SEÑORES DE HORCA Y CUCHILLO
26 abr 2010
Impunidad militar.
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 23 de abril (apro).- Al país le urge detener el baño de sangre que inició Felipe Calderón al declarar “la guerra” al narcotráfico, y en la que varios civiles han perdido la vida.
Desde el gobierno se provocaron los enfrentamientos y desde el gobierno pretenden detenerse, lo que podría resultar plausible si no fuera por el método.
Para acabar, Felipe Calderón y el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, han pedido al Congreso de la Unión que les legalice las acciones que miles de efectivos militares realizan en rancherías, caminos vecinales, pueblos, carreteras, pequeñas y grandes ciudades desde que arrancó la administración del segundo gobierno panista.
Es un trabajo que deben realizar sólo las policías federales en coordinación con las locales. Sin embargo, la corrupción que priva en las corporaciones policíacas fue, desde el gobierno de Ernesto Zedilllo, para sacar al Ejército a las calles y ayudar en la lucha contra el narcotráfico.
Desde ese mismo día, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones cívicas e, incluso, partidos de izquierda, cuestionaron la decisión, pero nada lograron.
A la llegada de Calderón, el Ejército ya no sólo salió a las calles, sino que encabeza operativos. Calderón y el secretario de la Defensa quieren continuar en lo mismo.
El problema es que el Ejército mexicano actual es lo que los dedicados a esta tarea llaman “un ejército de paz”, en donde su función, más que defender la soberanía ante una invasión, ha realizado tareas de salvamento. Nunca fue preparado para hacer labores de seguridad pública, para “acompañar” a la Procuraduría General de la República o a la Policía Federal o a las policías locales para abatir la presencia del crimen organizado. De ahí que “los daños colaterales” durante los enfrentamientos entre militares y miembros de diversos cárteles, se estén volviendo cada vez más frecuentes.
Así califican, gobierno federal, policías federales y militares, a la muerte de personas civiles que se han quedado en medio del fuego cruzado o que han sido “confundidos” con criminales o han sido descarga del “estrés” al que someten los militares en los retenes de caminos vecinales.
Para los militares y policías federales, el significado de “daño colateral” no es herir o matar a un civil; es simplemente “un accidente ocurrido durante una operación”.
En este sentido, la muerte de los niños Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y Martín Almanza Salazar, de 9, ocurrida en un retén militar en la carretera nacional Nuevo Laredo-Reynosa-Matamoros, el pasado 3 de abril, fue sólo “un accidente ocurrido durante una operación”.
De acuerdo con datos de la propia Sedena, desde la declaración de “guerra” de Calderón, los militares han tenido 496 enfrentamientos con diversos integrantes del crimen organizado; 33 de estos enfrentamientos entre militares y miembros del crimen organizado ocurrieron en “puestos de control”, como prefiere denominar el Ejército a los retenes.
Un ex jefe de la Policía federal, al ofrecer estos datos, justificó el actuar de los militares, luego de expresar lo siguiente: “¡33 enfrentamientos ocurrido en puestos de control, imagínate a cuánto estrés están sometidos los militares!”.
Efectivamente, un estrés que los ha llevado a cometer errores como el asesinato de dos niños que viajaban en una camioneta y donde sus padres, a pesar de agitar un pañuelo en señal de paz, fueron ignorados y rafageados por los “estresados militares” que estaban en el retén para detener o coartar la estrategia de una ruta de algún cartel.
La autorización de los retenes es lo que Calderón y Galván han pedido a los legisladores. La próxima semana, el Senado de la República emitirá la normatividad de “los controles militares”. Por lo pronto, la noche del jueves las comisiones unidas del Senado aprobaron en lo general la nueva Ley de Seguridad Nacional.
El problema de todo esto no es que se trate de combatir o parar el baño de sangre que inició Calderón en su “guerra” contra el narcotráfico, sino que sean los militares a los que les estén dando todas las herramientas para que ellos sean los que están al frente de los operativos, los que “limpiarán” los cuerpos policíacos locales…. y los que pretenden sustituir al Ministerio Público federal.
Aunque poco publicitado por los medios, la nueva ley contempla que el Ejército tenga “la potestad” para iniciar las investigaciones, la recolección de indicios que puedan convertirse posteriormente en evidencias, y la preservación de las escenas, “sin necesidad de estar presente inicialmente el Ministerio Público o la policía ministerial o federal”.
Con este nuevo marco, el Ministerio Público ya no tendría razón de existir y sus funciones pasarían “de manera legal” a ser ejercidas por el Ejército, que luego de 48 horas (de manipular la información si lo deseara) deberá entregar todo lo investigado en manos del Ministerio Público, el cual pasará a ser simplemente una oficina de atención al público que recibe quejas.
Con la nueva ley, los militares estarán tentados a actuar en la total impunidad, pues ellos serán quienes estén al frente de todo. Habrá que ver hasta dónde llegará la colaboración del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien, cuando el Ejecutivo Federal lo decida, estará siempre bajo las órdenes de los mandos miliares.
Según la nueva ley, cuando se emita la declaratoria de “afectación a la seguridad interior”, el Ejecutivo federal será quien determine quién, dónde y hasta cuándo se realizarán las operaciones en determinada zona para atacar el crimen organizado.
Al decir quién, y siendo promovida la ley por las fuerzas militares, resulta obvio que serán quienes estén al frente.
Un punto rescatable de esta ley es que ahora, al haber claramente determinado un mando al frente de cualquier operación, sobre este recaerán todas las responsabilidades y deberá ser juzgado por haber incurrido en “daños colaterales” y privar de la vida o violar los derechos humanos de la población civil.
Jesusa Cervantes
MÉXICO, D.F., 23 de abril (apro).- Al país le urge detener el baño de sangre que inició Felipe Calderón al declarar “la guerra” al narcotráfico, y en la que varios civiles han perdido la vida.
Desde el gobierno se provocaron los enfrentamientos y desde el gobierno pretenden detenerse, lo que podría resultar plausible si no fuera por el método.
Para acabar, Felipe Calderón y el general Guillermo Galván Galván, secretario de la Defensa Nacional, han pedido al Congreso de la Unión que les legalice las acciones que miles de efectivos militares realizan en rancherías, caminos vecinales, pueblos, carreteras, pequeñas y grandes ciudades desde que arrancó la administración del segundo gobierno panista.
Es un trabajo que deben realizar sólo las policías federales en coordinación con las locales. Sin embargo, la corrupción que priva en las corporaciones policíacas fue, desde el gobierno de Ernesto Zedilllo, para sacar al Ejército a las calles y ayudar en la lucha contra el narcotráfico.
Desde ese mismo día, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones cívicas e, incluso, partidos de izquierda, cuestionaron la decisión, pero nada lograron.
A la llegada de Calderón, el Ejército ya no sólo salió a las calles, sino que encabeza operativos. Calderón y el secretario de la Defensa quieren continuar en lo mismo.
El problema es que el Ejército mexicano actual es lo que los dedicados a esta tarea llaman “un ejército de paz”, en donde su función, más que defender la soberanía ante una invasión, ha realizado tareas de salvamento. Nunca fue preparado para hacer labores de seguridad pública, para “acompañar” a la Procuraduría General de la República o a la Policía Federal o a las policías locales para abatir la presencia del crimen organizado. De ahí que “los daños colaterales” durante los enfrentamientos entre militares y miembros de diversos cárteles, se estén volviendo cada vez más frecuentes.
Así califican, gobierno federal, policías federales y militares, a la muerte de personas civiles que se han quedado en medio del fuego cruzado o que han sido “confundidos” con criminales o han sido descarga del “estrés” al que someten los militares en los retenes de caminos vecinales.
Para los militares y policías federales, el significado de “daño colateral” no es herir o matar a un civil; es simplemente “un accidente ocurrido durante una operación”.
En este sentido, la muerte de los niños Bryan Almanza Salazar, de 5 años, y Martín Almanza Salazar, de 9, ocurrida en un retén militar en la carretera nacional Nuevo Laredo-Reynosa-Matamoros, el pasado 3 de abril, fue sólo “un accidente ocurrido durante una operación”.
De acuerdo con datos de la propia Sedena, desde la declaración de “guerra” de Calderón, los militares han tenido 496 enfrentamientos con diversos integrantes del crimen organizado; 33 de estos enfrentamientos entre militares y miembros del crimen organizado ocurrieron en “puestos de control”, como prefiere denominar el Ejército a los retenes.
Un ex jefe de la Policía federal, al ofrecer estos datos, justificó el actuar de los militares, luego de expresar lo siguiente: “¡33 enfrentamientos ocurrido en puestos de control, imagínate a cuánto estrés están sometidos los militares!”.
Efectivamente, un estrés que los ha llevado a cometer errores como el asesinato de dos niños que viajaban en una camioneta y donde sus padres, a pesar de agitar un pañuelo en señal de paz, fueron ignorados y rafageados por los “estresados militares” que estaban en el retén para detener o coartar la estrategia de una ruta de algún cartel.
La autorización de los retenes es lo que Calderón y Galván han pedido a los legisladores. La próxima semana, el Senado de la República emitirá la normatividad de “los controles militares”. Por lo pronto, la noche del jueves las comisiones unidas del Senado aprobaron en lo general la nueva Ley de Seguridad Nacional.
El problema de todo esto no es que se trate de combatir o parar el baño de sangre que inició Calderón en su “guerra” contra el narcotráfico, sino que sean los militares a los que les estén dando todas las herramientas para que ellos sean los que están al frente de los operativos, los que “limpiarán” los cuerpos policíacos locales…. y los que pretenden sustituir al Ministerio Público federal.
Aunque poco publicitado por los medios, la nueva ley contempla que el Ejército tenga “la potestad” para iniciar las investigaciones, la recolección de indicios que puedan convertirse posteriormente en evidencias, y la preservación de las escenas, “sin necesidad de estar presente inicialmente el Ministerio Público o la policía ministerial o federal”.
Con este nuevo marco, el Ministerio Público ya no tendría razón de existir y sus funciones pasarían “de manera legal” a ser ejercidas por el Ejército, que luego de 48 horas (de manipular la información si lo deseara) deberá entregar todo lo investigado en manos del Ministerio Público, el cual pasará a ser simplemente una oficina de atención al público que recibe quejas.
Con la nueva ley, los militares estarán tentados a actuar en la total impunidad, pues ellos serán quienes estén al frente de todo. Habrá que ver hasta dónde llegará la colaboración del secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna quien, cuando el Ejecutivo Federal lo decida, estará siempre bajo las órdenes de los mandos miliares.
Según la nueva ley, cuando se emita la declaratoria de “afectación a la seguridad interior”, el Ejecutivo federal será quien determine quién, dónde y hasta cuándo se realizarán las operaciones en determinada zona para atacar el crimen organizado.
Al decir quién, y siendo promovida la ley por las fuerzas militares, resulta obvio que serán quienes estén al frente.
Un punto rescatable de esta ley es que ahora, al haber claramente determinado un mando al frente de cualquier operación, sobre este recaerán todas las responsabilidades y deberá ser juzgado por haber incurrido en “daños colaterales” y privar de la vida o violar los derechos humanos de la población civil.
La reforma Ratzinger
DIEGO VALADÉS
El encono verbal se va convirtiendo en una forma de relación cotidiana entre nosotros. Las consecuencias de esta tendencia se podrán traducir en la imposibilidad de construir y de operar instituciones democráticas. La democracia es un conjunto de procedimientos para la deliberación y el acuerdo, de manera que si estro-peamos el debate, cancelamos el consenso. Traigo a colación lo anterior con motivo de la reforma constitucional acerca del Estado laico, que conforme más se discute más se aleja de los objetivos que la motivaron.
Los mexicanos hemos tratado de consolidar una cultura de los derechos humanos. Mucho se avanzó en los últimos años del siglo anterior, y en el primer decenio de este siglo se dieron nuevos pasos para abandonar los prejuicios que impedían la interrupción voluntaria del embarazo, la suspensión del ensañamiento terapéutico y la discriminación de los homosexuales. Pero en cuanto estas medidas fueron adoptadas en la ciudad de México, se produjo una airada reacción de la Iglesia católica.
En un Estado constitucional todas las confesiones tienen derecho a expresar su desafección por las decisiones que no los convencen. El problema no es éste; la cuestión crítica consiste en que el Estado mexicano ha ido dando carácter oficial a los argumentos de la jerarquía católica, primero con relación a la terminación voluntaria del embarazo y la eutanasia pasiva, y más tarde adversa a los homosexuales. En contrapartida se ha generado un movimiento creciente a favor de la secularidad del Estado que de ninguna manera niega las libertades en materia religiosa. No se cuestiona el derecho de cada persona para profesar una creencia; lo que se impugna es que el Estado asuma los argumentos y las posiciones de una confesión.
La primera fase de esa actitud se tradujo en la impugnación de las reformas al Código Penal del Distrito Federal en materia de aborto. Todo habría quedado resuelto si el gobierno se hubiera conformado con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que le negó la razón. Pero una vez más la jerarquía eclesiástica activó los resortes del poder y con la complicidad de dirigentes de todos los partidos impuso reformas constitucionales regresivas en 18 estados. En este contexto el Presidente de la República llegó al exceso de expresar que el agnosticismo y el ateísmo son factores criminógenos.
En tanto que el ordenamiento jurídico y el discurso político del Estado mexicano tienden a adoptar un carácter confesional, ha cobrado fuerza la idea de ampliar el laicismo republicano. Se hizo ostensible que si bien el artículo 24 constitucional establece la libertad religiosa y otros preceptos incluyen la laicidad en materias civil, educativa, electoral, laboral, patrimonial y registral, había un déficit muy sensible en cuanto al ámbito de salud. Esto facilitó las reformas constitucionales locales para evitar la terminación voluntaria del embarazo y para vedar toda posibilidad de dictar disposiciones anticipadas de voluntad en cuanto a la vida propia (eutanasia pasiva).
Uno de los objetivos de ampliar el concepto de laicidad en la Constitución consistía en ofrecer una base firme para declarar la inconstitucionalidad de las reformas confesionales introducidas en los estados y para conjurar otras acciones similares. Todo parecía bien encaminado, porque resultaba difícil que las fuerzas políticas eludieran un tema acorde con la evolución del constitucionalismo. Pero se encontró una forma ingeniosa de engañarnos. Se dijo que bastaría con introducir la palabra mágica laico en el artículo 40 para que todo quedara resuelto. Los legisladores que decidieron en ese sentido debieron calcular que con semejante adición darían la impresión de satisfacer una aspiración histórica mientras que en realidad complacían al alto clero. Los políticos deberían tener presentes las sabias palabras de Lincoln: se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo.
Cada vez son más las personas que consideran que esa reforma no traerá ventaja alguna. Pronto advertirán que incluso será desfavorable para el Estado secular en México. El problema reside en la equivocidad de las palabras.
En el caso de la laicidad hay tres formas de entenderla: como facultad del Estado para proscribir las prácticas religiosas; como obligación del Estado de valorar y equilibrar las relaciones entre las iglesias, y como separación estricta entre las iglesias y el poder político. La primera forma ha sido identificada como un laicismo de combate, que se nutre en las ideas de la Ilustración y de la revolución francesa y culmina con la expresión de Marx: la religión es el opio del pueblo. La segunda se conoce como laicismo positivo y preconiza que la única función del Estado en materia de creencias y de convicciones consiste en garantizar la paz entre los seguidores de las diferentes religiones (Benedicto XVI, Deus et caritas, 2005). La tercera forma de entender la laicidad consiste en la neutralidad del Estado ante el fenómeno religioso; éste es un laicismo republicano. En este último caso el Estado construye un orden normativo ajeno a las presiones confesionales.
Si fuera modificado el artículo 40 constitucional para introducir el concepto de laicidad, manteniendo el 24 con su redacción actual, que sólo garantiza la libertad de credos religiosos, pero no la libertad de convicciones éticas y filosóficas, el sistema constitucional mexicano estaría adoptando el principio de laicidad positiva postulado por la encíclica Deus et caritas. Éste sería un significativo apoyo de los legisladores mexicanos para el señor Ratzinger en un momento histórico de adversidad, derivado de los múltiples e impunes casos de pedofilia en el clero.
Si se pensara en un laicismo republicano, se haría indispensable modificar el artículo 24 para que al lado de la libertad de cultos se garantizara la de convicciones personales. De no hacerse una reforma republicana, es preferible quedar como estamos. Estamos mal, pero con la reforma pendiente de aprobación en el Senado podríamos estar peor porque consolidaría las reformas adversas al aborto, porque daría argumentos para declarar la inconstitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo y porque haría constitucional una tesis papista. Esto, claro, sólo para empezar.
DIEGO VALADÉS
El encono verbal se va convirtiendo en una forma de relación cotidiana entre nosotros. Las consecuencias de esta tendencia se podrán traducir en la imposibilidad de construir y de operar instituciones democráticas. La democracia es un conjunto de procedimientos para la deliberación y el acuerdo, de manera que si estro-peamos el debate, cancelamos el consenso. Traigo a colación lo anterior con motivo de la reforma constitucional acerca del Estado laico, que conforme más se discute más se aleja de los objetivos que la motivaron.
Los mexicanos hemos tratado de consolidar una cultura de los derechos humanos. Mucho se avanzó en los últimos años del siglo anterior, y en el primer decenio de este siglo se dieron nuevos pasos para abandonar los prejuicios que impedían la interrupción voluntaria del embarazo, la suspensión del ensañamiento terapéutico y la discriminación de los homosexuales. Pero en cuanto estas medidas fueron adoptadas en la ciudad de México, se produjo una airada reacción de la Iglesia católica.
En un Estado constitucional todas las confesiones tienen derecho a expresar su desafección por las decisiones que no los convencen. El problema no es éste; la cuestión crítica consiste en que el Estado mexicano ha ido dando carácter oficial a los argumentos de la jerarquía católica, primero con relación a la terminación voluntaria del embarazo y la eutanasia pasiva, y más tarde adversa a los homosexuales. En contrapartida se ha generado un movimiento creciente a favor de la secularidad del Estado que de ninguna manera niega las libertades en materia religiosa. No se cuestiona el derecho de cada persona para profesar una creencia; lo que se impugna es que el Estado asuma los argumentos y las posiciones de una confesión.
La primera fase de esa actitud se tradujo en la impugnación de las reformas al Código Penal del Distrito Federal en materia de aborto. Todo habría quedado resuelto si el gobierno se hubiera conformado con la resolución de la Suprema Corte de Justicia que le negó la razón. Pero una vez más la jerarquía eclesiástica activó los resortes del poder y con la complicidad de dirigentes de todos los partidos impuso reformas constitucionales regresivas en 18 estados. En este contexto el Presidente de la República llegó al exceso de expresar que el agnosticismo y el ateísmo son factores criminógenos.
En tanto que el ordenamiento jurídico y el discurso político del Estado mexicano tienden a adoptar un carácter confesional, ha cobrado fuerza la idea de ampliar el laicismo republicano. Se hizo ostensible que si bien el artículo 24 constitucional establece la libertad religiosa y otros preceptos incluyen la laicidad en materias civil, educativa, electoral, laboral, patrimonial y registral, había un déficit muy sensible en cuanto al ámbito de salud. Esto facilitó las reformas constitucionales locales para evitar la terminación voluntaria del embarazo y para vedar toda posibilidad de dictar disposiciones anticipadas de voluntad en cuanto a la vida propia (eutanasia pasiva).
Uno de los objetivos de ampliar el concepto de laicidad en la Constitución consistía en ofrecer una base firme para declarar la inconstitucionalidad de las reformas confesionales introducidas en los estados y para conjurar otras acciones similares. Todo parecía bien encaminado, porque resultaba difícil que las fuerzas políticas eludieran un tema acorde con la evolución del constitucionalismo. Pero se encontró una forma ingeniosa de engañarnos. Se dijo que bastaría con introducir la palabra mágica laico en el artículo 40 para que todo quedara resuelto. Los legisladores que decidieron en ese sentido debieron calcular que con semejante adición darían la impresión de satisfacer una aspiración histórica mientras que en realidad complacían al alto clero. Los políticos deberían tener presentes las sabias palabras de Lincoln: se puede engañar a algunos todo el tiempo, se puede engañar a todos algún tiempo, pero no se puede engañar a todos, todo el tiempo.
Cada vez son más las personas que consideran que esa reforma no traerá ventaja alguna. Pronto advertirán que incluso será desfavorable para el Estado secular en México. El problema reside en la equivocidad de las palabras.
En el caso de la laicidad hay tres formas de entenderla: como facultad del Estado para proscribir las prácticas religiosas; como obligación del Estado de valorar y equilibrar las relaciones entre las iglesias, y como separación estricta entre las iglesias y el poder político. La primera forma ha sido identificada como un laicismo de combate, que se nutre en las ideas de la Ilustración y de la revolución francesa y culmina con la expresión de Marx: la religión es el opio del pueblo. La segunda se conoce como laicismo positivo y preconiza que la única función del Estado en materia de creencias y de convicciones consiste en garantizar la paz entre los seguidores de las diferentes religiones (Benedicto XVI, Deus et caritas, 2005). La tercera forma de entender la laicidad consiste en la neutralidad del Estado ante el fenómeno religioso; éste es un laicismo republicano. En este último caso el Estado construye un orden normativo ajeno a las presiones confesionales.
Si fuera modificado el artículo 40 constitucional para introducir el concepto de laicidad, manteniendo el 24 con su redacción actual, que sólo garantiza la libertad de credos religiosos, pero no la libertad de convicciones éticas y filosóficas, el sistema constitucional mexicano estaría adoptando el principio de laicidad positiva postulado por la encíclica Deus et caritas. Éste sería un significativo apoyo de los legisladores mexicanos para el señor Ratzinger en un momento histórico de adversidad, derivado de los múltiples e impunes casos de pedofilia en el clero.
Si se pensara en un laicismo republicano, se haría indispensable modificar el artículo 24 para que al lado de la libertad de cultos se garantizara la de convicciones personales. De no hacerse una reforma republicana, es preferible quedar como estamos. Estamos mal, pero con la reforma pendiente de aprobación en el Senado podríamos estar peor porque consolidaría las reformas adversas al aborto, porque daría argumentos para declarar la inconstitucionalidad del matrimonio entre personas del mismo sexo y porque haría constitucional una tesis papista. Esto, claro, sólo para empezar.
Astillero
Huelga de hambre
SME resiste
Solidaridad
Plan Clinton
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Más de medio año después, el Sindicato Mexicano de Electricistas se mantiene en viva resistencia ante los abusos de poder en su contra, lo que no es poca cosa si se toma en cuenta el linchamiento mediático, el chantaje económico en materia de liquidaciones y la mano dura ejercida por el secretario de Trabajo fascistoide, Javier Lozano, a nombre de su jefe Felipe Calderón, ambos convertidos en violadores profesionales de la Constitución y las leyes del trabajo en aras de, entre otros proyectos facciosos, dejar limpio el camino a negocios oscuros con inversionistas locales y extranjeros en materia de fibra óptica.
Condenado por Los Pinos a la extinción, ese sindicato mantiene en alto sus banderas y exigencias y ayer instaló en un extremo del Zócalo capitalino una primera parte del grupo de 50 trabajadores que han decidido llegar al extremo de realizar una huelga de hambre, agotada ya buena parte de los recursos legales y políticos de los que ese gremio pudo echar mano a lo largo de los seis meses y medio que han transcurrido desde que Calderón decidió tomar las instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro, en un golpe policiaco realizado mientras mantenía por otro lado la oferta, traicionada, de dialogar y negociar con el SME al que en cuestión de horas creyó extinguir, junto con su fuente de trabajo, mediante un decreto que ahora está en un tramo de revisión por la zigzagueante Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habrá de definir si una resolución individual emitida desde Los Pinos puede anular de manera fulminante e irreversible una relación contractual de trabajo y los demás derechos adquiridos por decenas de miles de personas que de golpe quedaron en la calle.
La resistencia de los electricistas es particularmente ejemplar porque es una de las escasas formas de oposición organizada que se mantienen hoy en nuestro país frente a los muy graves excesos cometidos desde un poder federal al que cada vez más mexicanos critican, pero al que muy pocos llegan a combatir política y masivamente. La nación vive entre llanto, sangre y temor, cada día enterándose de peores hechos criminales desatados por una torpe guerra contra el narcotráfico, pero poco se logra hacer en ese contexto que inhibe toda participación social mediante el expediente simple del riesgo de muerte que el narco y sus vertientes asociadas desde el poder pueden aplicar con absoluta impunidad contra quienes encabecen acciones populares de protesta. A la distancia, convertidos en parte de un México invisible o poco visible para el resto de sus paisanos, los trabajadores de Cananea, y los mineros en general, sobrellevan otras formas de injusticia administradas por el calderonismo que defiende al patrón Larrea frente a las demandas no sólo en el contexto de ese pueblo sonorense históricamente tan significativo, sino, largamente, en el caso de Pasta de Conchos, oficialmente condenado al olvido. Muchos ejemplos podrían darse de esos agravios cometidos por Los Pinos, pero frente a ellos sólo han resistido con resonancia nacional y movilizaciones amplias, con sus matices, el movimiento social que nació contra el fraude electoral de 2006 y el sindicalismo electricista del centro del país. Por ello, la huelga de hambre instalada ayer es una forma de lucha que debería recibir la mayor cobertura y solidaridad social, asumiendo que no son solamente los legítimos intereses de una organización sindical los que están en juego, sino la posibilidad de resistir actos autoritarios de poder y revertirlos a pesar de todo y contra todo. Todos los días, a las cinco de la tarde, en la carpa instalada en el Zócalo, frente a las oficinas principales del gobierno del Distrito Federal, se abrirá una tribuna para informar de los avances de esta protesta y recibir muestras de solidaridad. Para el primero de mayo venidero también se organizan acciones que den prueba de la vitalidad y consistencia del movimiento electricista.
La fiereza del felipismo contra su pueblo no tiene similitud frente al extranjero. En Arizona se ha dado banderazo de salida al deporte de la caza del indocumentado y el gobierno mexicano parece pasmado, sin mayor respuesta que la mala oratoria de sus principales funcionarios. Fernando Gómez-Mont, por ejemplo, continúa con su historial de palabrería deplorable, ahora pidiendo a Estados Unidos que con vergüenza asuma su corresponsabilidad en la guerra mexicana contra el narcotráfico, particularmente en el rubro del tráfico de armas, todo ello luego que el poco vergonzoso Bill Clinton hubiera planteado que debería confeccionarse un Plan México, a semejanza del diseñado y ejecutado en Colombia, para poder combatir con éxito al mercadeo ilegal de drogas. Eso sí, comprensivo, el esposo de Hillary dijo que, siendo los mexicanos exageramente celosos de nuestra soberanía, bueno fuera que las autoridades locales acabaran anunciando como propio... el plan que EU propone.
Astillas
La sucesión gubernamental está teñida de rojo en Guerrero. Primero fue el asesinato, hasta ahora impune, del diputado perredista Armando Chavarría, quien trabajaba en busca de ser candidato del sol azteca al relevo de Zeferino Torreblanca. Ahora ha sido ejecutado el dirigente del PT en Guerrero, Rey Hernández, quien estaba a cargo de las negociaciones en esa entidad en busca de alianzas electorales... En Michoacán, mientras siguen saliendo en libertad, y libres de cargos, presidentes municipales detenidos meses atrás por el calderonismo en una redada intimidatoria de tipo partidista, la secretaria de seguridad pública, Minerva Bautista, ha sobrevivido a un atentado en el que murieron escoltas y civiles, luego que esa funcionaria y otros miembros del gabinete estatal habían acompañado a Leonel Godoy a inaugurar la Expo-Feria estatal en la que había anunciado que no permitiría que se vendiera fayuca ni piratería... Y, mientras Pinocho Nava dice en Tlaxcala que el panismo nacional está más fuerte y unido que nunca, ¡hasta mañana, ahora con granadas que explotan en Insurgentes Sur, en la ciudad de México!
Huelga de hambre
SME resiste
Solidaridad
Plan Clinton
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Más de medio año después, el Sindicato Mexicano de Electricistas se mantiene en viva resistencia ante los abusos de poder en su contra, lo que no es poca cosa si se toma en cuenta el linchamiento mediático, el chantaje económico en materia de liquidaciones y la mano dura ejercida por el secretario de Trabajo fascistoide, Javier Lozano, a nombre de su jefe Felipe Calderón, ambos convertidos en violadores profesionales de la Constitución y las leyes del trabajo en aras de, entre otros proyectos facciosos, dejar limpio el camino a negocios oscuros con inversionistas locales y extranjeros en materia de fibra óptica.
Condenado por Los Pinos a la extinción, ese sindicato mantiene en alto sus banderas y exigencias y ayer instaló en un extremo del Zócalo capitalino una primera parte del grupo de 50 trabajadores que han decidido llegar al extremo de realizar una huelga de hambre, agotada ya buena parte de los recursos legales y políticos de los que ese gremio pudo echar mano a lo largo de los seis meses y medio que han transcurrido desde que Calderón decidió tomar las instalaciones de la compañía Luz y Fuerza del Centro, en un golpe policiaco realizado mientras mantenía por otro lado la oferta, traicionada, de dialogar y negociar con el SME al que en cuestión de horas creyó extinguir, junto con su fuente de trabajo, mediante un decreto que ahora está en un tramo de revisión por la zigzagueante Suprema Corte de Justicia de la Nación, que habrá de definir si una resolución individual emitida desde Los Pinos puede anular de manera fulminante e irreversible una relación contractual de trabajo y los demás derechos adquiridos por decenas de miles de personas que de golpe quedaron en la calle.
La resistencia de los electricistas es particularmente ejemplar porque es una de las escasas formas de oposición organizada que se mantienen hoy en nuestro país frente a los muy graves excesos cometidos desde un poder federal al que cada vez más mexicanos critican, pero al que muy pocos llegan a combatir política y masivamente. La nación vive entre llanto, sangre y temor, cada día enterándose de peores hechos criminales desatados por una torpe guerra contra el narcotráfico, pero poco se logra hacer en ese contexto que inhibe toda participación social mediante el expediente simple del riesgo de muerte que el narco y sus vertientes asociadas desde el poder pueden aplicar con absoluta impunidad contra quienes encabecen acciones populares de protesta. A la distancia, convertidos en parte de un México invisible o poco visible para el resto de sus paisanos, los trabajadores de Cananea, y los mineros en general, sobrellevan otras formas de injusticia administradas por el calderonismo que defiende al patrón Larrea frente a las demandas no sólo en el contexto de ese pueblo sonorense históricamente tan significativo, sino, largamente, en el caso de Pasta de Conchos, oficialmente condenado al olvido. Muchos ejemplos podrían darse de esos agravios cometidos por Los Pinos, pero frente a ellos sólo han resistido con resonancia nacional y movilizaciones amplias, con sus matices, el movimiento social que nació contra el fraude electoral de 2006 y el sindicalismo electricista del centro del país. Por ello, la huelga de hambre instalada ayer es una forma de lucha que debería recibir la mayor cobertura y solidaridad social, asumiendo que no son solamente los legítimos intereses de una organización sindical los que están en juego, sino la posibilidad de resistir actos autoritarios de poder y revertirlos a pesar de todo y contra todo. Todos los días, a las cinco de la tarde, en la carpa instalada en el Zócalo, frente a las oficinas principales del gobierno del Distrito Federal, se abrirá una tribuna para informar de los avances de esta protesta y recibir muestras de solidaridad. Para el primero de mayo venidero también se organizan acciones que den prueba de la vitalidad y consistencia del movimiento electricista.
La fiereza del felipismo contra su pueblo no tiene similitud frente al extranjero. En Arizona se ha dado banderazo de salida al deporte de la caza del indocumentado y el gobierno mexicano parece pasmado, sin mayor respuesta que la mala oratoria de sus principales funcionarios. Fernando Gómez-Mont, por ejemplo, continúa con su historial de palabrería deplorable, ahora pidiendo a Estados Unidos que con vergüenza asuma su corresponsabilidad en la guerra mexicana contra el narcotráfico, particularmente en el rubro del tráfico de armas, todo ello luego que el poco vergonzoso Bill Clinton hubiera planteado que debería confeccionarse un Plan México, a semejanza del diseñado y ejecutado en Colombia, para poder combatir con éxito al mercadeo ilegal de drogas. Eso sí, comprensivo, el esposo de Hillary dijo que, siendo los mexicanos exageramente celosos de nuestra soberanía, bueno fuera que las autoridades locales acabaran anunciando como propio... el plan que EU propone.
Astillas
La sucesión gubernamental está teñida de rojo en Guerrero. Primero fue el asesinato, hasta ahora impune, del diputado perredista Armando Chavarría, quien trabajaba en busca de ser candidato del sol azteca al relevo de Zeferino Torreblanca. Ahora ha sido ejecutado el dirigente del PT en Guerrero, Rey Hernández, quien estaba a cargo de las negociaciones en esa entidad en busca de alianzas electorales... En Michoacán, mientras siguen saliendo en libertad, y libres de cargos, presidentes municipales detenidos meses atrás por el calderonismo en una redada intimidatoria de tipo partidista, la secretaria de seguridad pública, Minerva Bautista, ha sobrevivido a un atentado en el que murieron escoltas y civiles, luego que esa funcionaria y otros miembros del gabinete estatal habían acompañado a Leonel Godoy a inaugurar la Expo-Feria estatal en la que había anunciado que no permitiría que se vendiera fayuca ni piratería... Y, mientras Pinocho Nava dice en Tlaxcala que el panismo nacional está más fuerte y unido que nunca, ¡hasta mañana, ahora con granadas que explotan en Insurgentes Sur, en la ciudad de México!
