ANTE LA VIOLACION DE LA LEGALIDAD
13 may 2010
Solidaridad con el SME
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
La ya prolongada resistencia de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto que de la noche a la mañana lanzó a la calle a decenas de miles de trabajadores al extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, sirve para comprobar cuán lejos nos hallamos del ideal democrático sustentado en el principio de legalidad. Mientras las impugnaciones de los afectados se estrellan contra el muro de las interpretaciones de la ley a cargo del gobierno y, aunque parezca increíble, de la mayoría legislativa que evade su responsabilidad, la situación de los electricistas se deteriora, aunque se mantengan muy altas sus convicciones y su espíritu de lucha. Tal pareciera que los argumentos jurídicos se midieran con una doble vara (y una doble moral) según provengan de los sindicalistas o de sus patrones estatales, con lo cual sigue ahondándose la desconfianza en las soluciones propiamente institucionales.
Sin embargo, como se ha podido comprobar a través de la historia del sindicalismo en México, los trabajadores son los primeros en esgrimir la ley y los últimos en abandonarla, pese a que saben de antemano que los dados suelen estar cargados, pues las grandes decisiones en materia laboral –como el despido de golpe de 40 mil asalariados– se toman en función de consideraciones políticas encubiertas, eso sí, en fantasiosas y muy discutibles argumentaciones técnicas. Apenas hace unos días, el periodista Miguel Ángel Granados Chapas contaba, a guisa de ejemplo de ese extraño maridaje entre el poder económico y el político, cómo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial presumía de su influencia sobre el presidente Calderón, a quien en cierta ocasión le pidió, justamente, ¡la extinción de Luz y Fuerza del Centro!, como prueba de su fidelidad al programa antiestatista que nutre el imaginario neoliberal de los hombres de fortuna en nuestro país.
El gobierno que a la menor provocación insiste en desbordar por la izquierda a sus adversarios políticos, no desperdicia la oportunidad de probar, con hechos, cuál es su particular interpretación del estado de derecho en cuanto se trata de tocar los grandes intereses que bajo las sombras mueven a las figuras presentes en la escena. Y cumplió. A pesar de algunos traspiés, la política hacia el SME forma parte de una estrategia general cuyos objetivos no difieren en lo esencial de la que se adoptó hace ya varias décadas para ubicar en la cabina de mando a los grandes inversionistas que, en el sector eléctrico y energético como tal, aspiran a una reforma estructural que los haga dueños no sólo de hecho sino de derecho de aquellas riquezas que todavía hoy la constitución reserva a la nación.
Está de moda, porque así conviene a los intereses que pugnan por la reforma laboral, una ofensiva contra el sindicalismo, disfrazada de acción antimonopolios. Grandes conceptos como pueden ser los de transparencia o rendición de cuentas aparecen en los labios –o en los escritos– de los nuevos modernizadores, tan preocupados por la competitividad pero tan distraídos al preguntarse de dónde viene, cómo se ha sostenido y a quién ha beneficiado la permanencia del charrismo, lo mismo en el viejo régimen corporativo que en el actual gobernado por el PAN. No deja de extrañar que el objetivo de sus obsesiones sean, por cierto, los escasos sindicatos que no sin dificultades han logrado construir opciones no asimilables a la tradición corporativa, como es el caso del SME, pero también de los mineros y otros gremios acosados por el celo de sus modernos perseguidores. Todo el mundo sabe que los peces gordos del viejo sistema comen de la mano del poder al que sirven desde siempre a cambio de las ostentosas canonjías que los líderes no ocultan ni disimulan.
Bastaría con aplicar la ley y despojar a las mafias sindicales del apoyo del poder político para que éstas comenzaran a declinar, pero en última instancia no será desde las oficinas de la Presidencia o de las empresas que el sindicalismo resurja como una fuerza genuina en defensa del interés de los asalariados. No es un camino sencillo, pues la corrupción que domina la atmósfera del mundo del trabajo no será erradicada sin la participación activa, sostenida, de los propios interesados. Y eso tiene grandes costos. Implica sufrimientos que la sociedad mediática prefiere caricaturizar hasta la ignominia. Abrir las puertas para que entre el aire fresco de la democracia al mundo sindical, como exigía Galván, es mucho más difícil y complejo que administrar la decadencia de un sistema creado para controlar a los trabajadores que, para colmo, se ha desfasado de las grandes urgencias nacionales. Pero mientras eso no se produzca, tendremos también un movimiento social sin la fuerza suficiente para interpelar a los otros jugadores, sean el gobierno, las empresas o los propios partidos políticos. En este sentido, la labor de la izquierda (entendida de forma amplia y abarcante como un movimiento político) no puede ser la de crear formaciones paralelas a las organizaciones sociales que luchan día a día por los intereses de los suyos, pero sí debe comprometerse a darles su respaldo sin sectarismo, respetando su autonomía y eludiendo como un mal mayor el cáncer del clientelismo que sólo en la superficie da fuerza y presencia en la arena pública.
Ahora mismo, ante la sordera oficial, se despliega una dolorosa huelga de hambre de los electricistas emprendida como recurso extremo para sacudir la conciencia nacional y orillar al diálogo a las autoridades que impunemente atentan contra el bien más preciado de la nación: la fuerza de trabajo calificada, hoy por hoy sujeta a la amenaza –no desmentida por el baile de cifras que niegan la recesión– del desempleo, el aumento de la pobreza, la desilusión nacional que alimenta la restauración de los viejos prejuicios autoritarios. En otras circunstancias, la huelga de hambre progresiva, a la que cada día se suman nuevos ayunantes, sería motivo de escándalo nacional. Aquí, por razones que no se explican con facilidad, subsiste la indiferencia de la mayoría, la ausencia de un debate legislativo a tono con el problema, cuando no la animadversión teledirigida que quiso vender el golpe como una venganza de las clases medias por los servicios deficientes, salvando así la cara del gobierno en la gestación de la situación que además consigue, sin reformas de por medio, abrir las compuertas al inversionismo según los dictados del catecismo en boga.
Los electricistas esperan que la Suprema Corte abra, al fin, una vía de solución para el conflicto, dejando fuera la arrogancia y la prepotencia de la parte patronal, es decir, del gobierno. ¿Será eso posible? Es hora de expresar nuestra solidaridad con los electricistas.
ADOLFO SÁNCHEZ REBOLLEDO
La ya prolongada resistencia de los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra el decreto que de la noche a la mañana lanzó a la calle a decenas de miles de trabajadores al extinguir la empresa Luz y Fuerza del Centro, sirve para comprobar cuán lejos nos hallamos del ideal democrático sustentado en el principio de legalidad. Mientras las impugnaciones de los afectados se estrellan contra el muro de las interpretaciones de la ley a cargo del gobierno y, aunque parezca increíble, de la mayoría legislativa que evade su responsabilidad, la situación de los electricistas se deteriora, aunque se mantengan muy altas sus convicciones y su espíritu de lucha. Tal pareciera que los argumentos jurídicos se midieran con una doble vara (y una doble moral) según provengan de los sindicalistas o de sus patrones estatales, con lo cual sigue ahondándose la desconfianza en las soluciones propiamente institucionales.
Sin embargo, como se ha podido comprobar a través de la historia del sindicalismo en México, los trabajadores son los primeros en esgrimir la ley y los últimos en abandonarla, pese a que saben de antemano que los dados suelen estar cargados, pues las grandes decisiones en materia laboral –como el despido de golpe de 40 mil asalariados– se toman en función de consideraciones políticas encubiertas, eso sí, en fantasiosas y muy discutibles argumentaciones técnicas. Apenas hace unos días, el periodista Miguel Ángel Granados Chapas contaba, a guisa de ejemplo de ese extraño maridaje entre el poder económico y el político, cómo el dirigente del Consejo Coordinador Empresarial presumía de su influencia sobre el presidente Calderón, a quien en cierta ocasión le pidió, justamente, ¡la extinción de Luz y Fuerza del Centro!, como prueba de su fidelidad al programa antiestatista que nutre el imaginario neoliberal de los hombres de fortuna en nuestro país.
El gobierno que a la menor provocación insiste en desbordar por la izquierda a sus adversarios políticos, no desperdicia la oportunidad de probar, con hechos, cuál es su particular interpretación del estado de derecho en cuanto se trata de tocar los grandes intereses que bajo las sombras mueven a las figuras presentes en la escena. Y cumplió. A pesar de algunos traspiés, la política hacia el SME forma parte de una estrategia general cuyos objetivos no difieren en lo esencial de la que se adoptó hace ya varias décadas para ubicar en la cabina de mando a los grandes inversionistas que, en el sector eléctrico y energético como tal, aspiran a una reforma estructural que los haga dueños no sólo de hecho sino de derecho de aquellas riquezas que todavía hoy la constitución reserva a la nación.
Está de moda, porque así conviene a los intereses que pugnan por la reforma laboral, una ofensiva contra el sindicalismo, disfrazada de acción antimonopolios. Grandes conceptos como pueden ser los de transparencia o rendición de cuentas aparecen en los labios –o en los escritos– de los nuevos modernizadores, tan preocupados por la competitividad pero tan distraídos al preguntarse de dónde viene, cómo se ha sostenido y a quién ha beneficiado la permanencia del charrismo, lo mismo en el viejo régimen corporativo que en el actual gobernado por el PAN. No deja de extrañar que el objetivo de sus obsesiones sean, por cierto, los escasos sindicatos que no sin dificultades han logrado construir opciones no asimilables a la tradición corporativa, como es el caso del SME, pero también de los mineros y otros gremios acosados por el celo de sus modernos perseguidores. Todo el mundo sabe que los peces gordos del viejo sistema comen de la mano del poder al que sirven desde siempre a cambio de las ostentosas canonjías que los líderes no ocultan ni disimulan.
Bastaría con aplicar la ley y despojar a las mafias sindicales del apoyo del poder político para que éstas comenzaran a declinar, pero en última instancia no será desde las oficinas de la Presidencia o de las empresas que el sindicalismo resurja como una fuerza genuina en defensa del interés de los asalariados. No es un camino sencillo, pues la corrupción que domina la atmósfera del mundo del trabajo no será erradicada sin la participación activa, sostenida, de los propios interesados. Y eso tiene grandes costos. Implica sufrimientos que la sociedad mediática prefiere caricaturizar hasta la ignominia. Abrir las puertas para que entre el aire fresco de la democracia al mundo sindical, como exigía Galván, es mucho más difícil y complejo que administrar la decadencia de un sistema creado para controlar a los trabajadores que, para colmo, se ha desfasado de las grandes urgencias nacionales. Pero mientras eso no se produzca, tendremos también un movimiento social sin la fuerza suficiente para interpelar a los otros jugadores, sean el gobierno, las empresas o los propios partidos políticos. En este sentido, la labor de la izquierda (entendida de forma amplia y abarcante como un movimiento político) no puede ser la de crear formaciones paralelas a las organizaciones sociales que luchan día a día por los intereses de los suyos, pero sí debe comprometerse a darles su respaldo sin sectarismo, respetando su autonomía y eludiendo como un mal mayor el cáncer del clientelismo que sólo en la superficie da fuerza y presencia en la arena pública.
Ahora mismo, ante la sordera oficial, se despliega una dolorosa huelga de hambre de los electricistas emprendida como recurso extremo para sacudir la conciencia nacional y orillar al diálogo a las autoridades que impunemente atentan contra el bien más preciado de la nación: la fuerza de trabajo calificada, hoy por hoy sujeta a la amenaza –no desmentida por el baile de cifras que niegan la recesión– del desempleo, el aumento de la pobreza, la desilusión nacional que alimenta la restauración de los viejos prejuicios autoritarios. En otras circunstancias, la huelga de hambre progresiva, a la que cada día se suman nuevos ayunantes, sería motivo de escándalo nacional. Aquí, por razones que no se explican con facilidad, subsiste la indiferencia de la mayoría, la ausencia de un debate legislativo a tono con el problema, cuando no la animadversión teledirigida que quiso vender el golpe como una venganza de las clases medias por los servicios deficientes, salvando así la cara del gobierno en la gestación de la situación que además consigue, sin reformas de por medio, abrir las compuertas al inversionismo según los dictados del catecismo en boga.
Los electricistas esperan que la Suprema Corte abra, al fin, una vía de solución para el conflicto, dejando fuera la arrogancia y la prepotencia de la parte patronal, es decir, del gobierno. ¿Será eso posible? Es hora de expresar nuestra solidaridad con los electricistas.
La infancia está en la línea de fuego de Ciudad Juárez
Daniela Pastrana
IPS
La guerra mexicana contra el narcotráfico dejó al menos 110 niñas y niños muertos en tres años y más de 10.000 huérfanos en Ciudad Juárez, la más violenta de América Latina. La sociedad civil intenta que los futuros gobernantes atiendan a este sector de la población.
En Juárez se respira desesperanza. Las calles desiertas y las casas deshabitadas --se calcula que hay unas 100.000-- dan cuenta de la derrota de una sociedad que en casi dos décadas pasó del horror a la indignación, la rabia y el agotamiento.
La noche, que alguna vez fue viva en el centro, impone una suerte de toque de queda voluntario. Pocos se animan a caminar por las aceras, aun de día, y la mayoría piensan dos veces antes de contestar llamadas de teléfonos desconocidos. Un tercio de las tiendas están cerradas.
Verito tiene siete años. En diciembre, sus maestros fueron obligados a entregar sus aguinaldos al crimen organizado para que los alumnos no fueran lastimados en esta ciudad norteña y fronteriza con Estados Unidos.
"Dicen que amenazaron a la directora con ponerle bombas en la escuela, y por eso cancelaron las clases", cuenta la niña.
Ella sabe que en su ciudad hay gente que secuestra y mata a los más jóvenes. Y que "todos" los adultos pagan "la cuota" a la mafia. "La cuota es dinero", describe. Y luego cuenta que sueña con una ciudad "que sea igual, pero sin violencia, que no existan las noticias".
Su testimonio es parte de "Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos", un proyecto que incluye un libro y un DVD con voces, dibujos y fotografías de niñas y niños juarenses de cuatro a ocho años, recopilados entre 2008 y 2010 por organizaciones de la sociedad civil que conformaron la iniciativa Infancia en Movimiento.
La estrategia contra el narcotráfico emprendida por el gobierno mexicano ha dejado en tres años al menos 110 niñas y niños muertos, atrapados en la línea de fuego entre las fuerzas federales --militares y policiales--, y las bandas de narcos en esta ciudad del estado de Chihuahua.
Organizaciones no gubernamentales estiman que hay unos 10.000 huérfanos, considerando que cada uno de los 5.000 asesinados entre 2006 y 2009 en edad reproductiva tenía dos hijos, según las tendencias demográficas. Pero no hay datos oficiales.
"Es trágico que no haya ni siquiera una aproximación oficial de cuántos niños están en situación de orfandad por la violencia", dijo a IPS la secretaria técnica de la Mesa de Infancia del Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social, Lourdes Almada.
"Los niños y niñas que han sufrido la violencia en sus familias o en sus círculos más allegados no están siendo atendidos por nadie", agregó.
Desde 1993, cuando se cometieron los primeros asesinatos de mujeres trabajadoras, Juárez ha sido noticia mundial por la violencia de género, que suma ya un millar de crímenes, y por el enquistamiento de organizaciones criminales.
"La diferencia entre Juárez y otros lugares del país es que aquí el narco ha rebasado todos los límites. Es muy difícil reaccionar ante la agresión a los niños", dijo a IPS el cineasta juarense Ángel Estrada, director del filme documental "Escenarios de guerra", estrenado aquí el 28 de abril y que trata de la imposibilidad de hacer teatro en esta ciudad.
En 2005, la sociedad juarense se conmocionó con la muerte de dos niñas: Airis Estrella Enríquez, de siete años, hallada dentro de un tonel relleno de cemento, y Anahí Orozco, de 10, violada y asesinada por un vecino que simuló un incendio, mientras su madre trabajaba en una maquila.
Ese mismo año, otros seis niños fueron asesinados, pero aun así no se destinaron recursos para la protección de la infancia.
Hoy los diarios locales reportan noticias como el asesinato de una familia mientras velaba a un adolescente ultimado en Parral, ciudad del sur de Chihuahua.
La ejecución de 16 jóvenes perpetrada en febrero en una fiesta en el barrio Villas de Salvárcar, trajo a la ciudad una avalancha de funcionarios federales que consumieron muchas horas en reuniones, sin resultados.
"Debajo de todo esto hay décadas de abandono y de falta de apuesta por el desarrollo humano y social", aseguró Almada. "Que en Juárez haya explotado de esta manera la violencia es el resultado de un modelo económico que no ha cruzado por la gente".
Esa es la otra forma de la violencia juarense: en dos años, 2008 y 2009, se perdieron 300.000 empleos, entre directos, indirectos y temporales, en una población de algo más de 1,2 millones de habitantes.
El impacto se ha sentido en las maquilas, ensambladoras de bienes de exportación que aprovechan exenciones impositivas y otros beneficios, características de Juárez, que emplean sobre todo mano de obra femenina, y que reportaron una reducción de 120.000 puestos. Por cada uno de ellos se estima que se pierde 1,5 en el sector de la economía informal.
"Lo que pasa en Juárez es la expresión de la exclusión social. Es lo que va a pasar en el mundo, no sólo en México, en esta acelerada urbanización que no se puede entender más que desde la marginalidad y la exclusión social a la que vamos todos", dijo a IPS Nashieli Ramírez, directora del grupo Ririki Intervención Social y coordinadora de Infancia en Movimiento.
Así vamos, "sin opciones para los jóvenes, con niños que ya no juegan en las calles, con familias solas, con madres solas", agregó.
El reto no es menor. Ciudad Juárez tiene una de las proporciones más altas de niños y niñas de este país de más de 107 millones de habitantes y, en cambio, los indicadores más bajos de atención, cuidado y protección.
La tasa de mortalidad es mayor a 25 por cada mil niños nacidos vivos, cuando países como Costa Rica o Cuba no superan los 10 por cada mil.
La ciudad tiene el récord nacional de participación laboral femenina, y una cuarta parte de las madres trabajadoras dejan a sus hijos solos entre tres y cuatro horas al día.
Los niños de Juárez declaran con naturalidad que han visto tres, cuatro, cinco muertos en la calle, que se sienten inseguros en lugares públicos, como Alicia, de siete años, o que se dibujan "en un hotel para narcos con perillas de oro", como Irving Leonardo, de ocho años.
Ante esto, las organizaciones dedicadas a la infancia lanzarán la campaña Hazlo Por Juárez, financiada por la Fundación Bernard van Leer, con el fin de incidir en las plataformas políticas de los candidatos que el 4 de julio competirán por la alcaldía juarense y el gobierno de Chihuahua.
"Vamos a impulsar un movimiento social en Juárez y queremos que tenga eco en el país", dijo Ramírez.
"No podemos perder otra generación. Debemos abrir la ventana a un futuro distinto", apuntó Almada.
Daniela Pastrana
IPS
La guerra mexicana contra el narcotráfico dejó al menos 110 niñas y niños muertos en tres años y más de 10.000 huérfanos en Ciudad Juárez, la más violenta de América Latina. La sociedad civil intenta que los futuros gobernantes atiendan a este sector de la población.
En Juárez se respira desesperanza. Las calles desiertas y las casas deshabitadas --se calcula que hay unas 100.000-- dan cuenta de la derrota de una sociedad que en casi dos décadas pasó del horror a la indignación, la rabia y el agotamiento.
La noche, que alguna vez fue viva en el centro, impone una suerte de toque de queda voluntario. Pocos se animan a caminar por las aceras, aun de día, y la mayoría piensan dos veces antes de contestar llamadas de teléfonos desconocidos. Un tercio de las tiendas están cerradas.
Verito tiene siete años. En diciembre, sus maestros fueron obligados a entregar sus aguinaldos al crimen organizado para que los alumnos no fueran lastimados en esta ciudad norteña y fronteriza con Estados Unidos.
"Dicen que amenazaron a la directora con ponerle bombas en la escuela, y por eso cancelaron las clases", cuenta la niña.
Ella sabe que en su ciudad hay gente que secuestra y mata a los más jóvenes. Y que "todos" los adultos pagan "la cuota" a la mafia. "La cuota es dinero", describe. Y luego cuenta que sueña con una ciudad "que sea igual, pero sin violencia, que no existan las noticias".
Su testimonio es parte de "Un, dos, tres, por mí y por todos mis amigos", un proyecto que incluye un libro y un DVD con voces, dibujos y fotografías de niñas y niños juarenses de cuatro a ocho años, recopilados entre 2008 y 2010 por organizaciones de la sociedad civil que conformaron la iniciativa Infancia en Movimiento.
La estrategia contra el narcotráfico emprendida por el gobierno mexicano ha dejado en tres años al menos 110 niñas y niños muertos, atrapados en la línea de fuego entre las fuerzas federales --militares y policiales--, y las bandas de narcos en esta ciudad del estado de Chihuahua.
Organizaciones no gubernamentales estiman que hay unos 10.000 huérfanos, considerando que cada uno de los 5.000 asesinados entre 2006 y 2009 en edad reproductiva tenía dos hijos, según las tendencias demográficas. Pero no hay datos oficiales.
"Es trágico que no haya ni siquiera una aproximación oficial de cuántos niños están en situación de orfandad por la violencia", dijo a IPS la secretaria técnica de la Mesa de Infancia del Consejo Ciudadano por el Desarrollo Social, Lourdes Almada.
"Los niños y niñas que han sufrido la violencia en sus familias o en sus círculos más allegados no están siendo atendidos por nadie", agregó.
Desde 1993, cuando se cometieron los primeros asesinatos de mujeres trabajadoras, Juárez ha sido noticia mundial por la violencia de género, que suma ya un millar de crímenes, y por el enquistamiento de organizaciones criminales.
"La diferencia entre Juárez y otros lugares del país es que aquí el narco ha rebasado todos los límites. Es muy difícil reaccionar ante la agresión a los niños", dijo a IPS el cineasta juarense Ángel Estrada, director del filme documental "Escenarios de guerra", estrenado aquí el 28 de abril y que trata de la imposibilidad de hacer teatro en esta ciudad.
En 2005, la sociedad juarense se conmocionó con la muerte de dos niñas: Airis Estrella Enríquez, de siete años, hallada dentro de un tonel relleno de cemento, y Anahí Orozco, de 10, violada y asesinada por un vecino que simuló un incendio, mientras su madre trabajaba en una maquila.
Ese mismo año, otros seis niños fueron asesinados, pero aun así no se destinaron recursos para la protección de la infancia.
Hoy los diarios locales reportan noticias como el asesinato de una familia mientras velaba a un adolescente ultimado en Parral, ciudad del sur de Chihuahua.
La ejecución de 16 jóvenes perpetrada en febrero en una fiesta en el barrio Villas de Salvárcar, trajo a la ciudad una avalancha de funcionarios federales que consumieron muchas horas en reuniones, sin resultados.
"Debajo de todo esto hay décadas de abandono y de falta de apuesta por el desarrollo humano y social", aseguró Almada. "Que en Juárez haya explotado de esta manera la violencia es el resultado de un modelo económico que no ha cruzado por la gente".
Esa es la otra forma de la violencia juarense: en dos años, 2008 y 2009, se perdieron 300.000 empleos, entre directos, indirectos y temporales, en una población de algo más de 1,2 millones de habitantes.
El impacto se ha sentido en las maquilas, ensambladoras de bienes de exportación que aprovechan exenciones impositivas y otros beneficios, características de Juárez, que emplean sobre todo mano de obra femenina, y que reportaron una reducción de 120.000 puestos. Por cada uno de ellos se estima que se pierde 1,5 en el sector de la economía informal.
"Lo que pasa en Juárez es la expresión de la exclusión social. Es lo que va a pasar en el mundo, no sólo en México, en esta acelerada urbanización que no se puede entender más que desde la marginalidad y la exclusión social a la que vamos todos", dijo a IPS Nashieli Ramírez, directora del grupo Ririki Intervención Social y coordinadora de Infancia en Movimiento.
Así vamos, "sin opciones para los jóvenes, con niños que ya no juegan en las calles, con familias solas, con madres solas", agregó.
El reto no es menor. Ciudad Juárez tiene una de las proporciones más altas de niños y niñas de este país de más de 107 millones de habitantes y, en cambio, los indicadores más bajos de atención, cuidado y protección.
La tasa de mortalidad es mayor a 25 por cada mil niños nacidos vivos, cuando países como Costa Rica o Cuba no superan los 10 por cada mil.
La ciudad tiene el récord nacional de participación laboral femenina, y una cuarta parte de las madres trabajadoras dejan a sus hijos solos entre tres y cuatro horas al día.
Los niños de Juárez declaran con naturalidad que han visto tres, cuatro, cinco muertos en la calle, que se sienten inseguros en lugares públicos, como Alicia, de siete años, o que se dibujan "en un hotel para narcos con perillas de oro", como Irving Leonardo, de ocho años.
Ante esto, las organizaciones dedicadas a la infancia lanzarán la campaña Hazlo Por Juárez, financiada por la Fundación Bernard van Leer, con el fin de incidir en las plataformas políticas de los candidatos que el 4 de julio competirán por la alcaldía juarense y el gobierno de Chihuahua.
"Vamos a impulsar un movimiento social en Juárez y queremos que tenga eco en el país", dijo Ramírez.
"No podemos perder otra generación. Debemos abrir la ventana a un futuro distinto", apuntó Almada.
Astillero
Obama exhibe a Felipe
EU: paz consumidora
México: guerra
Bicornio porfirista
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Obama no está dispuesto a que en su territorio haya sangre y muerte a causa de guerras contra el narcotráfico cuya efectividad considera muy limitada. Ayer, al anunciar los trazos a mediano plazo de su estrategia contra ese mercadeo de drogas, dejó entrever que no instaurará en su nación ninguna medida de fuerza real para inhibir el consumo de sustancias enervantes, aunque sí apoyará el traslado de los mecanismos bélicos a los países productores o de tránsito de esas mercancías que se continuarán utilizando plácidamente allá mientras las muertes, la inseguridad, el desbordamiento delincuencial y el horror cotidiano se mantienen en los patios traseros, particularmente el mexicano, cuyo representante gerencial, Felipe Calderón, se topará con ese descolón conceptual y operativo del poder gringo cuando realice la pomposa visita en la que hablará ante el Congreso estadunidense, y tratará de disimular con el tema de Arizona el papel de sicario institucional transfronterizo que la Casa Blanca les asigna a varios capataces latinoamericanos de derecha en el tema sustancial del manejo del narcotráfico.
Lo menos que Felipe Calderón debería hacer, al enterarse del tono y objetivos del plan obamista contra el negocio de las drogas ilícitas, sería serenarse un poco y preguntarse por qué la contraparte exacta de su sangrienta batida contra el mercadeo de drogas no saca el Ejército a las calles, establece un virtual estado de sitio, atropella derechos y garantías constitucionales, suma decenas de miles de muertos y crea las condiciones para que se produzcan crueles rituales de ejecuciones, destazamientos, decapitaciones y torturas. Siendo el mercado estadunidense la continuación natural de la cadena de corrupción y delitos que en México causan tantas muertes y desasosiego social, ¿por qué allá se prefiere el enfoque que privilegia los tratamientos médicos y sicológicos de las adicciones, las campañas publicitarias contra esos consumos y la tarea social de convencimiento de los males que causan esas sustancias tóxicas? La obligada paridad de conductas delictivas que conlleva la relación entre un país productor y transportista y otro consumidor, ¿no debería tener políticas sustancialmente parecidas para enfrentar los males comunes, a riesgo de que si en una se aprieta demasiado, y en la otra se afloja, todo el esfuerzo de una parte quedaría en terrible maniobra macabra que no arreglaría nada de verdad en cuanto no hubiera simetrías ni concordancias en las acciones de los presuntos socios justicieros?
En el ámbito electoral han comenzado a saltar las esquirlas de la granada mayor: apenas van iniciando las campañas de proselitismo y ya están las evidencias del uso de recursos económicos e instrumental judicial por gobernadores decididos a obtener resultados en su favor al costo que sea. Chucho Nava y César Ortega, la pareja partidista Patylú, denuncian con razón las artimañas del gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, quien ha establecido un veto informativo a la candidata del Centro Fox a la sucesión de aquella entidad, Xóchitl Gálvez (quien, prudente, no invitó al jefe Chente al acto de arranque de campaña), contra la cual trabajan desde ahora las bandas de mapachería electoral que el priísmo mueve, acentuadamente la vertiente peñanietista, por todo lugar donde vaya a haber urnas en fecha próxima.
En Zacatecas, las dos García gobernantes han lanzado una ofensiva policiaca contra el priísmo que va ganando terreno ante el desorden amalista, las acusaciones de corrupción gubernamental y la falta de crecimiento del candidato oficial perredista a la sucesión. Al más puro estilo del calderonismo, policías estatales dicen haber recibido una denuncia anónima de presunto robo de automóviles que al ser investigada habría dado como resultado la detección de vehículos destinados a la campaña del aspirante postulado por PRI, PVEM y Panal, Miguel Alonso Reyes. Ya se verá si el lance policiaco, coordinado por Concepción del Rocío García Medina, hermana de la gobernadora, en el que fueron retenidos 14 automóviles Tsuru y dos camiones de pasajeros, fue un acto de justicia verdadera o una patraña de las que día con día van agravando la suciedad electoral mexicana.
Astillas
Si alguien desea sentirse a tono con los aires gubernamentales que por la República soplan, a partir de esta noche podrá calarse un bicornio que perteneció a Porfirio Díaz, según parientes de éste que aspiran a conseguir entre 30 y 50 mil pesos por el sombrero elaborado “en fieltro negro ribeteado, decorado con aplicaciones de pluma, hilo metálico dorado y rosetón tricolor, marcado en su interior con monograma metálico PD y la leyenda ‘Tardan Hnos.’” La casa de subastas Morton señala que la pieza pertenece a la colección particular de la familia Díaz. Los interesados en pujar por tan distintivo bicornio no necesitarán llevar carta de recomendación de Los Pinos, casa también de subastas, ésta, que bien haría en hacerse de tan representativo aditamento cefálico de dos picos... En la Casa de la Cultura de Guaymas, Sonora, no encontraron mejor manera de promover las altas expresiones del espíritu que organizando un Curso Intensivo de Uñas Acrilicas (así, sin acento esdrújulo en la manta original) y otro de Pestañas. El presidente municipal de Guaymas es panista... Cuántas personas que no tienen dinero tienen que enfrentar injusticias, más cuando los funcionarios públicos, como jueces y magistrados, se prestan a los intereses de empresas como ésta, que hoy me quiere a como dé lugar tras las rejas: actor Rogelio Guerra, al denunciar, por violaciones a sus derechos laborales y profesionales, al equipo jurídico del área de novelas de Televisión Azteca. Guerra hizo un llamado: a todos los actores de México les aviso que se cuiden de Tv Azteca, que revisen cualquier contrato a detalle, porque si no, se enfrentarán, como yo, a un poder económico que me quiere ver fulminado como actor y como persona, sobre todo cuando la justicia es para el que tiene dinero... ¡Hasta mañana!
Obama exhibe a Felipe
EU: paz consumidora
México: guerra
Bicornio porfirista
JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Obama no está dispuesto a que en su territorio haya sangre y muerte a causa de guerras contra el narcotráfico cuya efectividad considera muy limitada. Ayer, al anunciar los trazos a mediano plazo de su estrategia contra ese mercadeo de drogas, dejó entrever que no instaurará en su nación ninguna medida de fuerza real para inhibir el consumo de sustancias enervantes, aunque sí apoyará el traslado de los mecanismos bélicos a los países productores o de tránsito de esas mercancías que se continuarán utilizando plácidamente allá mientras las muertes, la inseguridad, el desbordamiento delincuencial y el horror cotidiano se mantienen en los patios traseros, particularmente el mexicano, cuyo representante gerencial, Felipe Calderón, se topará con ese descolón conceptual y operativo del poder gringo cuando realice la pomposa visita en la que hablará ante el Congreso estadunidense, y tratará de disimular con el tema de Arizona el papel de sicario institucional transfronterizo que la Casa Blanca les asigna a varios capataces latinoamericanos de derecha en el tema sustancial del manejo del narcotráfico.
Lo menos que Felipe Calderón debería hacer, al enterarse del tono y objetivos del plan obamista contra el negocio de las drogas ilícitas, sería serenarse un poco y preguntarse por qué la contraparte exacta de su sangrienta batida contra el mercadeo de drogas no saca el Ejército a las calles, establece un virtual estado de sitio, atropella derechos y garantías constitucionales, suma decenas de miles de muertos y crea las condiciones para que se produzcan crueles rituales de ejecuciones, destazamientos, decapitaciones y torturas. Siendo el mercado estadunidense la continuación natural de la cadena de corrupción y delitos que en México causan tantas muertes y desasosiego social, ¿por qué allá se prefiere el enfoque que privilegia los tratamientos médicos y sicológicos de las adicciones, las campañas publicitarias contra esos consumos y la tarea social de convencimiento de los males que causan esas sustancias tóxicas? La obligada paridad de conductas delictivas que conlleva la relación entre un país productor y transportista y otro consumidor, ¿no debería tener políticas sustancialmente parecidas para enfrentar los males comunes, a riesgo de que si en una se aprieta demasiado, y en la otra se afloja, todo el esfuerzo de una parte quedaría en terrible maniobra macabra que no arreglaría nada de verdad en cuanto no hubiera simetrías ni concordancias en las acciones de los presuntos socios justicieros?
En el ámbito electoral han comenzado a saltar las esquirlas de la granada mayor: apenas van iniciando las campañas de proselitismo y ya están las evidencias del uso de recursos económicos e instrumental judicial por gobernadores decididos a obtener resultados en su favor al costo que sea. Chucho Nava y César Ortega, la pareja partidista Patylú, denuncian con razón las artimañas del gobernador de Hidalgo, Miguel Osorio Chong, quien ha establecido un veto informativo a la candidata del Centro Fox a la sucesión de aquella entidad, Xóchitl Gálvez (quien, prudente, no invitó al jefe Chente al acto de arranque de campaña), contra la cual trabajan desde ahora las bandas de mapachería electoral que el priísmo mueve, acentuadamente la vertiente peñanietista, por todo lugar donde vaya a haber urnas en fecha próxima.
En Zacatecas, las dos García gobernantes han lanzado una ofensiva policiaca contra el priísmo que va ganando terreno ante el desorden amalista, las acusaciones de corrupción gubernamental y la falta de crecimiento del candidato oficial perredista a la sucesión. Al más puro estilo del calderonismo, policías estatales dicen haber recibido una denuncia anónima de presunto robo de automóviles que al ser investigada habría dado como resultado la detección de vehículos destinados a la campaña del aspirante postulado por PRI, PVEM y Panal, Miguel Alonso Reyes. Ya se verá si el lance policiaco, coordinado por Concepción del Rocío García Medina, hermana de la gobernadora, en el que fueron retenidos 14 automóviles Tsuru y dos camiones de pasajeros, fue un acto de justicia verdadera o una patraña de las que día con día van agravando la suciedad electoral mexicana.
Astillas
Si alguien desea sentirse a tono con los aires gubernamentales que por la República soplan, a partir de esta noche podrá calarse un bicornio que perteneció a Porfirio Díaz, según parientes de éste que aspiran a conseguir entre 30 y 50 mil pesos por el sombrero elaborado “en fieltro negro ribeteado, decorado con aplicaciones de pluma, hilo metálico dorado y rosetón tricolor, marcado en su interior con monograma metálico PD y la leyenda ‘Tardan Hnos.’” La casa de subastas Morton señala que la pieza pertenece a la colección particular de la familia Díaz. Los interesados en pujar por tan distintivo bicornio no necesitarán llevar carta de recomendación de Los Pinos, casa también de subastas, ésta, que bien haría en hacerse de tan representativo aditamento cefálico de dos picos... En la Casa de la Cultura de Guaymas, Sonora, no encontraron mejor manera de promover las altas expresiones del espíritu que organizando un Curso Intensivo de Uñas Acrilicas (así, sin acento esdrújulo en la manta original) y otro de Pestañas. El presidente municipal de Guaymas es panista... Cuántas personas que no tienen dinero tienen que enfrentar injusticias, más cuando los funcionarios públicos, como jueces y magistrados, se prestan a los intereses de empresas como ésta, que hoy me quiere a como dé lugar tras las rejas: actor Rogelio Guerra, al denunciar, por violaciones a sus derechos laborales y profesionales, al equipo jurídico del área de novelas de Televisión Azteca. Guerra hizo un llamado: a todos los actores de México les aviso que se cuiden de Tv Azteca, que revisen cualquier contrato a detalle, porque si no, se enfrentarán, como yo, a un poder económico que me quiere ver fulminado como actor y como persona, sobre todo cuando la justicia es para el que tiene dinero... ¡Hasta mañana!
