SOLO SON BUENOS PARA REPRIMIR

Perdida, la lucha militar antinarco: Eugenio Clariond
Necesitamos ser mucho más inteligentes y mejorar las estrategias, sostiene
Los grupos criminales están mejor equipados que los soldados, asegura
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

Periódico La Jornada
Miércoles 26 de mayo de 2010, p. 2
La estrategia gubernamental de combatir a los traficantes de drogas con el Ejército, por supuesto que es una guerra perdida: nunca la vamos a ganar, aseguró ayer Eugenio Clariond Reyes Retana, uno de los empresarios más influyentes del país.
Conozco empresarios que no han invertido en México debido a que no se sienten seguros porque no hay estado de derecho, sostuvo el prominente miembro del Grupo Monterrey, ex presidente del conglomerado Industrias Monterrey SA y presidente del consejo empresarial México-Estados Unidos.
Por supuesto que la seguridad y el imperio de la ley es un tema sumamente sensible, apuntó Clariond, flanqueado por el embajador de Estados Unidos en México, Carlos Pascual, y el ex embajador John Dimitri Negroponte, en un foro organizado por la agencia oficial de promoción de inversiones ProMéxico y el Council of the Americas/American Society.
Desafortunadamente esta guerra ha sido declarada entre el Ejército, con malos salarios, mal equipados y mal capacitados, (que) tiene que luchar contra grupos de narcotraficantes que tienen el equipo más moderno y apoyo de la policía, que es una policía corrupta, consideró el empresario, director de Navistar International Corp, empresa productora de transporte civil y militar, según un perfil de Forbes.
Redondeó: por supuesto, esta es una guerra perdida, nunca la vamos a ganar; necesitamos ser muchísimo más inteligentes, necesitamos muchísimas más estrategias, grupos de elite que estén bien pagados, que luchen contra la violencia social. Esta es otra parte muy importante, la violencia social, las drogas van a seguir fluyendo si Estados Unidos sigue gastando tanto dinero en la adquisición de droga.
El empresario también opinó sobre los temas energético y tributario. Necesitamos en forma apremiante una reforma en cuestiones de energía, dijo. Según Clariond Reyes Retana, la decisión del gobierno, el año pasado, de liquidar Luz y Fuerza del Centro, la empresa que abastecía el centro del país, fue un paso muy positivo, pero definitivamente necesitamos electricidad que no nos haga recordar toda la historia anterior o las cuestiones teóricas soberanas de este país.
Sobre el mismo tema energético, cuestionó la forma en que está organizada la industria, en particular la de derivados del petróleo. México, sostuvo, debería tener una industria petroquímica enorme. Pero ello no ocurre porque seguimos dependiendo de Petróleos Mexicanos en el suministro de materia prima.
Siempre se habla de cómo manejar el monopolio, de cómo mejorar la competencia, pero siempre estamos hablando del sector privado y no del monopolio gubernamental, que es peor. Nunca he visto una empresa extranjera que deje el país porque únicamente hay dos cadenas televisoras y hay muchísimas empresas que han dejado México porque no pueden comprar materia prima petroquímica y no pueden ser competitivas en energía, señaló.
Acerca del sistema tributario, manifestó que se requiere simplificar la legislación impositiva, que es sumamente sofisticada. Cuestionó que hace dos años fue creado un sistema paralelo al impuesto sobre la renta (ISR) –el llamado impuesto empresarial a tasa única (IETU)– que, dijo, supuestamente iba a ser temporal y sustituiría al ISR.
Sin embargo, agregó, se han mantenido los dos impuestos, el ISR y el IETU, más todos los demás. Consideró que se trata de decisiones que provocan que el sistema fiscal en México sea sumamente oneroso; muy difícil para aquellos que pagan impuestos, aunque muy sencillo para quienes no pagan.
En el mismo foro, el embajador Pascual comentó que los gobiernos de Estados Unidos y México avanzarán en la creación de puertos seguros internos, que permitirán movilizar mercancías de un país a otro de manera más expedita.
Puso como ejemplo el que estaría ubicado en Guanajuato, en el centro del país, donde se realizaría la revisión de seguridad antes del traslado de productos hacia Nuevo Laredo, en la frontera entre ambas naciones.
Peña Nieto rechaza reabrir investigación del caso Paulette
Jenaro Villamil

MÉXICO, D.F., 25 de mayo (apro).- El gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, aceptó hoy transparentar el expediente del caso Paulette, pero se negó a reabrir la investigación.
Además, defendió los resultados del trabajo realizado por la Procuraduría General de Justicia en ese caso y acusó a los partidos de politizar un asunto meramente judicial.
Horas después de que su tercer procurador en menos de cuatro años de gobierno, Alberto Bazbaz, dimitiera al cargo como resultado de la polémica que generó su dictamen final, en el que determinó que la menor murió “por accidente”, Peña Nieto trató de atajar las críticas en una improvisada conferencia de prensa.
A la defensiva frente a la ola de críticas que se han generado por la actuación de la Procuraduría de Justicia del Estado de México en este caso, Peña Nieto criticó “la actitud que partidos políticos y algunos de sus representantes han tomado frente a esta tragedia”.
Para el mandatario mexiquense, sus opositores y sus críticos han tratado “llevar ganancia política hacia su terreno”. Y advirtió que le instruyó a la Procuraduría que se divulguen los resultados de la investigación para dar una “información amplia y transparente”.
Sin embargo, no informó quién ocupará el cargo que dejó Bazbaz. Antes de este funcionario, al frente de la Procuraduría mexiquense estuvieron Alfonso Navarrete Prida y Abel Villicaña.
Previamente, a eso de las 14:00 horas, mediante un breve comunicado, Bazbaz afirmó que su renuncia se debió a la falta de confianza y de credibilidad que seha generado en torno a su trabajo al frente de la Procuraduría, pero defendió los resultados de la investigación del caso Paulette.
“Para que una Procuraduría pueda realizar sus funciones con eficacia, es indispensable que cuente con la confianza, la credibilidad y el respaldo de la gente a la que sirve; cuando ésta se pierde, resulta imposible cumplir la responsabilidad”, afirmó.
Bazbaz señaló que la Procuraduría mexiquense realizó la investigación del fallecimiento de Paulette con el “apoyo de diversas instituciones nacionales e internacionales”, como la Procuraduría General de la República.
Aseguró que “la opinión criminalística” de la PGR fue “coincidente” con los dictámenes periciales de la Procuraduría mexiquense, en el sentido de que “el fallecimiento de la menor fue un accidente”, destacó el ahora exfuncionario.
Bazbaz defendió su investigación porque, dijo, estuvo apegada a derecho, “sin tentaciones autoritarias de inculpar sin pruebas a persona alguna para satisfacer a la opinión pública o evitar costos políticos”.
La renuncia de Bazbaz se produce cuatro días de que el mismo funcionario diera a conocer los resultados de las investigaciones, en los que determinó que se trató de un “accidente”.
El pasado 31 de marzo, el mismo procurador aseguró, en rueda de prensa, que no tenía duda de que la muerte de Paulette Gebara Farah era producto de un homicidio. “Su presencia en ese lugar fue provocada por alguien más”. Cinco días después cambió de opinión y liberó a los dos padres y dos nanas arraigadas por la Procuraduría.
Por si fuera poco, mes y medio después, Bazbaz dio por cerrado el caso al determinar que la menor murió por “asfixia mecánica por sofocación”, provocada por un “accidente”, sin violencia y sin responsabilidad.
Hasta ahora, ni Bazbaz ni su exjefe, Enrique Peña Nieto han podido explicar cómo fue posible que el cadáver de la menor estuviera durante 9 días en su recámara y en su cama sin que nadie se diera cuenta de su presencia.
Los dirigentes del PAN y del PRD reclamaron juicio político en contra de Bazbaz, al tiempo que sus líderes nacionales demandaron la reapertura del caso. El presidente del Senado, el perredista Carlos Navarrete, acusó al gobierno de Peña Nieto de haber protagonizado una “manipulación grosera” en torno al caso.
El lunes 24 de mayo, la madre de la menor Paulette, Lisette Farah, demandó de la procuraduría una investigación fidedigna y tener acceso al expediente y a los peritajes que dieron por resultado la muerte por “accidente” de su hija.
En conferencia de prensa, Lisette Farah afirmó: “Es difícil, por un lado, creer, pero me deja tranquila que mi hija no sufrió tanto (como) si fuera algo hecho por el hombre.”
Por su parte, Erika y Martha Casimiro, las nanas de Paulette, exigieron una disculpa pública del procurador por el daño que les ocasionaron las investigaciones. También expresaron su inconformidad con el resultado de la investigación.

Paulette en el copete de Peña Nieto
Jenaro Villamil
MÉXICO, DF, 25 de mayo (apro).- No hay manera de aminorar el escándalo generado por el caso Paulette y menos el impacto en la imagen del priista Enrique Peña Nieto, el gobernador que le apuesta todo a la mediocracia y a la mediocridad. Ni la renuncia de Alberto Bazbaz, tan esperada y anunciada, después de amortiguar el resultado con un fin de semana futbolero. Mucho menos con el contraataque de Peña Nieto al PRD y al PAN que han pedido la reapertura del caso.
¿Por qué el caso se le está enredando a Peña Nieto en el copete?
1. La percepción de la corrupción generalizada en la procuración de justicia del Estado de México encuentra en el caso Paulette el ejemplo con mayor impacto mediático. Víctimas de su propia estrategia, tanto los padres que saturaron los medios electrónicos con sus llamados a encontrar a su hija, como el procurador Bazbaz que ofreció el 31 de marzo una inédita rueda de prensa en vivo y en directo, adelantando de manera inusitada una investigación no concluyente, quedaron atrapados en sus contradicciones y en el giro de 180 grados –de homicidio a accidente involuntario-- que tuvo como precedente una presión política muy clara.
¿Por qué el secretario general de Gobierno, Luis Enrique Miranda Nava, se convirtió en el principal gestor de los intereses de la familia Gebara para exculpar al padre? ¿Por qué “metieron mano” múltiples intereses políticos y empresariales para obligar a Bazbaz a hacer el ridículo más grande en la historia de los procuradores estatales?
La respuesta está en la mayoría de las redes sociales y en varias encuestas: por la red de corrupción y de intereses que dominan en una Procuraduría tan desprestigiada como la del Estado de México. Por ejemplo, a la pregunta de ¿por qué el procurador Bazbaz concluyó que la muerte de Paulette fue un accidente y no un homicidio?, 50% de los participantes opinó que era para “proteger la red de intereses entre el gobierno y los papás”; 24% opinó que “para proteger a Enrique Peña Nieto”; 24% para “proteger a los padres”, y sólo 1% consideró que “porque dijo la verdad” (ver www.jenarovillamil.wordpress.com).
Otra encuesta, levantada por la empresa Ipsos Public Affaire, preguntó a mil ciudadanos entrevistados a domicilio cómo calificaban el trabajo de Enrique Peña Nieto en relación con el caso. El 43% lo consideró “malo” y 37% como “muy malo”. La reprobación suma 80%. Sólo 13% opinó que trabajó “muy bien”. En el caso del procurador Bazbaz, 36% lo calificó de “malo” y 52% de “muy malo”. Ambos rubros suman 88%.
En esa misma encuesta, levantada entre el 7 y 10 de mayo (antes de que se conociera el polémico resultado final de las investigaciones), 75% de los encuestados opinó que el gobierno mexiquense “no quiere resolverlo”, y 12% consideró que el gobierno de Peña Nieto “no puede resolverlo”.
Es muy claro en estos y otros sondeos que ha realizado el gobierno del Estado de México, que el caso Paulette constituye el expediente más delicado y negativo para la administración peñista.
2. En el caso Paulette están involucrados los personajes más polémicos y cuestionados de la red de intereses políticos que forman parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. Por si fuera poco, el caso es un retrato de la fatuidad e ineficacia con la que se maneja la administración mexiquense, encabezada por el precandidato priista más adelantado y “popular”.
Bazbaz fue designado por Peña Nieto como su tercer procurador el 12 de marzo de 2008, en sustitución de Abel Villicaña Estrada. Bazbaz no tenía experiencia política previa. Sus grandes padrinos eran el exprocurador general Eduardo Medina Mora, quien lo incorporó en 2007 a la PGR, y el expresidente Carlos Salinas de Gortari.
El despacho de Bazbaz trabajó en el traslado de Raúl Salinas de Gortari de la prisión federal del Altiplano (antes Almoloya) al penal estatal, y estuvo también involucrado en el caso de Enrique Salinas de Gortari, asesinado el 8 de diciembre de 2004.
Su trabajo para la familia Salinas no fue suficiente para que Bazbaz demostrara eficacia. Por el contrario, su primer desafío fue el de los 24 ejecutados en la zona de La Marquesa, en septiembre de 2008. La Procuraduría mexiquense nunca aclaró en éste y en otros casos vinculados al crimen organizado las causas de la matanza.
En los dos años de Bazbaz al frente de la Procuraduría, los índices de delincuencia se dispararon: existen más de 30 mil órdenes de aprehensión sin cumplimentar; 90% de los 672 crímenes contra mujeres no han sido esclarecidos; 95% de los homicidios registrados en la entidad siguen sin esclarecerse. En las últimas semanas se han registrado tres casos de linchamiento o de intento de “justicia por propia mano” en igual número de municipios mexiquenses. Y se tienen sólo mil 300 policías judiciales para atender a una población que rebasa los 14 millones de habitantes.
Otros índices delictivos han crecido en la entidad. Tan sólo en 2009 los índices de secuestros crecieron 11%, y el robo a carros ha crecido en 35% entre 2008 y 2010, según la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Durante el 2009, sólo 1.9% de los autos robados (722 unidades) fueron recuperados por las autoridades.
3. Peña Nieto se quejó este martes por la utilización política del caso Paulette. Sin mencionarlos explícitamente, condenó al PAN y al PRD de pretender “llevar ganancia política hacia su terreno”, y luego lamentó la actitud de la oposición frente a la tragedia.
Es claro que tanto el PAN como el PRD y no pocos adversarios internos del PRI están pendientes de los resbalones del gobierno de Peña Nieto para registrarlos, magnificarlos o denunciarlos. Pero el principal responsable de este fenómeno es el propio gobernador priista. No existen figuras intermedias en su gobierno. Toda la publicidad y difusión del gobierno está orientada a la exaltación de la figura de Enrique Peña Nieto.
El uso y abuso de los medios y del infoentretenimiento para promocionarlo en todos los espacios mediáticos posibles le está jugando una mala pasada al Golden Boy.
El caso Paulette es un boomerang peligroso. Peña Nieto tuvo la oportunidad de revertir este efecto reabriendo el caso y desmantelando las increíbles conclusiones de su exprocurador. Sin embargo, ha preferido la vía de la victimización y el ataque a sus críticos.
¿Realmente Peña Nieto esperaba aplausos después de manosear la tragedia de una pequeña que resultó doble víctima de su familia y de la Procuraduría que negoció los resultados de su muerte?

Justicia y libertad para los presos de Atenco
ADOLFO GILLY
Más de tres años y medio de cárcel, desde el 4 de mayo de 2006, llevan los 12 presos de San Salvador Atenco, tres de ellos en un penal de alta seguridad, con condenas de hasta 112 años de cárcel. Están lejos de sus hogares, con visitas restringidas y controladas, en condiciones de encarcelamiento peores que en los aciagos tiempos de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría, que ya es mucho decir.
Los diversos delitos inexistentes de los cuales se les acusa, fabricados por el aparato policial y judicial al servicio del Presidente de la República y de los gobernadores, se disolverían como niebla al viento si existiera en nuestro país una justicia independiente, primera condición de democracia y equidad. No la hay ahora, no la hubo antes. Y mientras no la haya, no habrá democracia ni habrá paz en tierras mexicanas.
A los presos de Atenco se les aplica la monstruosidad jurídica del supuesto delito de secuestro equiparado. Así califican a la retención momentánea de un funcionario en un conflicto social para exigir el cumplimiento de acuerdos que la autoridad firma y no respeta. Es una forma plurisecular de protesta, heredada por México de la Nueva España y practicada hoy, entre otras naciones, en la República Francesa por los trabajadores de industrias modernas. Tal acción, tan universal como los cortes temporales de calles o caminos en la fase aguda de un conflicto, ahora en México se la equipara con el secuestro de persona para fines de extorsión, que hoy prolifera en el territorio nacional, y se le aplican penas similares. Inaudito.
Una agravante se suma en el presente caso. No existen pruebas fehacientes de que los acusados hayan retenido a alguien, mientras los expedientes judiciales desbordan de pruebas de que las fuerzas represivas federales y estatales cometieron en San Salvador Atenco una serie de delitos abominables, desde la violación de las mujeres detenidas hasta el allanamiento de domicilios de los pobladores con destrucción y robo de bienes, más el asesinato de dos jóvenes.
Todo esto ocurrió, no lo olvidemos, en la presidencia de Vicente Fox Quesada, con un alto componente de venganza personal y política porque la resistencia de San Salvador Atenco en defensa de sus tierras y sus derechos había impedido el negocio del nuevo aeropuerto y deshecho el sueño de que un día llevara su nombre.
El agravio a la justicia es doble: quienes deberían estar libres, están presos y sentenciados; quienes deberían estar bajo proceso penal, están libres e impunes. Esta situación es una de las tantas prendas de la alianza de hecho entre el Presidente de México, Felipe Calderón, y el gobernador del estado de México, Enrique Peña Nieto. Su objetivo inmediato es criminalizar la protesta social, asfixiar la libertad de organización, infundir el miedo y avanzar en la militarización de la sociedad y de los gobiernos en México. Otros objetivos, ya se verá.
Es una redición en estos tiempos de la alianza histórica entre el PRI y el PAN desde los años 40 del siglo pasado, nunca desmentida en los hechos, para asegurar el mando autoritario y la obediencia resignada que ellos llaman gobernabilidad, palabreja que políticos apenas llegados al disfrute de los privilegios institucionales han hecho propia; y, como suele suceder con los neófitos, la repiten con ignorancia y fruición.
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La criminalización y la represión de los movimientos sociales avanzan en todo el país, de la mano con la militarización del territorio, la depredación ambiental, el desempleo y el despojo, tanto bajo gobiernos del PRI, como en Oaxaca y Puebla; gobiernos del PAN, como en Querétaro y Morelos; y gobiernos del PRD, como en Chiapas y Guerrero.
Ante esta perspectiva se hace indispensable, y también urgente, unificar los movimientos y las luchas por la libertad de los presos políticos y sociales, a cualquier organización éstos pertenezcan y cualesquiera sean las legítimas causas que defiendan y sus diferencias o matices sobre otros temas.
La libertad de los presos políticos y sociales es hoy una demanda universal, que abre el camino a todas las otras causas populares: la del SME; la del EZLN y los derechos indígenas; la del respeto al voto; la de los salarios, la seguridad social y los derechos laborales; la de la educación gratuita para todos; la de las mujeres y la defensa del derecho legal al aborto; la de los migrantes: todas.
Una defensa jurídica bien fundada es una instancia y una llave indispensable en los procesos penales de los presos políticos. Pero la movilización, la organización y la protesta unificada por su libertad es la fuerza que puede hacer girar esa llave para abrir de una buena vez las puertas de las cárceles.
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La causa de la libertad de los presos políticos y sociales en Molino de Flores, en el Altiplano, en El Amate de Chiapas, en Querétaro, en Tepic, en donde sea, es común a todos y abre posibilidades de organización para todos. Esos presos son rehenes para suscitar el miedo y paralizar las demandas y los movimientos de la sociedad. Conquistar su libertad es abrir las ventanas en el asfixiante clima social y político que envuelve al país. Es contribuir a detener el desborde de la militarización y de la impunidad; a combatir la naturalización del narcotráfico y sus crímenes como parte de la vida cotidiana y de los sufrimientos de la población; a desterrar las finanzas del narco y de las armas como componente estable y necesario de la economía del país; y a desbaratar el proyecto de Estado autoritario, militar, policial y clerical que anida en las políticas del gobierno federal y de sus aliados y patrocinadores en el país y en el exterior.
Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y otros más con ellos, quieren celebrar el 2010 con una nación de presos políticos y de gobiernos autoritarios y represivos, con la guerra interna instalada como forma natural de la vida social y de la subordinación política, un país de migrantes sin protección y un pueblo sin organización para hacer valer sus derechos. Arrancar a los presos políticos de las cárceles, a todos sin distinción, es la más urgente tarea para detener y revertir ese curso de destrucción y desolación y para festejar en libertad, en el cercano 2010, las dos grandes revoluciones de la historia mexicana.