SIGUE LA MATA DANDO
26 abr 2010
Ante la OEA, otro caso de abuso militar contra civiles.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F. , 24 de abril (Proceso).- El gobierno de Felipe Calderón presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los supuestos avances en las indagatorias sobre la desaparición de tres jóvenes detenidos por el Ejército en Ciudad Juárez. Sin embargo, el organismo de la OEA consideró insuficiente ese trabajo y ordenó aplicar medidas cautelares para proteger a las víctimas, a sus familiares y a los defensores. Antes, el gobierno mexicano había ocultado que la PGR declinó su competencia ante el caso y lo remitió al fuero militar.
Con la “complicidad” de autoridades civiles, los militares implicados en la desaparición forzada de tres jóvenes de Chihuahua “permanecen protegidos”, mientras el gobierno mantiene una “actitud de simulación ante organismos internacionales”, denuncia Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem).
Castro Rodríguez exhibe a la administración de Felipe Calderón a través del intercambio de correspondencia entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la desaparición forzada de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, ubicado al oeste de Villa Ahumada.
El caso fue denunciado de inmediato por los familiares de los jóvenes Alvarado en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJCH) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como en las comisiones de derechos humanos del estado y la nacional, instancias ante las que nombraron como sus representantes al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad Social y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
La investigación fue remitida al fuero militar pese a que los familiares de los jóvenes desaparecidos en Chihuahua y sus representantes exigieron que las autoridades civiles se hicieran cargo del caso, en apego a las normas internacionales y a la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en 1974.
Inconformes, el 12 de enero de 2010 solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta del secretario técnico de la CIDH, Santiago Cantón, el 4 de marzo, fue otorgar medidas cautelares a los familiares y a los defensores.
En un escrito dirigido a Gustavo Albin Santos, representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Cantón considera insatisfactoria la respuesta del gobierno mexicano enviada a la CIDH el 14 de enero, por lo que solicitó la protección del Estado mexicano para los desaparecidos, 11 de sus familiares y tres defensores.
En el documento con la clave MC-55-10, Cantón señala que la respuesta mexicana “no suministraba información sobre el paradero de las personas mencionadas”, y reprocha que, “a pesar de que algunos funcionarios indicaron a los familiares que los tres desaparecidos fueron detenidos por miembros del XXXV Batallón de Infantería, las autoridades no les habrían proporcionado información sobre su paradero”.
Luz Esthela Castro Rodríguez sostiene: “No hay duda de que fueron militares quienes se los llevaron, y a pesar de ello, las autoridades civiles ante las que se presentó la denuncia no han seguido esa línea de investigación, no han hecho ninguna diligencia para localizarlos, y peor aún, la PGR se declaró incompetente y envió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar”.
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F. , 24 de abril (Proceso).- El gobierno de Felipe Calderón presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos los supuestos avances en las indagatorias sobre la desaparición de tres jóvenes detenidos por el Ejército en Ciudad Juárez. Sin embargo, el organismo de la OEA consideró insuficiente ese trabajo y ordenó aplicar medidas cautelares para proteger a las víctimas, a sus familiares y a los defensores. Antes, el gobierno mexicano había ocultado que la PGR declinó su competencia ante el caso y lo remitió al fuero militar.
Con la “complicidad” de autoridades civiles, los militares implicados en la desaparición forzada de tres jóvenes de Chihuahua “permanecen protegidos”, mientras el gobierno mantiene una “actitud de simulación ante organismos internacionales”, denuncia Luz Esthela Castro Rodríguez, coordinadora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedhem).
Castro Rodríguez exhibe a la administración de Felipe Calderón a través del intercambio de correspondencia entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a la desaparición forzada de los jóvenes Nitza Paola Alvarado Espinosa, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, quienes fueron detenidos por elementos del Ejército el 29 de diciembre de 2009 en el municipio de Buenaventura, ubicado al oeste de Villa Ahumada.
El caso fue denunciado de inmediato por los familiares de los jóvenes Alvarado en la Procuraduría General de Justicia de Chihuahua (PGJCH) y la Procuraduría General de la República (PGR), así como en las comisiones de derechos humanos del estado y la nacional, instancias ante las que nombraron como sus representantes al Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte y la Comisión de Solidaridad Social y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac).
La investigación fue remitida al fuero militar pese a que los familiares de los jóvenes desaparecidos en Chihuahua y sus representantes exigieron que las autoridades civiles se hicieran cargo del caso, en apego a las normas internacionales y a la sentencia contra México de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la desaparición de Rosendo Radilla a manos de militares en 1974.
Inconformes, el 12 de enero de 2010 solicitaron la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La respuesta del secretario técnico de la CIDH, Santiago Cantón, el 4 de marzo, fue otorgar medidas cautelares a los familiares y a los defensores.
En un escrito dirigido a Gustavo Albin Santos, representante de México ante la Organización de Estados Americanos, Cantón considera insatisfactoria la respuesta del gobierno mexicano enviada a la CIDH el 14 de enero, por lo que solicitó la protección del Estado mexicano para los desaparecidos, 11 de sus familiares y tres defensores.
En el documento con la clave MC-55-10, Cantón señala que la respuesta mexicana “no suministraba información sobre el paradero de las personas mencionadas”, y reprocha que, “a pesar de que algunos funcionarios indicaron a los familiares que los tres desaparecidos fueron detenidos por miembros del XXXV Batallón de Infantería, las autoridades no les habrían proporcionado información sobre su paradero”.
Luz Esthela Castro Rodríguez sostiene: “No hay duda de que fueron militares quienes se los llevaron, y a pesar de ello, las autoridades civiles ante las que se presentó la denuncia no han seguido esa línea de investigación, no han hecho ninguna diligencia para localizarlos, y peor aún, la PGR se declaró incompetente y envió el caso a la Procuraduría de Justicia Militar”.
Emprenden electricistas huelga de hambre masiva en el Zócalo
Organizaciones sociales fraternas manifestaron su decisión de participar en el ayuno colectivo
PATRICIA MUÑOZ RÍOS
Periódico La Jornada
A ver ahora qué dicen de las huelgas de hambre en Cuba cuando van a tener en el Zócalo una de decenas de trabajadores, planteó el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, en la instalación del campamento en que 10 integrantes de este gremio iniciaron ayer un ayuno masivo, en demanda de que les regresen su empleo.
La huelga de hambre de miembros del SME comenzó este domingo, luego de una misa en la sede del sindicato oficiada por el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez, del Centro de Acción y Reflexión Laboral, y de la marcha que los electricistas en resistencia, acompañados de sus esposas e hijos, emprendieron hacia el Zócalo.
El secretario del exterior del sindicato, Fernando Amezcua; un hermano del secretario general del sindicato, Pablo Esparza Flores, junto con los trabajadores Gustavo García Escárcega, Obed Vicencio Becerril, Cayetano Esteva Cabrera, Leonardo Alcalá Aguilar, José Ángel Téllez, Roberto Salcedo Alemán, Gonzalo Alcántara Rodríguez y Luis Maya Molina, son los primeros 10 electricistas que ayunarán.
Posibilidad en estudio
Este lunes, a las 10 de la mañana, se instalarán otros 10 huelguistas y así sucesivamente, hasta que sean cientos, informó Martín Esparza, quien agregó que incluso estudiantes y miembros de organizaciones sociales fraternas manifestaron su decisión de participar en el ayuno colectivo. Sin embargo, esta posibilidad está en evaluación.
El campamento del SME, ubicado a espaldas del museo monumental e itinerante México en tus sentidos, está compuesto por decenas de catres en espera de los demás huelguistas, que ayer fueron acompañados por representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), legisladores, los dirigentes del Frente Metropolitano de Organizaciones Populares (FMOP), María Rosete, dirigente de los ambulantes de Tepito; del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Salud, y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, entre otros.
En la instalación del recinto, bajo un sol inclemente, Esparza hizo ver que realizan esta huelga de hambre como acción de desobediencia civil a más de seis meses del ilegal decreto del presidente Felipe Calderón, que los dejó sin su fuente de trabajo.
En este 1º de mayo, dijo, el gobierno tiene que rendir cuentas no sólo de sus acciones cometidas contra los trabajadores del SME, sino contra el gremio minero y concretamente los mineros de Cananea, donde a 100 años de la Revolución Mexicana se quiere repetir la historia de represión. No sólo eso: también tiene que rendir cuentas de lo que ha hecho este gobierno contra los trabajadores, a los cuales ha empobrecido y desempleado, dijo.
Fernando Amezcua, luego de plantear que aun estando en huelga de hambre no va a parar sus actividades, señaló que se trata de un movimiento pacífico, que busca la solución definitiva a este conflicto, salvaguardar las conquistas laborales de los antecesores y el rescate de la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antes, en la misa que se llevó a cabo en la sede del SME, el jesuita Carlos Rodríguez pidió a los trabajadores que se van a huelga de hambre que dirigieran un mensaje a sus familias. Uno de ellos dijo: “Hoy me levante y sé que es mi último día de desempleado… Mañana voy a regresar a trabajar”.
Rodríguez pidió a los asistentes que abarrotaron la sede, orar por los que inician este ayuno, a quienes animó a tener coraje para lograr la justicia y esperanza, y no abandonar la lucha. Oró para que Dios ilumine la cabeza de los gobernantes de este país y abandonen la arrogancia para encontrar una solución al conflicto.
Los trabajadores estrenaron camisetas. Son blancas y tienen rotulado: Hay quienes viven de la historia; hay quienes aprenden la historia, nosotros estamos haciendo historia.
Organizaciones sociales fraternas manifestaron su decisión de participar en el ayuno colectivo
PATRICIA MUÑOZ RÍOS
Periódico La Jornada
A ver ahora qué dicen de las huelgas de hambre en Cuba cuando van a tener en el Zócalo una de decenas de trabajadores, planteó el líder del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), Martín Esparza Flores, en la instalación del campamento en que 10 integrantes de este gremio iniciaron ayer un ayuno masivo, en demanda de que les regresen su empleo.
La huelga de hambre de miembros del SME comenzó este domingo, luego de una misa en la sede del sindicato oficiada por el sacerdote jesuita Carlos Rodríguez, del Centro de Acción y Reflexión Laboral, y de la marcha que los electricistas en resistencia, acompañados de sus esposas e hijos, emprendieron hacia el Zócalo.
El secretario del exterior del sindicato, Fernando Amezcua; un hermano del secretario general del sindicato, Pablo Esparza Flores, junto con los trabajadores Gustavo García Escárcega, Obed Vicencio Becerril, Cayetano Esteva Cabrera, Leonardo Alcalá Aguilar, José Ángel Téllez, Roberto Salcedo Alemán, Gonzalo Alcántara Rodríguez y Luis Maya Molina, son los primeros 10 electricistas que ayunarán.
Posibilidad en estudio
Este lunes, a las 10 de la mañana, se instalarán otros 10 huelguistas y así sucesivamente, hasta que sean cientos, informó Martín Esparza, quien agregó que incluso estudiantes y miembros de organizaciones sociales fraternas manifestaron su decisión de participar en el ayuno colectivo. Sin embargo, esta posibilidad está en evaluación.
El campamento del SME, ubicado a espaldas del museo monumental e itinerante México en tus sentidos, está compuesto por decenas de catres en espera de los demás huelguistas, que ayer fueron acompañados por representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), legisladores, los dirigentes del Frente Metropolitano de Organizaciones Populares (FMOP), María Rosete, dirigente de los ambulantes de Tepito; del Sindicato Independiente de Trabajadores de la Salud, y de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala, entre otros.
En la instalación del recinto, bajo un sol inclemente, Esparza hizo ver que realizan esta huelga de hambre como acción de desobediencia civil a más de seis meses del ilegal decreto del presidente Felipe Calderón, que los dejó sin su fuente de trabajo.
En este 1º de mayo, dijo, el gobierno tiene que rendir cuentas no sólo de sus acciones cometidas contra los trabajadores del SME, sino contra el gremio minero y concretamente los mineros de Cananea, donde a 100 años de la Revolución Mexicana se quiere repetir la historia de represión. No sólo eso: también tiene que rendir cuentas de lo que ha hecho este gobierno contra los trabajadores, a los cuales ha empobrecido y desempleado, dijo.
Fernando Amezcua, luego de plantear que aun estando en huelga de hambre no va a parar sus actividades, señaló que se trata de un movimiento pacífico, que busca la solución definitiva a este conflicto, salvaguardar las conquistas laborales de los antecesores y el rescate de la credibilidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Antes, en la misa que se llevó a cabo en la sede del SME, el jesuita Carlos Rodríguez pidió a los trabajadores que se van a huelga de hambre que dirigieran un mensaje a sus familias. Uno de ellos dijo: “Hoy me levante y sé que es mi último día de desempleado… Mañana voy a regresar a trabajar”.
Rodríguez pidió a los asistentes que abarrotaron la sede, orar por los que inician este ayuno, a quienes animó a tener coraje para lograr la justicia y esperanza, y no abandonar la lucha. Oró para que Dios ilumine la cabeza de los gobernantes de este país y abandonen la arrogancia para encontrar una solución al conflicto.
Los trabajadores estrenaron camisetas. Son blancas y tienen rotulado: Hay quienes viven de la historia; hay quienes aprenden la historia, nosotros estamos haciendo historia.
En 25 años la pobreza se disparó, pese a gasto multimillonario en México: experto
El padrón del programa federal no es transparente y permite la exclusión de desamparados, dice Critica el académico del IPN que el asunto se resuelve con empleo y no con acciones sociales
ANGÉLICA ENCISO L.
Periódico La Jornada
Aun con el gasto de casi 200 mil millones de dólares en programas sociales durante los últimos 25 años, el número de pobres pasó de 20 por ciento de la población a cerca de 50 por ciento, unos 53 millones de mexicanos, según cifras conservadoras, señala Genaro Aguilar, integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
Indica que datos de los expertos revelan que hay unos 70 millones de personas en esa condición, y Oportunidades, el principal programa del gobierno federal contra la pobreza, no cumple con llegar a la gente que está en el nivel más bajo del ingreso y tampoco es transparente en la forma de definir el padrón de beneficiarios.
Oportunidades ha sido el mecanismo menos eficiente de combate a la pobreza en América Latina, porque carece de transparencia en la integración de los padrones de beneficiarios y no existe un ordenamiento jurídico que permita que los pobres que no son incluidos en él puedan ser integrados, explica el profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Indica que, a diferencia de México, en Brasil hay leyes que permiten que los que no son pobres no entren al programa Bolsa Familia –el equivalente a Oportunidades– y que los que sí lo son puedan exigir su inclusión.
Evalúa que una de las razones por las que el mayor incremento de la pobreza se da en México, de acuerdo con datos del Banco Mundial difundidos la semana pasada, es que los programas no están diseñados en función de los más pobres. Explica que las reglas de Oportunidades permiten la exclusión del contingente de la población más pobre.
Otro problema, abunda, es que la pobreza no se resuelve con programas sociales, el camino debería ser un modelo económico que permita la creación de empleos bien remunerados y de manera sistemática, para que absorba la mano de obra que todos los años ingresa al mercado laboral.
Nos dicen que se crearon 390 mil empleos, pero hay un rezago de 3.5 millones, y esto se refleja en el sector informal, ya que en 1984 había 1.8 millones de personas en éste, pero ahora son más de 12 millones, crecieron 10 veces, lo cual genera condiciones precarias para la población que está en ese sector, y tampoco tienen un sistema de protección social, añade.
Refiere que anualmente se invierten en programas de combate a la pobreza unos 80 mil millones de pesos, lo cual ha dejado en los últimos 25 años un ejercicio de alrededor de 200 mil millones de dólares; sin embargo, la pobreza ha crecido. Esto quiere decir que la inversión no ha servido para revertir la miseria, el modelo económico privilegia las reglas del mercado y no crea mecanismos para abatir la pobreza.
Recuerda que en 2009 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social habló de un aumento de 6 millones de personas en pobreza, con datos a 2008, pero mi estimación era que en los primeros tres años habría un total de 10.5 millones de pobres adicionales a los de 2006. Este gobierno ha salido reprobado en materia de desarrollo social. La política económica que ha generado este número de pobres no cambia.
Clientelas políticas, las favorecidas
Refiere que ha encontrado que quienes se encargan de integrar el padrón de Oportunidades en las comunidades o en las colonias, esperan a que los líderes correspondientes les digan a quién incluir, por lo que hay población que recibe el recurso y no es la que está en la parte más baja de la distribución del ingreso. Son las clientelas políticas que son integradas al programa, la gente más pobre que no está relacionada con esos líderes es excluida.
En un análisis sobre los planes, sostiene que hay un sistema de protección social compuesto por innumerables programas y políticas sectoriales, algunos opuestos a otros, de baja eficacia y eficiencia, de vida efímera e impermeable al control ciudadano.
Asienta que la falta de control en el gasto social se percibe en que no hay un padrón nacional de beneficiarios de los programas sociales, donde se pueda identificar con precisión quién y cómo reciben los beneficios de los programas sociales nacionales, estatales y municipales.
Se carece de mecanismos de control ciudadano y transparencia en la ejecución de los recursos de combate a la pobreza, lo que se traduce en que muchos programas públicos profundizan, en lugar de atenuar, las desigualdades, asevera.
El padrón del programa federal no es transparente y permite la exclusión de desamparados, dice Critica el académico del IPN que el asunto se resuelve con empleo y no con acciones sociales
ANGÉLICA ENCISO L.
Periódico La Jornada
Aun con el gasto de casi 200 mil millones de dólares en programas sociales durante los últimos 25 años, el número de pobres pasó de 20 por ciento de la población a cerca de 50 por ciento, unos 53 millones de mexicanos, según cifras conservadoras, señala Genaro Aguilar, integrante del Sistema Nacional de Investigadores.
Indica que datos de los expertos revelan que hay unos 70 millones de personas en esa condición, y Oportunidades, el principal programa del gobierno federal contra la pobreza, no cumple con llegar a la gente que está en el nivel más bajo del ingreso y tampoco es transparente en la forma de definir el padrón de beneficiarios.
Oportunidades ha sido el mecanismo menos eficiente de combate a la pobreza en América Latina, porque carece de transparencia en la integración de los padrones de beneficiarios y no existe un ordenamiento jurídico que permita que los pobres que no son incluidos en él puedan ser integrados, explica el profesor de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
Indica que, a diferencia de México, en Brasil hay leyes que permiten que los que no son pobres no entren al programa Bolsa Familia –el equivalente a Oportunidades– y que los que sí lo son puedan exigir su inclusión.
Evalúa que una de las razones por las que el mayor incremento de la pobreza se da en México, de acuerdo con datos del Banco Mundial difundidos la semana pasada, es que los programas no están diseñados en función de los más pobres. Explica que las reglas de Oportunidades permiten la exclusión del contingente de la población más pobre.
Otro problema, abunda, es que la pobreza no se resuelve con programas sociales, el camino debería ser un modelo económico que permita la creación de empleos bien remunerados y de manera sistemática, para que absorba la mano de obra que todos los años ingresa al mercado laboral.
Nos dicen que se crearon 390 mil empleos, pero hay un rezago de 3.5 millones, y esto se refleja en el sector informal, ya que en 1984 había 1.8 millones de personas en éste, pero ahora son más de 12 millones, crecieron 10 veces, lo cual genera condiciones precarias para la población que está en ese sector, y tampoco tienen un sistema de protección social, añade.
Refiere que anualmente se invierten en programas de combate a la pobreza unos 80 mil millones de pesos, lo cual ha dejado en los últimos 25 años un ejercicio de alrededor de 200 mil millones de dólares; sin embargo, la pobreza ha crecido. Esto quiere decir que la inversión no ha servido para revertir la miseria, el modelo económico privilegia las reglas del mercado y no crea mecanismos para abatir la pobreza.
Recuerda que en 2009 el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social habló de un aumento de 6 millones de personas en pobreza, con datos a 2008, pero mi estimación era que en los primeros tres años habría un total de 10.5 millones de pobres adicionales a los de 2006. Este gobierno ha salido reprobado en materia de desarrollo social. La política económica que ha generado este número de pobres no cambia.
Clientelas políticas, las favorecidas
Refiere que ha encontrado que quienes se encargan de integrar el padrón de Oportunidades en las comunidades o en las colonias, esperan a que los líderes correspondientes les digan a quién incluir, por lo que hay población que recibe el recurso y no es la que está en la parte más baja de la distribución del ingreso. Son las clientelas políticas que son integradas al programa, la gente más pobre que no está relacionada con esos líderes es excluida.
En un análisis sobre los planes, sostiene que hay un sistema de protección social compuesto por innumerables programas y políticas sectoriales, algunos opuestos a otros, de baja eficacia y eficiencia, de vida efímera e impermeable al control ciudadano.
Asienta que la falta de control en el gasto social se percibe en que no hay un padrón nacional de beneficiarios de los programas sociales, donde se pueda identificar con precisión quién y cómo reciben los beneficios de los programas sociales nacionales, estatales y municipales.
Se carece de mecanismos de control ciudadano y transparencia en la ejecución de los recursos de combate a la pobreza, lo que se traduce en que muchos programas públicos profundizan, en lugar de atenuar, las desigualdades, asevera.
Acapulco y Cuernavaca: la sociedad, rehén
Ezequiel Flores Contreras
CUERNAVACA, MOR/ ACAPULCO, GRO., 24 de abril (Proceso).- Los efectos de la narcoviolencia en Guerrero y Morelos mantienen en vilo a la ciudadanía, que demanda de sus autoridades medidas de seguridad eficaces para contener a los capos que se diputan la hegemonía del cártel de los Beltrán Leyva y evitar que las muertes de inocentes se multipliquen. De paso advierten que el reacomodo violento en el interior de ese grupo de narcotraficantes provoca inestabilidad, lo que puede golpear aún más al turismo en Acapulco y Cuernavaca, ciudades donde la sociedad es rehén de los sicarios.
Además de lo que los funcionarios públicos llaman su “vocación turística”, Guerrero y Morelos comparten el vacío de autoridad que se refleja en Acapulco y Cuernavaca, ciudades donde los sicarios al servicio de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Héctor Beltrán Leyva, El H, libran una batalla por controlar la zona y mantienen a la población en virtual toque de queda, además de sembrar la muerte y el miedo.
La saña con la que ambos capos se disputan las plazas ha provocado psicosis entre la ciudadanía, la cual se manifiesta, por ejemplo, en cierre de establecimientos comerciales y sensación de ingobernabilidad. Debido a ello, diversos sectores sociales comienzan a organizarse, pues temen que la inestabilidad, cada vez más envolvente, termine por liquidar el turismo, la principal actividad económica en la región.
El clima de violencia se exacerbó en los últimos meses con la muerte de Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, a raíz de un enfrentamiento con marinos el 16 de diciembre del año pasado en Cuernavaca.
Ese hecho trastocó la estructura de los Beltrán Leyva en sus principales plazas –Guerrero y Morelos–, donde se afincaron y mantuvieron hegemonía durante dos décadas. Desde entonces, la pugna entre El H y La Barbie se ha ido enconando.
Tras la muerte del Jefe de Jefes comenzó el reacomodo. La Barbie regresó a Acapulco por su coto de poder, perdido en 2008, cuando pleitos al interior de la organización lo llevaron al destierro. El 20 de diciembre El Güero Huetamo, lugarteniente de La Barbie, convocó en Acapulco a vendedores de droga y a varios pistoleros para informarles que desde ese momento la plaza estaba a cargo de Édgar Valdez, y les dio instrucciones para impedir la entrada de Héctor Beltrán, El H (Proceso 1732).
Ese episodio marcó el comienzo de una serie de ejecuciones en Guerrero y Morelos que desde entonces suman más de 300 en ambas entidades.
En lo que va del año, en Morelos se han registrado más de 50 asesinatos vinculados al narcotráfico, según el recuento de los medios locales. José Martínez Cruz, integrante de la asociación civil denominada Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, advierte que la mayoría de las víctimas son adultos jóvenes y menores de edad.
Considera que el gobierno federal debe modificar su estrategia anticrimen, así como acatar los protocolos internacionales en materia de delincuencia organizada, pero sobre todo dejar de apoyarse exclusivamente en las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado y evitar que la ciudadanía sea la que pague las consecuencias.
Ezequiel Flores Contreras
CUERNAVACA, MOR/ ACAPULCO, GRO., 24 de abril (Proceso).- Los efectos de la narcoviolencia en Guerrero y Morelos mantienen en vilo a la ciudadanía, que demanda de sus autoridades medidas de seguridad eficaces para contener a los capos que se diputan la hegemonía del cártel de los Beltrán Leyva y evitar que las muertes de inocentes se multipliquen. De paso advierten que el reacomodo violento en el interior de ese grupo de narcotraficantes provoca inestabilidad, lo que puede golpear aún más al turismo en Acapulco y Cuernavaca, ciudades donde la sociedad es rehén de los sicarios.
Además de lo que los funcionarios públicos llaman su “vocación turística”, Guerrero y Morelos comparten el vacío de autoridad que se refleja en Acapulco y Cuernavaca, ciudades donde los sicarios al servicio de Édgar Valdez Villarreal, La Barbie, y Héctor Beltrán Leyva, El H, libran una batalla por controlar la zona y mantienen a la población en virtual toque de queda, además de sembrar la muerte y el miedo.
La saña con la que ambos capos se disputan las plazas ha provocado psicosis entre la ciudadanía, la cual se manifiesta, por ejemplo, en cierre de establecimientos comerciales y sensación de ingobernabilidad. Debido a ello, diversos sectores sociales comienzan a organizarse, pues temen que la inestabilidad, cada vez más envolvente, termine por liquidar el turismo, la principal actividad económica en la región.
El clima de violencia se exacerbó en los últimos meses con la muerte de Marcos Arturo Beltrán Leyva, El Jefe de Jefes, a raíz de un enfrentamiento con marinos el 16 de diciembre del año pasado en Cuernavaca.
Ese hecho trastocó la estructura de los Beltrán Leyva en sus principales plazas –Guerrero y Morelos–, donde se afincaron y mantuvieron hegemonía durante dos décadas. Desde entonces, la pugna entre El H y La Barbie se ha ido enconando.
Tras la muerte del Jefe de Jefes comenzó el reacomodo. La Barbie regresó a Acapulco por su coto de poder, perdido en 2008, cuando pleitos al interior de la organización lo llevaron al destierro. El 20 de diciembre El Güero Huetamo, lugarteniente de La Barbie, convocó en Acapulco a vendedores de droga y a varios pistoleros para informarles que desde ese momento la plaza estaba a cargo de Édgar Valdez, y les dio instrucciones para impedir la entrada de Héctor Beltrán, El H (Proceso 1732).
Ese episodio marcó el comienzo de una serie de ejecuciones en Guerrero y Morelos que desde entonces suman más de 300 en ambas entidades.
En lo que va del año, en Morelos se han registrado más de 50 asesinatos vinculados al narcotráfico, según el recuento de los medios locales. José Martínez Cruz, integrante de la asociación civil denominada Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, advierte que la mayoría de las víctimas son adultos jóvenes y menores de edad.
Considera que el gobierno federal debe modificar su estrategia anticrimen, así como acatar los protocolos internacionales en materia de delincuencia organizada, pero sobre todo dejar de apoyarse exclusivamente en las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado y evitar que la ciudadanía sea la que pague las consecuencias.
Denuncia contra Onésimo Cepeda por lavado de dinero; prestó 130 MDD en efectivo
Rodrigo Vera
MÉXICO, D.F., 23 de abril (apro).- El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, será denunciado el próximo lunes 26 ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el presunto delito de manejo “recursos de procedencia ilícita” provenientes del narcotráfico.
El obispo asegura que en abril de 2003 le prestó 130 millones de dólares en efectivo a la señora Olga Azcárraga, quien falleció en noviembre de ese año sin haberle pagado esa deuda.
Para esto, Onésimo ha estado reclamando su dinero a la familia Azcárraga, propietaria de la empresa Televisa. Como prueba, el obispo presenta un pagaré por esa cantidad que supuestamente le firmó la señora Olga Azcárraga.
El licenciado Xavier Olea Peláez, abogado de la familia Azcárraga, presentará la denuncia ante la PGR, en la cual exige que se investigue de dónde sacó el obispo esos 130 millones de dólares que, según él, le entregó en efectivo a la ya fallecida señora Azcárraga.
“El próximo lunes, ante la PGR, demandaré al obispo por presunto lavado de dinero, por manejar recursos que posiblemente son de procedencia ilícita, pues tiene que justificar de dónde sacó los 130 millones de dólares, de dónde provienen. Es una cantidad exorbitante”, afirmó el abogado.
--¿Es posible que sean recursos del narcotráfico?
--Es posible. Tenemos esa hipótesis. Y ya la PGR remitirá el caso a la fiscalía correspondiente, podría canalizarlo a la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada).
Ya anteriormente, en octubre de 2008, el abogado Olea denunció a Onésimo Cepeda ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PJDF) por presunto “fraude procesal”, ya que otra de sus hipótesis es que el obispo más bien falsificó el pagaré con la firma de la señora Olga, con el único fin de que la poderosa familia Azcárraga le entregara esos 130 millones de dólares.
En esa ocasión, entrevistado por la revista Proceso (número 1677), el abogado señaló que resulta extraño que Onésimo haya entregado en efectivo una cantidad tan grande de dinero: “Tuvo que entregar un gran volumen de pacas de billetes de dólares, que no hubiera cabido en este despacho”, dijo entonces.
El único antecedente similar en México, agregó, es el del presunto narcotraficante chino Zhenli Ye Gon, a quien se le encontraron 207 millones de dólares en efectivo y que atiborraban muros, armarios y maletas. Fue el mayor decomiso en efectivo en la historia mundial de las operaciones contra el narcotráfico.
El controvertido obispo de Ecatepec quiere que, ahora, la familia Azcárraga le pague ese supuesto préstamo con las obras de arte que la señora Olga coleccionó a lo largo de su vida. La rica dama adquirió obras de los más cotizados pintores extranjeros: Francisco de Goya, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Oskar Kokoschka…
Tampoco faltan en su colección cuadros de renombrados pintores mexicanos, como Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y Francisco Goitia.
Esta valiosa colección pictórica actualmente es administrada por la empresa Arthina Internacional, que la señora Olga constituyó en 1976.
Olga Azcárraga era hermana de Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula, que abarca Radio Fórmula y Tele Fórmula. Y fue tía del actual presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. Su esposo era Ernesto Robles León, director de la empresa Bacardí durante muchos años.
Onésimo Cepeda fue el confesor y el guía espiritual de la señora Olga en los últimos años de su vida. Ya la PGR comprobará si efectivamente le prestó esos 130 millones de dólares, y de dónde sacó el obispo esa cantidad de dinero.
Por lo pronto, ante la próxima denuncia, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se deslinda del caso.
“El Episcopado no puede inmiscuirse en ese asunto, es totalmente ajeno a él. Es un asunto personal del obispo Onésimo Cepeda. Él tendrá que demostrar sus aseveraciones ante las autoridades civiles”, dijo el sacerdote Manuel Corral, vocero de la CEM.
Rodrigo Vera
MÉXICO, D.F., 23 de abril (apro).- El obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, será denunciado el próximo lunes 26 ante la Procuraduría General de la República (PGR), por el presunto delito de manejo “recursos de procedencia ilícita” provenientes del narcotráfico.
El obispo asegura que en abril de 2003 le prestó 130 millones de dólares en efectivo a la señora Olga Azcárraga, quien falleció en noviembre de ese año sin haberle pagado esa deuda.
Para esto, Onésimo ha estado reclamando su dinero a la familia Azcárraga, propietaria de la empresa Televisa. Como prueba, el obispo presenta un pagaré por esa cantidad que supuestamente le firmó la señora Olga Azcárraga.
El licenciado Xavier Olea Peláez, abogado de la familia Azcárraga, presentará la denuncia ante la PGR, en la cual exige que se investigue de dónde sacó el obispo esos 130 millones de dólares que, según él, le entregó en efectivo a la ya fallecida señora Azcárraga.
“El próximo lunes, ante la PGR, demandaré al obispo por presunto lavado de dinero, por manejar recursos que posiblemente son de procedencia ilícita, pues tiene que justificar de dónde sacó los 130 millones de dólares, de dónde provienen. Es una cantidad exorbitante”, afirmó el abogado.
--¿Es posible que sean recursos del narcotráfico?
--Es posible. Tenemos esa hipótesis. Y ya la PGR remitirá el caso a la fiscalía correspondiente, podría canalizarlo a la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada).
Ya anteriormente, en octubre de 2008, el abogado Olea denunció a Onésimo Cepeda ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PJDF) por presunto “fraude procesal”, ya que otra de sus hipótesis es que el obispo más bien falsificó el pagaré con la firma de la señora Olga, con el único fin de que la poderosa familia Azcárraga le entregara esos 130 millones de dólares.
En esa ocasión, entrevistado por la revista Proceso (número 1677), el abogado señaló que resulta extraño que Onésimo haya entregado en efectivo una cantidad tan grande de dinero: “Tuvo que entregar un gran volumen de pacas de billetes de dólares, que no hubiera cabido en este despacho”, dijo entonces.
El único antecedente similar en México, agregó, es el del presunto narcotraficante chino Zhenli Ye Gon, a quien se le encontraron 207 millones de dólares en efectivo y que atiborraban muros, armarios y maletas. Fue el mayor decomiso en efectivo en la historia mundial de las operaciones contra el narcotráfico.
El controvertido obispo de Ecatepec quiere que, ahora, la familia Azcárraga le pague ese supuesto préstamo con las obras de arte que la señora Olga coleccionó a lo largo de su vida. La rica dama adquirió obras de los más cotizados pintores extranjeros: Francisco de Goya, Pablo Picasso, Salvador Dalí, Marc Chagall, Amedeo Modigliani, Oskar Kokoschka…
Tampoco faltan en su colección cuadros de renombrados pintores mexicanos, como Diego Rivera, Frida Kahlo, Rufino Tamayo, José Clemente Orozco y Francisco Goitia.
Esta valiosa colección pictórica actualmente es administrada por la empresa Arthina Internacional, que la señora Olga constituyó en 1976.
Olga Azcárraga era hermana de Rogerio Azcárraga Madero, presidente de Grupo Fórmula, que abarca Radio Fórmula y Tele Fórmula. Y fue tía del actual presidente de Televisa, Emilio Azcárraga Jean. Su esposo era Ernesto Robles León, director de la empresa Bacardí durante muchos años.
Onésimo Cepeda fue el confesor y el guía espiritual de la señora Olga en los últimos años de su vida. Ya la PGR comprobará si efectivamente le prestó esos 130 millones de dólares, y de dónde sacó el obispo esa cantidad de dinero.
Por lo pronto, ante la próxima denuncia, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se deslinda del caso.
“El Episcopado no puede inmiscuirse en ese asunto, es totalmente ajeno a él. Es un asunto personal del obispo Onésimo Cepeda. Él tendrá que demostrar sus aseveraciones ante las autoridades civiles”, dijo el sacerdote Manuel Corral, vocero de la CEM.
