejército realice todas las funciones que sólo se le confieren al Ministerio Público y la Policía Federal. En pocas palabras: El poder judicial estaría siendo desplazado por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de la Marina.
Estas peticiones no hacen sino abrir más la puerta para que el gobierno de Felipe Calderón intensifique sus actos autoritarios que ha venido realizando desde que “tomó” el poder y entró por la puerta de atrás del Congreso de la Unión, el 1 de diciembre de 2006 custodiado por elementos de la Secretaría de la Marina.
Lo único que pretende hoy Calderón con esta nueva ley que se discutirá el lunes, es recompensar y otorgarles más poder a quienes abrieron, por la fuerza, las puertas de la Cámara de Diputados para que pudiera protestar como presidente de la República y aligerar el enorme costal de dudas que le aventó la mitad de los votantes al cuestionar su legitimidad.
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 16 de abril (apro).- A las 6 de la tarde del pasado 7 de abril, en el salón de usos Múltiples de la Secretaría de la Defensa Nacional, el general Guillermo Galván Galván, parco y directo, se dirigió a los legisladores, a los diputados que tenía frente a él y, sin más, les pidió su apoyo para aprobar una “legislación emergente” que les permita legalizar los actos que desde el año 2006, Felipe Calderón Hinojosa, los obligó a enfrentar enmarcados en la guerra contra el narcotráfico.
El diputado del PRI, Ardelio Vargas, excomisionado de la extinta Policía Federal Preventiva (PFP) y actual presidente de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, encabezo la comitiva de priistas, panistas, petistas y legisladores del Partido Verde.
Enrique Ibarra, del Partido del Trabajo, y Pablo Escudero, del PVEM, escuchaban azorados las peticione del general Galván, del secretario de la Defensa Nacional: carta abierta para legalizar los atropellos que han cometido en su lucha contra el narcotráfico, según denuncias ciudadanas promovidas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El encuentro que tuvo el general Galván con los diputados se repetiría cinco días después con los senadores de la República. Sin embargo, en esa reunión las peticiones no fueron tan claras como con los integrantes de la Cámara baja.
La petición de aquel 7 de abril ante diputados obtuvo 9 puntos centrales, los cuales forman parte de la nueva Ley de Seguridad Nacional que el próximo lunes se discutirá en comisiones en el Senado de la República. Sin embargo, la traducción de su contenido, en voz del propio general, resultó más clara y cruda ante los diputados.
Las demandas fueron:
--Uno: potestad para realizar cateos en persecuciones en flagrancia.
--Dos: poder para detener durante 24 horas a los presuntos miembros del crimen organizado, es decir retener a supuestos delincuentes para someterlos a interrogatorios durante todo un día.
--Tres: Contar con la potestad de tomar las huellas dactilares de quienes dependa.
--Cuatro: Intervenir las comunicaciones
--Cinco: Potestad para rastrear o hackear páginas de internet.
--Seis: Cancelar espectáculos públicos.
--Siete: Poder intervenir para disolver concentraciones de vehículos como los ocurridos recientemente en los estados de Nuevo León y Tamaulipas, y donde presuntos narcotraficantes bloquearon calles céntricas de diversas ciudades para impedir el paso de las policías...
Los dos aspectos más graves que generaron escozor al diputado del PVEM, Pablo Escudero, y a Enrique Ibarra, del PT, fueron la petición del general para que quedara explicito en la Ley que el Ejercito puede declarar “zonas de excepción”, es decir establecer lo que se conoce como toque de queda, donde ningún ciudadano puede estar en las calles a determinada hora y, en caso de ser sorprendió, puede ser detenido por miembros del Ejercito.
Y el más preocupante: “Eximir a las fuerzas militares de responsabilidad de sus actos, salvo que se les acrediten conductas intencionadas.”
En este aspecto habría que preguntarse cómo se acredita una intención.
Otro de los aspectos que habría que preguntarse es si la declaratoria de una “zona de excepción” incluye la autorización o legalización de los retenes militares y que hasta hoy se vienen practicando, en franca violación a la Constitución, ya que en ella se establece la libertad de tránsito para todos los mexicanos.
Todo lo que solicitó el general Galván no fue otra cosa que legalizar la guerra contra el narcotráfico ordenada por Calderón en 2006, sólo que no hay que olvidar que una de las premisas de toda guerra es que en la lucha los contrincantes se valen de todo, pues todo les está permitido para ganar.
La lógica del general Galván, expuesta ese día ante los diputados, “es que el Ejercito, incluyendo a la Marina, es el último reducto que tiene el Estado para su protección debido a que las policías locales están infiltradas y, que mientras se depuran se hacen necesaria la presencia de las fuerzas armadas en las calles por un periodo de cinco a 10 años para poder acabar con el narcotráfico”.
De aceptarse todas estas demandas del general y de Felipe Calderón en la nueva ley de Seguridad Nacional los mexicanos estarán totalmente desprotegidos y a merced de las fuerzas militares que, con la ley en la mano, podrían incurrir en vejaciones; y no es difícil que esto ocurra. Si no, sólo basta echar un ojo a los cientos de denuncias que hay en la CNDH en contra del Ejercito Mexicano por violaciones a los derechos humanos; o recordar el caso de la anciana Ernestina Ascencio, quien fue violada por militares y cuyas lesiones le provocaron la muerte, aunque para el gobierno Federal la mujer murió por una gastritis.
Pero esto no es lo único preocupante con esta nueva Ley en caso de ser aprobada tal y como lo pidió el general Galván, durante las elecciones presidenciales del 2012 México se enfrentaría a un escenario donde la represión podría estar presente y no sólo en las mentes de los mexicanos.
Como sabemos, actualmente las acciones que realiza el Ejército en contra de la lucha contra el narcotráfico son actividades que no se le están asignadas en la Constitución y que son exclusivas de la Policía Federal.
Así pues, todas las peticiones que realizó el secretario de la Defensa a diputados y senadores es que, con la ley en la mano, el Ejército realice todas las funciones que sólo se le confieren al Ministerio Público y la Policía Federal. En pocas palabras: El poder judicial estaría siendo desplazado por la Secretaría de la Defensa Nacional y por la Secretaría de la Marina.
Estas peticiones no hacen sino abrir más la puerta para que el gobierno de Felipe Calderón intensifique sus actos autoritarios que ha venido realizando desde que “tomó” el poder y entró por la puerta de atrás del Congreso de la Unión, el 1 de diciembre de 2006 custodiado por elementos de la Secretaría de la Marina.
Lo único que pretende hoy Calderón con esta nueva ley que se discutirá el lunes, es recompensar y otorgarles más poder a quienes abrieron, por la fuerza, las puertas de la Cámara de Diputados para que pudiera protestar como presidente de la República y aligerar el enorme costal de dudas que le aventó la mitad de los votantes al cuestionar su legitimidad.
Astillero
Los menos
Minimalismo ético
Catálogo íntimo
Lágrimas de Papa
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Deseoso de ganar el beneplácito de directivos y líderes de opinión del turismo mundial que en la ciudad de México realizaban el pasado viernes un simposio, Felipe Calderón llegó al extremo de menospreciar las muertes de civiles inocentes que se han producido entre el presunto fuego cruzado de la llamada guerra contra el narcotráfico. Los caídos sin implicación delictiva en esa dudosa cruzada serían los menos, dijo con sereno ánimo estadístico, pronunciando las ya acostumbradas fórmulas retóricas de pena por esos decesos pero inscribiéndolos inequívocamente en la inevitable lista de las bajas obligadas, de los daños colaterales, de las muertes necesarias, de los detalles fúnebres que naturalmente deben decorar la obra mayor, la importante, la de la instauración del reino felipista en rojo.
Minimalismo ético y político: Calderón ha ensangrentado al país y con el mayor de los desparpajos clasifica como producto de enfrentamiento entre bandos de narcotraficantes a cuando menos 90 por ciento de las casi 23 mil muertes que lleva durante su macabra administración. No se conoce ninguna compilación de resoluciones del poder judicial que haya establecido tal suposición felipesca como causa oficial de los decesos y, por el contrario, algunos casos relevantes, como el de los estudiantes del Tec de Monterrey originalmente acusados de ser sicarios, dan pie a la especulación de que muchas muertes de civiles son adjudicadas a lo que ya antes se había mencionado aquí como una especie de fosa común de la legalidad a la que diariamente son arrojados cadáveres de personas a las que una simple declaración de autoridad despoja del derecho a saber con precisión jurídica la causa real de su fallecimiento: cualquiera puede ser narco sujeto a ejecución, mientras no demuestre haber sido estudiante del Tec.
Políticamente dotado de alta insensibilidad, Calderón ni siquiera moderó sus destempladas cifras en razón del enojo social que van causando las confirmaciones de muertos civiles, adultos y menores de edad, entre supuestos o reales fuegos cruzados, como habría sucedido recientemente en Acapulco, o a causa de retenes irracionalmente explosivos, como habría sucedido en Nuevo Laredo. En realidad, su histórico par de palabras (los menos) ni siquiera era necesario en el contexto en que se produjo, a no ser por una urgencia íntima de autoexculpación numérica: ese viernes, luego de pronunciar su discurso ante los líderes del turismo mundial reunidos por la firma Virtuoso, Calderón respondió algunas preguntas de los asistentes (Todo lo que usted siempre quiso saber sobre México, pero temía preguntar, exhortó en broma a sus oyentes), entre ellas la hecha por Jorge Collazo, del hotel Four Seasons de Beverly Hills, de Los Ángeles, quien le pidió enviar un mensaje a familias turísticas que quieren traer a sus hijos a la ciudad de México para una experiencia que sea más bien cultural, y algo para que los niños puedan aprender. ¿Cuál sería su recomendación?
Calderón enumeró, entrando en detalles: el Centro Histórico, el Templo Mayor, Palacio Nacional, los festejos del bicentenario y el centenario (entre otras cosas, anunció: aquí, sobre Paseo de la Reforma, vamos a poner canchas deportivas, albercas, incluso fosas de clavados, canchas de tenis a todo lo largo de Paseo de la Reforma durante, hacia el verano, más o menos), exposiciones, museos como el Frida Kahlo, y... y... y a partir de allí se soltó con una larga explicación sobre sus planes para combatir la inseguridad pública y en particular el narcotráfico.
El folleto de turismo se convirtió en folletín de nota roja; el presunto presidente promotor de visitas a México en comandante en jefe de los operativos sangrientos, el licenciado Calderón en el general Felipe, el precario ocupante de Los Pinos en jefe del Poder Judicial que a sus puras pistolas indica: “más de 90 por ciento de esos homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando, obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros; es decir, no son ni siquiera acciones, ha habido muchos soldados y muchos policías caídos en cumplimiento de su deber, pero éste es un porcentaje que no llega, por ejemplo, al cinco por ciento de esas muertes”. ¿Según lo hemos venido catalogando? ¿La muerte de unas 20 mil personas simplemente se cataloga como asesinato entre bandos contrarios de comerciantes de droga y sanseacabó?
La palabrería discriminatoria de Calderón subrayó la condición minoritaria de civiles inocentes, alguna vez atrapados, digamos, en el fuego cruzado entre los delincuentes o de policías con delincuentes, pero son realmente los menos (...) Pero el mensaje en parte al respecto es éste. La gran mayoría, más de 90 por ciento, se refieren a acciones de criminales contra otros; ni siquiera es la gran mayoría contra las autoridades mismas y mucho menos contra civiles y mucho, mucho menos contra turistas. Aritmética felipista del menosprecio que simplemente confirma el peligroso marco deficitario de racionalidad en que se toman decisiones policiacas y militares en este México Rojo.
Astillas
Con lágrimas en los ojos, Benedicto XVI se ha reunido en Malta con víctimas de abuso sexual, en un proceso de reconocimiento de culpas que en México, por ejemplo, ha dotado de retórica justiciera incluso a los solapadores, cuando no practicantes, de los agravios ventilados públicamente en la nueva administración vaticana que así ha ido desgastando la imagen del antecesor, Juan Pablo II, que hasta ahora había opacado al actual papa que apenas explora las posibilidades de viajes al extranjero en que el polaco era especialista. Lágrimas, declaraciones y nuevas poses de nada servirán si no hay procesos judiciales concretos (en México, Norberto Rivera ha eludido su responsabilidad en el caso del cura Nicolás Aguilar) y si persiste la imposición del tal celibato... Y, mientras el verdadero poder sostenía ayer el toque de queda en Cuernavaca, ¡hasta mañana, con el SNTE asegurando que no es un gremio insaciable!
Los menos
Minimalismo ético
Catálogo íntimo
Lágrimas de Papa
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Deseoso de ganar el beneplácito de directivos y líderes de opinión del turismo mundial que en la ciudad de México realizaban el pasado viernes un simposio, Felipe Calderón llegó al extremo de menospreciar las muertes de civiles inocentes que se han producido entre el presunto fuego cruzado de la llamada guerra contra el narcotráfico. Los caídos sin implicación delictiva en esa dudosa cruzada serían los menos, dijo con sereno ánimo estadístico, pronunciando las ya acostumbradas fórmulas retóricas de pena por esos decesos pero inscribiéndolos inequívocamente en la inevitable lista de las bajas obligadas, de los daños colaterales, de las muertes necesarias, de los detalles fúnebres que naturalmente deben decorar la obra mayor, la importante, la de la instauración del reino felipista en rojo.
Minimalismo ético y político: Calderón ha ensangrentado al país y con el mayor de los desparpajos clasifica como producto de enfrentamiento entre bandos de narcotraficantes a cuando menos 90 por ciento de las casi 23 mil muertes que lleva durante su macabra administración. No se conoce ninguna compilación de resoluciones del poder judicial que haya establecido tal suposición felipesca como causa oficial de los decesos y, por el contrario, algunos casos relevantes, como el de los estudiantes del Tec de Monterrey originalmente acusados de ser sicarios, dan pie a la especulación de que muchas muertes de civiles son adjudicadas a lo que ya antes se había mencionado aquí como una especie de fosa común de la legalidad a la que diariamente son arrojados cadáveres de personas a las que una simple declaración de autoridad despoja del derecho a saber con precisión jurídica la causa real de su fallecimiento: cualquiera puede ser narco sujeto a ejecución, mientras no demuestre haber sido estudiante del Tec.
Políticamente dotado de alta insensibilidad, Calderón ni siquiera moderó sus destempladas cifras en razón del enojo social que van causando las confirmaciones de muertos civiles, adultos y menores de edad, entre supuestos o reales fuegos cruzados, como habría sucedido recientemente en Acapulco, o a causa de retenes irracionalmente explosivos, como habría sucedido en Nuevo Laredo. En realidad, su histórico par de palabras (los menos) ni siquiera era necesario en el contexto en que se produjo, a no ser por una urgencia íntima de autoexculpación numérica: ese viernes, luego de pronunciar su discurso ante los líderes del turismo mundial reunidos por la firma Virtuoso, Calderón respondió algunas preguntas de los asistentes (Todo lo que usted siempre quiso saber sobre México, pero temía preguntar, exhortó en broma a sus oyentes), entre ellas la hecha por Jorge Collazo, del hotel Four Seasons de Beverly Hills, de Los Ángeles, quien le pidió enviar un mensaje a familias turísticas que quieren traer a sus hijos a la ciudad de México para una experiencia que sea más bien cultural, y algo para que los niños puedan aprender. ¿Cuál sería su recomendación?
Calderón enumeró, entrando en detalles: el Centro Histórico, el Templo Mayor, Palacio Nacional, los festejos del bicentenario y el centenario (entre otras cosas, anunció: aquí, sobre Paseo de la Reforma, vamos a poner canchas deportivas, albercas, incluso fosas de clavados, canchas de tenis a todo lo largo de Paseo de la Reforma durante, hacia el verano, más o menos), exposiciones, museos como el Frida Kahlo, y... y... y a partir de allí se soltó con una larga explicación sobre sus planes para combatir la inseguridad pública y en particular el narcotráfico.
El folleto de turismo se convirtió en folletín de nota roja; el presunto presidente promotor de visitas a México en comandante en jefe de los operativos sangrientos, el licenciado Calderón en el general Felipe, el precario ocupante de Los Pinos en jefe del Poder Judicial que a sus puras pistolas indica: “más de 90 por ciento de esos homicidios y ejecuciones, según lo hemos venido catalogando, obedecen precisamente a la lucha de unos cárteles contra otros; es decir, no son ni siquiera acciones, ha habido muchos soldados y muchos policías caídos en cumplimiento de su deber, pero éste es un porcentaje que no llega, por ejemplo, al cinco por ciento de esas muertes”. ¿Según lo hemos venido catalogando? ¿La muerte de unas 20 mil personas simplemente se cataloga como asesinato entre bandos contrarios de comerciantes de droga y sanseacabó?
La palabrería discriminatoria de Calderón subrayó la condición minoritaria de civiles inocentes, alguna vez atrapados, digamos, en el fuego cruzado entre los delincuentes o de policías con delincuentes, pero son realmente los menos (...) Pero el mensaje en parte al respecto es éste. La gran mayoría, más de 90 por ciento, se refieren a acciones de criminales contra otros; ni siquiera es la gran mayoría contra las autoridades mismas y mucho menos contra civiles y mucho, mucho menos contra turistas. Aritmética felipista del menosprecio que simplemente confirma el peligroso marco deficitario de racionalidad en que se toman decisiones policiacas y militares en este México Rojo.
Astillas
Con lágrimas en los ojos, Benedicto XVI se ha reunido en Malta con víctimas de abuso sexual, en un proceso de reconocimiento de culpas que en México, por ejemplo, ha dotado de retórica justiciera incluso a los solapadores, cuando no practicantes, de los agravios ventilados públicamente en la nueva administración vaticana que así ha ido desgastando la imagen del antecesor, Juan Pablo II, que hasta ahora había opacado al actual papa que apenas explora las posibilidades de viajes al extranjero en que el polaco era especialista. Lágrimas, declaraciones y nuevas poses de nada servirán si no hay procesos judiciales concretos (en México, Norberto Rivera ha eludido su responsabilidad en el caso del cura Nicolás Aguilar) y si persiste la imposición del tal celibato... Y, mientras el verdadero poder sostenía ayer el toque de queda en Cuernavaca, ¡hasta mañana, con el SNTE asegurando que no es un gremio insaciable!
