VIOLACION ¿DAÑO COLATERAL MI GENERAL?
20 may 2010
Enjuiciará Corte Interamericana a México por abuso sexual de militares
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).- En medio de fuertes críticas por la opacidad del sistema de justicia militar, el próximo jueves 27 el gobierno de México será sometido a un nuevo juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), ahora por la agresión sexual de que fue objeto la indígena guerrerense Valentina Rosendo Cantú por parte de elementos del Ejército Mexicano, en febrero de 2002.
En aquel entonces, Valentina tenía 17 años y vivía en la comunidad de Barranca Tecuaní, municipio de Acatepec. Mientras lavaba ropa en el río, ocho soldados del Ejército la sometieron, la interrogaron sobre la supuesta presencia de guerrilleros en la zona, y dos soldados la violaron sexualmente mientras el resto resguardaba la escena del crimen.
Este caso es el segundo en su tipo que llega hasta la Coidh –el otro es el de Inés Fernández Ortega-- luego de que el Estado mexicano ignorara las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En agosto de 2009, la CIDH demandó al máximo tribunal interamericano que declarara responsable al Estado mexicano por “la violación y tortura” de Valentina Rosendo Cantú; por la “falta de debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables”; por remitir el caso al fuero militar, así como por “las dificultades que enfrentan personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud”.
En conferencia de prensa, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización que representa a Valentina, denunció amenazas y actos intimidatorios en contra de familiares, de defensores y de las agrupaciones indígenas que han respaldado la denuncia de Rosendo Cantú.
“Mientras se ha ido acercando la fecha para que se lleven a cabo las audiencias en la Coidh han aumentado los actos de intimidación –explicó--; el fin de semana la hija de Inés Fernández, de 12 años, fue interceptada por hombres que la amenazaron de muerte a ella y a su familia bajo la advertencia de que dejaran de denunciar lo ocurrido a su mamá.
“Estos hechos son gravísimos, tomando en cuenta que el caso de Inés fue desahogado por la Coidh el 15 de abril pasado, en Lima, Perú, y que, supuestamente, cuenta con medidas provisionales dictadas por ese tribunal; por supuesto que el mensaje va más allá, es un intento de intimidar a Valentina y su defensa, a unos días de que su caso sea ventilado en San José, Costa Rica”, resaltó Barrera Hernández.
El activista informó que hasta diciembre del año pasado, Tlachinollan había presentado siete denuncias por agresiones contra miembros de organizaciones indígenas; pero en lo que va del año se presentaron 11 más por las amenazas y actos de intimidación “que buscan dejar en la impunidad a militares que participaron en los abusos contra las mujeres indígenas”.
Mario Patrón Sánchez, abogado de Tlachinollan, informó que en México, el caso de Valentina “fue arrebatado” al fuero civil por el fuero militar, luego de que ésta identificó a algunos de sus agresores, todos militares, en un álbum fotográfico que le presentó el agente del Ministerio Público del Fuero Común.
La violación sexual de la indígena Rosendo Cantú, en febrero de 2002, “se dio en un contexto de lucha contrainsurgente, pues Valentina fue interrogada por los militares sobre presuntos integrantes de grupos guerrilleros o ‘encapuchados’; es decir, se trata de un caso de violación sexual como método de tortura, pues a Valentina se le presentó una lista y fotografías de presuntos guerrilleros”.
Entre las peticiones de los representantes de Valentina no sólo está la sanción y castigo para los culpables de la agresión, así como la reparación del daño, sino también que “se den garantías de que hechos como ese no volverán a repetirse; que se tomen medidas para acabar con la discriminación de las mujeres indígenas para el acceso a los servicios de salud y de justicia, así como reformas legislativas en materia del fuero militar y la ley de amparo”.
A la exigencia de justicia se sumó la actriz y miembro del consejo consultivo de Tlachinollan, Ofelia Medina; el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela; el representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera Aragón; y el director adjunto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Miguel Pulido.
En un comunicado de prensa también se solidarizaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todos y Todas” (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vtttoria, Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
Gloria Leticia Díaz
MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).- En medio de fuertes críticas por la opacidad del sistema de justicia militar, el próximo jueves 27 el gobierno de México será sometido a un nuevo juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh), ahora por la agresión sexual de que fue objeto la indígena guerrerense Valentina Rosendo Cantú por parte de elementos del Ejército Mexicano, en febrero de 2002.
En aquel entonces, Valentina tenía 17 años y vivía en la comunidad de Barranca Tecuaní, municipio de Acatepec. Mientras lavaba ropa en el río, ocho soldados del Ejército la sometieron, la interrogaron sobre la supuesta presencia de guerrilleros en la zona, y dos soldados la violaron sexualmente mientras el resto resguardaba la escena del crimen.
Este caso es el segundo en su tipo que llega hasta la Coidh –el otro es el de Inés Fernández Ortega-- luego de que el Estado mexicano ignorara las recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En agosto de 2009, la CIDH demandó al máximo tribunal interamericano que declarara responsable al Estado mexicano por “la violación y tortura” de Valentina Rosendo Cantú; por la “falta de debida diligencia en la investigación y sanción a los responsables”; por remitir el caso al fuero militar, así como por “las dificultades que enfrentan personas indígenas, en particular las mujeres, para acceder a la justicia y a los servicios de salud”.
En conferencia de prensa, Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”, organización que representa a Valentina, denunció amenazas y actos intimidatorios en contra de familiares, de defensores y de las agrupaciones indígenas que han respaldado la denuncia de Rosendo Cantú.
“Mientras se ha ido acercando la fecha para que se lleven a cabo las audiencias en la Coidh han aumentado los actos de intimidación –explicó--; el fin de semana la hija de Inés Fernández, de 12 años, fue interceptada por hombres que la amenazaron de muerte a ella y a su familia bajo la advertencia de que dejaran de denunciar lo ocurrido a su mamá.
“Estos hechos son gravísimos, tomando en cuenta que el caso de Inés fue desahogado por la Coidh el 15 de abril pasado, en Lima, Perú, y que, supuestamente, cuenta con medidas provisionales dictadas por ese tribunal; por supuesto que el mensaje va más allá, es un intento de intimidar a Valentina y su defensa, a unos días de que su caso sea ventilado en San José, Costa Rica”, resaltó Barrera Hernández.
El activista informó que hasta diciembre del año pasado, Tlachinollan había presentado siete denuncias por agresiones contra miembros de organizaciones indígenas; pero en lo que va del año se presentaron 11 más por las amenazas y actos de intimidación “que buscan dejar en la impunidad a militares que participaron en los abusos contra las mujeres indígenas”.
Mario Patrón Sánchez, abogado de Tlachinollan, informó que en México, el caso de Valentina “fue arrebatado” al fuero civil por el fuero militar, luego de que ésta identificó a algunos de sus agresores, todos militares, en un álbum fotográfico que le presentó el agente del Ministerio Público del Fuero Común.
La violación sexual de la indígena Rosendo Cantú, en febrero de 2002, “se dio en un contexto de lucha contrainsurgente, pues Valentina fue interrogada por los militares sobre presuntos integrantes de grupos guerrilleros o ‘encapuchados’; es decir, se trata de un caso de violación sexual como método de tortura, pues a Valentina se le presentó una lista y fotografías de presuntos guerrilleros”.
Entre las peticiones de los representantes de Valentina no sólo está la sanción y castigo para los culpables de la agresión, así como la reparación del daño, sino también que “se den garantías de que hechos como ese no volverán a repetirse; que se tomen medidas para acabar con la discriminación de las mujeres indígenas para el acceso a los servicios de salud y de justicia, así como reformas legislativas en materia del fuero militar y la ley de amparo”.
A la exigencia de justicia se sumó la actriz y miembro del consejo consultivo de Tlachinollan, Ofelia Medina; el director del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, Luis Arriaga Valenzuela; el representante de Amnistía Internacional en México, Alberto Herrera Aragón; y el director adjunto de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, Miguel Pulido.
En un comunicado de prensa también se solidarizaron la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), la Red de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos Para Todos y Todas” (Red TDT), el Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vtttoria, Red Guerrerense de Organismos de Derechos Humanos y la Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM).
La recuperación del consumo, limitada por los bajos salarios
Los nuevos empleos creados se caracterizan por escasas remuneraciones y prestaciones
El avance de la economía obedece al impulso externo, pero el consumo interno sigue restringido y no crecerá en el resto del año, afirma en un reporte BBVA Bancomer
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
Periódico La Jornada
Jueves 20 de mayo de 2010, p. 25
El repunte de la actividad económica no ha sido acompañado de una recuperación de los salarios reales de la población, hecho que lastrará la recuperación del consumo interno, anticipó este miércoles BBVA Bancomer.
Los empleos generados en los últimos meses son con ingresos abajo de cinco salarios mínimos, comentó Jorge Sicilia, economista de BBVA Bancomer para América del Norte, en una conferencia de prensa.
El avance en la economía obedece sobre todo al impulso externo, mientras el consumo interno continúa contraído y no se anticipa una recuperación a corto plazo, comentó al presentar en conferencia de prensa el reporte Situación México, elaborado por el BBVA.
La recuperación del consumo está limitada por un ingreso salarial bajo y volátil, destacó el estudio. Una de las características de los nuevos empleos creados son los bajos niveles salariales que ofrecen y las escasas prestaciones laborales que los acompañan, parte de ellos en la economía informal, indicó el documento.
El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi) dio a conocer información en el sentido de que uno de cada dos empleos generados en el último año fue creado en actividades informales, en las que los trabajadores no gozan de prestaciones, sueldos fijos ni acceso a la seguridad social. De acuerdo con los datos de ese organismo, en el transcurso de la actual administración federal el universo de mexicanos que obtiene su ingreso de actividades informales creció en un millón 65 mil personas. En el mismo periodo, el empleo en el sector formal aumentó en 662 mil 564 plazas, según el registro de altas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La dinámica del empleo y del desempleo apunta hacia características de flexibilidad en el segmento formal del mercado y de rigidez en el informal. Lo anterior genera incentivos a la informalidad y contribuye a explicar los bajos niveles de productividad y el limitado crecimiento del gasto doméstico, indicó el estudio del BBVA.
Sin capacidad de compra
En la conferencia de prensa, el economista Jorge Sicilia destacó que la recuperación en el consumo y la inversión marcha con rezago respecto de la actividad en el sector exportador, orientado principalmente hacia las ventas a Estados Unidos en el sector manufacturero.
“No anticipamos que el consumo privado –de empresas y familias– crezca en el resto del año”, apuntó. Sicilia destacó que en los últimos meses han aumentado los niveles de empleo, pero no así la capacidad de compra de los salarios. Este hecho, añadió, provoca que la capacidad de consumo de los hogares no haya subido en meses recientes, como lo ha hecho la actividad económica en conjunto, apoyada por el sector exportador.
La economía mexicana crea empleo desde el segundo trimestre de 2009, lo que refleja, en contra de las conclusiones de algunos análisis parciales, la flexibilidad del conjunto del mercado laboral mexicano ante cambios en el entorno y las perspectivas económicas, añadió el documento. Ello, abundó, es similar a lo que ocurre en economías más desarrolladas, en las que los cambios en la legislación laboral y el aumento de la importancia del empleo temporal han llevado a mercados laborales más flexibles.
En México ha ocurrido que la salida a la rigidez en el mercado laboral se ha dado por un aumento en la economía informal, dijo Sicilia.
Los nuevos empleos creados se caracterizan por escasas remuneraciones y prestaciones
El avance de la economía obedece al impulso externo, pero el consumo interno sigue restringido y no crecerá en el resto del año, afirma en un reporte BBVA Bancomer
ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR
Periódico La Jornada
Jueves 20 de mayo de 2010, p. 25
El repunte de la actividad económica no ha sido acompañado de una recuperación de los salarios reales de la población, hecho que lastrará la recuperación del consumo interno, anticipó este miércoles BBVA Bancomer.
Los empleos generados en los últimos meses son con ingresos abajo de cinco salarios mínimos, comentó Jorge Sicilia, economista de BBVA Bancomer para América del Norte, en una conferencia de prensa.
El avance en la economía obedece sobre todo al impulso externo, mientras el consumo interno continúa contraído y no se anticipa una recuperación a corto plazo, comentó al presentar en conferencia de prensa el reporte Situación México, elaborado por el BBVA.
La recuperación del consumo está limitada por un ingreso salarial bajo y volátil, destacó el estudio. Una de las características de los nuevos empleos creados son los bajos niveles salariales que ofrecen y las escasas prestaciones laborales que los acompañan, parte de ellos en la economía informal, indicó el documento.
El viernes pasado, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (Inegi) dio a conocer información en el sentido de que uno de cada dos empleos generados en el último año fue creado en actividades informales, en las que los trabajadores no gozan de prestaciones, sueldos fijos ni acceso a la seguridad social. De acuerdo con los datos de ese organismo, en el transcurso de la actual administración federal el universo de mexicanos que obtiene su ingreso de actividades informales creció en un millón 65 mil personas. En el mismo periodo, el empleo en el sector formal aumentó en 662 mil 564 plazas, según el registro de altas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
La dinámica del empleo y del desempleo apunta hacia características de flexibilidad en el segmento formal del mercado y de rigidez en el informal. Lo anterior genera incentivos a la informalidad y contribuye a explicar los bajos niveles de productividad y el limitado crecimiento del gasto doméstico, indicó el estudio del BBVA.
Sin capacidad de compra
En la conferencia de prensa, el economista Jorge Sicilia destacó que la recuperación en el consumo y la inversión marcha con rezago respecto de la actividad en el sector exportador, orientado principalmente hacia las ventas a Estados Unidos en el sector manufacturero.
“No anticipamos que el consumo privado –de empresas y familias– crezca en el resto del año”, apuntó. Sicilia destacó que en los últimos meses han aumentado los niveles de empleo, pero no así la capacidad de compra de los salarios. Este hecho, añadió, provoca que la capacidad de consumo de los hogares no haya subido en meses recientes, como lo ha hecho la actividad económica en conjunto, apoyada por el sector exportador.
La economía mexicana crea empleo desde el segundo trimestre de 2009, lo que refleja, en contra de las conclusiones de algunos análisis parciales, la flexibilidad del conjunto del mercado laboral mexicano ante cambios en el entorno y las perspectivas económicas, añadió el documento. Ello, abundó, es similar a lo que ocurre en economías más desarrolladas, en las que los cambios en la legislación laboral y el aumento de la importancia del empleo temporal han llevado a mercados laborales más flexibles.
En México ha ocurrido que la salida a la rigidez en el mercado laboral se ha dado por un aumento en la economía informal, dijo Sicilia.
Pide AMLO a la Corte fallar a favor del SME
Rosalía Vergara
MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).- El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el recurso de controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
En la plancha del Zócalo capitalino, durante un acto de apoyo a los trabajadores del SME que se pusieron en huelga de hambre, López Obrador pidió a los ministros del máximo tribunal “restablecer el Estado de Derecho, reivindicar a la justicia, desmentirnos a quienes sostenemos que todos los poderes de México están confiscados y que el poder de los poderes es la mafia que domina en el país”.
El exjefe de Gobierno del Distrito Federal consideró urgente resolver desde la SCJN el problema de los electricistas. “Los magistrados pueden tomar una decisión que los dignifique y haga sentir a los mexicanos que hay un faro de legalidad en el país”, dijo.
“Tienen que resolver pronto, este es un asunto urgente, entre otras cosas por la situación de quienes están en huelga de hambre, mujeres y hombres que ya no tienen por qué seguir sufriendo”, puntualizó el llamado “presidente legítimo”.
Y añadió que el movimiento de resistencia civil pacífica que encabeza es solidario con la lucha de los trabajadores del SME, quienes recurrieron a la huelga de hambre para protestar por la extinción de LFC.
“Desde que supimos de este golpe a la empresa pública y al sindicato –el 23 de octubre de 2009— nos manifestamos, nos expresamos en contra de ese atropello”, dijo.
A siete meses de esta acción, agregó, ya se sabe que se trató de una decisión para entregarle 22 mil kilómetros de fibra óptica a las empresas Televisa y Telefónica Movistar, cuyo director es el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
“Sabemos bien lo que hay detrás de esta infamia. Tomaron esta decisión porque quieren seguir haciendo negocio. Es una camarilla funesta que no se detiene ante nada, parecen no tener llenadero”, insistió.
López Obrador detalló que la instalación de esa fibra óptica le costó a los mexicanos 30 mil millones de pesos, en virtud de que se hizo con presupuesto público, pero ahora se licitó a favor de esas empresas (Televisa y Telefónica Movistar) por 850 millones de pesos, para que usen el servicio por 20 años.
De acuerdo con el tabasqueño, cuando encabezó el GDF ni un solo empresario se quejó del servicio de LFC y nunca se reportó una falla en el servicio de luz.
“Nunca un empresario o un inversionista presentó una queja por falta de servicio de energía eléctrica. Nadie fue a decirme que no podía invertir en la ciudad porque no se garantizaba el abasto de energía eléctrica”, señaló.
En ese sentido, desestimó los supuestos sabotajes en el centro del país a instalaciones eléctricas, presuntamente cometidos por electricistas.
Antes, el secretario del Exterior del SME, Fernando Amezcua, habló de la improbabilidad de que manos humanas realicen los sabotajes referidos en días pasados por el gobierno federal. Si alguna persona se atreviera a disparar adentro de los pozos donde hay líneas de transmisión eléctricas, dijo, habría una explosión, y si otras quisieran cortar los cables, se electrocutarían de inmediato por el alto voltaje de las mismas líneas.
Una mujer electricista aprovechó la visita de López Obrador al campamento para leer un comunicado, y anunció que 13 mujeres más se sumaban a la huelga de hambre que mantienen 81 trabajadores del SME.
“Hemos decidido no levantarnos de esta huelga de hambre hasta que la SCJN dé una respuesta favorable al SME y se nos respete nuestro derecho al trabajo”, dijo la mujer al concluir la lectura del texto.
Rosalía Vergara
MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).- El excandidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador, hizo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para que resuelva a favor de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) el recurso de controversia constitucional contra el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC).
En la plancha del Zócalo capitalino, durante un acto de apoyo a los trabajadores del SME que se pusieron en huelga de hambre, López Obrador pidió a los ministros del máximo tribunal “restablecer el Estado de Derecho, reivindicar a la justicia, desmentirnos a quienes sostenemos que todos los poderes de México están confiscados y que el poder de los poderes es la mafia que domina en el país”.
El exjefe de Gobierno del Distrito Federal consideró urgente resolver desde la SCJN el problema de los electricistas. “Los magistrados pueden tomar una decisión que los dignifique y haga sentir a los mexicanos que hay un faro de legalidad en el país”, dijo.
“Tienen que resolver pronto, este es un asunto urgente, entre otras cosas por la situación de quienes están en huelga de hambre, mujeres y hombres que ya no tienen por qué seguir sufriendo”, puntualizó el llamado “presidente legítimo”.
Y añadió que el movimiento de resistencia civil pacífica que encabeza es solidario con la lucha de los trabajadores del SME, quienes recurrieron a la huelga de hambre para protestar por la extinción de LFC.
“Desde que supimos de este golpe a la empresa pública y al sindicato –el 23 de octubre de 2009— nos manifestamos, nos expresamos en contra de ese atropello”, dijo.
A siete meses de esta acción, agregó, ya se sabe que se trató de una decisión para entregarle 22 mil kilómetros de fibra óptica a las empresas Televisa y Telefónica Movistar, cuyo director es el exsecretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz.
“Sabemos bien lo que hay detrás de esta infamia. Tomaron esta decisión porque quieren seguir haciendo negocio. Es una camarilla funesta que no se detiene ante nada, parecen no tener llenadero”, insistió.
López Obrador detalló que la instalación de esa fibra óptica le costó a los mexicanos 30 mil millones de pesos, en virtud de que se hizo con presupuesto público, pero ahora se licitó a favor de esas empresas (Televisa y Telefónica Movistar) por 850 millones de pesos, para que usen el servicio por 20 años.
De acuerdo con el tabasqueño, cuando encabezó el GDF ni un solo empresario se quejó del servicio de LFC y nunca se reportó una falla en el servicio de luz.
“Nunca un empresario o un inversionista presentó una queja por falta de servicio de energía eléctrica. Nadie fue a decirme que no podía invertir en la ciudad porque no se garantizaba el abasto de energía eléctrica”, señaló.
En ese sentido, desestimó los supuestos sabotajes en el centro del país a instalaciones eléctricas, presuntamente cometidos por electricistas.
Antes, el secretario del Exterior del SME, Fernando Amezcua, habló de la improbabilidad de que manos humanas realicen los sabotajes referidos en días pasados por el gobierno federal. Si alguna persona se atreviera a disparar adentro de los pozos donde hay líneas de transmisión eléctricas, dijo, habría una explosión, y si otras quisieran cortar los cables, se electrocutarían de inmediato por el alto voltaje de las mismas líneas.
Una mujer electricista aprovechó la visita de López Obrador al campamento para leer un comunicado, y anunció que 13 mujeres más se sumaban a la huelga de hambre que mantienen 81 trabajadores del SME.
“Hemos decidido no levantarnos de esta huelga de hambre hasta que la SCJN dé una respuesta favorable al SME y se nos respete nuestro derecho al trabajo”, dijo la mujer al concluir la lectura del texto.
Guardería ABC: Exigen a la PGR resultados de la investigación
La redacción
MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).- Encabezados por el diputado perredista Emilio Serrano, unas 30 personas realizaron un plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir a las autoridades informes sobre las investigaciones del incendio ocurrido en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores.
En su calidad de presidente de la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público de la Cámara de Diputados, Serrano advirtió que esperarán una semana para recibir información al respecto o, de lo contrario, promoverá un juicio político contra el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez.
"Vamos a esperar una semana más la respuesta oficial de la PGR. Y si es necesario, pedir juicio político contra el procurador General de la República por falta de oficio, por falta de cumplimiento a su responsabilidad", dijo.
El legislador perredista ha tomado como suyo el caso del incendio en la guardería, que el próximo 5 de junio cumplirá un año de haber ocurrido, sin que las autoridades federales hayan dado a conocer el resultado de sus investigaciones.
Según Serrano, ese informe es fundamental porque permitirá despejar las dudas sobre una presunta responsabilidad de altos funcionarios y exfuncionarios estatales y federales, como el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y el exdirector del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcaditas.
En tanto, se informó que tres personas implicadas en el caso de la guardería comparecieron ante la Contraloría del estado de Sonora.
Willebaldo Alatriste Candiani, exdirector de la Unidad Estatal de Protección Civi (UEPC), fue el primero en comparecer. Presentó documentos, con los que se defiende de las imputaciones en su contra.
También acudió al llamado Carlos Jesús Arias, actual director técnico y quien, cuando ocurrió la tragedia, era subdirector general.
Por su parte, el exsecretario de Hacienda del estado, Gilberto Inda Durán, y el exdirector de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales, enviaron a un abogado en su representación.
La Contraloría General de Sonora inició el expediente con base en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en octubre pasado.
Contenía 10 recomendaciones al IMSS, cuatro al gobierno de Sonora y cinco al municipio de Hermosillo, esto con el fin de identificar a los responsables de la tragedia y aplicarles las sanciones legales correspondientes.
Voto por voto, demanda en Mérida Acción Nacional
En la Cámara de Diputados, acusaciones mutuas de injerencias ilegales
LUIS A. BOFFIL GÓMEZ
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 20 de mayo de 2010, p. 32
Mérida, Yuc., 19 de mayo. Este miércoles comenzó el conteo oficial de las 981 casillas instaladas el 16 de mayo en Mérida, para definir quién ganó la contienda.
Hasta ahora, Angélica Araujo Lara, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantiene una ventaja de más de 12 mil votos sobre Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional (PAN).
El conteo que se realiza en el consejo municipal electoral, dependiente del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), no estuvo libre de polémica, ya que la representación del PAN documentó irregularidades en varias casillas y solicitó abrir las urnas para contar voto por voto.
Los panistas aseguran que demostrarán el fraude cometido en los comicios de Mérida para favorecer al PRI y a su abanderada.
Funcionarios del consejo municipal electoral advirtieron que las votaciones sólo se anularán si se demuestran anomalías en 20 por ciento de las casillas computadas, es decir, 196 de 981.
Por lo pronto, los consejeros aceptaron abrir tres casillas, donde Acción Nacional documentó alteraciones en el conteo de boletas y actas presuntamente alteradas, las cuales favorecen al PRI. El presidente consejero del Ipepac, Fernando Bolio Vales, calculó que el escrutinio de casillas puede durar hasta cuatro días.
También se iniciaron las sesiones de escrutinio en los otros 105 consejos municipales para definir a los alcaldes ganadores, y en los 15 organismos distritales para conocer a los integrantes de la 60 Legislatura estatal.
El procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, panista que gobernó Yucatán de 2001 a 2007, consideró en la ciudad de México que su partido está muy bien en el estado, a pesar de los resultados del domingo.
Mientras, la disputa derivada de las elecciones en Yucatán y de las campañas en varias entidades confrontó a los partidos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una solicitud para que el Instituto Federal Electoral (IFE) sancione la difusión de mensajes de propaganda política disfrazados de información, y resaltó que al imponer sólo una amonestación al candidato del PRI en Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, minimizó la gravedad del uso indebido de espacios en televisión y actos anticipados de campaña.
Por su parte, el PAN acusó a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, de llevar a cabo una elección de Estado y presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ipepac a actuar con plena imparcialidad durante el conteo de votos y validación de las actas.
A su vez, los priístas acusaron a la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, de tener las manos metidas en las campañas en esa entidad, y la representación del PRD solicitó que la Procuraduría General de la República investigue “las agresiones a los candidatos de la coalición Primero Zacatecas (PRI-Partido Verde Ecologista de México-Partido Nueva Alianza) y aplique las sanciones respectivas a la administración estatal.
La redacción
MÉXICO, D.F., 19 de mayo (apro).- Encabezados por el diputado perredista Emilio Serrano, unas 30 personas realizaron un plantón frente a la Procuraduría General de la República (PGR), para exigir a las autoridades informes sobre las investigaciones del incendio ocurrido en la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, donde murieron 49 menores.
En su calidad de presidente de la Comisión Especial para Analizar los Esquemas de Tercerización de Servicios en el Sector Público de la Cámara de Diputados, Serrano advirtió que esperarán una semana para recibir información al respecto o, de lo contrario, promoverá un juicio político contra el titular de la PGR, Arturo Chávez Chávez.
"Vamos a esperar una semana más la respuesta oficial de la PGR. Y si es necesario, pedir juicio político contra el procurador General de la República por falta de oficio, por falta de cumplimiento a su responsabilidad", dijo.
El legislador perredista ha tomado como suyo el caso del incendio en la guardería, que el próximo 5 de junio cumplirá un año de haber ocurrido, sin que las autoridades federales hayan dado a conocer el resultado de sus investigaciones.
Según Serrano, ese informe es fundamental porque permitirá despejar las dudas sobre una presunta responsabilidad de altos funcionarios y exfuncionarios estatales y federales, como el exgobernador de Sonora, Eduardo Bours, y el exdirector del IMSS y actual secretario de Comunicaciones y Transportes (SCT), Juan Molinar Horcaditas.
En tanto, se informó que tres personas implicadas en el caso de la guardería comparecieron ante la Contraloría del estado de Sonora.
Willebaldo Alatriste Candiani, exdirector de la Unidad Estatal de Protección Civi (UEPC), fue el primero en comparecer. Presentó documentos, con los que se defiende de las imputaciones en su contra.
También acudió al llamado Carlos Jesús Arias, actual director técnico y quien, cuando ocurrió la tragedia, era subdirector general.
Por su parte, el exsecretario de Hacienda del estado, Gilberto Inda Durán, y el exdirector de Bienes y Concesiones, Eliseo Morales, enviaron a un abogado en su representación.
La Contraloría General de Sonora inició el expediente con base en la recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en octubre pasado.
Contenía 10 recomendaciones al IMSS, cuatro al gobierno de Sonora y cinco al municipio de Hermosillo, esto con el fin de identificar a los responsables de la tragedia y aplicarles las sanciones legales correspondientes.
Voto por voto, demanda en Mérida Acción Nacional
En la Cámara de Diputados, acusaciones mutuas de injerencias ilegales
LUIS A. BOFFIL GÓMEZ
Corresponsal
Periódico La Jornada
Jueves 20 de mayo de 2010, p. 32
Mérida, Yuc., 19 de mayo. Este miércoles comenzó el conteo oficial de las 981 casillas instaladas el 16 de mayo en Mérida, para definir quién ganó la contienda.
Hasta ahora, Angélica Araujo Lara, candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI), mantiene una ventaja de más de 12 mil votos sobre Beatriz Zavala Peniche, del Partido Acción Nacional (PAN).
El conteo que se realiza en el consejo municipal electoral, dependiente del Instituto de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana (Ipepac), no estuvo libre de polémica, ya que la representación del PAN documentó irregularidades en varias casillas y solicitó abrir las urnas para contar voto por voto.
Los panistas aseguran que demostrarán el fraude cometido en los comicios de Mérida para favorecer al PRI y a su abanderada.
Funcionarios del consejo municipal electoral advirtieron que las votaciones sólo se anularán si se demuestran anomalías en 20 por ciento de las casillas computadas, es decir, 196 de 981.
Por lo pronto, los consejeros aceptaron abrir tres casillas, donde Acción Nacional documentó alteraciones en el conteo de boletas y actas presuntamente alteradas, las cuales favorecen al PRI. El presidente consejero del Ipepac, Fernando Bolio Vales, calculó que el escrutinio de casillas puede durar hasta cuatro días.
También se iniciaron las sesiones de escrutinio en los otros 105 consejos municipales para definir a los alcaldes ganadores, y en los 15 organismos distritales para conocer a los integrantes de la 60 Legislatura estatal.
El procurador federal de Protección al Ambiente, Patricio Patrón Laviada, panista que gobernó Yucatán de 2001 a 2007, consideró en la ciudad de México que su partido está muy bien en el estado, a pesar de los resultados del domingo.
Mientras, la disputa derivada de las elecciones en Yucatán y de las campañas en varias entidades confrontó a los partidos en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) presentó una solicitud para que el Instituto Federal Electoral (IFE) sancione la difusión de mensajes de propaganda política disfrazados de información, y resaltó que al imponer sólo una amonestación al candidato del PRI en Oaxaca, Eviel Pérez Magaña, minimizó la gravedad del uso indebido de espacios en televisión y actos anticipados de campaña.
Por su parte, el PAN acusó a la gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega Pacheco, de llevar a cabo una elección de Estado y presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ipepac a actuar con plena imparcialidad durante el conteo de votos y validación de las actas.
A su vez, los priístas acusaron a la gobernadora de Zacatecas, Amalia García Medina, de tener las manos metidas en las campañas en esa entidad, y la representación del PRD solicitó que la Procuraduría General de la República investigue “las agresiones a los candidatos de la coalición Primero Zacatecas (PRI-Partido Verde Ecologista de México-Partido Nueva Alianza) y aplique las sanciones respectivas a la administración estatal.
