LOS OTROS DESAPARECIDOS
28 may 2010
Los desaparecidos no célebres
Marcela Turati
Las familias de quienes han desaparecido en Coahuila a manos del narco o de los militares no pueden darse el lujo de callar. A falta de simpatías en las televisoras y sin parientes senadores, con pancartas y a gritos denuncian esos delitos, así como la negligencia de las autoridades estatales y federales. Incluso se manifestaron frente al Palacio Nacional, pero en la cartografía panista éste queda muy lejos de Los Pinos.
MÉXICO, D.F., 27 de mayo (Proceso).- El jueves 13 de mayo, afuera del Palacio Nacional, se volvió a escuchar el grito desesperado: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Esta vez no fue lanzado por Las Doñas del Comité Eureka de desaparecidos políticos, que desde los años setenta buscan a sus hijos; esta exigencia la hicieron familias de 35 varones desaparecidos a partir de 2008 en el estado de Coahuila, para exigir al presidente Felipe Calderón que investigue su paradero.
El desaparecido más joven tiene nueve años: Brandon Esteban Acosta Herrera, quien acompañaba a su papá a dejar a sus dos tíos en el aeropuerto, porque ellos viven en Los Ángeles, y un comando armado les cerró el paso y se los llevó. Desde el 29 de agosto del año pasado se desconoce su paradero.
“Hace ocho meses no sabemos nada, no han aparecido, no han mandado un recado ni una nota, y por eso queremos que por piedad, si alguien sabe algo, que nos diga. En ninguno de los casos hay avances, siempre nos piden que nosotros investiguemos”, dijo Lourdes Herrera, la mamá de Brandon Esteban, quien cargaba una manta que mostraba la foto de los cuatro. A un lado iban sus cuñadas llegadas de la ciudad de Los Ángeles. “Te lo ruego, ayúdanos a encontrarlos”, se leía en sus mantas.
Las familias que marcharon a Palacio Nacional llegaron de los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas; de Los Ángeles, California, y de los municipios coahuilenses de Parras de la Fuente, Saltillo, Torreón y Matamoros.
En la mayoría de los casos no se tienen pistas de quién los desapareció y, al menos en dos, hay indicios de que fueron integrantes del Ejército.
“Únete pueblo a mi dolor, hoy por mí mañana por ti. Calderón ya basta con el caso Cabañas o Paulette, ponte a trabajar con la gente que desapareció en Coahuila”, se leía en una manta fosforescente que llevaba un chofer de Ecatepec, cuyo hijo, Víctor Abraham Nava Calzonzin, desapareció en Piedras Negras el 21 de marzo, con otros 11 compañeros.
“Todos tenemos el mismo dolor. Hemos pedido apoyo a la PGR, a la SIEDO, a los gobiernos del Estado de México y de Coahuila, a TV Azteca y a Televisa, y nos traen a puras vueltas. No fuera alguien importante porque ya estuvieran buscándolo”, se quejó el hombre.
En la lista de desaparecidos mexiquenses están, además de Víctor Abraham, Vicente Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Erik Fernando Pardevell Pérez, Pedro Cortés Guzmán, Gersaín Cardona Martínez, Roberto Oropeza Villa, Víctor Ríos Tapia, Lorenzo Campos Rodríguez y Juan Garduño Martínez, quienes trabajaban en la empresa Atlanta Duramex. Salieron de Sabinas hacia Piedras Negras a bordo de dos camionetas y nunca se encontró rastro de ellos ni de los vehículos.
En otra cartulina se leía: “Soy Brayan tengo 12 años, Eric tengo 10 años, Joseph de 8 años, y estamos sufriendo por mi papá. Debuélvanoslo por lo que más quiera. Gracias Calderón”. La porta Nancy Lorena Morales Rojas, esposa de Vicente Rojo, quien dice que tras la desaparición de su esposo tiene que dejar a sus hijos solos cada vez que consigue trabajos temporales o cuando sale a buscar empleo. Sus hijos también han resentido la ausencia de su papá, están deprimidos, bajaron de calificaciones, se volvieron agresivos.
“Él era nuestro sustento, no tenemos quién nos apoye”, dijo la joven, que consiguió un trabajo temporal en una gasolinera.
Responsabilidad del Estado
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo, señaló que la desaparición es una práctica “sistemática, recurrente, y que la cantidad de casos, el patrón de violencia, el modo de cómo operan, sí habla de una seria limitación de gobierno que por acción y omisión lo permite y, en el caso de que las autoridades de Coahuila sigan permitiendo las desapariciones, se convierten en violadores de derechos humanos”.
Explicó que en todos los casos se han presentado denuncias ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y estatal, se solicitó la intervención de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, pero en todos lados les dicen lo mismo: “no es nuestra competencia”, “vuelvan a darnos toda la información”, “vuelvan a presentar sus declaraciones”, “busquen más información”.
“Dada la cantidad de desaparecidos y el poco tiempo en que se incrementó este delito, nosotros fincamos responsabilidades al Estado, porque es su responsabilidad hacer la procuración de justicia, la investigación, y no lo hace. Hay una clara responsabilidad por no garantizar la seguridad ni tomar en cuenta a las familias”, dijo en la plancha del Zócalo.
Otros desaparecidos son los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, en Torreón, que el 5 de junio de 2009 por la noche salieron a un Oxxo del fraccionamiento Ciudad Nazas y se toparon con un operativo militar. Sólo fue hallada su camioneta con orificios de bala y sangre (Proceso 1699).
“Ya pasó un año y todo está igual. El Ejército atrajo la investigación pero no han avanzado, me mandó citar el Ministerio Público Militar a Durango, a mí y a mi suegro. No han mandado llamar a ninguno de los testigos. La investigación también se lleva en la Dirección Estatal del Crimen y el Secuestro, pero ni siquiera me han llamado ni a comparecer y me dijeron lo mismo de siempre, que no hay nada. Y en la CNDH me dijeron que no ha habido nada”, dijo Claudia Soto, la esposa de Isaías, quien quedó como jefa de familia y a cargo de dos niños.
Desde 2009 la diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, comenzó a recibir reportes de desapariciones y en diciembre convocó a las familias de víctimas. Desde entonces brinda apoyo al grupo que ya se organizó para exigir que se abran investigaciones a fin de conocer el paradero de sus familiares desaparecidos.
Este grupo es el primero que llega al Distrito Federal a denunciar el problema nacional de las desapariciones. En ciudades como Tijuana, las familias de los desaparecidos recientes marchan cada viernes exigiendo justicia.
Entre los desaparecidos en Coahuila el año pasado se encuentran los parientes Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que fueron vistos por última vez el 24 de enero en Parras de la Fuente.
El 22 de abril, en Nava, fueron Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, quienes son originarios de La Barca, Jalisco, y trabajaban vendiendo joyas en la región Monclova-Piedras Negras. Sólo se sabe que salieron del hotel Don Alberto, donde durmieron el día anterior, y que en el camino se toparon con un retén militar donde dieron cuenta de la valiosa mercancía que llevaban.
El campesino Joel Cárdenas Bracamontes, papá de Sergio, cargaba una manta con la foto de su hijo. Explicó: “Los muchachos fueron a trabajar y desaparecieron. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Su ruta era de Saltillo a Piedras Negras y yo pienso que los tiene la policía o un cliente, porque llevaban todavía tres kilos de oro y como 1 millón de pesos de lo que ya habían vendido. El Ejército los revisó al pasar de Nava y los dejó libres porque traían documentos que respaldaban la mercancía. Ya después no supimos”.
El 4 de julio tocó el turno al comerciante Daniel Durán Espinoza, quien esa mañana se dirigía al mercado La Pulga de San Joaquín, en Piedras Negras, con dos cajas de 20 kilos de ropa que su papá le había enviado de Reynosa, quien desapareció con todo y su Neón rojo 2004.
El 29 de agosto fue el pequeño Brandon Esteban Acosta Herrera, su papá y sus tíos.
De 2008, la diócesis tiene registrado a Javier Burciaga Vázquez y José Francisco Juárez Adriano, en Matamoros, y en la ciudad de Torreón a Armando Salas Ramírez, Pedro Ramírez Ortiz, Gerardo Villasana Hernández, Luis Burciaga Ramos y Dan Jeremeel Fernández Morán. Este último, ejecutivo de una afore y desaparecido por militares.
La mamá de Dan Jeremeel, la contadora Yolanda Morán Isais, explicó en el Zócalo que su hijo fue secuestrado hace casi año y medio por un militar del área de inteligencia adscrito a la XI Zona Militar de Coahuila, quien confesó su delito y dio los nombres de sus cómplices –dos militares y un desertor del Ejército–, pero ni así pudo recuperar a su hijo.
“Cuando lo pasaron a él y a otros tres detenidos del arraigo al Cereso de Torreón, en ese momento entró un comando de encapuchados que los mataron y liberaron a nueve narcos. Incluso vine a hablar con el general José Luis Chávez García, el procurador de Justicia Militar, y me dijo que estaba enterado y me prometió que lo iban a encontrar, porque si alguien puede encontrar a un militar son los militares, pero cuando lo volví a llamar no contestó nunca mis llamadas”, dijo.
La contadora llevaba unas mantas largas con la foto de Dan Jereemel, seguida de la frase: “¿Dónde está mi hijo? Por favor, ayúdenme a encontrarlo, se lo suplico”, dijo que sabe que 100 personas han desaparecido en la Comarca Lagunera porque seguido recibe llamadas de familiares desesperados que le preguntan dónde pueden poner su denuncia.
“Allá son muchísimos desaparecidos, son muchos, pero la gente tiene miedo de denunciar porque están amenazados por los mismos narcos. De La Laguna nadie dice nada, nadie publica nada, sabemos que la Policía Municipal está coludida con los mafiosos y que renunciaron a cerca de 400 policías. Pero allá no hay un solo policía federal porque a todos los traen en Juárez y a nosotros nos dejaron solos”, lamentó.
En Palacio Nacional, al grupo lo recibió un funcionario que les tomó su recado y los envió a la Secretaría de Gobernación. Al día siguiente los recibió Alberto Brunori, el representante en México de las Oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y emprendieron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedir que aparezcan los suyos.
Marcela Turati
Las familias de quienes han desaparecido en Coahuila a manos del narco o de los militares no pueden darse el lujo de callar. A falta de simpatías en las televisoras y sin parientes senadores, con pancartas y a gritos denuncian esos delitos, así como la negligencia de las autoridades estatales y federales. Incluso se manifestaron frente al Palacio Nacional, pero en la cartografía panista éste queda muy lejos de Los Pinos.
MÉXICO, D.F., 27 de mayo (Proceso).- El jueves 13 de mayo, afuera del Palacio Nacional, se volvió a escuchar el grito desesperado: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”. Esta vez no fue lanzado por Las Doñas del Comité Eureka de desaparecidos políticos, que desde los años setenta buscan a sus hijos; esta exigencia la hicieron familias de 35 varones desaparecidos a partir de 2008 en el estado de Coahuila, para exigir al presidente Felipe Calderón que investigue su paradero.
El desaparecido más joven tiene nueve años: Brandon Esteban Acosta Herrera, quien acompañaba a su papá a dejar a sus dos tíos en el aeropuerto, porque ellos viven en Los Ángeles, y un comando armado les cerró el paso y se los llevó. Desde el 29 de agosto del año pasado se desconoce su paradero.
“Hace ocho meses no sabemos nada, no han aparecido, no han mandado un recado ni una nota, y por eso queremos que por piedad, si alguien sabe algo, que nos diga. En ninguno de los casos hay avances, siempre nos piden que nosotros investiguemos”, dijo Lourdes Herrera, la mamá de Brandon Esteban, quien cargaba una manta que mostraba la foto de los cuatro. A un lado iban sus cuñadas llegadas de la ciudad de Los Ángeles. “Te lo ruego, ayúdanos a encontrarlos”, se leía en sus mantas.
Las familias que marcharon a Palacio Nacional llegaron de los estados de México, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas; de Los Ángeles, California, y de los municipios coahuilenses de Parras de la Fuente, Saltillo, Torreón y Matamoros.
En la mayoría de los casos no se tienen pistas de quién los desapareció y, al menos en dos, hay indicios de que fueron integrantes del Ejército.
“Únete pueblo a mi dolor, hoy por mí mañana por ti. Calderón ya basta con el caso Cabañas o Paulette, ponte a trabajar con la gente que desapareció en Coahuila”, se leía en una manta fosforescente que llevaba un chofer de Ecatepec, cuyo hijo, Víctor Abraham Nava Calzonzin, desapareció en Piedras Negras el 21 de marzo, con otros 11 compañeros.
“Todos tenemos el mismo dolor. Hemos pedido apoyo a la PGR, a la SIEDO, a los gobiernos del Estado de México y de Coahuila, a TV Azteca y a Televisa, y nos traen a puras vueltas. No fuera alguien importante porque ya estuvieran buscándolo”, se quejó el hombre.
En la lista de desaparecidos mexiquenses están, además de Víctor Abraham, Vicente Rojo Martínez, Jaime Ramírez Leyva, José Juan Pacheco Suárez, Marco Antonio Ocampo Martínez, Erik Fernando Pardevell Pérez, Pedro Cortés Guzmán, Gersaín Cardona Martínez, Roberto Oropeza Villa, Víctor Ríos Tapia, Lorenzo Campos Rodríguez y Juan Garduño Martínez, quienes trabajaban en la empresa Atlanta Duramex. Salieron de Sabinas hacia Piedras Negras a bordo de dos camionetas y nunca se encontró rastro de ellos ni de los vehículos.
En otra cartulina se leía: “Soy Brayan tengo 12 años, Eric tengo 10 años, Joseph de 8 años, y estamos sufriendo por mi papá. Debuélvanoslo por lo que más quiera. Gracias Calderón”. La porta Nancy Lorena Morales Rojas, esposa de Vicente Rojo, quien dice que tras la desaparición de su esposo tiene que dejar a sus hijos solos cada vez que consigue trabajos temporales o cuando sale a buscar empleo. Sus hijos también han resentido la ausencia de su papá, están deprimidos, bajaron de calificaciones, se volvieron agresivos.
“Él era nuestro sustento, no tenemos quién nos apoye”, dijo la joven, que consiguió un trabajo temporal en una gasolinera.
Responsabilidad del Estado
Blanca Martínez, directora del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios de la diócesis de Saltillo, señaló que la desaparición es una práctica “sistemática, recurrente, y que la cantidad de casos, el patrón de violencia, el modo de cómo operan, sí habla de una seria limitación de gobierno que por acción y omisión lo permite y, en el caso de que las autoridades de Coahuila sigan permitiendo las desapariciones, se convierten en violadores de derechos humanos”.
Explicó que en todos los casos se han presentado denuncias ante las autoridades encargadas de la procuración de justicia a nivel federal y estatal, se solicitó la intervención de las comisiones nacional y estatal de los derechos humanos, pero en todos lados les dicen lo mismo: “no es nuestra competencia”, “vuelvan a darnos toda la información”, “vuelvan a presentar sus declaraciones”, “busquen más información”.
“Dada la cantidad de desaparecidos y el poco tiempo en que se incrementó este delito, nosotros fincamos responsabilidades al Estado, porque es su responsabilidad hacer la procuración de justicia, la investigación, y no lo hace. Hay una clara responsabilidad por no garantizar la seguridad ni tomar en cuenta a las familias”, dijo en la plancha del Zócalo.
Otros desaparecidos son los veterinarios Isaías Uribe Hernández y Juan Pablo Alvarado Oliveros, en Torreón, que el 5 de junio de 2009 por la noche salieron a un Oxxo del fraccionamiento Ciudad Nazas y se toparon con un operativo militar. Sólo fue hallada su camioneta con orificios de bala y sangre (Proceso 1699).
“Ya pasó un año y todo está igual. El Ejército atrajo la investigación pero no han avanzado, me mandó citar el Ministerio Público Militar a Durango, a mí y a mi suegro. No han mandado llamar a ninguno de los testigos. La investigación también se lleva en la Dirección Estatal del Crimen y el Secuestro, pero ni siquiera me han llamado ni a comparecer y me dijeron lo mismo de siempre, que no hay nada. Y en la CNDH me dijeron que no ha habido nada”, dijo Claudia Soto, la esposa de Isaías, quien quedó como jefa de familia y a cargo de dos niños.
Desde 2009 la diócesis de Saltillo, encabezada por el obispo Raúl Vera, comenzó a recibir reportes de desapariciones y en diciembre convocó a las familias de víctimas. Desde entonces brinda apoyo al grupo que ya se organizó para exigir que se abran investigaciones a fin de conocer el paradero de sus familiares desaparecidos.
Este grupo es el primero que llega al Distrito Federal a denunciar el problema nacional de las desapariciones. En ciudades como Tijuana, las familias de los desaparecidos recientes marchan cada viernes exigiendo justicia.
Entre los desaparecidos en Coahuila el año pasado se encuentran los parientes Antonio Verástegui González y Antonio de Jesús Verástegui Escobedo, que fueron vistos por última vez el 24 de enero en Parras de la Fuente.
El 22 de abril, en Nava, fueron Agustín Alberto Núñez Magaña, Sergio Cárdenas Córdova y José Flores Rodríguez, quienes son originarios de La Barca, Jalisco, y trabajaban vendiendo joyas en la región Monclova-Piedras Negras. Sólo se sabe que salieron del hotel Don Alberto, donde durmieron el día anterior, y que en el camino se toparon con un retén militar donde dieron cuenta de la valiosa mercancía que llevaban.
El campesino Joel Cárdenas Bracamontes, papá de Sergio, cargaba una manta con la foto de su hijo. Explicó: “Los muchachos fueron a trabajar y desaparecieron. Nadie vio nada, nadie sabe nada. Su ruta era de Saltillo a Piedras Negras y yo pienso que los tiene la policía o un cliente, porque llevaban todavía tres kilos de oro y como 1 millón de pesos de lo que ya habían vendido. El Ejército los revisó al pasar de Nava y los dejó libres porque traían documentos que respaldaban la mercancía. Ya después no supimos”.
El 4 de julio tocó el turno al comerciante Daniel Durán Espinoza, quien esa mañana se dirigía al mercado La Pulga de San Joaquín, en Piedras Negras, con dos cajas de 20 kilos de ropa que su papá le había enviado de Reynosa, quien desapareció con todo y su Neón rojo 2004.
El 29 de agosto fue el pequeño Brandon Esteban Acosta Herrera, su papá y sus tíos.
De 2008, la diócesis tiene registrado a Javier Burciaga Vázquez y José Francisco Juárez Adriano, en Matamoros, y en la ciudad de Torreón a Armando Salas Ramírez, Pedro Ramírez Ortiz, Gerardo Villasana Hernández, Luis Burciaga Ramos y Dan Jeremeel Fernández Morán. Este último, ejecutivo de una afore y desaparecido por militares.
La mamá de Dan Jeremeel, la contadora Yolanda Morán Isais, explicó en el Zócalo que su hijo fue secuestrado hace casi año y medio por un militar del área de inteligencia adscrito a la XI Zona Militar de Coahuila, quien confesó su delito y dio los nombres de sus cómplices –dos militares y un desertor del Ejército–, pero ni así pudo recuperar a su hijo.
“Cuando lo pasaron a él y a otros tres detenidos del arraigo al Cereso de Torreón, en ese momento entró un comando de encapuchados que los mataron y liberaron a nueve narcos. Incluso vine a hablar con el general José Luis Chávez García, el procurador de Justicia Militar, y me dijo que estaba enterado y me prometió que lo iban a encontrar, porque si alguien puede encontrar a un militar son los militares, pero cuando lo volví a llamar no contestó nunca mis llamadas”, dijo.
La contadora llevaba unas mantas largas con la foto de Dan Jereemel, seguida de la frase: “¿Dónde está mi hijo? Por favor, ayúdenme a encontrarlo, se lo suplico”, dijo que sabe que 100 personas han desaparecido en la Comarca Lagunera porque seguido recibe llamadas de familiares desesperados que le preguntan dónde pueden poner su denuncia.
“Allá son muchísimos desaparecidos, son muchos, pero la gente tiene miedo de denunciar porque están amenazados por los mismos narcos. De La Laguna nadie dice nada, nadie publica nada, sabemos que la Policía Municipal está coludida con los mafiosos y que renunciaron a cerca de 400 policías. Pero allá no hay un solo policía federal porque a todos los traen en Juárez y a nosotros nos dejaron solos”, lamentó.
En Palacio Nacional, al grupo lo recibió un funcionario que les tomó su recado y los envió a la Secretaría de Gobernación. Al día siguiente los recibió Alberto Brunori, el representante en México de las Oficinas del Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y emprendieron una peregrinación a la Basílica de Guadalupe para pedir que aparezcan los suyos.
El silencio
LUIS JAVIER GARRIDO
La desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos el 14 de mayo, reconocida por la PGR como secuestro una semana después por el intento del gobierno de facto de Felipe Calderón de minimizar el asunto para reducir su impacto político y social, lejos de ello ha estremecido a amplios sectores al tiempo que ha conducido a poner en evidencia una serie de responsabilidades oficiales en el tenebroso asunto, enfrentando de nuevo a México con el problema de la escandalosa ineptitud y corrupción del gobierno panista.
1. El caso de Diego Fernández de Cevallos ha estado caracterizado desde un principio por una serie de sospechosas acciones ilegales del gobierno federal, que en un principio se negó a investigar como era su obligación un secuestro llevado a cabo por un comando, relegando la responsabilidad a autoridades del estado de Querétaro, y que muy poco después de dar marcha atrás en su absurda decisión atrayendo el asunto, anunció el 22 de mayo que dejaba de nuevo de investigar para facilitar la intervención de la familia, lo que fue calificado como ilegal por múltiples juristas entrevistados dos días después por La Jornada y como absurdo por abogados de la Suprema Corte, todo lo cual arrojó nuevas sospechas sobre la responsabilidad de Los Pinos en el escabroso caso.
2. Desde esa perspectiva la desaparición del prominente miembro del PAN mostró que en México no hay un estado de derecho y que el propio gobierno panista no actúa conforme a un marco de legalidad ni siquiera para investigar un caso que le afecta de manera toral.
3. La decisión gubernamental de no informar tampoco sobre lo acontecido en un caso que desde un principio apareció esencialmente como político, las contradictorias declaraciones del propio Calderón y de algunos de los funcionarios del gabinete (que negaron fuese un secuestro o un crimen vinculado al narco) y la orden oficial a los medios más sumisos de no tocar el caso en sus informativos, cumplida a cabalidad por Televisa, coartando así el derecho de los mexicanos a la información, condujo no nada más a que se entendieran las investigaciones de algunos medios y a que otros especularan sobre la probable responsabilidad de las fuerzas más oscuras del blanquiazul en el caso.
4. Los torpes intentos de Calderón por presentarse ante los medios, primero en Europa y en Estados Unidos y luego ante el Consejo Nacional del PAN el sábado 22, como un amigo de Diego, cuando todo mundo conoce la realidad de sus enfrentamientos y la hostilidad profunda existente entre ambos, y sus múltiples y gravísimos enfrentamientos, no llevó más que a evidenciar la sordidez de las luchas internas de la extrema derecha mexicana por el poder y el enfrentamiento de las estrategias que tienen esos grupos que tanto daño le han hecho a México por mantenerse a cualquier precio en el poder en 2012, lanzando así una amenaza a todas las fuerzas políticas del país sobre las intenciones que tienen y que en múltiples evidencias anuncian que no se arredraran para utilizar incluso medios criminales para alcanzar sus objetivos.
5. Los esfuerzos oficiales por silenciar el asunto se revirtieron muy pronto, como era de suponerse, contra el gobierno, que a pesar de todo no parece haberse dado cuenta de ello. El tema de la personalidad oscura de Diego Fernández de Cevallos, un individuo entregado al tráfico de influencias, y que como muchos otros miembros de Acción Nacional ha alcanzado una fortuna descomunal gracias a la corrupción prevaleciente en los gobiernos panistas de Fox y de Calderón –la que ha sido igual o superior a la existente en los sexenios priístas de Salinas y de Zedillo–, presentado en su caso como una retribución por sus servicios para alcanzar la alianza PRI-PAN, sustituyó al de la investigación ministerial sobre el caso. En una nota aparecida en Proceso 1751 (pp. 21-23) se da cuenta de que Diego es propietario, como moderno señor feudal, amén de sus propiedades en el Distrito Federal y otros sitios, y de La Cabaña donde fue raptado, de más de 20 haciendas, ranchos y fincas en los estados de Querétaro y Guanajuato, que no le alcanza el tiempo para visitar.
6. Dichas propiedades –adquiridas todas ellas durante estos años en los que con el señuelo de que México ha estado en un proceso de alternancia y de tránsito a la democracia, los panistas se aprovecharon para acumular fortunas escandalosas en base a los servicios que asumen están prestando al gran capital trasnacional para desmantelar a la nación mexicana y entregarle nuestras riquezas estratégicas– constituyen un símbolo de lo que son hoy día el PAN y la derecha mexicana.
7. El rapto del barbón ha contribuido, a pesar del gobierno calderonista, a desnudar aún más la actual mecánica del poder y a evidenciar que en México no existe un proceso de democratización sino una vulgar lucha subterránea por el poder entre las diversas facciones de la derecha, en la que se ha relegado a los mexicanos al papel de meros espectadores.
8. El efecto del intento de silenciamiento del caso Diego no tuvo por otra parte impacto en el exterior, pues si bien los medios allegados a la extrema derecha trasnacional y a las poderosas corporaciones a las que se hallan asociados Calderón y sus amigos les echaron como siempre la mano en los diarios que controlan, en la mayor parte de los sitios a los que ha acudido el espurio panista lo han perseguido acusaciones por la represión en San Juan Copala (Oaxaca), por sus políticas de tráfico de influencias y de complicidad con consorcios en materia de energía, por sus acciones violatorias de los derechos fundamentales de los trabajadores, por el hecho vergonzoso de que haya presos políticos en México –como Ignacio del Valle, dirigente campesino de San Salvador Atenco, y varios de sus compañeros, encarcelados injustamente desde hace cuatro años–, o por sus políticas criminales de supuesta guerra “contra el narco”, que no son otra cosa que un intento más por amedrentar y doblegar a los mexicanos en un marco de criminalización de los movimientos sociales.
9. En Europa y en Estados Unidos, a pesar de silenciar el caso Diego, Felipe Calderón no supo enfrentar en este mayo negro el señalamiento de organizaciones civiles y sindicales de múltiples países que lo acusaron de encabezar un gobierno fanático de extrema derecha empeñado en violar de manera particular los derechos de la clase trabajadora de México, trasgrediendo no nada más la Constitución y las leyes de nuestro país sino los convenios, acuerdos y pactos suscritos por México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los electricistas del SME, de los cuales más de 70 siguen en huelga de hambre desde el 25 de abril, protestan por la ilegal desaparición de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro y por la violación flagrante de las leyes laborales de México para despedir impunemente y al margen de la ley a 44 mil trabajadores, hasta ahora con la complicidad de la Suprema Corte, en una agresión sin precedentes en América Latina.
10. El caso Diego no ha hecho, de tal suerte, más que poner en evidencia, aún más, la corrupción descarada y galopante que existe en el gobierno panista de Felipe Calderón, y su entreguismo al gran capital trasnacional y al gobierno estadunidense.
LUIS JAVIER GARRIDO
La desaparición forzada de Diego Fernández de Cevallos el 14 de mayo, reconocida por la PGR como secuestro una semana después por el intento del gobierno de facto de Felipe Calderón de minimizar el asunto para reducir su impacto político y social, lejos de ello ha estremecido a amplios sectores al tiempo que ha conducido a poner en evidencia una serie de responsabilidades oficiales en el tenebroso asunto, enfrentando de nuevo a México con el problema de la escandalosa ineptitud y corrupción del gobierno panista.
1. El caso de Diego Fernández de Cevallos ha estado caracterizado desde un principio por una serie de sospechosas acciones ilegales del gobierno federal, que en un principio se negó a investigar como era su obligación un secuestro llevado a cabo por un comando, relegando la responsabilidad a autoridades del estado de Querétaro, y que muy poco después de dar marcha atrás en su absurda decisión atrayendo el asunto, anunció el 22 de mayo que dejaba de nuevo de investigar para facilitar la intervención de la familia, lo que fue calificado como ilegal por múltiples juristas entrevistados dos días después por La Jornada y como absurdo por abogados de la Suprema Corte, todo lo cual arrojó nuevas sospechas sobre la responsabilidad de Los Pinos en el escabroso caso.
2. Desde esa perspectiva la desaparición del prominente miembro del PAN mostró que en México no hay un estado de derecho y que el propio gobierno panista no actúa conforme a un marco de legalidad ni siquiera para investigar un caso que le afecta de manera toral.
3. La decisión gubernamental de no informar tampoco sobre lo acontecido en un caso que desde un principio apareció esencialmente como político, las contradictorias declaraciones del propio Calderón y de algunos de los funcionarios del gabinete (que negaron fuese un secuestro o un crimen vinculado al narco) y la orden oficial a los medios más sumisos de no tocar el caso en sus informativos, cumplida a cabalidad por Televisa, coartando así el derecho de los mexicanos a la información, condujo no nada más a que se entendieran las investigaciones de algunos medios y a que otros especularan sobre la probable responsabilidad de las fuerzas más oscuras del blanquiazul en el caso.
4. Los torpes intentos de Calderón por presentarse ante los medios, primero en Europa y en Estados Unidos y luego ante el Consejo Nacional del PAN el sábado 22, como un amigo de Diego, cuando todo mundo conoce la realidad de sus enfrentamientos y la hostilidad profunda existente entre ambos, y sus múltiples y gravísimos enfrentamientos, no llevó más que a evidenciar la sordidez de las luchas internas de la extrema derecha mexicana por el poder y el enfrentamiento de las estrategias que tienen esos grupos que tanto daño le han hecho a México por mantenerse a cualquier precio en el poder en 2012, lanzando así una amenaza a todas las fuerzas políticas del país sobre las intenciones que tienen y que en múltiples evidencias anuncian que no se arredraran para utilizar incluso medios criminales para alcanzar sus objetivos.
5. Los esfuerzos oficiales por silenciar el asunto se revirtieron muy pronto, como era de suponerse, contra el gobierno, que a pesar de todo no parece haberse dado cuenta de ello. El tema de la personalidad oscura de Diego Fernández de Cevallos, un individuo entregado al tráfico de influencias, y que como muchos otros miembros de Acción Nacional ha alcanzado una fortuna descomunal gracias a la corrupción prevaleciente en los gobiernos panistas de Fox y de Calderón –la que ha sido igual o superior a la existente en los sexenios priístas de Salinas y de Zedillo–, presentado en su caso como una retribución por sus servicios para alcanzar la alianza PRI-PAN, sustituyó al de la investigación ministerial sobre el caso. En una nota aparecida en Proceso 1751 (pp. 21-23) se da cuenta de que Diego es propietario, como moderno señor feudal, amén de sus propiedades en el Distrito Federal y otros sitios, y de La Cabaña donde fue raptado, de más de 20 haciendas, ranchos y fincas en los estados de Querétaro y Guanajuato, que no le alcanza el tiempo para visitar.
6. Dichas propiedades –adquiridas todas ellas durante estos años en los que con el señuelo de que México ha estado en un proceso de alternancia y de tránsito a la democracia, los panistas se aprovecharon para acumular fortunas escandalosas en base a los servicios que asumen están prestando al gran capital trasnacional para desmantelar a la nación mexicana y entregarle nuestras riquezas estratégicas– constituyen un símbolo de lo que son hoy día el PAN y la derecha mexicana.
7. El rapto del barbón ha contribuido, a pesar del gobierno calderonista, a desnudar aún más la actual mecánica del poder y a evidenciar que en México no existe un proceso de democratización sino una vulgar lucha subterránea por el poder entre las diversas facciones de la derecha, en la que se ha relegado a los mexicanos al papel de meros espectadores.
8. El efecto del intento de silenciamiento del caso Diego no tuvo por otra parte impacto en el exterior, pues si bien los medios allegados a la extrema derecha trasnacional y a las poderosas corporaciones a las que se hallan asociados Calderón y sus amigos les echaron como siempre la mano en los diarios que controlan, en la mayor parte de los sitios a los que ha acudido el espurio panista lo han perseguido acusaciones por la represión en San Juan Copala (Oaxaca), por sus políticas de tráfico de influencias y de complicidad con consorcios en materia de energía, por sus acciones violatorias de los derechos fundamentales de los trabajadores, por el hecho vergonzoso de que haya presos políticos en México –como Ignacio del Valle, dirigente campesino de San Salvador Atenco, y varios de sus compañeros, encarcelados injustamente desde hace cuatro años–, o por sus políticas criminales de supuesta guerra “contra el narco”, que no son otra cosa que un intento más por amedrentar y doblegar a los mexicanos en un marco de criminalización de los movimientos sociales.
9. En Europa y en Estados Unidos, a pesar de silenciar el caso Diego, Felipe Calderón no supo enfrentar en este mayo negro el señalamiento de organizaciones civiles y sindicales de múltiples países que lo acusaron de encabezar un gobierno fanático de extrema derecha empeñado en violar de manera particular los derechos de la clase trabajadora de México, trasgrediendo no nada más la Constitución y las leyes de nuestro país sino los convenios, acuerdos y pactos suscritos por México con la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Los electricistas del SME, de los cuales más de 70 siguen en huelga de hambre desde el 25 de abril, protestan por la ilegal desaparición de la empresa estatal Luz y Fuerza del Centro y por la violación flagrante de las leyes laborales de México para despedir impunemente y al margen de la ley a 44 mil trabajadores, hasta ahora con la complicidad de la Suprema Corte, en una agresión sin precedentes en América Latina.
10. El caso Diego no ha hecho, de tal suerte, más que poner en evidencia, aún más, la corrupción descarada y galopante que existe en el gobierno panista de Felipe Calderón, y su entreguismo al gran capital trasnacional y al gobierno estadunidense.
La contrarrevolución en el poder
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS
Paradójicamente para México, las celebraciones del bicentenario de los inicios del movimiento por la Independencia y el centenario del proceso revolucionario más importante en el ámbito mundial de principios del siglo XX –junto con la Revolución Rusa de 1917– están marcadas por el derrumbe de la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la República surgidas de este movimiento armado, una violencia que en buena parte proviene del Estado y mantiene en permanente zozobra a la sociedad, una crisis económica profunda que afecta severamente a la mayoría de los mexicanos y la incertidumbre generalizada sobre la viabilidad del país hacía el futuro.
Entre 2006 y 2008 aumentó la pobreza extrema en México. En dos años, la cantidad de personas que no pudieron comprar alimentos básicos (pobreza alimentaria) pasó de 14.4 millones a 19.5 millones, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval). Se trata de individuos cuyos ingresos son menores a 65 dólares mensuales, que es el valor de una canasta básica, como se define a la lista de alimentos indispensables para la salud. La crisis económica afecta más, obviamente, a la población más pobre. Según el Coneval, prácticamente la mitad de los mexicanos son pobres. A quienes padecen pobreza alimentaria se suman otros 31 millones cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer otras necesidades básicas, como transporte, vivienda o servicios médicos, en lo que se denomina pobreza patrimonial, que según el consejo alcanza a 47.4 por ciento de los mexicanos, esto es, 50.6 millones de personas.
¿Qué tendríamos que celebrar los mexicanos de bicentenarios y centenarios si el actual gobierno lleva al país al despeñadero en el que independencia y revolución pierden todo significado real y sólo se vuelven retórico ritual oficialista, mascarada y burla? ¿De qué regocijarnos si el Ejército Mexicano surgido de esa revolución se despliega por todo el territorio nacional, como en el porfiriato, como tropas de ocupación y sus rurales trastocados en paramilitares atacan a las autonomías indígenas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero? Todo ello, mientras los neocientíficos pontifican a favor del régimen desde los medios de comunicación y las sometidas academias.
En retrospectiva, si bien es cierto que la Revolución Mexicana establece plenamente los principios de la modernidad capitalista que el porfiriato inició y da cauce a la construcción de un Estado-nación hegemonizado por la burguesía mestizocrática, también lo es que en la Constitución de 1917 quedan plasmados muchos de los anhelos y las reivindicaciones por los cuales lucharon los ejércitos de campesinos e indígenas del norte y del sur, como balance de la acumulación de fuerzas militares y políticas con las que llegó el bloque popular revolucionario al Congreso Constituyente. Más tarde, el general Lázaro Cárdenas –con la expropiación petrolera– pone en práctica el artículo 27 constitucional, en ejercicio de soberanía y autodeterminación nacional frente a la constante injerencia y pretensiones de dominio extranjero, particularmente de Estados Unidos sobre México.
Por ello, la imagen de Felipe Calderón rindiendo homenaje en el cementerio de Arlington a los soldados de nuestro buen vecino caídos en sus guerras coloniales y típicamente imperialistas, incluyendo la llevada a cabo en contra de la República Mexicana en 1845-1848, que cercenó poco menos de la mitad de su territorio, y las invasiones al puerto de Veracruz en 1914 y a Chihuahua en 1916, constituye simbólicamente el cierre del círculo de la traición nacional del actual grupo gobernante frente a las estrategias de dominación de Estados Unidos. Calderón, con su ofrenda en Arlington vilipendió a quienes en México y América Latina murieron defendiendo el decoro y la dignidad de nuestras soberanías frente a ese norte revuelto y brutal que nos desprecia, como afirmaría Martí.
Este país ya no requiere del envío de sus soldados, el emplazamiento de flotas aéreas y marítimas y el control militar del territorio por que cuenta con este sector de la elite política que habla español pensando en inglés, tiene su corazón en America, y cumple con el papel que le asigna la actual trasacionalización del Estado: el control de la fuerza de trabajo, la criminalización de las resistencias y la guerra social desplegada contra quienes se opongan al orden capitalista, contra los desechables por este sistema y aun contra las opositores simplemente democráticos.
Ha ocurrido ya lo que vislumbró Gastón García Cantú, quien consideraba que la Revolución Mexicana se expresa en la autodeterminación de nuestro país, mientras la contrarrevolución se significa especialmente en su dependencia del mayor poder mundial (Idea de México. Contrarrevolución. México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 13). Para este autor, el dominio de la contrarrevolución ocurre también a partir de las reformas salinistas al artículo 27 constitucional que pretenden despojar a los campesinos de sus ejidos y tierras comunales, y que fueron la esencia reivindicativa de la Revolución en sus ámbitos agrarios liderada por Zapata, así como con el vaciamiento de los contenidos del artículo 123 constitucional que lleva a cabo la trasnacionalización neoliberal y que deja sin efecto las conquistas laborales obtenidas en 1917. Con el cierre de Luz y Fuerza del Centro y el desconocimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, Felipe Calderón culmina el esfuerzo contrarrevolucionario por revertir en favor del capital todos los avances alcanzados por el movimiento armado que costó al país más de un millón de muertos, cuando su población era de 16 millones. En realidad, este año de bicentenarios y centenarios es de luto nacional.
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS
Paradójicamente para México, las celebraciones del bicentenario de los inicios del movimiento por la Independencia y el centenario del proceso revolucionario más importante en el ámbito mundial de principios del siglo XX –junto con la Revolución Rusa de 1917– están marcadas por el derrumbe de la credibilidad y legitimidad de las instituciones de la República surgidas de este movimiento armado, una violencia que en buena parte proviene del Estado y mantiene en permanente zozobra a la sociedad, una crisis económica profunda que afecta severamente a la mayoría de los mexicanos y la incertidumbre generalizada sobre la viabilidad del país hacía el futuro.
Entre 2006 y 2008 aumentó la pobreza extrema en México. En dos años, la cantidad de personas que no pudieron comprar alimentos básicos (pobreza alimentaria) pasó de 14.4 millones a 19.5 millones, de acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Política Social (Coneval). Se trata de individuos cuyos ingresos son menores a 65 dólares mensuales, que es el valor de una canasta básica, como se define a la lista de alimentos indispensables para la salud. La crisis económica afecta más, obviamente, a la población más pobre. Según el Coneval, prácticamente la mitad de los mexicanos son pobres. A quienes padecen pobreza alimentaria se suman otros 31 millones cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer otras necesidades básicas, como transporte, vivienda o servicios médicos, en lo que se denomina pobreza patrimonial, que según el consejo alcanza a 47.4 por ciento de los mexicanos, esto es, 50.6 millones de personas.
¿Qué tendríamos que celebrar los mexicanos de bicentenarios y centenarios si el actual gobierno lleva al país al despeñadero en el que independencia y revolución pierden todo significado real y sólo se vuelven retórico ritual oficialista, mascarada y burla? ¿De qué regocijarnos si el Ejército Mexicano surgido de esa revolución se despliega por todo el territorio nacional, como en el porfiriato, como tropas de ocupación y sus rurales trastocados en paramilitares atacan a las autonomías indígenas en Chiapas, Oaxaca y Guerrero? Todo ello, mientras los neocientíficos pontifican a favor del régimen desde los medios de comunicación y las sometidas academias.
En retrospectiva, si bien es cierto que la Revolución Mexicana establece plenamente los principios de la modernidad capitalista que el porfiriato inició y da cauce a la construcción de un Estado-nación hegemonizado por la burguesía mestizocrática, también lo es que en la Constitución de 1917 quedan plasmados muchos de los anhelos y las reivindicaciones por los cuales lucharon los ejércitos de campesinos e indígenas del norte y del sur, como balance de la acumulación de fuerzas militares y políticas con las que llegó el bloque popular revolucionario al Congreso Constituyente. Más tarde, el general Lázaro Cárdenas –con la expropiación petrolera– pone en práctica el artículo 27 constitucional, en ejercicio de soberanía y autodeterminación nacional frente a la constante injerencia y pretensiones de dominio extranjero, particularmente de Estados Unidos sobre México.
Por ello, la imagen de Felipe Calderón rindiendo homenaje en el cementerio de Arlington a los soldados de nuestro buen vecino caídos en sus guerras coloniales y típicamente imperialistas, incluyendo la llevada a cabo en contra de la República Mexicana en 1845-1848, que cercenó poco menos de la mitad de su territorio, y las invasiones al puerto de Veracruz en 1914 y a Chihuahua en 1916, constituye simbólicamente el cierre del círculo de la traición nacional del actual grupo gobernante frente a las estrategias de dominación de Estados Unidos. Calderón, con su ofrenda en Arlington vilipendió a quienes en México y América Latina murieron defendiendo el decoro y la dignidad de nuestras soberanías frente a ese norte revuelto y brutal que nos desprecia, como afirmaría Martí.
Este país ya no requiere del envío de sus soldados, el emplazamiento de flotas aéreas y marítimas y el control militar del territorio por que cuenta con este sector de la elite política que habla español pensando en inglés, tiene su corazón en America, y cumple con el papel que le asigna la actual trasacionalización del Estado: el control de la fuerza de trabajo, la criminalización de las resistencias y la guerra social desplegada contra quienes se opongan al orden capitalista, contra los desechables por este sistema y aun contra las opositores simplemente democráticos.
Ha ocurrido ya lo que vislumbró Gastón García Cantú, quien consideraba que la Revolución Mexicana se expresa en la autodeterminación de nuestro país, mientras la contrarrevolución se significa especialmente en su dependencia del mayor poder mundial (Idea de México. Contrarrevolución. México, Fondo de Cultura Económica, 2003, p. 13). Para este autor, el dominio de la contrarrevolución ocurre también a partir de las reformas salinistas al artículo 27 constitucional que pretenden despojar a los campesinos de sus ejidos y tierras comunales, y que fueron la esencia reivindicativa de la Revolución en sus ámbitos agrarios liderada por Zapata, así como con el vaciamiento de los contenidos del artículo 123 constitucional que lleva a cabo la trasnacionalización neoliberal y que deja sin efecto las conquistas laborales obtenidas en 1917. Con el cierre de Luz y Fuerza del Centro y el desconocimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas, Felipe Calderón culmina el esfuerzo contrarrevolucionario por revertir en favor del capital todos los avances alcanzados por el movimiento armado que costó al país más de un millón de muertos, cuando su población era de 16 millones. En realidad, este año de bicentenarios y centenarios es de luto nacional.
