PERO EL ESTADO NO ENTIENDE
6 may 2010
La violación de derechos humanos, riesgo para la gobernabilidad: CNDH
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Jueves 6 de mayo de 2010, p. 35
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacó ayer en la Universidad Iberoamericana (Uia) que el desarrollo democrático se encuentra estrechamente ligado al respeto a las garantías fundamentales: es un indicador de la gobernabilidad que debe estar presente en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
Ante estudiantes, el ombudsman nacional subrayó que la violación de los derechos humanos en un Estado constitucional pone en riesgo la gobernabilidad, lo que contribuye a la generación de graves problemas, como exclusión social y política, solución de controversias al margen de la ley, impunidad, corrupción, falta de oportunidades para acceder a una vida digna y una ineficaz administración pública.
En la conferencia Retos y perspectivas de los derechos humanos en México, Plascencia Villanueva advirtió que es “indispensable reforzar el tema de las garantías fundamentales para posicionarlo como punto de partida en la atención oportuna –y con calidad– de los requerimientos de la vida pública actual. Estos derechos no sólo dan contenido formal y sustantivo a la democracia, sino crean una relación directa entre la ciudadanía y las instancias públicas”.
Refirió que la promoción y protección integral de dichas garantías es una de las prioridades de la comunidad internacional, con independencia de cualquier circunstancia o condición personal, frente a los actos u omisiones de los poderes del Estado.
Sostuvo que el derecho internacional representa la estructura más reciente del orden jurídico mundial para alcanzar estos objetivos.
Asimismo, advirtió que es insuficiente potenciar los derechos individuales, civiles y políticos consagrados en las sociedades democráticas, si al mismo tiempo no se logra hacer efectivos otros de carácter colectivo, para lo cual los estados requieren medidas legales, económicas, sociales y ambientales.
Aseveró que las garantías individuales y los derechos colectivos no se contradicen, sino que se complementan. La meta es proteger a la persona como individuo y como componente de un grupo social, conforme a criterios de justicia y bienestar.
También dijo que la protección de las garantías fundamentales ha supuesto un profundo cambio en la posición del Estado soberano ante el derecho internacional. La protección de estos derechos constituye un nuevo principio de legitimidad.
Prevén DEA y FBI aumento de la violencia del narco en México
DAVID BROOKS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 6 de mayo de 2010, p. 3
Nueva York, 5 de mayo. El gobierno estadunidense advirtió que habrá un incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico en México, y consideró que esto es prueba de que las políticas antidrogas están funcionando, pero urge acelerar los esfuerzos antes del fin del sexenio, porque no se sabe si el próximo presidente compartirá el mismo compromiso que el actual gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
Tenemos que manejar las expectativas; anticipamos que la violencia horripilante en México podría empeorar antes de mejorar, afirmaron hoy, en declaración conjunta ante el Congreso, Anthony Placido, administrador asistente de inteligencia de la agencia federal antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y Kevin Perkins, director asistente de investigaciones criminales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Subrayaron que es imperativo sostener el ímpetu positivo al apoyar los esfuerzos heroicos del presidente (Felipe) Calderón contra el crimen organizado.
Ante los senadores del caucus de control internacional de narcóticos, insistieron en que la escalada de violencia en México es por actos de desesperación verdadera: acciones de organizaciones criminales heridas, vulnerables y peligrosas.
Sostuvieron que un enfoque central del esfuerzo estadunidense antidrogas en relación con México es llevar al sistema de justicia criminal y civil de Estados Unidos, o cualquier otra jurisdicción competente, a los integrantes de las organizaciones del tráfico de drogas.
En declaraciones ante periodistas al concluir la comparecencia, Placido sostuvo: “tenemos que ganar todo lo que podamos en esta gestión. En el nivel táctico-operativo, quisiéramos tumbar a los jefes de los cárteles durante los próximos dos años”.
Agregó, de acuerdo con las agencias Ap y Notimex, que se trata de un momento importantísimo: estamos llegando al final de la gestión del presidente Calderón y no sabemos quién va a estar en la próxima.
Los dos oficiales reiteraron que los desafíos presentados por las organizaciones del narcotráfico en ambos países son significativos, sobre todo asegurar que la violencia desenfrenada en México no se expanda sobre nuestra frontera; el monitoreo cuidadoso de la situación de seguridad en México y, “tal vez lo más importante, prestar nuestra asistencia y apoyo a la administración de Calderón para asegurar su continuo éxito contra los despiadados y poderosos cárteles”.
Reiteraron que el gobierno calderonista ha realizado logros enormes para restablecer el imperio de la ley y romper el poder e impunidad de las organizaciones del narcotráfico que amenazan la seguridad nacional de México y la nuestra.
Durante su comparecencia, en la que se trató el tema de la violencia ligada al narco en México y sus implicaciones para Estados Unidos, los funcionarios exaltaron la cooperación bilateral y afirmaron que, con la asistencia de nuestras contrapartes, el Departamento de Justicia (la DEA y la FBI están integrados en esa dependencia) busca coordinar las investigaciones y el desarrollo de inteligencia con el propósito de identificar, infiltrar y desmantelar a las organizaciones del narcotráfico que son directamente responsables de la violencia en México.
Una de la cifras más citadas como prueba de esa cooperación fue la de la extradición de más de 280 presuntos delincuentes de México a Estados Unidos desde el inicio del gobierno de Calderón.
Según el embajador David Johnson, secretario asistente de Estado para asuntos de control de narcóticos, quien también participó en la audiencia, en México el temor es palpable por los niveles sin precedente de violencia.
Consideró que este fenómeno no es muy diferente de otros donde los intentos para confrontar a las organizaciones criminales dieron resultados más brutales. Esto ocurrió en Italia, cuando el gobierno procedió con toda la fuerza contra la mafia en los años 80 y 90; también en Medellín, Colombia, en los 90.
Afirmó que ambos gobiernos consideran la situación actual inestable, urgente y crítica, y hemos estado adoptando medidas significativas para enfrentar juntos la amenaza en México, sobre todo con la Iniciativa Mérida.
Hay tres niveles de violencia
Placido y Perkins manifestaron que la violencia en México puede ser dividida en tres categorías: violencia dentro de los cárteles, luchas entre ellos mismos y enfrentamientos entre cárteles y gobierno, la cual está creciendo.
Consideraron novedosos y preocupantes los esfuerzos de los cárteles de utilizar la violencia como herramienta para minar el apoyo público a los esfuerzos antinarcóticos del gobierno. Los traficantes han llevado a cabo un esfuerzo concertado para enviar un mensaje público mediante su sangrienta campaña de violencia.
En su evaluación del negocio del tráfico de drogas, los oficiales señalaron que la zona de la frontera suroeste estadunidense es el puerto principal para la mayoría de las sustancias ilícitas importadas a este país; es el principal punto de distribución nacional, con la mayor cantidad de cocaína, mariguana, metanfetamina y heroína (de México) disponible en este país que pasa por esa zona.
México, sostuvieron, es el principal suministrador de mariguana, producto que genera más recursos para los cárteles mexicanos. También es el principal exportador de metanfetaminas a Estados Unidos, y 93 por ciento de la cocaína que sale de Sudamérica pasa por México.
Ningún otro país en el mundo tiene un impacto más grande sobre el tráfico de drogas a Estados Unidos que México, afirmaron, con la mayoría de estas sustancias producidas y/o transportadas por territorio mexicano, y con 18 mil a 39 mil millones de dólares en fondos trasladados a esa frontera cada año para los cárteles mexicanos y colombianos.
VÍCTOR BALLINAS
Periódico La Jornada
Jueves 6 de mayo de 2010, p. 35
Raúl Plascencia Villanueva, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), destacó ayer en la Universidad Iberoamericana (Uia) que el desarrollo democrático se encuentra estrechamente ligado al respeto a las garantías fundamentales: es un indicador de la gobernabilidad que debe estar presente en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
Ante estudiantes, el ombudsman nacional subrayó que la violación de los derechos humanos en un Estado constitucional pone en riesgo la gobernabilidad, lo que contribuye a la generación de graves problemas, como exclusión social y política, solución de controversias al margen de la ley, impunidad, corrupción, falta de oportunidades para acceder a una vida digna y una ineficaz administración pública.
En la conferencia Retos y perspectivas de los derechos humanos en México, Plascencia Villanueva advirtió que es “indispensable reforzar el tema de las garantías fundamentales para posicionarlo como punto de partida en la atención oportuna –y con calidad– de los requerimientos de la vida pública actual. Estos derechos no sólo dan contenido formal y sustantivo a la democracia, sino crean una relación directa entre la ciudadanía y las instancias públicas”.
Refirió que la promoción y protección integral de dichas garantías es una de las prioridades de la comunidad internacional, con independencia de cualquier circunstancia o condición personal, frente a los actos u omisiones de los poderes del Estado.
Sostuvo que el derecho internacional representa la estructura más reciente del orden jurídico mundial para alcanzar estos objetivos.
Asimismo, advirtió que es insuficiente potenciar los derechos individuales, civiles y políticos consagrados en las sociedades democráticas, si al mismo tiempo no se logra hacer efectivos otros de carácter colectivo, para lo cual los estados requieren medidas legales, económicas, sociales y ambientales.
Aseveró que las garantías individuales y los derechos colectivos no se contradicen, sino que se complementan. La meta es proteger a la persona como individuo y como componente de un grupo social, conforme a criterios de justicia y bienestar.
También dijo que la protección de las garantías fundamentales ha supuesto un profundo cambio en la posición del Estado soberano ante el derecho internacional. La protección de estos derechos constituye un nuevo principio de legitimidad.
Prevén DEA y FBI aumento de la violencia del narco en México
DAVID BROOKS
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 6 de mayo de 2010, p. 3
Nueva York, 5 de mayo. El gobierno estadunidense advirtió que habrá un incremento de la violencia relacionada con el narcotráfico en México, y consideró que esto es prueba de que las políticas antidrogas están funcionando, pero urge acelerar los esfuerzos antes del fin del sexenio, porque no se sabe si el próximo presidente compartirá el mismo compromiso que el actual gobierno en la lucha contra el crimen organizado.
Tenemos que manejar las expectativas; anticipamos que la violencia horripilante en México podría empeorar antes de mejorar, afirmaron hoy, en declaración conjunta ante el Congreso, Anthony Placido, administrador asistente de inteligencia de la agencia federal antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés), y Kevin Perkins, director asistente de investigaciones criminales de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI).
Subrayaron que es imperativo sostener el ímpetu positivo al apoyar los esfuerzos heroicos del presidente (Felipe) Calderón contra el crimen organizado.
Ante los senadores del caucus de control internacional de narcóticos, insistieron en que la escalada de violencia en México es por actos de desesperación verdadera: acciones de organizaciones criminales heridas, vulnerables y peligrosas.
Sostuvieron que un enfoque central del esfuerzo estadunidense antidrogas en relación con México es llevar al sistema de justicia criminal y civil de Estados Unidos, o cualquier otra jurisdicción competente, a los integrantes de las organizaciones del tráfico de drogas.
En declaraciones ante periodistas al concluir la comparecencia, Placido sostuvo: “tenemos que ganar todo lo que podamos en esta gestión. En el nivel táctico-operativo, quisiéramos tumbar a los jefes de los cárteles durante los próximos dos años”.
Agregó, de acuerdo con las agencias Ap y Notimex, que se trata de un momento importantísimo: estamos llegando al final de la gestión del presidente Calderón y no sabemos quién va a estar en la próxima.
Los dos oficiales reiteraron que los desafíos presentados por las organizaciones del narcotráfico en ambos países son significativos, sobre todo asegurar que la violencia desenfrenada en México no se expanda sobre nuestra frontera; el monitoreo cuidadoso de la situación de seguridad en México y, “tal vez lo más importante, prestar nuestra asistencia y apoyo a la administración de Calderón para asegurar su continuo éxito contra los despiadados y poderosos cárteles”.
Reiteraron que el gobierno calderonista ha realizado logros enormes para restablecer el imperio de la ley y romper el poder e impunidad de las organizaciones del narcotráfico que amenazan la seguridad nacional de México y la nuestra.
Durante su comparecencia, en la que se trató el tema de la violencia ligada al narco en México y sus implicaciones para Estados Unidos, los funcionarios exaltaron la cooperación bilateral y afirmaron que, con la asistencia de nuestras contrapartes, el Departamento de Justicia (la DEA y la FBI están integrados en esa dependencia) busca coordinar las investigaciones y el desarrollo de inteligencia con el propósito de identificar, infiltrar y desmantelar a las organizaciones del narcotráfico que son directamente responsables de la violencia en México.
Una de la cifras más citadas como prueba de esa cooperación fue la de la extradición de más de 280 presuntos delincuentes de México a Estados Unidos desde el inicio del gobierno de Calderón.
Según el embajador David Johnson, secretario asistente de Estado para asuntos de control de narcóticos, quien también participó en la audiencia, en México el temor es palpable por los niveles sin precedente de violencia.
Consideró que este fenómeno no es muy diferente de otros donde los intentos para confrontar a las organizaciones criminales dieron resultados más brutales. Esto ocurrió en Italia, cuando el gobierno procedió con toda la fuerza contra la mafia en los años 80 y 90; también en Medellín, Colombia, en los 90.
Afirmó que ambos gobiernos consideran la situación actual inestable, urgente y crítica, y hemos estado adoptando medidas significativas para enfrentar juntos la amenaza en México, sobre todo con la Iniciativa Mérida.
Hay tres niveles de violencia
Placido y Perkins manifestaron que la violencia en México puede ser dividida en tres categorías: violencia dentro de los cárteles, luchas entre ellos mismos y enfrentamientos entre cárteles y gobierno, la cual está creciendo.
Consideraron novedosos y preocupantes los esfuerzos de los cárteles de utilizar la violencia como herramienta para minar el apoyo público a los esfuerzos antinarcóticos del gobierno. Los traficantes han llevado a cabo un esfuerzo concertado para enviar un mensaje público mediante su sangrienta campaña de violencia.
En su evaluación del negocio del tráfico de drogas, los oficiales señalaron que la zona de la frontera suroeste estadunidense es el puerto principal para la mayoría de las sustancias ilícitas importadas a este país; es el principal punto de distribución nacional, con la mayor cantidad de cocaína, mariguana, metanfetamina y heroína (de México) disponible en este país que pasa por esa zona.
México, sostuvieron, es el principal suministrador de mariguana, producto que genera más recursos para los cárteles mexicanos. También es el principal exportador de metanfetaminas a Estados Unidos, y 93 por ciento de la cocaína que sale de Sudamérica pasa por México.
Ningún otro país en el mundo tiene un impacto más grande sobre el tráfico de drogas a Estados Unidos que México, afirmaron, con la mayoría de estas sustancias producidas y/o transportadas por territorio mexicano, y con 18 mil a 39 mil millones de dólares en fondos trasladados a esa frontera cada año para los cárteles mexicanos y colombianos.
Son de Reporte Índigo los tres detenidos frente a casa de García Luna
La redacción
MÉXICO, DF, 5 de mayo (apro).- Los tres detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPF) afuera de la casa del secretario Genaro García Luna son trabajadores de Reporte Índigo, confirmó esta noche Juan Carlos Altamirano, editor de este medio de comunicación.
Se trata del camarógrafo Carlos Salazar, el fotógrafo Carlos Ferrer y un chofer, del que no se dio su nombre, quienes permanecen a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En un comunicado, la SSPF informó que tres hombres que este miércoles tomaban fotografías y video de la esposa y los dos hijos de García Luna, afuera de su domicilio, al sur de la Ciudad de México, fueron detenidos y remitidos ante a la SIEDO, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
La dependencia destaca que los tres hombres ingresaron al fraccionamiento donde vive el funcionario federal, proporcionando en la caseta de acceso la dirección de otro domicilio.
“Fueron ubicados frente a la casa del funcionario, al momento que se encontraban tomando foto y video del domicilio y de los niños”, expuso la SSPF.
El 27 de marzo del año pasado, se reportó que dos individuos a bordo de un taxi videogrababan a la familia del titular de la SSP afuera de una residencia que construía, también al sur del Distrito Federal, sin embargo, resultaron ser dos camarógrafos de la televisora por cable TVC, que daban seguimiento a una noticia.
La SSPF agregó hoy que los hombres fueron remitidos a la SIEDO porque existe un acta en la que se le notifica a García Luna “que extreme medidas y logística para salvaguardar la integridad de su persona y su familia por amenazas del crimen organizado”.
La redacción
MÉXICO, DF, 5 de mayo (apro).- Los tres detenidos por la Secretaría de Seguridad Pública federal (SSPF) afuera de la casa del secretario Genaro García Luna son trabajadores de Reporte Índigo, confirmó esta noche Juan Carlos Altamirano, editor de este medio de comunicación.
Se trata del camarógrafo Carlos Salazar, el fotógrafo Carlos Ferrer y un chofer, del que no se dio su nombre, quienes permanecen a disposición de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO).
En un comunicado, la SSPF informó que tres hombres que este miércoles tomaban fotografías y video de la esposa y los dos hijos de García Luna, afuera de su domicilio, al sur de la Ciudad de México, fueron detenidos y remitidos ante a la SIEDO, dependiente de la Procuraduría General de la República (PGR).
La dependencia destaca que los tres hombres ingresaron al fraccionamiento donde vive el funcionario federal, proporcionando en la caseta de acceso la dirección de otro domicilio.
“Fueron ubicados frente a la casa del funcionario, al momento que se encontraban tomando foto y video del domicilio y de los niños”, expuso la SSPF.
El 27 de marzo del año pasado, se reportó que dos individuos a bordo de un taxi videogrababan a la familia del titular de la SSP afuera de una residencia que construía, también al sur del Distrito Federal, sin embargo, resultaron ser dos camarógrafos de la televisora por cable TVC, que daban seguimiento a una noticia.
La SSPF agregó hoy que los hombres fueron remitidos a la SIEDO porque existe un acta en la que se le notifica a García Luna “que extreme medidas y logística para salvaguardar la integridad de su persona y su familia por amenazas del crimen organizado”.
En manos de jueces, denuncias contra 300 exalcaldes de Veracruz
Regina Martínez
JALAPA, Ver., 5 de mayo (apro).- El titular de la Fiscalía para Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Joel López García, aseguró hoy que están en espera de que el Poder Judicial dicte auto de formal prisión o de libertad contra los 300 exfuncionarios municipales implicados en presunto daño patrimonial durante el desempeño de sus cargos, en los ejercicios fiscales de 2006 y 2007. López García respondí así a las criticas hechas por diputados de oposición que acusan a la PGJE de indolencia en el caso de las denuncias penales presentadas por el Congreso local, a través del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis), contra servidos públicos desde 2005 por la presunta comisión de distintos delitos. “Nosotros ya actuamos”, dijo el funcionario y puso como ejempl la detención, el año pasado, de un exalcalde del que no reveló el nombre porque, dijo, forma parte de la secrecía a la que estamos obligados por ley. Además, aclaró que la Procuraduría no puede “estar dando anuncios de que ya consignamos a perengano o a zutano, porque estaríamos violentando la ley”. López García explicó que una vez que el Ministerio Público determina la procedencia de la acción penal, el expediente se turna al juez y éste es quien determina la acción penal contra el presunto responsable de los delitos señalados por la parte acusadora. En este sentido, refirió que de las mil 300 investigaciones ministeriales iniciadas por irregularidades en las cuentas públicas 2006 y 2007, cerca del 30% ya fueron consignadas a los juzgados correspondientes por la fiscalía a su cargo y hay un ex alcalde que, incluso, “estuvo preso en Pacho Viejo”. Hay casos, agregó, en los que “los presuntos responsables solventaron las irregularidades financieras registradas”, por lo que no procedieron las denuncias. En el caso de los 84 municipios cuyas Cuentas Públicas de 2008 no fueron aprobadas por el Congreso por presuntos daños patrimoniales, López García mencionó que algunos de esos casos los procesos continúan ventilándose en el Orfis
Regina Martínez
JALAPA, Ver., 5 de mayo (apro).- El titular de la Fiscalía para Atención de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Joel López García, aseguró hoy que están en espera de que el Poder Judicial dicte auto de formal prisión o de libertad contra los 300 exfuncionarios municipales implicados en presunto daño patrimonial durante el desempeño de sus cargos, en los ejercicios fiscales de 2006 y 2007. López García respondí así a las criticas hechas por diputados de oposición que acusan a la PGJE de indolencia en el caso de las denuncias penales presentadas por el Congreso local, a través del Órgano Superior de Fiscalización (Orfis), contra servidos públicos desde 2005 por la presunta comisión de distintos delitos. “Nosotros ya actuamos”, dijo el funcionario y puso como ejempl la detención, el año pasado, de un exalcalde del que no reveló el nombre porque, dijo, forma parte de la secrecía a la que estamos obligados por ley. Además, aclaró que la Procuraduría no puede “estar dando anuncios de que ya consignamos a perengano o a zutano, porque estaríamos violentando la ley”. López García explicó que una vez que el Ministerio Público determina la procedencia de la acción penal, el expediente se turna al juez y éste es quien determina la acción penal contra el presunto responsable de los delitos señalados por la parte acusadora. En este sentido, refirió que de las mil 300 investigaciones ministeriales iniciadas por irregularidades en las cuentas públicas 2006 y 2007, cerca del 30% ya fueron consignadas a los juzgados correspondientes por la fiscalía a su cargo y hay un ex alcalde que, incluso, “estuvo preso en Pacho Viejo”. Hay casos, agregó, en los que “los presuntos responsables solventaron las irregularidades financieras registradas”, por lo que no procedieron las denuncias. En el caso de los 84 municipios cuyas Cuentas Públicas de 2008 no fueron aprobadas por el Congreso por presuntos daños patrimoniales, López García mencionó que algunos de esos casos los procesos continúan ventilándose en el Orfis
Débil nexo entre educación, ciencia y problemática social, dicen expertos
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Periódico La Jornada
Jueves 6 de mayo de 2010, p. 36
México carece de un plan estratégico a escala nacional –elaborado por científicos, industria y gobierno– que defina las líneas de investigación a largo plazo en los diversos campos del conocimiento. En estas circunstancias, es prácticamente imposible avanzar con paso firme hacia el desarrollo y atacar la pobreza y las desigualdades sociales.
En varias ponencias del primer congreso de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), a realizarse a partir de hoy en el hotel Real de Minas, en Querétaro, se advierte también sobre la pobre vinculación existente no sólo entre la educación y los sectores productivo e industrial del país, sino también entre la academia y la problemática social.
Una de las conclusiones que se perfilan desde ahora en el Congreso, que tiene como uno de sus objetivos analizar el papel del SIN en las necesidades del siglo XXI en México, se refiere a que las universidades están llamadas a jugar un papel mucho más activo y preponderante en la propuesta de soluciones a los problemas del país.
Las universidades tienen el deber de involucrarse en los procesos sociales y contribuir con sus aportes científicos a la superación de los rezagos. No basta aportar en la formación de capital humano, también es fundamental la formación de capital social, dice Juan Diego Ortiz Acosta, investigador de la Universidad de Guadalajara, en una parte de su ponencia.
Para Alberto Conejo Nava, del Instituto Tecnológico de Morelia; Felipe Córdova Lozano, de la Universidad de las Américas Puebla, y Felipe Vázquez Gutiérrez, del Instituto de Ciencias del Mar y Luminología, uno de los principales problemas que impiden el desarrollo tecnológico es la pobre vinculación entre los sectores educativo y productivo nacionales.
Señalan que mientras en los países avanzados las principales universidades e institutos tienen 80 por ciento del presupuesto de ciencia y contratos con el sector privado, en México los recursos siempre son insuficientes y los convenios con el sector privado muy escasos, tanto para las instituciones públicas como para las privadas.
En las naciones industrializadas el binomio educación-sector productivo es la fuerza principal que genera conocimiento y, en consecuencia, riqueza que se transmite de generación en generación, dice Córdova Lozano.
José Juan Antonio Ibarra, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, señala que México debe afrontar diversos desafíos derivados de la globalización científica. Por ejemplo, lograr la capacidad suficiente para aprovechar al máximo los beneficios, o de lo contrario, deberá conformarse con participar como un instrumento más de los intereses extranjeros.
Luis Brito Castillo, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, plantea que con acciones concertadas entre estos sectores, bajo una mirada de largo plazo y recursos suficientes, es posible atacar con éxito los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, como la contaminación, escasez de recursos hídricos, desastres naturales, crisis económica, y ahora, el narcotráfico.
JOSÉ ANTONIO ROMÁN
Periódico La Jornada
Jueves 6 de mayo de 2010, p. 36
México carece de un plan estratégico a escala nacional –elaborado por científicos, industria y gobierno– que defina las líneas de investigación a largo plazo en los diversos campos del conocimiento. En estas circunstancias, es prácticamente imposible avanzar con paso firme hacia el desarrollo y atacar la pobreza y las desigualdades sociales.
En varias ponencias del primer congreso de los miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SIN), a realizarse a partir de hoy en el hotel Real de Minas, en Querétaro, se advierte también sobre la pobre vinculación existente no sólo entre la educación y los sectores productivo e industrial del país, sino también entre la academia y la problemática social.
Una de las conclusiones que se perfilan desde ahora en el Congreso, que tiene como uno de sus objetivos analizar el papel del SIN en las necesidades del siglo XXI en México, se refiere a que las universidades están llamadas a jugar un papel mucho más activo y preponderante en la propuesta de soluciones a los problemas del país.
Las universidades tienen el deber de involucrarse en los procesos sociales y contribuir con sus aportes científicos a la superación de los rezagos. No basta aportar en la formación de capital humano, también es fundamental la formación de capital social, dice Juan Diego Ortiz Acosta, investigador de la Universidad de Guadalajara, en una parte de su ponencia.
Para Alberto Conejo Nava, del Instituto Tecnológico de Morelia; Felipe Córdova Lozano, de la Universidad de las Américas Puebla, y Felipe Vázquez Gutiérrez, del Instituto de Ciencias del Mar y Luminología, uno de los principales problemas que impiden el desarrollo tecnológico es la pobre vinculación entre los sectores educativo y productivo nacionales.
Señalan que mientras en los países avanzados las principales universidades e institutos tienen 80 por ciento del presupuesto de ciencia y contratos con el sector privado, en México los recursos siempre son insuficientes y los convenios con el sector privado muy escasos, tanto para las instituciones públicas como para las privadas.
En las naciones industrializadas el binomio educación-sector productivo es la fuerza principal que genera conocimiento y, en consecuencia, riqueza que se transmite de generación en generación, dice Córdova Lozano.
José Juan Antonio Ibarra, del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, señala que México debe afrontar diversos desafíos derivados de la globalización científica. Por ejemplo, lograr la capacidad suficiente para aprovechar al máximo los beneficios, o de lo contrario, deberá conformarse con participar como un instrumento más de los intereses extranjeros.
Luis Brito Castillo, del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste, plantea que con acciones concertadas entre estos sectores, bajo una mirada de largo plazo y recursos suficientes, es posible atacar con éxito los problemas que aquejan a la sociedad mexicana, como la contaminación, escasez de recursos hídricos, desastres naturales, crisis económica, y ahora, el narcotráfico.
