Y EL SATRAPA, CINICO.
13 may 2010
Condenan relatores de la ONU asesinatos de defensores de derechos en Copala
Apremian al gobierno mexicano a garantizar la vida y la seguridad de los activistas
DE LA REDACCIÓN
Periódico La Jornada
Jueves 13 de mayo de 2010, p. 14
Relatores y expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenaron en Ginebra, Suiza, los asesinatos de la defensora Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el observador internacional Jyri Antero Jaakkola, cometidos en San Juan Copala, Oaxaca.
Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, aseveró que éstos continúan haciendo frente a graves amenazas contra sus vidas en México a consecuencia de su trabajo (...) incluidas las mujeres y quienes trabajan en temas relacionados con las comunidades indígenas. Insistió: estamos profundamente preocupados.
Philip Alston, relator especial sobre las ejecuciones sumarias extrajudiciales o arbitrarias, sostuvo que “la situación en México es extremadamente compleja y nadie puede poner en duda la gravedad de los desafíos a los que se enfrenta el gobierno en su lucha contra los cárteles de la droga”.
Sin embargo, subrayó, no hay justificación para no tomar las medidas necesarias cuando defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas u otras personas sean asesinados. No se puede permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen.
James Anaya, relator especial sobre libertades y derechos fundamentales de los pueblos indígenas, dijo que el incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en la comunidad de San Juan Copala durante los últimos meses está afectando no sólo a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad triqui.
El relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, exhortó a las autoridades mexicanas a proteger el derecho a la vida y a garantizar la libertad de opinión y de expresión, tal como se considera en los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los expertos de la ONU hicieron un llamado al gobierno mexicano a tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de las y los defensores de los derechos humanos en el país contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca a consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades.
Apremian al gobierno mexicano a garantizar la vida y la seguridad de los activistas
DE LA REDACCIÓN
Periódico La Jornada
Jueves 13 de mayo de 2010, p. 14
Relatores y expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) condenaron en Ginebra, Suiza, los asesinatos de la defensora Beatriz Alberta Cariño Trujillo y el observador internacional Jyri Antero Jaakkola, cometidos en San Juan Copala, Oaxaca.
Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la situación de los defensores de los derechos humanos, aseveró que éstos continúan haciendo frente a graves amenazas contra sus vidas en México a consecuencia de su trabajo (...) incluidas las mujeres y quienes trabajan en temas relacionados con las comunidades indígenas. Insistió: estamos profundamente preocupados.
Philip Alston, relator especial sobre las ejecuciones sumarias extrajudiciales o arbitrarias, sostuvo que “la situación en México es extremadamente compleja y nadie puede poner en duda la gravedad de los desafíos a los que se enfrenta el gobierno en su lucha contra los cárteles de la droga”.
Sin embargo, subrayó, no hay justificación para no tomar las medidas necesarias cuando defensoras y defensores de los derechos humanos, periodistas u otras personas sean asesinados. No se puede permitir que los derechos humanos sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen.
James Anaya, relator especial sobre libertades y derechos fundamentales de los pueblos indígenas, dijo que el incremento de los enfrentamientos armados y la violencia en la comunidad de San Juan Copala durante los últimos meses está afectando no sólo a los grupos armados involucrados, sino también a la población civil del municipio, en su mayoría pertenecientes a la comunidad triqui.
El relator especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Frank La Rue, exhortó a las autoridades mexicanas a proteger el derecho a la vida y a garantizar la libertad de opinión y de expresión, tal como se considera en los artículos 6 y 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Los expertos de la ONU hicieron un llamado al gobierno mexicano a tomar las medidas necesarias para proteger el derecho a la vida y la seguridad de las y los defensores de los derechos humanos en el país contra todo tipo de violencia y acción arbitraria que se produzca a consecuencia del ejercicio legítimo de sus actividades.
Alertan a Oaxaca por paramilitares
Georgina Olson
Georgina Olson
Relatores de la ONU atribuyen a grupos de este tipo la emboscada que dejó dos decesos
Cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmaron que la muerte de la defensora de derechos humanos mexicana Beatriz Cariño y del finlandés Jyri Antero Jaakkola, el pasado 27 de abril en la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, ocurrió cuando “sufrieron una emboscada por parte de paramilitares y fueron asesinados”. Ante esta aseveración la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó con molestia.
Los relatores de la ONU pidieron a México una investigación “pronta e imparcial” para identificar a los culpables de estos hechos, se pongan a disposición oficial y se determinen las penas que deben cumplir. Sobre las investigaciones de la PGR, Gómez Robledo expuso en rueda de prensa que “no se han identificado funcionarios federales ni estatales responsables”.
Entre los relatores de la ONU que se manifestaron sobre el tema está Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, quien conoció a la defensora fallecida y la describió como una mujer que “trabajaba incansablemente en favor de los derechos de las personas indígenas, las mujeres y el medio ambiente”.
Sekaggya afirmó que en México las vidas de los defensores de derechos humanos están bajo graves amenazas y que su situación se ha deteriorado notablemente. En ese sentido, el relator Philip Alston expuso que no debe permitirse que los derechos humanos “sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen”.
Ante estas críticas, el subsecretario Gómez Robledo se limitó a señalar que los observadores y periodistas que participaron en la caravana que visitó San Juan Copala no informaron del lugar que visitarían para poder recibir protección.
Aseguró que “cuando se ha hecho del conocimiento de las autoridades y de sus embajadas que habrá una presencia de este tipo —de grupos de observadores internacionales— se han tomado precauciones para minimizar los riesgos a la integridad física”.
Cuatro relatores de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirmaron que la muerte de la defensora de derechos humanos mexicana Beatriz Cariño y del finlandés Jyri Antero Jaakkola, el pasado 27 de abril en la comunidad de San Juan Copala, Oaxaca, ocurrió cuando “sufrieron una emboscada por parte de paramilitares y fueron asesinados”. Ante esta aseveración la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reaccionó con molestia.
Los relatores de la ONU pidieron a México una investigación “pronta e imparcial” para identificar a los culpables de estos hechos, se pongan a disposición oficial y se determinen las penas que deben cumplir. Sobre las investigaciones de la PGR, Gómez Robledo expuso en rueda de prensa que “no se han identificado funcionarios federales ni estatales responsables”.
Entre los relatores de la ONU que se manifestaron sobre el tema está Margaret Sekaggya, relatora especial sobre la Situación de los Defensores de Derechos Humanos, quien conoció a la defensora fallecida y la describió como una mujer que “trabajaba incansablemente en favor de los derechos de las personas indígenas, las mujeres y el medio ambiente”.
Sekaggya afirmó que en México las vidas de los defensores de derechos humanos están bajo graves amenazas y que su situación se ha deteriorado notablemente. En ese sentido, el relator Philip Alston expuso que no debe permitirse que los derechos humanos “sean víctimas de la lucha contra las drogas y el crimen”.
Ante estas críticas, el subsecretario Gómez Robledo se limitó a señalar que los observadores y periodistas que participaron en la caravana que visitó San Juan Copala no informaron del lugar que visitarían para poder recibir protección.
Aseguró que “cuando se ha hecho del conocimiento de las autoridades y de sus embajadas que habrá una presencia de este tipo —de grupos de observadores internacionales— se han tomado precauciones para minimizar los riesgos a la integridad física”.
