ABC, UN CRIMEN IMPUNE

El delgado hilo de la vida La tragedia de la guardería ABC, en Hermosillo
ELENA PONIATOWSKA
A los padres de familia se les rompió el delgado hilo de la vida el 5 de junio de 2009, pero queremos decirles que nos unen muchos hilos, que lloramos con ellos. Sabemos que para ellos no hay consuelo posible porque nada es peor que la muerte de un hijo. Sin embargo, si seguimos vivos es para honrar a los que nos precedieron. Si seguimos vivos es para recordarlos, para que otros tampoco los olviden y para que los niños del futuro nunca sean víctimas de semejante tragedia.
El 5 de junio de 2009 comprobamos que el gobierno de México olvida a sus niños y sus niñas, y por lo tanto no le importa el futuro de este país. Ese día, un incendio en la guardería ABC, de Hermosillo, causó la muerte de 49 niños y lesionó a más de 75 hijos de familias de la capital de Sonora.
A un año de ese crimen de Estado, las autoridades no han podido determinar, por su incompetencia o por no convenir a sus intereses, por corrupción o por lo que ustedes quieran, quiénes son los culpables.
Los dueños de la guardería ABC, Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves, Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella, Antonio Salido Suárez y Alfonso Escalante Hoeffer, pagaron hace unos meses una fianza de 6 millones de pesos para no entrar a la cárcel que lleva el nombre de centro de readaptación social (Cereso) de Hermosillo. Los dueños y responsables directos de las terribles condiciones de la guardería ABC tampoco han pisado la cárcel: se amparan en sus privilegios políticos, económicos e incluso familiares.
Gildardo Francisco Urquides, ex secretario de Finanzas del PRI, es pariente del dueño de la nave industrial donde se construyó la guardería, José Manuel Matiella Urquides, quien recibió en 2007 del gobierno estatal por la renta del lugar 38 mil pesos mensuales; en 2008, 39 mil 500, y en 2009 llegó a cobrar del erario medio millón de pesos al mes.
El caso de la subrogación de estancias infantiles destapó toda una serie de relaciones políticas, familiares y económicas encabezadas por el gobierno de Sonora y el poder que mantiene el PRI en ese estado. La red de complicidades se presenta en los niveles municipal y estatal (con Eduardo Bours a la cabeza), e incluso con el gobierno federal. Matilde Gómez del Campo es familiar de la esposa de Felipe Calderón, Margarita Zavala. Las autoridades protegen a sus allegados, sean políticos, empresarios, miembros de la elite familiar sonorense o una mezcla de los tres, pero es necesario que, a pesar de ello, se haga justicia, sin importar quiénes sean los implicados.
Desde el sexenio pasado, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) comenzó a evadir su responsabilidad de cuidar a los hijos de padres trabajadores y decidió no construir ni una guardería más y quedarse sólo con las 142 que hoy funcionan.
En cambio, se dedicó a privatizar el servicio. Vino la changarrización (como quería Vicente Fox) de las estancias infantiles y subrogó mil 420 guarderías en todo el país, de las cuales 79 se encuentran en Sonora bajo el mando de particulares que atienden a más de 11 mil niños.
Carla Rochín Nieto, la coordinadora de Guarderías del IMSS, llegó a ese puesto desde la dirección del Museo de Culturas Populares en julio de 2007, sin haber estado antes en algún cargo relacionado con el cuidado de niños. En mayo de 2008, Rochín Nieto, al promover su proyecto de negocio, aseguró que para abrir una guardería se necesitaban de 2.5 millones de pesos, cuya recuperación estaba garantizada en un periodo de tres años con altas tasas de utilidad, de entre 25 y 35 por ciento.
Embodegar niños, como expresó Miguel Ángel Granados Chapa, se convirtió en un buen negocio, tanto para el IMSS, que ahorra más de 3 mil pesos por cada pequeño, como para el concesionario, que recibe 2 mil 500 pesos por cada menor.
La guardería ABC recibía del IMSS un millón de pesos mensuales, dinero que no utilizó para implementar sistemas de seguridad ni de protección civil. Al contrario, prevaleció la ambición de obtener las máximas ganancias a costa de los padres que trabajan. Para aumentar la utilidad del negocio, se redujeron los costos de instalación y funcionamiento de la antigua nave industrial que se acondicionó como guardería. Entre más barata la instalación y menor el mantenimiento, más ganancia para los dueños. ¿Quién pensó en la vida de los niños? Desde luego, no fueron los concesionarios de las guarderías.
¿En manos de quién estamos dejando el cuidado de nuestros hijos? Carlos Monsiváis se preguntaba luego del estallido de gas en San Juanico en 1984 y del terremoto de 1985 dónde habíamos venido a asentarnos, qué gobierno nos protegía, quién nos procuraba, qué significa ser mexicanos, de qué vivía la ciudad que nos cobraba impuestos, qué seguridad teníamos al salir a la calle. ¿Nos asaltarían? ¿Nos robarían? ¿Regresaríamos sanos y salvos a la casa? Es lógico hacernos esa pregunta ahora que vivimos en un país al rojo vivo, y que los mexicanos aparecen a diario muertos en la primera esquina de todo el país, sobre todo en el norte, donde campea el narcotráfico.
Manejar una guardería no es tener un puesto en el mercado, un negocio para vender papas, una agencia de automóviles, un changarro, como decía Fox. Es una alta y noble responsabilidad, es cuidar la vida, es construir el futuro.
Que los encargados lucren con la vida de los niños y la necesidad de los padres de dejarlos unas horas en la estancia porque tienen que ir a trabajar es un crimen en contra de nosotros mismos y una evidencia de que el tráfico de influencias también puede llegar al crimen cuando se subrogan guarderías, como en el caso de la ABC, que sólo se creía era responsabilidad del Estado.
Ha pasado un año y la justicia sigue siendo un concepto que ignoran las autoridades. Eduardo Bours Castelo, entonces gobernador de Sonora; Ernesto Gándara Camou, ex alcalde de Hermosillo; Juan Molinar Horcasitas, ex titular del IMSS, e incluso Felipe Calderón, ninguno de ellos pensó o siquiera imaginó que para que un país avance hacia una democracia real se necesita un sistema judicial efectivo, que mientras no se rindan cuentas ni se aclaren delitos, es imposible afirmar que México es un estado de derecho.
Es lamentable confirmar día a día que México descuida a sus niños y olvida a sus jóvenes. Es espantoso saber que 11 por ciento de los adolescentes mexicanos, unos 7 millones, no estudian ni trabajan y son presa fácil del narcotráfico y probablemente mueran en una balacera, como les sucedió a los 16 muchachos en Ciudad Juárez. Es inaceptable que la fuerza, la impunidad y la corrupción sean las únicas leyes, y por eso unos sicarios pueden entrar a una fiesta y matar a jóvenes sin que hasta la fecha sepamos quiénes son los asesinos.
Mientras, los padres lloran a sus hijos y exigen que se haga justicia, pero hasta la fecha ninguna autoridad ha respondido a su llamado. Sólo hay un detenido, según Abraham Fraijo, por permitir que la guardería ABC –y muchas otras en el país– funcione sin los requerimientos básicos de seguridad y protección civil. Está comprobado que la estancia en la que los padres dejaban a sus niños era una bomba de tiempo de la que ya sabían las autoridades. José Ascensión Verdugo Ibarra, un arquitecto contratado para verificar los inmuebles de las guarderías en Hermosillo, reportó a fines de julio de 2005 que la ABC no tenía puertas de emergencia, que una bodega no era apta para alojar una estancia, que había una gasolinera enfrente, una llantera a un lado, un canal de aguas negras a sus espaldas y que la lona central del patio era combustible al máximo en caso de incendio, según el reportero Alejandro Almazán, de la revista Emeequis.
Las causas del incendio son claras. Falta castigar a los culpables por negligencia y corrupción, por permitir que el IMSS subrogue estancias infantiles sin cumplir los requisitos de seguridad indispensables.
Los padres de familia han venido al Distrito Federal y se han manifestado. Roberto Zavala dice que trae un chingo de amargura, y si no fuera por las marchas tal vez ya me hubiera explotado la cabeza. Para Martha Lemas, mamá de Santiago, es imposible reponerse. Manuel Rodríguez, padre de Xiunelth, asegura que no volverá a ser feliz porque se es o no y a él le tocó el no. Han pasado trescientos sesenta cinco días con sus noches y la tragedia de la guardería ABC no se olvida.
Hoy levantamos la voz porque la injusticia y el abandono son intolerables. Para cualquier padre o madre nada es más doloroso que perder a un hijo. Si los gobernantes no reaccionan, los ciudadanos tenemos el derecho de protestar, como lo hizo la madre Luz María Dávila, en Ciudad Juárez, después de que le asesinaron a sus dos hijos. Tenemos el derecho de decirles a quienes nos gobiernan: no son bienvenidos, reclamarles que mienten, que se hacen tontos, que son pésimos funcionarios, que renuncien, que no los queremos ver, que los crímenes no deben permanecer impunes.
Tenemos el derecho y la capacidad, como ciudadanos responsables que conocen los valores de dignidad, ética y justicia, de estar a la altura incluso del Presidente de México y tomar decisiones que nos saquen de la miseria política en la que nos ha hundido.
Tenemos el derecho y el deber de organizarnos, como lo hicieron los padres de familia de Hermosillo al crear el Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio. Al poner a los responsables en el banquillo de los acusados, condenarlos en un juicio popular y declarar culpables de la tragedia a los propietarios de la guardería ABC: Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, Antonio Salido Suárez, Sandra Téllez, Gildardo Urquides Serrano y Alfonso Escalante Hoeffer; a Eduardo Bours Castelo; a Wenceslao Cota Montoya, ex secretario de Gobierno; a Wilebaldo Alatriste Candiani, director de Protección Civil estatal; a Ernesto Gándara Camou, ex alcalde de Hermosillo; a Miguel Ángel Murillo Aispuro, ex secretario del ayuntamiento, y a Roberto Copado Gutiérrez, director de Protección Civil municipal, al determinar que dueños y funcionarios con sus actos y omisiones propiciaron el trágico desenlace ocurrido en la guardería ABC, subrogada por el IMSS a personas sin idoneidad, los padres no hacen otra cosa que un acto de verdadera justicia, al mismo tiempo que ejercen la democracia.
El juicio ciudadano señala a los culpables de la tragedia, pero lo mejor es la capacidad de convocatoria y la participación del jurado integrado por 368 personas de la sociedad civil que condenó a los implicados a pedir perdón públicamente y los culpó de no acatar las normas del IMSS por instalar la estancia infantil sin condiciones de seguridad, de no tener actitud de servicio y actuar con afán rapaz de lucro, sin siquiera presentarse el día del incendio para apoyar. Además, el fiscal acusador, Raquel Padilla Ramos, acusó a Marcia Matilde Gómez del Campo Tonella, prima de Margarita Zavala y de Lourdes Laborín (esposa del ex gobernador Eduardo Bours), de aprovechar sus influencias para operar la guardería con irregularidades.
Aunque digan que los mexicanos somos apáticos, el juicio popular demuestra lo contrario, porque es la expresión más auténtica de la justicia y el ejercicio democrático de los ciudadanos.
Cuando un país desvaloriza a sus niños y niñas, va por mal camino. Si ese país no vela por la seguridad de las nuevas generaciones es que ha perdido la brújula, anda al garete, contribuye al hundimiento del barco.
El destino de cualquier nación está en sus niños, porque de ellos depende el futuro del lugar donde nacieron. Si no se les dan condiciones para su desarrollo, es probable que le den la espalda al país que nunca los tomó en cuenta, y si no, que lo digan los millones de migrantes que viven del otro lado de la frontera.
Además de pedir un alto a la impunidad en Sonora, este día quiero recordar a los niños que perdieron la vida el 5 de junio de 2009. Ninguno pasaba de los cuatro años, pero entre nosotros su presencia es gigantesca. Ellos son: Santiago de Jesús Zavala Lemas, Aquiles Dreneth Hernández Márquez, Jazmín Pamela Tapia Ruiz, Ruth Nahomi Madrid Pacheco, Axel Abraham Angulo Cázares, Pauleth Daniel Coronado Padilla, Ian Isaac Martínez Valle, Juan Carlos Rodríguez Othón, Monserrat Granados Pérez, Andrés Alonso García Duarte, Germán Paul León Vázquez, Lucía Guadalupe Carrillo Campos, Ximena Álvarez Cota, Jesús Julián Valdez Rivera, Jorge Sebastián Carrillo González, Omar Valenzuela Contreras, Bryan Alexander Méndez García, Denisse Alejandra Figueroa Ortiz, Yoselín Valentina Tamayo Trujillo, Juan Israel Fernández Lara, Luis Denzel Durazo López, Daniel Rafael Navarro Valenzuela, María Magdalena Millán García, Camila Fuentes Cervera, Daniel Goyzueta Cabanillas, Jonathan Jesús de los Reyes Luna, Emilia Fraijo Navarro, Emily Guadalupe Cevallos Badilla, Jesús Antonio Chambert López, Xiunelth Emmanuel Rodríguez García, Santiago Corona Carranza, Javier Ángel Merancio Valdez, Nayeli Estefanía González Daniel, Valeria Muñoz Ramos, Julio César Márquez Báez, Ana Paula Acosta Jiménez, Andrea Nicole Figueroa, Yeseli Beceli Meza, Ximena Yanes Madrid, Ariadna Aragón Valenzuela, Carlos Alan Santos Martínez, Dafne Yesenia Blanco Lozoya, Daniela Guadalupe Reyes Carretas, Juan Carlos Rascón Holguín, María Fernanda Miranda Hugues, María Ximena Hugues Mendoza, Martín Raymundo de la Cruz Armenta y Sofía Martínez Robles, a quienes les rendimos homenaje porque ellos son la causa de que ustedes, los padres y las madres, sigan luchando y de que este día estemos reunidos para apoyarlos en su lucha en favor de la justicia en México.
Lo que pedimos a los gobiernos, lo que exigimos es, en pocas palabras, construir escuelas, hogares y hospitales en vez de cementerios.

Indolencia
José Gil Olmos

MÉXICO, D.F., 2 de junio (apro).- Anastasio Hernández Rojas tenía 20 años radicando en Estados Unidos cuando la migra de ese país lo detuvo y lo mató a garrotazos y choques eléctricos.
La versión oficial es que 20 policías lo golpearon porque supuestamente se opuso a su deportación. Tal vez el mexicano era tan fuerte y poderoso que puso en peligro su vida y por eso de los agentes decidieron masacrarlo sin piedad.
Padre de cinco hijos nacidos del otro lado de la frontera Anastasio tenia 42 años y se ganaba la vida limpiando albercas, una tarea que, como dijo Vicente Fox uno de esos días de iluminación, ni los negros quieren hacer.
La noche del viernes pasado, el indocumentado potosino fue detenido en el condado de San Diego, donde precisamente ofrecía su mano de obra barata en la zona residencial. Como no traía sus papeles de legalización, los agentes migratorios lo detuvieron junto con su hermano Pedro Pablo. De inmediato ambos fueron puestos para la deportación por la puerta fronteriza de San Isidro y Tijuana.
Sin embargo, no alcanzó a traspasar las puertas giratorias de la línea fronteriza, y según la versión de los migras, trató de escapar y echarse a correr. Por eso lo agarraron los agentes, se le echaron encima los policías y entre todos, 20 en total, lo golpearon con toletes, patadas y golpes, y le aplicaron choques eléctricos hasta dejarlo inconsciente.
A escasos metros del lugar, pero del lado mexicano, los policías del grupo Beta se dieron cuenta de la agresión a Anastasio, lo mismo que varios connacionales, quienes gritaron que lo dejaran. Pero siguieron golpeándolo hasta dejarlo inconsciente.
“Actuaron en defensa propia”, explicaron horas después las autoridades de migración y policiacas, mientras Anastasio estaba en el hospital de Chula Vista, California, en estado de coma.
Dos días duró en este hospital Anastasio. El lunes falleció de un paro cardiaco. Su cuerpo, maltratado de tantos golpes y los electrochoques, no soportó más.
En la opinión pública norteamericana, el hecho paso desapercibido; es más, nunca existió. Del lado mexicano fue una noticia más en esta espiral de violencia que el país vive desde hace tiempo y que, al parecer, no tiene final inmediato. Sin embargo, esto no justifica el silencio de Felipe Calderón. En cualquier otro país, en un acto de esta magnitud, el representante del pueblo hubiera lanzado más que una protesta, pero el presidente mexicano sigue perdido en su propio laberinto de errores y falsas percepciones.
La familia de Anastasio ha quedado en el desamparo y difícilmente tendrá una protección de las autoridades norteamericanas y mexicanas. A las primeras no les interesa y lo más seguro es que actuaran administrativamente contra los agentes fronterizos y los policías, cambiándolos de adscripción para que no sean enjuiciados. Mientras, las mexicanas se quedarán en el plano de la denuncia y pronto se olvidarán del caso.
La indolencia social con que se toman estas noticias es otro aspecto preocupante. Estamos sometidos a una violencia tan fuerte y constante que pocas cosas nos conmueven, sólo aquellos casos como la muerte de 49 niños en la guardería ABC de Hermosillo; el asesinato de la niña Paulete, o los casos de pederastia del padre Marcial Maciel tocan las fibras sociales y nos hacen reaccionar. Pero ese es precisamente el problema: que reaccionamos y no pensamos cómo enfrentar y resolver los conflictos o los hechos que nos lastiman como sociedad.
La muerte de Anastasio por los policías norteamericanos no es más que una expresión de la xenofobia, racismo y clasismo que sufrimos la mayoría de los mexicanos en ese país que, a pesar de su riqueza y poder, no ha evolucionado socialmente.
La reciente Ley de Arizona SB 1070 no es diferente a las que la Alemania nazi aplicaba en su momento contra los judíos como parte de su creencia en la superioridad de la raza aria y la inferioridad de todas las demás razas y pueblos del planeta.
Paradójicamente, ahora que Estados Unidos es gobernado por un presidente de raza negra es cuando empiezan a surgir las expresiones más racistas en Estados Unidos desde hace medio siglo, cuando atacaban a los negros en las calles y la campiña de todo el país.
La violencia con que murió Anastasio es un indicador del ánimo que hay contra los mexicanos en varios estados de la Unión Americana. No basta con una condena diplomática ni con una carta de protesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Aunque quizá no haya una acción punitiva contra los agresores, están los tribunales internacionales para llevar el caso y, por lo menos, levantar la voz a fin de que el asesinato a un trabajador migrante no pase al olvido y a los archivos de la impunidad.

La trama
LUIS JAVIER GARRIDO

Las concesiones innumerables de Felipe Calderón a Washington –antes, durante y después de su viaje oficial de finales de mayo a Estados Unidos–, en su pretensión de obtener el respaldo de la administración Obama para poder imponer a otro panista de su grupo en la silla presidencial en 2012, no le han traído certeza en ninguna de sus desaforadas pretensiones y sí están comprometiendo de manera gravísima los intereses nacionales.
1. La obsesión de algunos de los grupos de extrema derecha que sostienen a Felipe Calderón en Los Pinos y que aspiran a mantenerse en el poder después de 2012 está llevando a México a un escenario de violencia cada vez mayor, evidenciando la división de los grupos mafiosos en el poder –de la cual el secuestro de Diego Fernández de Cevallos es una señal–, pero también están conduciendo a un mayor entreguismo oficial hacia Washington por el afán perturbado de Calderón de obtener el apoyo estadunidense a sus ambiciones no obstante su fracaso escandaloso en el gobierno. La llegada ilegal e ilegítima del panista a la Presidencia supuso una serie de concesiones a grupos multinacionales y a la administración de Bush para que lo apoyaran, y ahora su afán continuista tiende a comprometer aún más el destino del país.
2. El proceso de degradación de México por las políticas del gobierno panista es, en consecuencia, cada vez mayor, pues los intereses facciosos que prevalecen en el país no han tenido reparo alguno para obtener beneficios de grupo en ceder facultades del Estado a agencias estadunidenses, en cancelar derechos individuales y sociales fundamentales de los mexicanos –consagrados en la Constitución– para favorecer la explotación de la mano de obra mexicana por las trasnacionales, en entregar recursos estratégicos de la nación al capital extranjero o en someter al Ejército a funcionarios de Estados Unidos. En otras palabras, en atentar contra la soberanía nacional, con el argumento de que ésta es un concepto anacrónico y de que hay que ingresar a la modernidad.
3. El último día de la visita de Calderón a Estados Unidos, y cuando la mayoría de los medios señalaba que México no había obtenido beneficio alguno de esta visita, se produjo la noticia más trascendente, que fue ignorada por todos. Un boletín de prensa estadunidense (20 de mayo) dio a conocer que la semana siguiente se abriría en la ciudad de México la oficina integrada por funcionarios de ambos países que dirigiría la aplicación en nuestro país de la Iniciativa Mérida, anunciada desde 2009, y que supone no nada más las acciones policiaco-militares de la supuesta guerra contra el narcotráfico, sino políticas sociales. Días después, John Feeley, funcionario de la embajada de Estados Unidos en México, corroboró que ésta ya está funcionando con los 40 funcionarios estadunidenses previstos, aunque no al 100 por ciento, ya que esperan conocer la lista detallada de los 25 mexicanos. Es decir, que en el marco del abandono de Calderón de sus responsabilidades, agentes federales de Estados Unidos van a decidir las políticas de seguridad nacional del país, pero también políticas sociales a todos los niveles, como lo supone dicha iniciativa, que al no llamarse acuerdo, pacto o tratado no ha pasado por el Senado para su aprobación.
4. Los senadores de la República acusaron el viernes 21 a Felipe Calderón, que se hallaba todavía en Estados Unidos, de haber perdido toda dignidad al visitar el Cementerio Nacional de Arlington en Virginia y rendir homenaje a los soldados estadunidenses muertos en múltiples guerras, la mayoría de éstas, guerras imperiales e intervencionistas, de carácter criminal, decenas de ellas en América Latina, incluyendo la invasión de México en 1846-1848, aunque ellos mismos nada han hecho ni pretenden hacer para frenar el entreguismo del Ejecutivo de facto y de su grupo.
5. Los legisladores pasaron también por alto, en abierta complicidad con la ultraderecha mexicana en el poder, las declaraciones de Pablo Macedo, funcionario de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que indicó el martes 1º que para romper tabúes México estudia integrar sus fuerzas armadas a las acciones militares de Washington, ignorando este funcionario el mandato consignado en la fracción X del 89 constitucional que establece que para dirigir la política exterior de México el Ejecutivo debe sustentarla en los principios de la autodeterminación de los pueblos, la no intervención, la solución pacífica de las controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la igualdad jurídica de los estados.
6. El gobierno calderonista ha cedido ya de hecho a las agencias federales estadunidenses facultades que en ejercicio de su soberanía competen exclusivamente al Estado mexicano en materia de seguridad nacional, como el control de puertos y aduanas o la vigilancia de costas y fronteras y el espacio aéreo, y acaso por ello a nadie sorprende que se busque instituir dichos actos de abdicación nacional como políticas seudo legales. Un silencio oficial siguió por ejemplo a la demanda formulada por el embajador Carlos Pascual el martes 25 para que personal de Estados Unidos haga revisiones aduanales en México.
7. La demagogia de la derecha mexicana y del gobierno panista de facto de Felipe Calderón tiene sin embargo sus límites. Anastasio Hernández Rojas, migrante mexicano, asesinado impunemente por la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, luego de que esposado e inerme se le propinaran decenas de golpes cerca de la garita de San Ysidro, se está convirtiendo en un símbolo de la lucha de las decenas de miles de mexicanos que huyen del país como consecuencia de las políticas sociales y económicas del gobierno panista en la mayor migración de un país a otro de los tiempos modernos, y a los que no les importa el clima de criminalización en su contra que está creciendo y del que es corresponsable el actual gobierno de México.
8. En este escenario de abdicación nacional, Calderón pretende perpetuar a su grupo en el poder, sea como sea, y por lo mismo adquieren especial relevancia las acusaciones vertidas ante los micrófonos de MVS el miércoles 2 por el panista Fauzi Hamdan, íntimo de Diego Fernández de Cevallos, señalando que un grupo de gran poderío es el responsable del plagio que consideró político del también poderoso ex senador, amigo de Carlos Salinas de Gortari, por lo que no cuesta mucho responder a esa interrogante que agrava la crisis de la clase política.
9. ¿A qué grupo de gran poderío aludía Fauzi Hamdan?
10. En el México actual cientos de miles de mexicanos luchan adentro y afuera del país por resistir las políticas injustas y anti nacionales del gobierno de la ultraderecha, pero éste sólo piensa en crear las condiciones para prevalecer y seguir haciendo de México su botín personal, y no tiene más propuesta que la de la violencia.