CONTINUAN LAS VIOLACIONES

México, a juicio en la COIDH por violación de soldados a una indígena
Gloria Leticia Díaz

SAN JOSÉ, Costa Rica, 27 de mayo (apro).- Después de ocho años de que fuera agredida sexualmente por miembros del Ejército Mexicano, Valentina Rosendo Cantú presentó su testimonio ante jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) como parte de su larga lucha por la justicia.
En una sesión privada, Rosendo Cantú enfrentó a representantes del Estado mexicano, que una vez más es sometido a un juicio internacional por la extensión del fuero militar para investigar y juzgar casos de violaciones a derechos humanos cometidos por miembros de las Fuerzas Armadas, pues este caso está siendo analizado en el sistema de justicia militar.
El caso de Valentina fue presentado por la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) el 2 de agosto de 2009 ante la falta de respuesta del Estado mexicano a las recomendaciones formuladas por el organismo para reparar los daños y castigar a los culpables.
La sesión fue presidida por el juez Diego García Sayán, de Perú; como testigos y peritos de los demandantes y representantes de la víctima, la CIDH y el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, “Tlachinollan”.
Acudieron también, el visitador general de la Comisión de Defensa de Derechos Humanos de Guerrero, Hipólito Lugo Cortés, y Roxana Arroyo Vargas, de la Fundación Justicia y Género.
La indígena guerrerense, originaria de Acatepec, sostuvo que cuando era menor de edad, el 16 de febrero de 2002, fue violada por dos militares mientras que seis soldados más atestiguaban la escena. Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de la comunidad de Barranca Bejuco.
Valentina insistió que por haber sido ultrajada por militares, no sólo se le negó el acceso a los servicios de salud y se le denegó el derecho a la justicia, sino que esa situación la estigmatizó en su comunidad como “la mujer de los guachos (como se les conoce a los soldados en Guerrero)”.
Ante amenazas y el rechazo de su comunidad, Valentina tuvo que salir de Barranca Bejuco. Sin embargo, continúa la persecución gubernamental en su contra porque se mantiene en sus acusaciones y en su reclamo de justicia.
“Antes era una mujer feliz, tenía el apoyo de mi comunidad, el de mi esposo, pero ahora no tengo nada, y yo creo que tengo derecho a vivir tranquila con mi hija”, dijo Valentina a los jueces.
Al término de la primera parte de la audiencia Valentina Rosendo Cantú expresó su deseo por fin pueda vivir tranquila, sin que la vigile el Estado; además, consideró: “Después de tanto sufrimiento valió la pena haber venido, yo espero que los militares estén en la cárcel, que acepte el gobierno que fueron militares los que me violaron”.
La representación del gobierno de Felipe Calderón negó que miembros del Ejército Mexicano hayan agredido sexualmente a la indígena guerrerense.
La delegación mexicana, a cargo de Armando Vivanco Castellanos, director adjunto de Casos, Democracia y Derechos Humanos, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, hizo entrega de una copia certificada del expediente abierto en la Procuraduría de Justicia Militar.
Vivanco Castellanos admitió responsabilidad del Estado mexicano en violaciones al derecho de Valentina a la asistencia médica oportuna, a no haberle considerado en las investigaciones que era menor de edad, así como la falta de diligencia y retraso en las investigaciones.
Sin embargo, negó que el Estado Mexicano sea responsable de la violación y tortura de la indígena mexicana, y consideró que no había pruebas que los demostraran, sólo las declaraciones de Valentina.
Como pruebas de la voluntad política del gobierno por los derechos humanos, el Estado mexicano dio una larga lista de reformas legislativas y programas de gobierno a favor de las mujeres, de los indígenas y niños.
Al final de la audiencia el presidente de la Coidh, Diego García Sayán, preguntó a Vivanco sobre los avances en el cumplimiento de la sentencia dictada a finales del año pasado por el caso de la desaparición forzada de Rosendo Radilla a manos del Ejército Mexicano en 1974.
La sentencia obliga al Estado mexicano a reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar, que permite que los militares juzguen casos de violaciones a derechos humanos cometidos por personal castrense contra civiles, lo que va en contra de la jurisdicción internacional.
Nervioso, Vivanco pidió al juez García Sayán que lo dispensara en ese momento pero que en los alegatos finales por escrito le respondería “ampliamente por esa situación”.
Desde el lugar de los representantes, el abogado Santiago Aguirre pidió la palabra para informar que “desde que se emitió la sentencia no hay ninguna iniciativa del Ejecutivo federal para reformar el artículo 57 del Código de Justicia Militar; por el contrario, a pesar de la sentencia los casos de abusos siguen siendo investigados por la Procuraduría de Justicia Militar; y el incremento de violaciones continúa”.


Continúa la estrategia contrainsurgente en Chiapas, asegura el Centro Las Casas
Desde el levantamiento zapatista se busca debilitar las bases del movimiento, ELIO HENRÍQUEZ
Corresponsal
Periódico La Jornada
Viernes 28 de mayo de 2010, p. 20
San Cristóbal de Las Casas, Chis., 27 de mayo. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Cdhfbc) aseguró que está documentado y probado que la estrategia contrainsurgente en Chiapas sigue aplicándose, 16 años después del levantamiento zapatista.
Se utilizan ampliamente recursos políticos, sociales, judiciales, sicológicos y mediáticos para justificar su accionar y su implementación, señaló en su informe anual el organismo que fundó y preside el obispo emérito de San Cristóbal, Samuel Ruiz García.
Sostuvo que en Chiapas la Iniciativa Mérida ha contribuido a agudizar el conflicto armado no resuelto y si bien la “estrategia contrainsurgente derivada del ‘plan’ se tramó desde las cúpulas de la Secretaría de la Defensa Nacional, en coordinación con el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, en este último periodo se ha consolidado como política de Estado”.
Esta estrategia, continúa, se ha enfocado a debilitar las bases sociales sobre las que se sostiene la insurrección armada, además de a legitimar las arbitrariedades de los gobiernos federal y estatal ante la desconfianza general de la población.
Los rostros de la contrainsurgencia, dijo, los configuran una gama de actores cuya intervención en el escenario de guerra ha dejado al descubierto su verdadero rol, como instituciones gubernamentales de inteligencia civil y miliar, fuerzas armadas y policiacas mixtas, grupos paramilitares, operadores políticos de gobierno, dependencias oficiales y medios masivos de comunicación.
Represión
En el informe, presentado por Ruiz García, además de Diego Cadenas, director del organismo, y por Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Mexicana Todos los Derechos para Todos, manifestó que el incremento de la represión y criminalización evidencia la incapacidad de las autoridades para atender las expresiones de inconformidad de la sociedad civil.
El gobierno sustituye el diálogo y la concertación por acciones de hostigamiento, amenazas, tortura y privación ilegal de la libertad contra las y los defensores de derechos humanos, comunidades y pueblos, aseveró.
El Cdhfbc también expresó que la intrusión del gobierno mexicano en los espacios sociales para ejercer control y su interés por apropiarse del territorio de los pueblos, se deben a intereses fácticos dirigidos a beneficiar a las altas esferas del poder político y económico. Para ello el gobierno está implementando una política que desarrolló a través de una estrategia contrainsurgente y acciones represivas con vertientes políticas, culturales, sociales, judiciales y sicológicas.
La lógica del gobierno consiste en criminalizar a las personas, movimientos sociales o comunidades que se organizan y se oponen al sistema económico, indicó.
Abundó: En Chiapas la imposición de este sistema de exclusión se ha traducido en muertes violentas, desplazamientos forzosos, cateos ilegales e incursiones militares y policiacas a comunidades, vinculación de defensores y líderes sociales con supuestas organizaciones delincuenciales.
Según el Centro de las Casas, al defender su autonomía, territorio y recursos naturales, las comunidades y organizaciones representan un obstáculo a los intereses del gobierno mexicano que busca implementar proyectos que considera de gran visión, como el México 2030, que contempla la privatización de la energía, el agua, los minerales e incluso las zonas de reserva de la biosfera.
Ruiz García dijo que se tiene que acompañar a aquellos que sufren violaciones a sus garantías para que haya no solamente el reconocimiento de esos derechos sino el cambio de las situaciones dentro de las cuales se violan.
Añadió: no solamente es la constatación de cosas que pasaron y se han sufrido sino las expectativas de un cambio al denunciar esas violaciones. Esperamos de esta manera ir contribuyendo poco a poco a la construcción de una nueva sociedad donde haya justicia, verdad y fraternidad.
En México, los narcos "mantienen relaciones estables con el sector oficial": The New Yorker
La redacción

MÉXICO, D.F., 27 de mayo (apro).- El cártel de La Familia Michoacana vino a llenar el vacío creado en México por la desconfianza pública hacia la policía y los tribunales, señala un texto de la revista estadunidense The New Yorker, que aparecerá publicado en su edición del próximo lunes 31.
Escrito por William Finnegan, el reportaje titulado “Silver or lead” (Plata o plomo) apunta que en la última década el tráfico de drogas floreció en México y que “sus practicantes (los narcos) mantienen relaciones estables con el sector oficial”.
Según Finnegan, la elección de Vicente Fox en el 2000, “cambió el status quo entre narcotraficantes y el gobierno”.
El autor del texto estuvo dos meses en la zona de influencia de La Familia Michoacana, donde pudo constatar el poder “omnipresente” que tiene ese grupo criminal en todo el país.
En su visita a Zitácuaro, por ejemplo, lo primero que encontró al llegar a esa localidad fue el cuerpo desmembrado de un hombre joven que quedó en medio de la intersección principal. “Fue un ejemplo de lo que llaman cadáver de mensajería”, añade.
Y menciona que al lado de los cuerpos mutilados generalmente aparecen “mensajes de terror” escritos a mano “suficientemente claros”, como uno que decía: "Usted consigue lo que usted se merece".
La Familia Michoacana, agrega, es un grupo del crimen organizado “cuyas depredaciones impregnan la vida de la región”, luego de que el presidente de México, Felipe Calderón, declaró la guerra a los traficantes de drogas en el país cuando asumió el cargo, en diciembre de 2006.
De acuerdo con The New Yorker, más de 23 mil personas han muerto desde la declaración de guerra de Calderón. La inseguridad, apunta, se ha vuelto envolvente, y la población mexicana debe cuidarse cada vez más del secuestro, la extorsión, la tortura, el desempleo…
Y, mientras, anota, las grandes organizaciones del crimen organizado, que “se han diversificado de manera rentable”, siguen ganando miles de millones de dólares. En Michoacán, agrega, una estimación reciente encontró que entre 5 y 8% de los negocios legítimos participan de alguna manera con La Familia.
Entre las organizaciones criminales de México, precisa, La Familia ha ganado un lugar preponderante, y recuerda que ganó la atención nacional en septiembre de 2006, cuando cinco cabezas rodaron sobre la pista de baile en un club nocturno de Uruapan, Michoacán.
El periodista de la prestigiada revista señala que entrevistó a un alto funcionario estadunidense en la ciudad de México, quien le dijo que "La Familia se parece cada vez más a una insurgencia y menos a un cártel."
Además, ofrece un resumen sobre otros cárteles mexicanos de la droga, incluido el de Sinaloa y Los Zetas, organización esta última, dice, que antes había ocupado Michoacán.
Avaló la SCJN su uso en caso de violación; confirma la constitucionalidad de la NOM
Clínicas y hospitales, obligados a ofrecer la píldora de emergencia
Ministros declaran infundada la controversia presentada por el gobernador Emilio González
JESÚS ARANDA

Periódico La Jornada
Viernes 28 de mayo de 2010, p. 39
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) requirió de seis sesiones para confirmar la constitucionalidad de la norma oficial mexicana (NOM-046-SSA2-2005) que obliga a los servicios de salud de todo el país, públicos y privados, a proporcionar la pastilla del día siguiente a las mujeres que sean víctima de un ataque sexual.
Diez ministros avalaron la constitucionalidad de la norma y sólo Sergio Salvador Aguirre Anguiano votó totalmente en contra del dictamen, por considerar que dicha pastilla es abortiva.
Con la decisión, el pleno declaró infundada la controversia constitucional que presentó el gobernador de Jalisco, Emilio González Márquez, contra la disposición federal que protege a las mujeres víctimas de violación.
En la sesión en la que Aguirre intentó, sin éxito, alargar el debate rebatiendo cada argumento y comentario que hacían sus compañeros, quienes optaron por no seguirle el juego para no postergar más la decisión, la Corte dejó en claro que de acuerdo con la Constitución, este asunto está relacionado con la salubridad general, y no con el ámbito penal, por tanto se trata de una disposición federal que deben acatar los estados.
Las instituciones de atención médica del país deberán, aplicar u ofrecer de inmediato, y hasta en un máximo de 120 horas después de ocurrido el ataque sexual, la anticoncepción de emergencia; previa información completa a la víctima sobre la utilización del método, a fin de que la persona tome una decisión libre e informada.
A pesar de que durante las cinco sesiones previas, los ministros habían prácticamente agotado la discusión, ayer Aguirre insistió en que la NOM era inconstitucional, porque permite aplicar métodos abortivos en casos de violación, cuando esto contradice la Constitución de Jalisco, la cual en una reforma reciente (2009) reconoció y garantizó el derecho a la vida de todo ser humano, considerado como tal desde la fecundación hasta su muerte natural.
Aseguró que el ofrecimiento de la anticoncepción de emergencia en caso de violación implicará, en un número indeterminado de casos, la práctica del aborto químico por parte de las instalaciones de salud, y añadió que esto generará un estado de inseguridad jurídica en la entidad.
Cuidadoso para no abrir una rendija nueva al debate, Luis María Aguilar advirtió que de validar los argumentos de Aguirre sobre la ley de Jalisco y el derecho a la vida, resultaría en la práctica un vicio de indefinición nacional, por lo que en un estado de la República se considerara como inicio de la vida, en otro estado no lo fuera y que los habitantes de este país perdieran o ganaran esos derechos humanos según el territorio en que se encontraran, lo cual resulta insostenible y altamente peligroso.
El comentario generó un breve diálogo entre los dos ministros. Aguirre incluso lo invitó a debatir sobre los derechos de los estados de incluir en sus constituciones derechos humanos no contemplados en la Constitución general de la República. Aguilar respondió molesto: ¡tómelo como voto particular!
El ministro instructor, José Ramón Cossío, aprovechó el momento y resumió las observaciones que hicieron sus compañeros a su documento durante los días previos de debate y propuso que se votara el asunto.
Al momento de la decisión, sólo Aguirre votó por la inconstitucionalidad de la NOM. Al hacer la conclusión, el ministro presidente, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, señaló que habían terminado un asunto muy debatible y que probablemente nuestra decisión no convenza universalmente, pero es producto de la convicción personal de cada uno de los ministros, de nuestros conocimientos jurídicos personales y de nuestro leal saber y entender.
Familias pudientes, beneficiarios de lotes regalados por Fidel Herrera
Regina Martínez

JALAPA, Ver., 27 de mayo (apro).- En la sesión de este jueves en el Congreso local salieron a relucir algunos nombres de los presuntos beneficiarios de los lotes donados por el gobierno de Fidel Herrera a un puñado de particulares.
En el debate que sostuvieron pristas con diputados del PAN, PT y Convergencia, surgió el dato de la cesión de tres hectáreas de la exhacienda San Antonio El Limón, ubicada en la congregación de Totalco, municipio de Perote, a la asociación civil Arte, Cultura y Aventura de Totalco.
Dicha agrupación está encabezada por Alicia Ávila de Fernández, María de los Ángeles Frutis, Gonzalo Lara Gómez, Adriana Yunes Zorrilla, Justo Fernández Garibay, Erick Álvarez Gurza y Sergio Obeso Rivera, este último arzobispo emérito de Jalapa.
Todos ellos forman parte de las familias adineradas de Jalapa. Por ejemplo, los Ávila Fernández son dueños de grandes negocios relacionados con la cafeticultura, construcciones e inmobiliarias y socios de los principales centros comerciales de esta ciudad, entre otras propiedades.
“Ya está saliendo el peine”, ironizó el panista Rafael Sánchez Hernández, quien en tribuna exigió a la mesa directiva se diera lectura al acta constitutiva de esta asociación civil, “para conocer los nombres de quiénes la conforman, ya que a nosotros, los diputados que no somos del PRI, no se nos entregó el expediente”.
También solicitó se informara al pleno el costo real del inmueble que el gobierno de Herrera Beltrán iba a donar a dicha asociación, “ya que de todos modos ustedes (los priistas) lo van a aprobar”.
Por cierto las cifras del avalúo no fueron precisadas por los miembros de la comisión dictaminadora.
Aunque el panista consideró que la causa que persigue está asociación es noble, ya que pretende promover la cultura, las artesanías y el ecoturismo en la región de Perote, cuestionó:
“¿Realmente tendrán necesidad de que el gobierno les haga esta donación?, ya que todos sabemos que estas personas tienen buena posición económica”, advirtió.
A pesar de las críticas de la oposición, la mayoría priista aprobó al gobierno de Herrera Beltrán regalar el inmueble propiedad del estado, al igual que otros lotes ubicados en Jalapa y Boca del Río.
Sin embargo, esa decisión fue arduamente cuestionada por los diputados panista Sergio Vaca Betancourt y petista Julio Chávez Hernández.
“No es cosa menor lo que se quiere regalar”, subrayó Vaca Betancourt, al referirse al edificio construido en una superficie de 325 metros cuadrados ubicado en el centro histórico de Jalapa y que el gobierno estatal cedió a la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) para sus instalaciones.
Chávez Hernández reclamó a Herrera Beltrán el estar favoreciendo a los ricos empresarios con el patrimonio estatal, como si se tratara de un “pago de facturas pendientes, cuando hay miles familias veracruzanas que no tienen dinero para comprar un terreno y mucho menos para contar con una vivienda digna”.
Este gobierno, acusó, “se ha caracterizado por regalar a diestra y siniestra el patrimonio de los veracruzanos para quedar bien con los ricos empresarios, con la gente bien, a cambio de compromisos políticos, olvidándose de las necesidades de las mayorías, lo que no es justo”.
En defensa de Herrera Beltrán subieron a tribuna los priistas Erick Lagos, Raúl Zarrabal y Martín Becerra, quienes acusaron a la oposición de tratar de “confundir las cosas”, ya que en la enajenación de dichos terrenos “no hay nada chueco y, en cambio, se trata de impulsar el desarrollo económico de la entidad”.
Al final de la larga discusión, los dictámenes emitidos por la Comisión de Hacienda fueron aprobados con 24 votos del PRI, frente a 14 en contra de los diputados de PAN, PRD, PT y Convergencia.