GRINGOS RACISTAS, COMO SIEMPRE
13 may 2010
Critican relatores de la ONU la ley Arizona por discriminatoria
Plantea serias dudas sobre la compatibilidad con tratados internacionales, advierten
Llaman a ese estado y a la Casa Blanca a cumplir con los estándares en materia de derechos humanos
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Jueves 13 de mayo de 2010, p. 5
Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron ayer su honda preocupación por la ley recientemente aprobada en el estado de Arizona, que afecta a las mino-rías, a indígenas y migrantes, sometiéndolos a un trato potencialmente discriminatorio.
Los expertos subrayaron: Diferimos acerca de los potenciales efectos que tendrán las recientes enmiendas a la ley de inmigración, relacionadas con las condiciones para la detención de las y los sospechosos de ser extranjeros ilegales.
De igual forma, expresaron su preocupación por “los estándares imprecisos y el lenguaje farragoso de la llamada ley Arizona, que plantea serias dudas acerca de la compatibilidad de la legislación con los tratados internacionales sobre derechos humanos signados por Estados Unidos”.
Suscribieron la declaratoria los relatores especiales sobre Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante; el encargado de las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, Githu Muigai, y el responsable de la situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya. También, Farida Shaheed, experta independiente para derechos culturales; el relator especial sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muños, y Gay McDougall , especialista en minorías.
Los funcionarios mencionados reconocieron las prerrogativas de los estados para el control migratorio y para la adopción de las medidas apropiadas tendentes a proteger sus fronteras, pero resaltaron que estas acciones deben adoptarse de acuerdo con los principios fundamentales de no discriminación y trato humano digno.
Además, los estados están obligados no sólo a erradicar la discriminación por motivos de raza, sino también a promover un entorno social y político conducente al respeto de la diversidad étnica y cultural.
Por ello, instaron al estado de Arizona y al gobierno de Estados Unidos a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que la legislación sobre inmigración cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y a diseñar e implementar cualquier control migratorio con el debido respeto de los derechos de las personas, a nos ser discriminados y a tener acceso a su herencia cultural.
Manifestaron que los estados deben respetar y asegurar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción y no discriminarlas. Los estándares internacionales requieren que la detención se produzca sólo como medida excepcional, justificada, interpretada de forma restrictiva y proporcional a cada caso individual, y que dicho acto esté sujeto a la revisión judicial.
Hicieron notar que la ley de inmigración fue adoptada casi al mismo tiempo que se aprobaba la legislación que prohíbe los programas escolares de Arizona, que están diseñados fundamentalmente para alumnos de un grupo étnico en particular, o que aboguen por la solidaridad étnica en lugar del tratamiento de los escolares como individuos.
Los relatores de la ONU refirieron que la ley Arizona permite la intervención de los agentes de policía estatal con el fin de determinar el estatus migratorio de las personas, con base solamente en la sospecha razonable de que se encuentran en el país ilegalmente, así como arrestar a una persona sin orden judicial, si el agente dispone de una causa probada para creer que el individuo tiene un estatus ilegal.
Los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas criticaron el que esa ley convierta en delito el estar en el país ilegalmente, lo cual es penado con seis meses de cárcel, y que las personas indocumentadas sean halladas culpables de haber entrado sin autorización.
Advirtieron que esa enmienda se dirige específicamente a los jornaleros, tipificando como delito el que soliciten un trabajo, y que cualquier persona que los contrate o intente hacerlo estaría incurriendo en otro delito. Destacaron finalmente que una ley, y una actitud así, casan mal con la responsabilidad de los estados de respetar el derecho de cada persona a acceder a su propia herencia cultural y lingüística.
Plantea serias dudas sobre la compatibilidad con tratados internacionales, advierten
Llaman a ese estado y a la Casa Blanca a cumplir con los estándares en materia de derechos humanos
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Jueves 13 de mayo de 2010, p. 5
Relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron ayer su honda preocupación por la ley recientemente aprobada en el estado de Arizona, que afecta a las mino-rías, a indígenas y migrantes, sometiéndolos a un trato potencialmente discriminatorio.
Los expertos subrayaron: Diferimos acerca de los potenciales efectos que tendrán las recientes enmiendas a la ley de inmigración, relacionadas con las condiciones para la detención de las y los sospechosos de ser extranjeros ilegales.
De igual forma, expresaron su preocupación por “los estándares imprecisos y el lenguaje farragoso de la llamada ley Arizona, que plantea serias dudas acerca de la compatibilidad de la legislación con los tratados internacionales sobre derechos humanos signados por Estados Unidos”.
Suscribieron la declaratoria los relatores especiales sobre Derechos Humanos de los Migrantes, Jorge Bustamante; el encargado de las Formas Contemporáneas de Racismo, Discriminación, Xenofobia y Formas Conexas de Intolerancia, Githu Muigai, y el responsable de la situación de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, James Anaya. También, Farida Shaheed, experta independiente para derechos culturales; el relator especial sobre el Derecho a la Educación, Vernor Muños, y Gay McDougall , especialista en minorías.
Los funcionarios mencionados reconocieron las prerrogativas de los estados para el control migratorio y para la adopción de las medidas apropiadas tendentes a proteger sus fronteras, pero resaltaron que estas acciones deben adoptarse de acuerdo con los principios fundamentales de no discriminación y trato humano digno.
Además, los estados están obligados no sólo a erradicar la discriminación por motivos de raza, sino también a promover un entorno social y político conducente al respeto de la diversidad étnica y cultural.
Por ello, instaron al estado de Arizona y al gobierno de Estados Unidos a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar que la legislación sobre inmigración cumpla con los estándares internacionales de derechos humanos y a diseñar e implementar cualquier control migratorio con el debido respeto de los derechos de las personas, a nos ser discriminados y a tener acceso a su herencia cultural.
Manifestaron que los estados deben respetar y asegurar los derechos humanos de todas las personas sujetas a su jurisdicción y no discriminarlas. Los estándares internacionales requieren que la detención se produzca sólo como medida excepcional, justificada, interpretada de forma restrictiva y proporcional a cada caso individual, y que dicho acto esté sujeto a la revisión judicial.
Hicieron notar que la ley de inmigración fue adoptada casi al mismo tiempo que se aprobaba la legislación que prohíbe los programas escolares de Arizona, que están diseñados fundamentalmente para alumnos de un grupo étnico en particular, o que aboguen por la solidaridad étnica en lugar del tratamiento de los escolares como individuos.
Los relatores de la ONU refirieron que la ley Arizona permite la intervención de los agentes de policía estatal con el fin de determinar el estatus migratorio de las personas, con base solamente en la sospecha razonable de que se encuentran en el país ilegalmente, así como arrestar a una persona sin orden judicial, si el agente dispone de una causa probada para creer que el individuo tiene un estatus ilegal.
Los funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas criticaron el que esa ley convierta en delito el estar en el país ilegalmente, lo cual es penado con seis meses de cárcel, y que las personas indocumentadas sean halladas culpables de haber entrado sin autorización.
Advirtieron que esa enmienda se dirige específicamente a los jornaleros, tipificando como delito el que soliciten un trabajo, y que cualquier persona que los contrate o intente hacerlo estaría incurriendo en otro delito. Destacaron finalmente que una ley, y una actitud así, casan mal con la responsabilidad de los estados de respetar el derecho de cada persona a acceder a su propia herencia cultural y lingüística.
Educación: miserias presupuestales
Axel Didriksson
MÉXICO, D.F., 12 de mayo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió el pasado 31 de marzo a la Cámara de Diputados los criterios a partir de los cuales negociará el presupuesto para 2011 y, como ha ocurrido en lo que va del sexenio, la educación, la investigación, y particularmente la enseñanza universitaria, siguen sin ser valorados como esenciales, ni mucho menos como importantes.
De acuerdo con el documento que da cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, durante 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzará un crecimiento de 4.1%, y se proyecta una inflación de 6.0%. En el análisis no se considera, sin embargo, el aporte al desarrollo que significan la educación o la producción y transferencia de conocimientos y tecnologías, ni el comportamiento del sector social y cultural, aun cuando se afirma que el objetivo de la presente administración federal es el “desarrollo humano sustentable”. Por el contrario, las únicas variables a las que se hace referencia son las macroeconómicas, los índices del precio del petróleo y las alteraciones en los mercados financieros, sobre todo de Estados Unidos.
Entonces, desde las perspectivas tecnocráticas con las que se presentan los criterios de asignación presupuestal para el 2011, se pronostica un escenario según el cual el país continuaría con una tasa “positiva” de crecimiento. No se propone, por ello, ninguna variación significativa al actual régimen fiscal y, para espantar a todos, se exhiben las asignaciones que tendrían, en este escenario inercial, los “programas prioritarios”. Para el caso del sector “educación pública” (ramo 11), la composición del subsidio federal a la educación superior para el próximo año prevé un crecimiento nominal de 4%. Sin embargo, cuando a esta cifra se le considera desde la tasa de inflación prevista, entonces el incremento real para las más importantes universidades públicas del país, así como para otros sectores de la educación, es de 0%.
En lo que respecta a la UNAM, la UAM y el IPN, y en lo que toca a la educación media superior y al conjunto de la educación superior, el presupuesto que se propone para 2011 es de “0%”, aunque suene a chiste. Los incrementos se concentran en la educación tecnológica, con un alza de 267% respecto de 2010, y de 15% en promedio para programas como los siguientes: “habilidades digitales para todos”, “escuelas de tiempo completo”, “prevención de adicciones”...
Sin embargo para cuestiones tan importantes como el mejoramiento de la infraestructura educativa se proyecta apenas un aumento de 7.7%, y para el programa nacional de becas, de 9.5%. Curiosamente, tres programas hacia los que se orientan subsidios que maneja directamente la empresa privada tienen incrementos de 8.0%, como los denominados “innovación para negocios de alto valor agregado”, “desarrollo e innovación en tecnologías precursoras” e “innovación para la competitividad de las empresas”. En contraste, no se muestra ningún crecimiento para el “sistema de becas de recursos humanos de alto nivel” ni para el Sistema Nacional de Investigadores, en donde se concentra el mayor potencial de investigación y producción de conocimientos del país.
Con este primer mensaje, ya sabemos por dónde irá el debate y los jaloneos en la Cámara de Diputados, pero también tenemos una muestra más de que para el sistema educativo y para las universidades públicas no hay más que cortedad de miras, imprudencia y una visión irresponsable.
La iniciativa fue promovida en abril pasado por la AMC.
Axel Didriksson
MÉXICO, D.F., 12 de mayo.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) envió el pasado 31 de marzo a la Cámara de Diputados los criterios a partir de los cuales negociará el presupuesto para 2011 y, como ha ocurrido en lo que va del sexenio, la educación, la investigación, y particularmente la enseñanza universitaria, siguen sin ser valorados como esenciales, ni mucho menos como importantes.
De acuerdo con el documento que da cumplimiento a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, durante 2010 el Producto Interno Bruto (PIB) alcanzará un crecimiento de 4.1%, y se proyecta una inflación de 6.0%. En el análisis no se considera, sin embargo, el aporte al desarrollo que significan la educación o la producción y transferencia de conocimientos y tecnologías, ni el comportamiento del sector social y cultural, aun cuando se afirma que el objetivo de la presente administración federal es el “desarrollo humano sustentable”. Por el contrario, las únicas variables a las que se hace referencia son las macroeconómicas, los índices del precio del petróleo y las alteraciones en los mercados financieros, sobre todo de Estados Unidos.
Entonces, desde las perspectivas tecnocráticas con las que se presentan los criterios de asignación presupuestal para el 2011, se pronostica un escenario según el cual el país continuaría con una tasa “positiva” de crecimiento. No se propone, por ello, ninguna variación significativa al actual régimen fiscal y, para espantar a todos, se exhiben las asignaciones que tendrían, en este escenario inercial, los “programas prioritarios”. Para el caso del sector “educación pública” (ramo 11), la composición del subsidio federal a la educación superior para el próximo año prevé un crecimiento nominal de 4%. Sin embargo, cuando a esta cifra se le considera desde la tasa de inflación prevista, entonces el incremento real para las más importantes universidades públicas del país, así como para otros sectores de la educación, es de 0%.
En lo que respecta a la UNAM, la UAM y el IPN, y en lo que toca a la educación media superior y al conjunto de la educación superior, el presupuesto que se propone para 2011 es de “0%”, aunque suene a chiste. Los incrementos se concentran en la educación tecnológica, con un alza de 267% respecto de 2010, y de 15% en promedio para programas como los siguientes: “habilidades digitales para todos”, “escuelas de tiempo completo”, “prevención de adicciones”...
Sin embargo para cuestiones tan importantes como el mejoramiento de la infraestructura educativa se proyecta apenas un aumento de 7.7%, y para el programa nacional de becas, de 9.5%. Curiosamente, tres programas hacia los que se orientan subsidios que maneja directamente la empresa privada tienen incrementos de 8.0%, como los denominados “innovación para negocios de alto valor agregado”, “desarrollo e innovación en tecnologías precursoras” e “innovación para la competitividad de las empresas”. En contraste, no se muestra ningún crecimiento para el “sistema de becas de recursos humanos de alto nivel” ni para el Sistema Nacional de Investigadores, en donde se concentra el mayor potencial de investigación y producción de conocimientos del país.
Con este primer mensaje, ya sabemos por dónde irá el debate y los jaloneos en la Cámara de Diputados, pero también tenemos una muestra más de que para el sistema educativo y para las universidades públicas no hay más que cortedad de miras, imprudencia y una visión irresponsable.
La iniciativa fue promovida en abril pasado por la AMC.
Desmemoriados, Aspe, Gil y Ortíz, critican conducción económica de Calderón
Carlos Acosta Córdova
MÉXICO, DF, 12 de mayo (apro).- Fueron secretarios de Hacienda, es decir, responsables de la conducción económica del país. Hoy pertenecen a la elite empresarial, como consejeros o directivos de emporios trasnacionales.
Y, como si no hubieran tenido en sus manos responsabilidad alguna desde el gobierno federal, este miércoles Pedro Aspe Armella, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz se erigieron como severos críticos de la realidad económica y social del país.
Invitados por el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, aspirante presidencial del PRI, participaron en un panel de los llamados “Foros de reflexión: compromiso por México” –con los que Peña se “placea” y muestra su capacidad de convocatoria--, y dijeron cosas tan ciertas como estas, pero de las que en algún momento fueron responsables:
El sistema impositivo en México es un lastre. “Los municipios no recaudan por impuesto predial ni 1% del PIB”, cuando otros países de América Latina recaudan hasta 5% por ese concepto.
“El gobierno gasta poco y mal”. Es un hecho la recuperación económica del país, pero “no es suficiente apostar sólo a recuperar lo perdido en la crisis; falta una mayor productividad”. “El ahorro y la inversión son totalmente insuficientes”, acusaron.
También: si no se permite la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex), que es una empresa mal organizada, improductiva y mal manejada, “en cinco años seremos importadores de petróleo”.
* * * * *
En efecto, Pedro Aspe, secretario de Hacienda en todo el gobierno de Carlos Salinas; Francisco Gil Díaz, con Vicente Fox, y Guillermo Ortiz en el primer trienio de Ernesto Zedillo, participaron –en Toluca, Estado de México-- en el panel sobre “Financiamiento y desarrollo sustentable”, que siguió a la ponencia magistral de Jeffrey Sachs, asesor de Naciones Unidas y uno de los economistas más influyentes del mundo.
Un día antes estuvieron Eric Maskin y Paul Krugman, premios Nobel de Economía 2007 y 2008, respectivamente. De ese calibre son los invitados de Peña Nieto a sus “foros de reflexión”.
Y de ese tamaño son los reflectores que quiere. Y de esa magnitud deben ser los recursos con los que cuenta para “mostrarse”… pues, de gratis, seguro que no vinieron.
La presencia de tan ilustres panelistas, así como la de los exsecretarios de Hacienda –los tres de extracción priista--, se antojaba para un buen debate, un buen “agarrón” entre quienes, en su momento, se toparon con las mismas cosas y que poco pudieron hacer para revertirlas: la petrolización de los ingresos públicos, la dependencia hacia la economía de Estados Unidos, el pobre desempeño del mercado interno y la magra recaudación fiscal.
Optaron por guardar distancia. Por respetarse. Por no cuestionarse. Como si revivieran aquellos tiempos en que Gil y Ortiz fueron subordinados de Aspe, en el salinismo; uno como subsecretario de Ingresos, el otro como subsecretario de Hacienda. “Paco”, “Pedro” y “Guillermo” se decían en el panel.
Mejor la crítica etérea, ajena a las antiguas responsabilidades, que el cuestionamiento a la gestión de cada uno. Priistas todos, al fin.
Director general de Protego Asesores, co-presidente del Consejo de Evercore Partners y miembro de los consejos de administración de The McGraw Hill Companies, Carnegie Corporation (Nueva York) y Grupo Televisa, Pedro Aspe descubrió el hilo negro.
Dijo que para que la economía mexicana crezca más y sea más productiva, hay que invertir mucho más en infraestructura. Ya se hace, dijo, pero hay que invertir más y hay que hacer que la iniciativa privada participe más en ello.
Enfatizó en esto último, en promover más las asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura multianuales, en los que ya doce entidades se adelantaron a la Federación.
Elogió que ahora el gasto público lo ejerzan en dos terceras partes los estados y municipios y sólo una tercera parte el gobierno central. Pero criticó que los municipios no hagan nada para generar recursos propios.
“Han perdido la recaudación del predial. No pueden hacer infraestructuras sólo con recursos federales”, advirtió.
Francisco Gil Díaz lo secundó. El hoy presidente ejecutivo para México y Centroamérica de la trasnacional española Telefónica, dijo que es ridícula la recaudación por predial, que apenas alcanza 1% del producto interno bruto, cuando otros países de América Latina recaudan más de lo que México recauda por IVA, poco más de 4% del PIB.
Y que sería muy fácil incrementar la recaudación del impuesto predial. Basta con cruzar el padrón de contribuyentes con el Registro Público de la Propiedad. Pero no se hace.
Es más, dijo, el impuesto debería cobrarse aun con una sobretasa, y la diferencia debería usarse para el servicio de la deuda pública de los municipios.
Guillermo Ortiz, que apenas el último día de 2009 dejó la gubernatura del Banco de México y hoy es flamante consejero del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y de la trasnacional mexicana Vitro, no se quedó atrás en el tema. El problema de los impuestos en México, la paupérrima recaudación, “es estructural y gigantesco”, acusó.
Y corrigió a Aspe y a Gil: los ingresos municipales totales, en México, apenas son de 0.6% del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de más de 5%.
Gil Díaz apenas atisbó una crítica a la conducción actual de la economía, al mando ahora del panista Ernesto Cordero: es cierto que la economía se está recuperando, pero no basta con sólo recuperar lo que se perdió por la crisis, dijo.
“Faltan cambios para impulsar la productividad, pues sólo con eso se pueden mejorar los salarios, el empleo, los niveles de bienestar de la población”, anotó.
Es necesario, agregó, reconocer los nudos que impiden la productividad y deshacerlos, lo mismo en telecomunicaciones, en energía y en tecnología. “Hay un potencial enorme para hacer crecer la economía, pero primero hay que deshacer esos nudos”, sentenció.
Guillermo Ortiz presentó una imagen dramática del país. En los últimos 50 años, el desempeño económico ha sido “muy pobre”, evaluó.
Explicó: en 1960, el ingreso per cápita de México era igual al de España; más del doble del de Corea y casi tres veces el de Singapur.
Ahora, en 2010, el ingreso per cápita de España es dos veces y media el de México; el de Corea es dos veces mayor, y el de Singapur, tres veces el de México.
Ese desempeño tan pobre, arremetió, se debe no sólo a las crisis económicas recurrentes, que han llevado por largos periodos a tasas cero de crecimiento económico, como en los años ochenta, que fue la “década perdida”. Pero también a los niveles bajísimos de inversión y ahorro.
México apenas invierte poco más de 20% del PIB; España se acerca a 27% y el sudeste asiático a más de 30%.
Una causa más del pobre desempeño económico es el “uso improductivo de los recursos”, señaló Ortiz Martínez.
Por ejemplo, 17% de la población económicamente activa (PEA) se desempeña en actividades primarias, en el agro; pero el campo apenas aporta 5% del PIB. Es decir, la productividad promedio de las actividades agropecuarias es apenas una tercera parte del promedio nacional.
Sostuvo también que es muy reducido el gasto público. México gasta apenas 21% del PIB, mientras que otros países similares, como Brasil, gastan más de 40% del PIB.
“El gobierno gasta poco y mal”, acusó.
Y se engolosinó Ortiz en la crítica, pero otra vez, sintiéndose ajeno a cualquier responsabilidad.
En materia de energía, advirtió, también hay graves problemas. “Se agotó el petróleo fácil, y queremos compensarlo con nuevos yacimientos que no alcanzarán para ello, pues no tenemos tecnología para perforar en aguas profundas y no impulsamos las energías alternativas”.
Una crítica más de Ortiz, ahora en el tema de la educación. “México es uno de los países que gastan más en educación, cerca de 7%, el doble que Brasil, más que Argentina, Francia o Inglaterra. Pero la mayor parte de ese gasto es para sueldos y salarios.
“Muy poco de ese gasto –agregó-- va a infraestructura educativa, a equipamiento, a computadoras, a laboratorios. Por eso siempre obtenemos muy malos resultados en las pruebas internacionales. México siempre está al fondo en esas pruebas”, sentenció.
En una primera ronda de preguntas y respuestas, Pedro Aspe se mostró más crítico que en su intervención inicial, que fue libre para todos.
A una pregunta sobre la petrolización de las finanzas públicas, respondió que el descubrimiento de Cantarell, a fines de los setenta, uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo, “fue una fortuna y una desgracia”, pues los generosos ingresos que produjo también propiciaron “un relajamiento y no se ahorró”.
Y antes que adjudicarse alguna responsabilidad en ello, Aspe atajó: “Bueno, ya sucedió”. Ahora hay que ver hacia delante. Y lo primero que hay que hacer es una revisión total de Pemex, que tiene “una mala organización”, “es una empresa improductiva” y tiene “un mal arreglo económico”.
Sin ambages: “La productividad de Pemex es apenas una quinta parte de la productividad que tienen las petroleras estatales de Noruega y de Brasil. Ese es el problema, la falta de productividad de Pemex. Pemex está muy mal: tiene exceso de personal, mal capacitado; no invierte en investigación y desarrollo, no hay imaginación empresarial”.
Entonces Aspe recomendó poner en práctica lo que hace Brasil: permitir la asociación con empresas privadas de alta tecnología.
Relató un caso, resultante de no permitir la inversión privada en Pemex: 22% de la producción total de petróleo en Estados Unidos proviene de campos que se habían desechado hace décadas. Pemex no recupera, por falta de tecnología e inversión privada, ni 1% de sus campos antes descartados.
De seguir así, auguró Aspe, “en cinco años seremos importadores de petróleo”. Y entonces sí nos vamos a ‘despetrolizar’, “porque vamos a ser importadores”.
Gil Díaz secundó: urge cambiar la legislación en materia energética para salir del hoyo. Hasta Cuba y Venezuela “van adelante de nosotros”, pues sí permiten la inversión privada. En materia administrativa, Pemex va para atrás; en materia de gestión, es una empresa paralizada”, acusó.
Y Ortiz no se podía quedar atrás.
“Es incomprensible lo que pasa con el petróleo en México. Las cosas se han hecho muy mal. Y los sucesivos gobiernos la van descomponiendo más”.
Dirigiéndose a Aspe, soltó: “Antes se manejaba mal Pemex, pero menos mal que ahora. Cuando estábamos en la secretaría –recordó los tiempos de Aspe como titular y él de subsecretario--, venían a vernos los brasileños para ver cómo hacíamos las cosas. Pero más bien creo ahora que venían a aprender cómo no hacer las cosas”, dijo. Porque hay que ver lo que es ahora Petrobras (la paraestatal petrolera de Brasil), su flexibilidad para aprovechar las tecnologías que hay en el mundo”.
Por mitos y tabúes “le hemos dado la vuelta al tema energético”, concluyó Ortiz.
Así de fácil es hablar a la distancia. Sin autocrítica. La desmemoria. O el cinismo.
Solicita el G8+5 a los estados garantizar abortos legales y seguros
LAURA POY SOLANO
Periódico La Jornada
Jueves 13 de mayo de 2010, p. 38
Las academias científicas del llamado grupo de los G8+5, que reúne a los países con más desarrollo científico y a los considerados emergentes, se sumaron a la iniciativa presentada por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) para incluir en su declaración conjunta la obligación de los estados de garantizar un aborto en condiciones de seguridad y legalidad.
En rueda de prensa, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la AMC, informó que como parte de las actividades del organismo en el ámbito internacional, una delegación mexicana acudió en abril pasado a Ottawa, Canadá, donde se acordó demandar a la comunidad internacional establecer condiciones para un aborto seguro y legal. Esto, para mejorar las condiciones de salud de la mujer.
Agregó que el G8+5, que reúne a Rusia, Japón, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, China, India, Brasil, México y Sudáfrica, presentará su declaratoria conjunta en junio próximo, cuando inicie la entrega formal de los acuerdos ante los gobiernos involucrados.
Los documentos finales, dijo, incluyen temas de la agenda científica mundial, entre ellos el cambio climático y los retos que enfrenta la salud. Entre las recomendaciones a los países en general, indicó, la AMC propuso la necesidad de acceder a un aborto seguro para miles de mujeres que aún pierden la vida por no contar con las condiciones mínimas de salubridad.
Enfatizó que la propuesta fue bien recibida. Se aceptó sin mayor discusión. Entre científicos es un tema obvio, pues se debe garantizar higiene y seguridad para interrumpir un embarazo, lo que es un problema de salud pública en muchas naciones en desarrollo.
Ruiz Gutiérrez señaló que México requiere de una verdadera política de Estado en la materia, pues el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es un organismo rebasado. No es un asunto de personas, sino de instituciones, afirmó.
Demandó la creación de una secretaría de educación superior, ciencia y tecnología que coordine las políticas públicas en la materia para organizar y consensuar los esfuerzos y consolidar el desarrollo científico en México. Actualmente, reconoció, ni siquiera sabemos cómo se distribuye e invierte la totalidad del presupuesto destinado a ciencia y tecnología, y menos aún se cuenta con criterios únicos en las prioridades de las dependencias responsables de ejercerlo.
Carlos Acosta Córdova
MÉXICO, DF, 12 de mayo (apro).- Fueron secretarios de Hacienda, es decir, responsables de la conducción económica del país. Hoy pertenecen a la elite empresarial, como consejeros o directivos de emporios trasnacionales.
Y, como si no hubieran tenido en sus manos responsabilidad alguna desde el gobierno federal, este miércoles Pedro Aspe Armella, Francisco Gil Díaz y Guillermo Ortiz se erigieron como severos críticos de la realidad económica y social del país.
Invitados por el gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto, aspirante presidencial del PRI, participaron en un panel de los llamados “Foros de reflexión: compromiso por México” –con los que Peña se “placea” y muestra su capacidad de convocatoria--, y dijeron cosas tan ciertas como estas, pero de las que en algún momento fueron responsables:
El sistema impositivo en México es un lastre. “Los municipios no recaudan por impuesto predial ni 1% del PIB”, cuando otros países de América Latina recaudan hasta 5% por ese concepto.
“El gobierno gasta poco y mal”. Es un hecho la recuperación económica del país, pero “no es suficiente apostar sólo a recuperar lo perdido en la crisis; falta una mayor productividad”. “El ahorro y la inversión son totalmente insuficientes”, acusaron.
También: si no se permite la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex), que es una empresa mal organizada, improductiva y mal manejada, “en cinco años seremos importadores de petróleo”.
* * * * *
En efecto, Pedro Aspe, secretario de Hacienda en todo el gobierno de Carlos Salinas; Francisco Gil Díaz, con Vicente Fox, y Guillermo Ortiz en el primer trienio de Ernesto Zedillo, participaron –en Toluca, Estado de México-- en el panel sobre “Financiamiento y desarrollo sustentable”, que siguió a la ponencia magistral de Jeffrey Sachs, asesor de Naciones Unidas y uno de los economistas más influyentes del mundo.
Un día antes estuvieron Eric Maskin y Paul Krugman, premios Nobel de Economía 2007 y 2008, respectivamente. De ese calibre son los invitados de Peña Nieto a sus “foros de reflexión”.
Y de ese tamaño son los reflectores que quiere. Y de esa magnitud deben ser los recursos con los que cuenta para “mostrarse”… pues, de gratis, seguro que no vinieron.
La presencia de tan ilustres panelistas, así como la de los exsecretarios de Hacienda –los tres de extracción priista--, se antojaba para un buen debate, un buen “agarrón” entre quienes, en su momento, se toparon con las mismas cosas y que poco pudieron hacer para revertirlas: la petrolización de los ingresos públicos, la dependencia hacia la economía de Estados Unidos, el pobre desempeño del mercado interno y la magra recaudación fiscal.
Optaron por guardar distancia. Por respetarse. Por no cuestionarse. Como si revivieran aquellos tiempos en que Gil y Ortiz fueron subordinados de Aspe, en el salinismo; uno como subsecretario de Ingresos, el otro como subsecretario de Hacienda. “Paco”, “Pedro” y “Guillermo” se decían en el panel.
Mejor la crítica etérea, ajena a las antiguas responsabilidades, que el cuestionamiento a la gestión de cada uno. Priistas todos, al fin.
Director general de Protego Asesores, co-presidente del Consejo de Evercore Partners y miembro de los consejos de administración de The McGraw Hill Companies, Carnegie Corporation (Nueva York) y Grupo Televisa, Pedro Aspe descubrió el hilo negro.
Dijo que para que la economía mexicana crezca más y sea más productiva, hay que invertir mucho más en infraestructura. Ya se hace, dijo, pero hay que invertir más y hay que hacer que la iniciativa privada participe más en ello.
Enfatizó en esto último, en promover más las asociaciones público-privadas para proyectos de infraestructura multianuales, en los que ya doce entidades se adelantaron a la Federación.
Elogió que ahora el gasto público lo ejerzan en dos terceras partes los estados y municipios y sólo una tercera parte el gobierno central. Pero criticó que los municipios no hagan nada para generar recursos propios.
“Han perdido la recaudación del predial. No pueden hacer infraestructuras sólo con recursos federales”, advirtió.
Francisco Gil Díaz lo secundó. El hoy presidente ejecutivo para México y Centroamérica de la trasnacional española Telefónica, dijo que es ridícula la recaudación por predial, que apenas alcanza 1% del producto interno bruto, cuando otros países de América Latina recaudan más de lo que México recauda por IVA, poco más de 4% del PIB.
Y que sería muy fácil incrementar la recaudación del impuesto predial. Basta con cruzar el padrón de contribuyentes con el Registro Público de la Propiedad. Pero no se hace.
Es más, dijo, el impuesto debería cobrarse aun con una sobretasa, y la diferencia debería usarse para el servicio de la deuda pública de los municipios.
Guillermo Ortiz, que apenas el último día de 2009 dejó la gubernatura del Banco de México y hoy es flamante consejero del Grupo Aeroportuario del Sureste (Asur) y de la trasnacional mexicana Vitro, no se quedó atrás en el tema. El problema de los impuestos en México, la paupérrima recaudación, “es estructural y gigantesco”, acusó.
Y corrigió a Aspe y a Gil: los ingresos municipales totales, en México, apenas son de 0.6% del PIB, mientras que el promedio de los países de la OCDE es de más de 5%.
Gil Díaz apenas atisbó una crítica a la conducción actual de la economía, al mando ahora del panista Ernesto Cordero: es cierto que la economía se está recuperando, pero no basta con sólo recuperar lo que se perdió por la crisis, dijo.
“Faltan cambios para impulsar la productividad, pues sólo con eso se pueden mejorar los salarios, el empleo, los niveles de bienestar de la población”, anotó.
Es necesario, agregó, reconocer los nudos que impiden la productividad y deshacerlos, lo mismo en telecomunicaciones, en energía y en tecnología. “Hay un potencial enorme para hacer crecer la economía, pero primero hay que deshacer esos nudos”, sentenció.
Guillermo Ortiz presentó una imagen dramática del país. En los últimos 50 años, el desempeño económico ha sido “muy pobre”, evaluó.
Explicó: en 1960, el ingreso per cápita de México era igual al de España; más del doble del de Corea y casi tres veces el de Singapur.
Ahora, en 2010, el ingreso per cápita de España es dos veces y media el de México; el de Corea es dos veces mayor, y el de Singapur, tres veces el de México.
Ese desempeño tan pobre, arremetió, se debe no sólo a las crisis económicas recurrentes, que han llevado por largos periodos a tasas cero de crecimiento económico, como en los años ochenta, que fue la “década perdida”. Pero también a los niveles bajísimos de inversión y ahorro.
México apenas invierte poco más de 20% del PIB; España se acerca a 27% y el sudeste asiático a más de 30%.
Una causa más del pobre desempeño económico es el “uso improductivo de los recursos”, señaló Ortiz Martínez.
Por ejemplo, 17% de la población económicamente activa (PEA) se desempeña en actividades primarias, en el agro; pero el campo apenas aporta 5% del PIB. Es decir, la productividad promedio de las actividades agropecuarias es apenas una tercera parte del promedio nacional.
Sostuvo también que es muy reducido el gasto público. México gasta apenas 21% del PIB, mientras que otros países similares, como Brasil, gastan más de 40% del PIB.
“El gobierno gasta poco y mal”, acusó.
Y se engolosinó Ortiz en la crítica, pero otra vez, sintiéndose ajeno a cualquier responsabilidad.
En materia de energía, advirtió, también hay graves problemas. “Se agotó el petróleo fácil, y queremos compensarlo con nuevos yacimientos que no alcanzarán para ello, pues no tenemos tecnología para perforar en aguas profundas y no impulsamos las energías alternativas”.
Una crítica más de Ortiz, ahora en el tema de la educación. “México es uno de los países que gastan más en educación, cerca de 7%, el doble que Brasil, más que Argentina, Francia o Inglaterra. Pero la mayor parte de ese gasto es para sueldos y salarios.
“Muy poco de ese gasto –agregó-- va a infraestructura educativa, a equipamiento, a computadoras, a laboratorios. Por eso siempre obtenemos muy malos resultados en las pruebas internacionales. México siempre está al fondo en esas pruebas”, sentenció.
En una primera ronda de preguntas y respuestas, Pedro Aspe se mostró más crítico que en su intervención inicial, que fue libre para todos.
A una pregunta sobre la petrolización de las finanzas públicas, respondió que el descubrimiento de Cantarell, a fines de los setenta, uno de los yacimientos petroleros más grandes del mundo, “fue una fortuna y una desgracia”, pues los generosos ingresos que produjo también propiciaron “un relajamiento y no se ahorró”.
Y antes que adjudicarse alguna responsabilidad en ello, Aspe atajó: “Bueno, ya sucedió”. Ahora hay que ver hacia delante. Y lo primero que hay que hacer es una revisión total de Pemex, que tiene “una mala organización”, “es una empresa improductiva” y tiene “un mal arreglo económico”.
Sin ambages: “La productividad de Pemex es apenas una quinta parte de la productividad que tienen las petroleras estatales de Noruega y de Brasil. Ese es el problema, la falta de productividad de Pemex. Pemex está muy mal: tiene exceso de personal, mal capacitado; no invierte en investigación y desarrollo, no hay imaginación empresarial”.
Entonces Aspe recomendó poner en práctica lo que hace Brasil: permitir la asociación con empresas privadas de alta tecnología.
Relató un caso, resultante de no permitir la inversión privada en Pemex: 22% de la producción total de petróleo en Estados Unidos proviene de campos que se habían desechado hace décadas. Pemex no recupera, por falta de tecnología e inversión privada, ni 1% de sus campos antes descartados.
De seguir así, auguró Aspe, “en cinco años seremos importadores de petróleo”. Y entonces sí nos vamos a ‘despetrolizar’, “porque vamos a ser importadores”.
Gil Díaz secundó: urge cambiar la legislación en materia energética para salir del hoyo. Hasta Cuba y Venezuela “van adelante de nosotros”, pues sí permiten la inversión privada. En materia administrativa, Pemex va para atrás; en materia de gestión, es una empresa paralizada”, acusó.
Y Ortiz no se podía quedar atrás.
“Es incomprensible lo que pasa con el petróleo en México. Las cosas se han hecho muy mal. Y los sucesivos gobiernos la van descomponiendo más”.
Dirigiéndose a Aspe, soltó: “Antes se manejaba mal Pemex, pero menos mal que ahora. Cuando estábamos en la secretaría –recordó los tiempos de Aspe como titular y él de subsecretario--, venían a vernos los brasileños para ver cómo hacíamos las cosas. Pero más bien creo ahora que venían a aprender cómo no hacer las cosas”, dijo. Porque hay que ver lo que es ahora Petrobras (la paraestatal petrolera de Brasil), su flexibilidad para aprovechar las tecnologías que hay en el mundo”.
Por mitos y tabúes “le hemos dado la vuelta al tema energético”, concluyó Ortiz.
Así de fácil es hablar a la distancia. Sin autocrítica. La desmemoria. O el cinismo.
Solicita el G8+5 a los estados garantizar abortos legales y seguros
LAURA POY SOLANO
Periódico La Jornada
Jueves 13 de mayo de 2010, p. 38
Las academias científicas del llamado grupo de los G8+5, que reúne a los países con más desarrollo científico y a los considerados emergentes, se sumaron a la iniciativa presentada por la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) para incluir en su declaración conjunta la obligación de los estados de garantizar un aborto en condiciones de seguridad y legalidad.
En rueda de prensa, Rosaura Ruiz Gutiérrez, presidenta de la AMC, informó que como parte de las actividades del organismo en el ámbito internacional, una delegación mexicana acudió en abril pasado a Ottawa, Canadá, donde se acordó demandar a la comunidad internacional establecer condiciones para un aborto seguro y legal. Esto, para mejorar las condiciones de salud de la mujer.
Agregó que el G8+5, que reúne a Rusia, Japón, Estados Unidos, Canadá, Francia, Inglaterra, Italia, Alemania, China, India, Brasil, México y Sudáfrica, presentará su declaratoria conjunta en junio próximo, cuando inicie la entrega formal de los acuerdos ante los gobiernos involucrados.
Los documentos finales, dijo, incluyen temas de la agenda científica mundial, entre ellos el cambio climático y los retos que enfrenta la salud. Entre las recomendaciones a los países en general, indicó, la AMC propuso la necesidad de acceder a un aborto seguro para miles de mujeres que aún pierden la vida por no contar con las condiciones mínimas de salubridad.
Enfatizó que la propuesta fue bien recibida. Se aceptó sin mayor discusión. Entre científicos es un tema obvio, pues se debe garantizar higiene y seguridad para interrumpir un embarazo, lo que es un problema de salud pública en muchas naciones en desarrollo.
Ruiz Gutiérrez señaló que México requiere de una verdadera política de Estado en la materia, pues el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) es un organismo rebasado. No es un asunto de personas, sino de instituciones, afirmó.
Demandó la creación de una secretaría de educación superior, ciencia y tecnología que coordine las políticas públicas en la materia para organizar y consensuar los esfuerzos y consolidar el desarrollo científico en México. Actualmente, reconoció, ni siquiera sabemos cómo se distribuye e invierte la totalidad del presupuesto destinado a ciencia y tecnología, y menos aún se cuenta con criterios únicos en las prioridades de las dependencias responsables de ejercerlo.
