GUARDIAS BLANCAS, VIOLENCIA COBIJADA

Paramilitarismo y vacío institucional.

Escrito por Eduardo Bautista/IISUABJO
El atentado de una agrupación paramilitar contra la Caravana de Observadores Nacionales e Internacionales de Derechos Humanos que se dirigía a San Juan Copala el pasado 27 de abril, hace pensar en las etapas de mayor intensidad de grupos de contrainsurgencia, de los tiempos de la guerra sucia de los años sesenta y setenta; trae consigo el hedor de las represiones violentas emprendidos por grupos embozados para la extirpación de lo que desde el poder se identificaba como “males sociales”.
Si bien contra el paramilitarismo bastaría con la aplicación de la ley, cabe señalar que las agrupaciones paramilitares han crecido prohijadas por los propios aparatos gubernamentales para extender su control más allá de las restricciones legales, en operaciones encubiertas, como documentó Carlos Montemayor en su libro póstumo “Violencia de Estado”, en donde revisa varias experiencias de contrainsurgencia.
El paramilitarismo crece al cobijo de la impunidad y el vacío institucional; mantiene cierto intercambio de códigos con el poder político para no afectar el status quo; su desenvolvimiento oculto le permite una autonomía relativa y para su operación requieren del silencio y la omisión gubernamental, sin frenos de ningún tipo.
El mismo silencio y la omisión que han dado como respuesta los gobiernos federal y estatal a las peticiones de ayuda del pueblo triqui de San Juan Copala para romper el cerco de grupos paramilitares que los asediaban; de sus exigencias de justicia y legalidad ante los crímenes cometidos en la zona; de las denuncias ante la interrupción de servicios básicos, de las dificultades para mantener la regularidad de sus actividades socioeconómicas y del reconocimiento de su autonomía política.
Los reclamos de atención institucional de los triquis vienen de meses, de años atrás; mucho antes de que ocurriera el lamentable atentado a la Caravana humanitaria, en donde fueron asesinados la activista social Beatriz Cariño y el observador finlandés Jyri Antero Jaakkola. Los reclamos de los triquis son producto de décadas de conflictos postergados, manipulados e ignorados por los sucesivos gobiernos, por lo que el atentado reciente no puede reducirse a una situación aislada, sino como parte de un episodio más de esa larga historia de enfrentamientos de diversos grupos por el control político, en donde no puede soslayarse la responsabilidad gubernamental.
En ese contexto de impunidad histórica y dominio de grupos paramilitares, hasta los jefes policiacos apuntaban “nadie puede ir allí, ni el Ejército; nosotros (los policías) negociamos llegar hasta cierto punto y aún así ellos, los paramilitares, hacen disparos al aire. Si nos pasamos del punto al que acordamos llegar, nos tiran a dar” (Badillo, Noticias 4/05/10).
En el terreno ideológico, si en los viejos tiempos, el paramilitarismo se vestía de conjuras que atribuían la culpabilidad de las desestabilizaciones a los operadores del comunismo soviético y cubano, esos argumentos les permitían descalificar, minimizar y anular a los opositores internos del régimen, o a quienes simple y sencillamente luchaban por la reivindicación de sus derechos elementales. Esas conjuras ideológicas son muy parecidas a las que repiten los portavoces del régimen sobre el acontecimiento de Copala; de quienes cuestionan la presencia de extranjeros en la caravana humanitaria, que les atribuyen culpabilidades y piden “la expulsión de los que generan problemas”.
La manipulación de información para descalificar el activismo y la “agitación política” se sirve del chovinismo vulgar de pensar que los asuntos de los oaxaqueños se deben arreglar entre oaxaqueños, como si la entidad fuera una isla apartada, al margen de la globalización de las luchas por el respeto a los derechos humanos, y como si el gobierno estatal funcionara de manera eficiente y responsable.
La indignación ante la violencia y el crimen es universal, se trate de casos ocurridos en Copala, Ixcatlán, Kabul o Ruanda. En consecuencia, la protesta es mundial y están circulando a esa escala, como en Alemania, Canadá, el Parlamento Europeo y organismos humanitarios vinculados a la ONU, entre otros.
El localismo y el chovinismo son ingredientes de los sistemas autoritarios, de quienes desconocen y niegan las historias internas de agravios e injusticias acumuladas contra pueblos oprimidos, de rezagos sociales, olvidos y abusos de los grupos gobernantes y cualquier viso de inconformidad es atribuida a desestabilizadores extranjeros vinculados a revoltosos internos.
De la misma manera, la explicación simple, “ellos se lo buscaron”, justifica las represiones violentas, provengan de fuerzas institucionales como de las encubiertas. Esta lógica es retomada por los portavoces del sistema respecto al caso de San Juan Copala, “los de la caravana sabían su juego; actuaron por su propio riesgo”, “pretenden descarrilar las elecciones locales”.
Lo más fácil, es criminalizar a las víctimas y de paso, manipular la información y ponerle un ingrediente de terrorismo a la coyuntura político electoral con la ya conocida receta del “voto del miedo”, repartiendo culpas entre sus opositores electorales.
La situación prácticamente de aislamiento en que ha vivido San Juan Copala; el vacío institucional para intervenir ante una situación de conflicto prolongado y la operación de grupos paramilitares, se enmarcan en un prolongado ciclo del autoritarismo de gobernantes que no ven más allá que la conservación de sus intereses y privilegios y cierran los ojos a una realidad lacerante.
Una realidad que se refleja en uno de los apuntes de Carlos Montemayor, “la violencia es una herida en el tejido de la sociedad que no cicatriza, que permanece como una marca indeleble de la imperfección y arrogancia política de un Estado contra su propio pueblo”.

Muestran actitudes xenofóbicas en gobierno de Ulises Ruiz
El secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, aseguró que las personas extranjeras que ingresan a territorio oaxaqueño desestabilizan la paz social de la entidad.

Oaxaca.- El secretario general de Gobierno, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, aseguró que las personas extranjeras que ingresan a territorio oaxaqueño desestabilizan la paz social de la entidad por lo que es urgente tomar medidas.
Aunque dijo desconocer el número de extranjeros que actualmente residen en el estado y las razones por las que permanecen en Oaxaca, el funcionario estatal hizo pública su xenofobia al reconocer que solicitó al Instituto Nacional de Migración (INM) que intervenga.
Martínez Ramírez sostuvo que ante la proximidad de los comicios electorales es necesaria una depuración de extranjeros en Oaxaca.