PEÑA NIETO EN CAMPAÑA

Demanda AN a Peña Nieto ante la PGR
ALFREDO MÉNDEZ
Periódico La Jornada
El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Acción Nacional (PAN) presentó este domingo ante la Procuraduría General de la República (PGR) una denuncia para que se indague el presunto desvío de recursos en que habría incurrido el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto, al haber acudido el pasado 6 de mayo, en un helicóptero oficial, a una reunión con candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) de Puebla y Tlaxcala.
Guillermo Bustamante, representante del blanquiazul ante el Instituto Federal Electoral (IFE), se presentó ayer en las oficinas de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) para entregar la querella.
Presentamos esta denuncia de hechos para que se investigue si hay apoyo con recursos públicos a los candidatos (del PRI), pues (la reunión con los candidatos priístas) se realizó en hora y día hábiles, destacó Bustamente.
Agregó que desde la perspectiva del CEN del PAN, creemos que puede haber apoyo de funcionarios públicos priístas en campañas electorales.
El pasado jueves, Peña Nieto se reunió en la capital de Puebla con los abanderados del PRI a las gubernaturas de Puebla, Javier López Zavala, y Tlaxcala, Mariano González Zarur, durante una comida privada.
A la reunión, efectuada en la casa del empresario José Chedraui Alam, también acudieron el gobernador de Puebla, Mario Marín, y la alcaldesa de la capital, Blanca Alcalá, así como diversos empresarios, varios de ellos miembros de la comunidad libanesa
El gobernador mexiquense arribó al domicilio en un helicóptero, por lo cual la dirigencia nacional del PAN exige a la Fepade investigar si la aeronave es propiedad del gobierno estatal y si su uso se pagó con recursos públicos.
Horas antes, el candidato de la alianza Puebla avanza a la gubernatura, Javier López Zavala, presumió que cuenta con el apoyo del mandatario. Hoy voy a comer con el gobernador Peña Nieto, que viene a manifestar su respaldo moral a mi campaña, comentó al final de un acto con jóvenes.

El acoso escolar se puso de moda
Grabar en video una riña o una humillación a un alumno y subirlo a la red, un pasatiempo
En casos extremos las agresiones pueden orillar a un menor al suicidio, alertan especialistas
Periódico La Jornada
Se estima que al menos 10 por ciento de los alumnos de primaria y secundaria en México son víctimas de acoso escolar o bullying. Sólo uno de cada 10 reciben atención sicológica especializada, reconocieron expertos, y advirtieron que es la punta del iceberg. Muy pocos encuentran ayuda en un entorno escolar que aún impone el silencio y la impunidad ante casos graves de vejaciones y humillaciones.
Destacaron que la violencia escolar entre estudiantes incluye desde la intimidación verbal y sicológica, con el uso de motes, amenazas e insultos, hasta las agresiones físicas y el aislamiento social. Los mecanismos pueden ir desde la confrontación directa de la víctima hasta el envío de mensajes electrónicos o la difusión en las redes sociales de Internet de imágenes degradantes: el llamado ciberbullying.
Maestros, terapeutas y siquiatras señalaron que, sin una atención integral de quienes participan en el acoso escolar como víctimas o agresores, sólo se facilita el camino para que quienes agreden, sin ninguna consecuencia, fomenten su percepción de impunidad y con ello aumente el riesgo de que puedan caer en actividades delictivas, pues este fenómeno no se limita al patio escolar: es una práctica que se prolonga por años y puede llegar, incluso, hasta el aula universitaria.
Un estudio del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) sobre disciplina, violencia y consumo de sustancias nocivas en escuelas de educación básica del país revela que 8.8 por ciento de los estudiantes de primaria, y 5.6 por ciento en secundaria, incurrieron en actos de violencia en la escuela. Se estima que dos de cada 10 menores que asisten a la primaria han participado en peleas, donde han golpeado a uno de sus pares, y 10.9 por ciento reconocieron que han robado o amenazado a un compañero. En secundaria, 6.8 por ciento de los jóvenes se integran en grupos de estudiantes que han intimidado a otro alumno de su escuela.
En cuanto a quienes han sido víctimas de violencia, en primaria 24.2 por ciento afirmaron que sus compañeros se burlan de él constantemente; 17 por ciento dijeron que han sido lastimados físicamente por otro estudiante o grupo de compañeros, mientras 2.5 por ciento tienen miedo de ir a la escuela. En secundaria, 13.6 señalaron que reciben burlas constantes; 14.1 por ciento fueron lastimados por otro menor, y 13.1 por ciento han sido hostigados.
José Luis Vázquez Ramírez, experto en siquiatría infantil del Instituto Mexicano del Seguro Social, afirmó que en casos extremos el acoso escolar puede llevar al suicidio. En nuestro país, explicó, desde hace una década se investiga este fenómeno, que se caracteriza por una práctica sistemática de violencia física o sicológica entre pares que incluso puede generar lesiones graves, abuso sexual y un deterioro de la salud mental que lleva a la víctima a sufrir depresión, baja autoestima y una mala calidad de vida.
A pesar del incremento de casos en los que, aseguró, “se llega a forzar a la víctima de bullying a sostener relaciones sexuales de riesgo o a realizar actos contra su voluntad, que pueden poner en peligro su integridad física” y hasta dar muerte social a través de una exhibición pública de actos humillantes y vejatarios en las redes sociales mediante videos, son muy pocos los menores que reciben una atención integral, la cual sin duda debe incluir al victimario, pues es quien presenta un trastorno de personalidad que lo puede llevar a conductas delictivas.
Destacó que en el acoso escolar se identifica claramente a un líder, una víctima y a un grupo espectador que no interviene de manera directa, pero es testigo de los abusos. En el caso del agresor se sabe que son menores con trastornos de personalidad y conducta antisocial. Tienen una enorme capacidad de manipulación y llegan a exhibir matices sádicos en su conducta al disfrutar del abuso de su víctima, que por lo general tiene baja autoestima y una personalidad de rasgos masoquistas.
María Isabel Aguilera, experta en victimología y conflictos escolares de la Universidad del País Vasco, alertó que es preocupante la elevada tasa de impunidad en los casos de bullying, así como la ausencia de una política pública que garantice una atención y prevención integral del fenómeno que incluya a padres de familia, docentes y alumnos.
Al respecto, Mónica González Contró, especialista en justicia para adolescentes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló más allá de buscar sancionar a quienes acosan en la escuela, se deben alcanzar mecanismos de prevención, pues advirtió que no podemos caer en una criminalización del agresor, sin conocer cuáles son los factores que influyeron.

Luz y Fuerza: Las mentiras de Calderón
Daniel Lizárraga
MÉXICO, D.F., 8 de mayo (Proceso).- Las verdaderas causas de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que lanzó a la calle a por lo menos 44 mil trabajadores, siguen siendo un misterio debido a la cerrazón del gobierno calderonista, impuesta por motivos de “seguridad nacional”. Aunque el presidente Calderón defendió esa medida con argumentos como la “corrupción” e “ineficiencia” que privaban en la paraestatal, una investigación realizada durante siete meses por Proceso reveló que las dependencias gubernamentales, empezando por la Presidencia, carecen de información que sustente los dichos del mandatario y, por consiguiente, sus acciones de fuerza contra los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas.
El 11 de octubre de 2009, las televisoras interrumpieron sus programas estelares para transmitir un mensaje del presidente Felipe Calderón: la empresa paraestatal Luz y Fuerza del Centro (LFC) sería liquidada.
Serio, muy serio, de traje negro y con una pequeña bandera mexicana prendida a la solapa, Calderón actuó ante los televidentes para anunciar que esa determinación –la extinción del organismo descentralizado y el despido de 44 mil trabajadores– era inaplazable.
A pesar de que el jefe del Ejecutivo habló de pérdidas, ineficiencias y corrupción en la paraestatal, los expedientes que pudieran sustentar o documentar sus dichos fueron enviados a reserva.
En busca de esa información, Proceso emprendió una investigación que en abril pasado cumplió siete meses y a raíz de la cual el gobierno calderonista reconoció haber elaborado el expediente llamado Luz y Fuerza del Centro; Agosto del 2009 y el titulado Acta de la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación 2009.
Sin embargo, se determinó que ambos documentos sólo podrían desclasificarse después de 12 años, pues de acuerdo con las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo abrirlos antes del año 2021 sería tanto como permitir que los extrabajadores –afiliados al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME)– pudieran realizar actos de sabotaje en el suministro de energía.
Al responder a un paquete de solicitudes de acceso a la información planteadas por este semanario, Hacienda sostuvo que los archivos sobre la extinción de LFC fueron reservados porque es un asunto de “seguridad nacional”, ya que los extrabajadores podrían utilizar su contenido para apelar ante los tribunales internacionales, creando con ello un clima de inestabilidad en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Para sostener esa reserva por el plazo máximo que permite la Ley de Transparencia, Hacienda destacó que el SME tiene capacidad para poner de cabeza al país mediante bloqueos en calles y autopistas, aun cuando Luz y Fuerza del Centro abasteció de energía sólo al Distrito Federal, Morelos, Puebla, Hidalgo y el Estado de México.
No obstante, al analizar la respuesta de la Secretaría de Hacienda –por petición de Proceso–, el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) redujo a sólo dos años el tiempo de reserva de dichos expedientes, aunque también a su juicio contienen información sensible que “podría poner en riesgo la seguridad nacional”.
Pese a que en su mensaje Calderón utilizó dos veces la palabra “corrupción”, otras dos el término “ineficacia”, y acusó a los trabajadores de tener “prestaciones onerosas”, la investigación de este semanario determinó que en Los Pinos no cuentan con pruebas de actos de corrupción ni con datos concretos sobre las fallas técnicas, ineficiencias y privilegios sindicales que el presidente argumentó.

Aumentan denuncias por maltrato y hostigamiento laboral en la SG
Amelia Borrego Dorantes incurre en abuso de autoridad, amenazas y prepotencia extrema, dicen En 2000 fue destituida por ineptitud como secretaria de acuerdos de un juzgado de distrito
FABIOLA MARTÍNEZ
Periódico La Jornada
Las denuncias por maltrato y hostigamiento laboral en la Secretaría de Gobernación van en aumento sin que hasta el momento el titular de la dependencia, Fernando Gómez Mont, haya intervenido para solucionar este clima de trabajo adverso.
Primero, funcionarios y trabajadores de base de la Subsecretaría de Gobierno documentaron prácticas de discriminación salarial y corrupción; ahora, servidores públicos de la Unidad de Asuntos Jurídicos de esta secretaría afirman que la directora de Relaciones Jurídicas y Laborales, Amelia Borrego Dorantes, incurre en abuso de autoridad, amenazas y prepotencia extrema.
La funcionaria, que mantiene el área a su cargo en una situación de hartazgo insoportable –de acuerdo con las denuncias que por escrito han hecho sus subalternos–, fue destituida como secretaria de acuerdos de un juzgado de distrito en el año 2000. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) concluyó que Borrego Dorantes actuó de forma parcial y, además, se comprobó su ineptitud para ejercer el cargo.
Después de una amplia investigación de este órgano rector del Poder Judicial, se comprobó que ella y su jefa, la juez María Es-ther Rodríguez Juárez, mantenían una relación estrecha y vínculos amistosos con abogados que litigaban decenas de juicios de amparo y causas penales promovidos precisamente en ese juzgado de distrito con sede en Baja California Sur, algunos de los cuales se relacionaban con casos de presuntos narcotraficantes.
El CJF resolvió entonces que ambas funcionarias no habían preservado la dignidad y el profesionalismo propios de la función judicial y denotaron, en el caso particular de Borrego Dorantes, ineptitud en la mesa de amparos, pues carecía de la experiencia necesaria para ello. Una década después del veredicto del Consejo de la Judicatura Federal, es funcionaria de la Secretaría de Gobernación.
Tras enterarse de que 11 de sus colaboradores habían hecho públicas las denuncias los amenazó directamente, según exponen en una carta que enviaron el 29 de abril pasado a Luis Felipe Bravo Mena, secretario particular del presidente Felipe Calderón, con copia a la oficina de Gómez Mont, sin que hasta el momento hayan recibido respuesta.
“Voy a tirar y (a) correr a uno por uno de los que firmaron el documento; todos me la van a pagar. Lo que hicieron me da risa porque no va a pasar de un simple escándalo, porque a mí me respalda gente muy pesada de la que no se imaginan.
Tan es así y para que se den una idea del poder que tengo, (que) a pesar de lo que pasó en años anteriores, todavía aquí estoy como una gran funcionaria y más fuerte que nunca, señala el documento recibido en Los Pinos el pasado primero de mayo.
Los denunciantes temen no sólo que los despidan, sino que Borrego Dorantes les finque responsabilidades a fin de que los inhabiliten. En entrevista con este diario comentaron que les impide tener acceso a los expedientes y demás documentos necesarios para representar a la Secretaría de Gobernación en audiencias relacionadas con medio millar de demandas laborales –en contra de esta dependencia– que tienen curso en juzgados y tribunales.
Es decir, los propios defensores de Gobernación están en la indefensión y aseguran que laboran con un miedo aterrador ante esta funcionaria arbitraria, cuya conducta no ha sido reconvenida por el superior inmediato, Miguel Francisco González Canudas, titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de Gobernación, quien tomó las funciones en este ramo de la otrora subsecretaría a cargo de Daniel Cabeza de Vaca.
La funcionaria, se afirma en el primer documento dirigido al presidente Calderón, utiliza términos inapropiados e incurre en conductas muy alejadas de la abogacía o de las responsabilidades de un servidor público.
Por ejemplo, para amenazar con despido a uno de sus auxiliares le dijo agarra tus chivas y lárgate, y en otra ocasión abrió la bolsa de una de sus colaboradoras para verificar si efectivamente no le contestó el celular porque lo había olvidado; también obligó a una de las empleadas a acompañarla a comer y prohibió que otra, madre soltera, se comunicara con su hija, además de impedirles la salida a la hora que les corresponde.
A su primer círculo de auxiliares les prohíbe mantener relación entre ellos, incluso para ir a comer o, en calidad de castigo, envía a personal no calificado ni autorizado a las audiencias en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, con lo que –afirman los denunciantes– se compromete el trabajo de la dependencia.
Además, como medida precautoria para asegurar su lealtad, hizo firmar su renuncia por anticipado a sus colaboradores.
La funcionaria, agregan en la misiva los 11 empleados, algunos de ellos subdirectores, tiene problemas emocionales, de personalidad y probablemente sicológicos, toda vez que con su conducta denota inestabilidad personal, emocional y profesional.
En tanto, a raíz de la denuncia que en marzo hizo un grupo de funcionarios en contra de la directora administrativa de la Subsecretaría de Gobierno, Corina del Valle Ríos, se han generado otras querellas. Tal es el caso de Gregorio Gallegos Terrazas, jefe de departamento en esta subsecretaría, con 12 años de antigüedad y ningún antecedente negativo en su expediente. Durante dos años, esta funcionaria le ha impedido tomar vacaciones y, en cambio, recibe de manera directa o indirecta, por órdenes de Del Valle, amenazas y presiones para que renuncie a su cargo.
El denunciante asegura que esta situación se generó por negarse a tomar el papel de capataz y entregar un reporte diario de la situación y actividades personales de cada empleado, instrucción que recibió con el argumento de que la Secretaría de Gobernación es una dependencia de seguridad nacional. Este ambiente le provocó un cuadro sicológico adverso, avalado por médicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, que le concedió la licencia médica 094LM0122557.